UPyD pregunta al Gobierno cómo piensa garantizar la seguridad de la planta durante su proceso de cierre

Igualmente, la ‘formación magenta’ quiere saber cómo piensa el Ejecutivo suplir la energía eléctrica producida por esta central tras su cierre en el caso de que la actividad económica repunte hasta niveles anteriores de la crisis.

De igual forma, interpela al Gobierno qué medidas y políticas concretas está implantando para hacer cumplir la proposición no de Ley sobre la elaboración con carácter urgente de un Plan Estratégico Nacional aprobado en febrero de 2012.

A juicio de UPyD, la definición de una política energética a medio y largo plazo es «esencial» para cualquier planificación económica de futuro.

Sin embargo, advierte de que España carece desde hace muchas décadas de una verdadera política energética y, por tanto, de un plan estratégico «realista y coherente» que aporte estabilidad al sistema, atienda las necesidades de los ciudadanos y de las empresas a precios razonables, proporcione estabilidad a los inversores de todo tipo y siga las directrices europeas.

«España tiene una imperiosa necesidad de definir el marco en el que se desarrollarán las fuentes de energía y su comercialización en el futuro. La actual crisis económica que afecta a numerosos países del llamado mundo occidental y, en particular, con características propias a España, hace imprescindible y urgente la elaboración de un Plan Energético Nacional«, agrega.

En su opinión, uno de los principales lastres del factor de competitividad de la economía española es el precio que las empresas y los consumidores deben pagar por los distintos tipos de energía. «Es un factor negativo determinante para la necesaria recuperación económica de nuestro país», denuncia.

Actualmente, avisa de que no existe una política de precios clara, ni de incentivos suficientes para las mejoras en el ahorro y la eficiencia energéticos, ni de fuentes y de sistemas de generación. «La inseguridad jurídica a la que se ven sometidos últimamente determinados sectores de las energías renovables, configura un futuro incierto para inversores y empresas de tecnología puntera y con gran capacidad de desarrollo y exportación», añade.

Es más, ante la ausencia de una «verdadera política energética» en España que potencie la competitividad de la economía, se añade el hecho de que alguna de las centrales nucleares que se poseen, están llegando a su límite de tiempo operativo, como es el caso de la central nuclear de Garoña, la cual seguirá operativa hasta el 6 de julio de 2013, debiendo ser clausurada y vigilada por las autoridades administrativas tras su cese operativo el próximo año.

En este sentido, incide en que actualmente la capacidad de producción energética española excede la demanda de energía ya que el consumo, sobre todo el industrial, ha disminuido considerablemente como consecuencia de la disminución de la actividad económica por la crisis económica.

«Pero si la actividad económica repunta en los próximos años hasta niveles anteriores a la crisis, puede existir algún riesgo en el suministro por la desaparición de fuentes de energía», sentencia.

El Comité de Empresa de Garoña exige un acuerdo que permita a la central continuar con su actividad

El Comité de Empresa de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) ha exigido, a través de un comunicado, un acuerdo que permita continuar con la actividad laboral de la planta.

El pasado jueves 6 de septiembre, Nuclenor se mostraba a la espera de que aclare la «incertidumbre regulatoria» del sector, pues desconocía cómo le afectaría a la central las nuevas condiciones que podrían establecerse para la actividad de generación nuclear.

Según la empresa, en caso de que se «despejaran las incógnitas en torno a la viabilidad económica de la planta, Nuclenor podría solicitar la renovación».

Sin embargo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, denegó a la ampliación del plazo para solicitar la renovación de la autorización de explotación por considerar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que «afectaría negativamente» al rigor y profundidad de su revisión.

En este sentido, el ministro José Manuel Soria señaló que desde el Ministerio se recomendó a los operadores pedir la prórroga hasta 2019 y rechazarla con posterioridad «si las medidas de la reforma energética no estuviera en consonancia».

Finalmente, el Pleno del CSN celebrado el miércoles 12 ha acordado remitir a Nuclenor una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) para la presentación de documentos de explotación de la central Santa María de Garoña (Burgos) asociados a la declaración de cese definitivo de la actividad.

La Junta de CyL hace un llamamiento a Nuclenor para salvar mil empleos

La Junta de Castilla y León ha hecho un llamamiento a la empresa Nuclenor «para que intente salvar la situación si es posible» en este momento y «mueva ficha» y «actúe» para garantizar la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) hasta el 2019 y se salven mil puestos de trabajo.

«Hasta el último momento quiero ser optimista», ha sostenido en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha apostado por «apurar todos los plazos de admisión, si los hay» para poder ampliar el periodo de explotación de la central burgalesa.

El también consejero de la Presidencia de la Junta se ha expresado así tras conocerse ayer la decisión del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de remitir a la sociedad Nuclenor una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) asociada al cese definitivo de explotación de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos).

De Santiago-Juárez se ha mostrado muy crítico con la decisión de la empresa de no solicitar antes del 6 de septiembre una renovación de la autorización de funcionamiento por un nuevo período de seis años, que ha calificado de «un tanto irresponsable y bastante frívola».

El portavoz del Ejecutivo de Castilla y León ha insistido en la postura que ha mantenido la Junta desde que se anunció el cierre para julio de 2013 de apostar, en aras del «interés general» y los mil empleos que permite esta instalación, de apostar por su continuidad siempre que estuviera garantizada la seguridad, como ha es el caso con el informe en este sentido del Consejo de Seguridad Nuclear.

«Si es segura debe seguir abierta, no sólo por la energía que produce, que es una energía barata, sino por los mil empleos» que genera, ha argumentado De Santiago-Juárez, quien ha invitado a Nuclenor a «actuar y mover ficha», apelando a ese interés general del empleo.

El consejero de la Presidencia ha insistido en que se busque «si es posible ampliar o posibilitar a la empresa que presente lo que no quiso presentar hace ocho días», en referencia a esa petición de continuidad de la explotación más allá del 2013.

De Santiago-Juárez ha calificado también de «quizá capricho» la decisión de Nuclenor, y de quizá «de cierta deslealtad» tanto con el Gobierno de la nación como con el de Castilla y León en cuanto que en ningún momento había planteado alguna objeción o incertidumbre previa que hiciera pensar en que no iba a pedir la continuidad de la explotación hasta el 2019.

El portavoz del Ejecutivo castellanoleonés ha sostenido que Nuclenor podía «haber sido elegante» y podía haber comunicado a la Junta que «había incertidumbre». «No se puede jugar nunca con mil puestos de trabajo», ha zanjado.

Greenpeace celebra el cierre como una «victoria» para el medio ambiente tras la petición del CSN para el cese

Greenpeace celebra que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya puesto punto final a las incógnitas sobre el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) pidiendo a Nuclenor, la compañía propietaria, los documentos para la declaración de cese definitivo de actividad.

«Greenpeace quiere compartir la satisfacción por el cierre de Garoña con todas las personas que han colaborado en esta campaña durante todos estos años», ha declarado Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo de Greenpeace España en un comunicado.

«Garoña es un símbolo del fracaso de la energía nuclear, y debe representar el comienzo de la transformación del modelo energético hacia uno eficiente, inteligente y 100 por cien renovable», ha asegurado.

La organización ecologista ha recordado que tras la renuncia del pasado miércoles de Endesa e Iberdrola a solicitar la ampliación de la explotación de la central nuclear de Garoña y el posterior anuncio por parte del Gobierno en el mismo sentido, únicamente quedaba que el CSN determinara las condiciones técnicas del cierre, lo que recuerda que el Gobierno siempre ha otorgado la última palabra en materia nuclear al CSN.

El organismo que preside Carmen Martínez Ten acordó remitir a Nuclenor una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) sobre la presentación de los documentos de explotación de la central asociados a la declaración de cese definitivo de la actividad, lo que confirma que dicho cierre debe producirse para el 6 de julio de 2013.

Greenpeace ha señalado que, a su juicio, éste es el primer paso en la línea de reforma que «necesita» el sistema eléctrico, que «atribuye beneficios extraordinarios a determinadas fuentes energéticas, como las nucleares, subvenciona a los principales causantes del cambio climático y frena el avance de las fuentes renovables que son la solución».

Esta es, además, la visión económico-ambiental de la Unión Europea en sus directrices para hacer frente a la crisis, considera Greenpeace.

«Los que querían presentar la prórroga de la nuclear como necesario e inevitable se han estrellado contra la cruda realidad: la nuclear es inviable económicamente si no cuenta con un gran apoyo económico del Gobierno, y no están los tiempos para ir regalando más dinero a las eléctricas», ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace. «Cuantas más inversiones se necesitan para tratar de hacer seguras las nucleares, más se alejan de su viabilidad económica», ha añadido.

Greenpeace ha incidido en que ha trabajado intensamente durante muchos años, al igual que los colectivos y personas que forman parte de la Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN), por el abandono de la energía nuclear.

En el caso de España, ha explicado, el «primer gran éxito» fue el cierre de Zorita en 2002, que ahora continuará con el de Garoña.

En este sentido, ha recordado acciones como las llevadas a cabo desde octubre de 2003, cuando activistas de Greenpeace elevaron un globo aerostático en Garoña; cuando un año más tarde bloquearon la puerta de la central; posteriormente, en noviembre de 2008 colocaron un contenedor en la puerta de la central; hasta el pasado 5 de junio en el que depositaron un bote de humo sobre el edificio del reactor para reclamar su cierre.

Así, ha insistido en que ha trabajado intensamente para conseguirlo, ayudada por la colaboración de «ciberactivistas», socios, simpatizantes, y las personas que durante todos estos años han colaborado con la organización ecologista.

El Comité de Empresa de Garoña exige un acuerdo que permita a la central continuar con su actividad

El Comité de Empresa de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) ha exigido, a través de un comunicado, un acuerdo que permita continuar con la actividad laboral de la planta.

El pasado jueves 6 de septiembre, Nuclenor se mostraba a la espera de que aclare la «incertidumbre regulatoria» del sector, pues desconocía cómo le afectaría a la central las nuevas condiciones que podrían establecerse para la actividad de generación nuclear.

Según la empresa, en caso de que se «despejaran las incógnitas en torno a la viabilidad económica de la planta, Nuclenor podría solicitar la renovación».

Sin embargo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, denegó a la ampliación del plazo para solicitar la renovación de la autorización de explotación por considerar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que «afectaría negativamente» al rigor y profundidad de su revisión.

En este sentido, el ministro José Manuel Soria señaló que desde el Ministerio se recomendó a los operadores pedir la prórroga hasta 2019 y rechazarla con posterioridad «si las medidas de la reforma energética no estuviera en consonancia».

Finalmente, el Pleno del CSN celebrado el miércoles 12 ha acordado remitir a Nuclenor una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) para la presentación de documentos de explotación de la central Santa María de Garoña (Burgos) asociados a la declaración de cese definitivo de la actividad.

La Junta de CyL hace un llamamiento a Nuclenor para salvar mil empleos

La Junta de Castilla y León ha hecho un llamamiento a la empresa Nuclenor «para que intente salvar la situación si es posible» en este momento y «mueva ficha» y «actúe» para garantizar la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) hasta el 2019 y se salven mil puestos de trabajo.

«Hasta el último momento quiero ser optimista», ha sostenido en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha apostado por «apurar todos los plazos de admisión, si los hay» para poder ampliar el periodo de explotación de la central burgalesa.

El también consejero de la Presidencia de la Junta se ha expresado así tras conocerse ayer la decisión del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de remitir a la sociedad Nuclenor una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) asociada al cese definitivo de explotación de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos).

De Santiago-Juárez se ha mostrado muy crítico con la decisión de la empresa de no solicitar antes del 6 de septiembre una renovación de la autorización de funcionamiento por un nuevo período de seis años, que ha calificado de «un tanto irresponsable y bastante frívola».

El portavoz del Ejecutivo de Castilla y León ha insistido en la postura que ha mantenido la Junta desde que se anunció el cierre para julio de 2013 de apostar, en aras del «interés general» y los mil empleos que permite esta instalación, de apostar por su continuidad siempre que estuviera garantizada la seguridad, como ha es el caso con el informe en este sentido del Consejo de Seguridad Nuclear.

«Si es segura debe seguir abierta, no sólo por la energía que produce, que es una energía barata, sino por los mil empleos» que genera, ha argumentado De Santiago-Juárez, quien ha invitado a Nuclenor a «actuar y mover ficha», apelando a ese interés general del empleo.

El consejero de la Presidencia ha insistido en que se busque «si es posible ampliar o posibilitar a la empresa que presente lo que no quiso presentar hace ocho días», en referencia a esa petición de continuidad de la explotación más allá del 2013.

De Santiago-Juárez ha calificado también de «quizá capricho» la decisión de Nuclenor, y de quizá «de cierta deslealtad» tanto con el Gobierno de la nación como con el de Castilla y León en cuanto que en ningún momento había planteado alguna objeción o incertidumbre previa que hiciera pensar en que no iba a pedir la continuidad de la explotación hasta el 2019.

El portavoz del Ejecutivo castellanoleonés ha sostenido que Nuclenor podía «haber sido elegante» y podía haber comunicado a la Junta que «había incertidumbre». «No se puede jugar nunca con mil puestos de trabajo», ha zanjado.

Greenpeace celebra el cierre como una «victoria» para el medio ambiente tras la petición del CSN para el cese

Greenpeace celebra que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya puesto punto final a las incógnitas sobre el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) pidiendo a Nuclenor, la compañía propietaria, los documentos para la declaración de cese definitivo de actividad.

«Greenpeace quiere compartir la satisfacción por el cierre de Garoña con todas las personas que han colaborado en esta campaña durante todos estos años», ha declarado Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo de Greenpeace España en un comunicado.

«Garoña es un símbolo del fracaso de la energía nuclear, y debe representar el comienzo de la transformación del modelo energético hacia uno eficiente, inteligente y 100 por cien renovable», ha asegurado.

La organización ecologista ha recordado que tras la renuncia del pasado miércoles de Endesa e Iberdrola a solicitar la ampliación de la explotación de la central nuclear de Garoña y el posterior anuncio por parte del Gobierno en el mismo sentido, únicamente quedaba que el CSN determinara las condiciones técnicas del cierre, lo que recuerda que el Gobierno siempre ha otorgado la última palabra en materia nuclear al CSN.

El organismo que preside Carmen Martínez Ten acordó remitir a Nuclenor una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) sobre la presentación de los documentos de explotación de la central asociados a la declaración de cese definitivo de la actividad, lo que confirma que dicho cierre debe producirse para el 6 de julio de 2013.

Greenpeace ha señalado que, a su juicio, éste es el primer paso en la línea de reforma que «necesita» el sistema eléctrico, que «atribuye beneficios extraordinarios a determinadas fuentes energéticas, como las nucleares, subvenciona a los principales causantes del cambio climático y frena el avance de las fuentes renovables que son la solución».

Esta es, además, la visión económico-ambiental de la Unión Europea en sus directrices para hacer frente a la crisis, considera Greenpeace.

«Los que querían presentar la prórroga de la nuclear como necesario e inevitable se han estrellado contra la cruda realidad: la nuclear es inviable económicamente si no cuenta con un gran apoyo económico del Gobierno, y no están los tiempos para ir regalando más dinero a las eléctricas», ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace. «Cuantas más inversiones se necesitan para tratar de hacer seguras las nucleares, más se alejan de su viabilidad económica», ha añadido.

Greenpeace ha incidido en que ha trabajado intensamente durante muchos años, al igual que los colectivos y personas que forman parte de la Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN), por el abandono de la energía nuclear.

En el caso de España, ha explicado, el «primer gran éxito» fue el cierre de Zorita en 2002, que ahora continuará con el de Garoña.

En este sentido, ha recordado acciones como las llevadas a cabo desde octubre de 2003, cuando activistas de Greenpeace elevaron un globo aerostático en Garoña; cuando un año más tarde bloquearon la puerta de la central; posteriormente, en noviembre de 2008 colocaron un contenedor en la puerta de la central; hasta el pasado 5 de junio en el que depositaron un bote de humo sobre el edificio del reactor para reclamar su cierre.

Así, ha insistido en que ha trabajado intensamente para conseguirlo, ayudada por la colaboración de «ciberactivistas», socios, simpatizantes, y las personas que durante todos estos años han colaborado con la organización ecologista.

El segundo reactor de la central de Tihange presenta los mismos problemas en la vasija que Doel 3

Un portavoz de Electrabel ha explicado a la agencia belga que se han detectado los mismos problemas de fisuras en el reactor de Tihange debidas al «hidrógeno formado en el interior del acero en el momento del forjado de la vasija, hace 40 años», pero ha avanzado que las inspecciones se prolongarán en los próximos días.

Ambos reactores permanecen cerrados para realizar inspecciones técnicas para comprobar su seguridad después de que se detectaran a principios de junio miles de fisuras de varios centímetros en una vasija del reactor de Doel 3, construida por el fabricante holandés Rotterdam Droogdok Maatschappij, cuya empresa ya no existe. El segundo reactor de Tihange permanece cerrado por su parte desde el pasado 16 de agosto.

El mismo fabricante de la vasija es el responsable de una veintena de reactores repartidos en todo el mundo, entre ellos una decena en Estados Unidos y nueve en Europa, incluidos dos en España.

Según han confirmado fuentes del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), en España hay dos centrales que compraron los materiales para fabricar sus vasija en el misma empresa: la de Santa María de Garoña (Burgos) y Cofrentes (Valencia).

Expertos nucleares de nueve países, incluido España, se reunieron el pasado 16 de agosto en Bruselas para analizar los problemas detectados en la central de Doel en el marco de una reunión convocada por la Agencia Federal de Seguridad Nuclear belga (AFCN), que prevé convocar una nueva reunión a lo largo de octubre.

El director general de la agencia, Willy De Roovere, puso en duda hace semanas la continuidad del reactor Doel 3 porque en su opinión es «prácticamente imposible» poder sustituir la vasija del reactor, algo que no se ha hecho nunca en ninguna parte del mundo por el riesgo que existe de fuga radioactiva a partir de finales de septiembre, cuando se conozcan los resultados finales de las inspecciones.

También admitió creer que existían «más del 50% de probabilidades» de que el segundo reactor de Tihange presentara problemas similares que los detectados en Doel 3 y dejó claro que Bélgica realizará controles en todos sus reactores nucleares, al tiempo que se mostró partidario de que todos los países afectados también los realicen, sobre todo si se detectaban también problemas en Tihange.

La agencia de seguridad nuclear belga está a la espera de recibir los informes sobre las inspecciones llevadas a cabo para poder pronunciarse sobre la conveniencia o no de mantener cerrados los reactores.

El segundo reactor de la central de Tihange presenta los mismos problemas en la vasija que Doel 3

Un portavoz de Electrabel ha explicado a la agencia belga que se han detectado los mismos problemas de fisuras en el reactor de Tihange debidas al «hidrógeno formado en el interior del acero en el momento del forjado de la vasija, hace 40 años», pero ha avanzado que las inspecciones se prolongarán en los próximos días.

Ambos reactores permanecen cerrados para realizar inspecciones técnicas para comprobar su seguridad después de que se detectaran a principios de junio miles de fisuras de varios centímetros en una vasija del reactor de Doel 3, construida por el fabricante holandés Rotterdam Droogdok Maatschappij, cuya empresa ya no existe. El segundo reactor de Tihange permanece cerrado por su parte desde el pasado 16 de agosto.

El mismo fabricante de la vasija es el responsable de una veintena de reactores repartidos en todo el mundo, entre ellos una decena en Estados Unidos y nueve en Europa, incluidos dos en España.

Según han confirmado fuentes del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), en España hay dos centrales que compraron los materiales para fabricar sus vasija en el misma empresa: la de Santa María de Garoña (Burgos) y Cofrentes (Valencia).

Expertos nucleares de nueve países, incluido España, se reunieron el pasado 16 de agosto en Bruselas para analizar los problemas detectados en la central de Doel en el marco de una reunión convocada por la Agencia Federal de Seguridad Nuclear belga (AFCN), que prevé convocar una nueva reunión a lo largo de octubre.

El director general de la agencia, Willy De Roovere, puso en duda hace semanas la continuidad del reactor Doel 3 porque en su opinión es «prácticamente imposible» poder sustituir la vasija del reactor, algo que no se ha hecho nunca en ninguna parte del mundo por el riesgo que existe de fuga radioactiva a partir de finales de septiembre, cuando se conozcan los resultados finales de las inspecciones.

También admitió creer que existían «más del 50% de probabilidades» de que el segundo reactor de Tihange presentara problemas similares que los detectados en Doel 3 y dejó claro que Bélgica realizará controles en todos sus reactores nucleares, al tiempo que se mostró partidario de que todos los países afectados también los realicen, sobre todo si se detectaban también problemas en Tihange.

La agencia de seguridad nuclear belga está a la espera de recibir los informes sobre las inspecciones llevadas a cabo para poder pronunciarse sobre la conveniencia o no de mantener cerrados los reactores.

El CSN reclama a Nuclenor los documentos asociados al cese de explotación de Garoña (Burgos)

El comunicado señaló que, ya que el titular no presentó la solicitud de autorización en el plazo previsto por la orden ministerial del pasado 29 de junio, el Consejo aprobó remitir esta nueva ITC, en la que requiere a Nuclenor la presentación de los documentos asociados a la declaración de cese definitivo de la central. La compañía tiene como fecha límite para la presentación de los mismos el próximo 6 de noviembre.

Del mismo modo, el Consejo señaló que procede a analizar los protocolos de seguridad de la planta burgalesa tanto en el periodo que resta de funcionamiento (hasta el 6 de julio de 2013) como en el posterior proceso de cierre y de desmantelamiento de la central.

Como recordaron las mismas fuentes, el pasado 29 de junio el Ministerio de Industria, Energía y Turismo revocó parcialmente, previo informe del CSN, la orden de julio de 2009 referida al cese de explotación, autorizando la operación de la planta y estableciendo que con anterioridad al 6 de septiembre de 2012 el titular podía solicitar una renovación de la autorización de funcionamiento por un nuevo período de 6 años.

Posteriormente, a principios de julio, a petición de Nuclenor, que argumentó su intención de solicitar la renovación de autorización por seis años, el Pleno del Consejo anuló la ITC en la que se solicitaba al titular la presentación de los documentos para el período de cese de explotación.

El pasado agosto, el ministerio solicitó al Consejo un informe sobre la prórroga de plazo para presentar la documentación correspondiente a la renovación de la autorización de explotación que había propuesto Nuclenor. El organismo regulador remitió su informe correspondiente en el que se denegaba dicha prórroga alegando que «una reducción adicional de este plazo, necesario para llevar a cabo la revisión, evaluación, e inspecciones que procedan, afectaría negativamente al rigor y profundidad de la revisión del CSN», que dirige Carmen Martínez Ten.

Por su parte, señalaron las mismas fuentes, el titular de la instalación, como se conoció el pasado miércoles, se abstuvo de solicitar la renovación de la autorización de explotación en el plazo que se establecía en la Orden Ministerial.

En consecuencia el Consejo acordó que procede recuperar el requisito sobre la documentación asociada al cese y, por lo tanto, la ITC correspondiente a Nuclenor, solicitando la documentación asociada a la declaración de cese de explotación de la central nuclear Santa María de Garoña.

El CSN reclama a Nuclenor los documentos asociados al cese de explotación de Garoña (Burgos)

El comunicado señaló que, ya que el titular no presentó la solicitud de autorización en el plazo previsto por la orden ministerial del pasado 29 de junio, el Consejo aprobó remitir esta nueva ITC, en la que requiere a Nuclenor la presentación de los documentos asociados a la declaración de cese definitivo de la central. La compañía tiene como fecha límite para la presentación de los mismos el próximo 6 de noviembre.

Del mismo modo, el Consejo señaló que procede a analizar los protocolos de seguridad de la planta burgalesa tanto en el periodo que resta de funcionamiento (hasta el 6 de julio de 2013) como en el posterior proceso de cierre y de desmantelamiento de la central.

Como recordaron las mismas fuentes, el pasado 29 de junio el Ministerio de Industria, Energía y Turismo revocó parcialmente, previo informe del CSN, la orden de julio de 2009 referida al cese de explotación, autorizando la operación de la planta y estableciendo que con anterioridad al 6 de septiembre de 2012 el titular podía solicitar una renovación de la autorización de funcionamiento por un nuevo período de 6 años.

Posteriormente, a principios de julio, a petición de Nuclenor, que argumentó su intención de solicitar la renovación de autorización por seis años, el Pleno del Consejo anuló la ITC en la que se solicitaba al titular la presentación de los documentos para el período de cese de explotación.

El pasado agosto, el ministerio solicitó al Consejo un informe sobre la prórroga de plazo para presentar la documentación correspondiente a la renovación de la autorización de explotación que había propuesto Nuclenor. El organismo regulador remitió su informe correspondiente en el que se denegaba dicha prórroga alegando que «una reducción adicional de este plazo, necesario para llevar a cabo la revisión, evaluación, e inspecciones que procedan, afectaría negativamente al rigor y profundidad de la revisión del CSN», que dirige Carmen Martínez Ten.

Por su parte, señalaron las mismas fuentes, el titular de la instalación, como se conoció el pasado miércoles, se abstuvo de solicitar la renovación de la autorización de explotación en el plazo que se establecía en la Orden Ministerial.

En consecuencia el Consejo acordó que procede recuperar el requisito sobre la documentación asociada al cese y, por lo tanto, la ITC correspondiente a Nuclenor, solicitando la documentación asociada a la declaración de cese de explotación de la central nuclear Santa María de Garoña.

Soria asegura que «Nuclenor no puede pretender que el Gobierno sea más pronuclear que ella» y lamenta que Garoña cierre en 2013

En declaraciones a Onda Cero, Soria dijo que el Gobierno «lamenta que no pueda seguir en funcionamiento» este reactor que ya está «amortizado» y es capaz de producir 466 megavatios (MW) de la producción energética española. La central produce un 6,6% de la energía nuclear y el 1,6% de toda la energía que se produce en España.

Insistió en que la continuidad de Garoña dependía únicamente de la empresa propietaria, Nuclenor, y que ésta no solicitó el pasado 5 de septiembre la renovación para seguir operando, por lo que «el plazo ha vencido».

El titular de Industria recalcó que los ochos reactores que operan en España cumplen las medidas de seguridad.

Por último, Soria indicó que parece que la empresa quiere que el Gobierno sea «más pronuclear» que la propia empresa, a lo que añadió que el Ejecutivo estaba dispuesto a «remover» cualquier obstáculo administrativo para conceder una ampliación del plazo de la central nuclear si el Consejo de Seguridad Nuclear lo hubiera juzgado oportuno.

En este sentido, el ministro recordó que el CSN había concedido la ampliación de la vida útil de la central si la empresa explotadora Nuclenor lo solicitaba dentro de plazo y hacía las debidas inversiones.

Por otro lado, el ministro dijo desconocer si subirá la luz en octubre, pero indicó que, en caso de hacerlo, será «única y exclusivamente porque el mercado lo determine». «El Gobierno en octubre no va a afectar ni hacia arriba ni hacia abajo el precio de la electricidad, tal como ocurrió en julio», explicó.

Soria asegura que «Nuclenor no puede pretender que el Gobierno sea más pronuclear que ella» y lamenta que Garoña cierre en 2013

En declaraciones a Onda Cero, Soria dijo que el Gobierno «lamenta que no pueda seguir en funcionamiento» este reactor que ya está «amortizado» y es capaz de producir 466 megavatios (MW) de la producción energética española. La central produce un 6,6% de la energía nuclear y el 1,6% de toda la energía que se produce en España.

Insistió en que la continuidad de Garoña dependía únicamente de la empresa propietaria, Nuclenor, y que ésta no solicitó el pasado 5 de septiembre la renovación para seguir operando, por lo que «el plazo ha vencido».

El titular de Industria recalcó que los ochos reactores que operan en España cumplen las medidas de seguridad.

Por último, Soria indicó que parece que la empresa quiere que el Gobierno sea «más pronuclear» que la propia empresa, a lo que añadió que el Ejecutivo estaba dispuesto a «remover» cualquier obstáculo administrativo para conceder una ampliación del plazo de la central nuclear si el Consejo de Seguridad Nuclear lo hubiera juzgado oportuno.

En este sentido, el ministro recordó que el CSN había concedido la ampliación de la vida útil de la central si la empresa explotadora Nuclenor lo solicitaba dentro de plazo y hacía las debidas inversiones.

Por otro lado, el ministro dijo desconocer si subirá la luz en octubre, pero indicó que, en caso de hacerlo, será «única y exclusivamente porque el mercado lo determine». «El Gobierno en octubre no va a afectar ni hacia arriba ni hacia abajo el precio de la electricidad, tal como ocurrió en julio», explicó.

Japón estudia abandonar la energía nuclear para el año 2030

El terremoto y posterior tsunami de marzo de 2011 provocaron la fusión de tres núcleos de la central nuclear de TEPCO en Fukushima, lo que desencadenó radiación y obligó a evacuar a unas 160.000 personas. Asimismo, llevó al Gobierno a abandonar un plan de 2010 que preveía elevar hasta el 50% el porcentaje de electricidad generada por la energía nuclear en el país para 2030.

El primer ministro nipón, Yoshihiko Noda, señaló que quiere tomar una decisión sobre la nueva política esta semana y que tomaría en cuenta una propuesta formulada por su Partido Democrático para que Japón «invierta todos los recursos políticos posibles para posibilitar el abandono de la energía nuclear en la década de 2030».

Sin embargo, la nueva estrategia energética de Noda podría no llevarse a la práctica puesto que se espera que su partido no gane las próximas elecciones generales y no hay garantías de que el nuevo Ejecutivo siga con estos planes.

Los poderosos grupos de presión empresariales japoneses argumentaron que el abandono de la energía nuclear en favor de los combustibles fósiles y las energías renovables hará subir el precio de la electricidad, lo que haría que la industria del país no fuera competitiva y empujaría a llevar la producción fuera.