Empresa y representantes de los trabajadores mantendrán una nueva reunión la semana que viene en la que los responsables de finanzas esperan tener los «detalles» que faltan para evaluar ingresos y gastos en caso de prórroga.

Aunque Nuclenor cuenta desde el pasado vienes con más información sobre las tasas que pagaría la central nuclear en caso de operar más allá de 2013, que sigue siendo la fecha de cierre prevista, el presidente del comité de empresa ha explicado que aún es necesario conocer la evolución prevista del precio de la electricidad que produce la planta y la tasa con que se gravará el almacenamiento de residuos.

Según les ha informado la empresa, debe ser la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA) la que concrete cuánto se deberá pagar por esa tasa.

Al término de la reunión, Alberto César González ha señalado que la «fecha clave» para saber el futuro de Garoña puede ser el 4 de octubre, porque ese día finaliza el plazo para presentar un recurso de reposición ante el Ministerio de Industria que podría permitir ampliar el plazo para solicitar la prórroga, que finalizó el 5 de septiembre, hasta el 5 de noviembre.

Llamazares pregunta en el Congreso sobre la postura del Gobierno y las medidas para reactivar la comarca tras el cierre de Garoña

El diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares ha presentado una pregunta en el Congreso de los Diputados sobre la posición que mantiene en torno a la prórroga de la central nuclear de Garoña (Burgos) y las medidas que piensa adoptar el Gobierno para la reactivación de la comarca en los próximos presupuestos.

En concreto, Llamazares pregunta al Gobierno si mantiene su posición favorable a la prórroga de la central después de las denuncias de agrietamiento generalizado en otros de su generación por parte del organismo nuclear belga.

Por otro lado, ante el «desistimiento» de Nuclenor y la decisión del Consejo Seguridad Nuclear (CSN) de cierre de Garoña en la fecha prevista de julio de 2013, el diputado de IU pregunta al Gobierno qué medidas piensa adoptar para la reactivación del entorno de la central en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y siguientes ejercicios.

Asimismo, Llamazares pide información sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para el resto del parque nuclear, la garantía de seguridad y el plan de cierre.

A lo largo de su pregunta hace referencia al informe ‘World nuclear industry status report 2010-2011’, en el que se recoge que la vida media de los 437 reactores nucleares en funcionamiento es de 26 años y la de los 130 reactores fuera de servicio fue de 22 años, «es decir, menos de la mitad de lo que pretende la industria nuclear» y, según añade Llamazares, no hay ningún reactor comercial en el mundo que haya operado más de 43 años.

En lo que respecta a Garoña, el diputado indica que su reactor nuclear de primera generación es «todo un ejemplo de deficiencias en su diseño y proceso de fabricación».

Así, explica que sin llegar a la recomendación reciente del organismo nuclear belga de inspeccionar minuciosamente elementos básicos de su integridad estructural por posible agrietamiento generalizado, «lo cual es imprescindible», ya desde 1981, «sólo diez años de su puesta en marcha», se produjeron agrietamientos generalizados.

En esta línea, recuerda que según un informe del Consejo de Seguridad Nuclear a la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, en diciembre de 2004, esas penetraciones padecían «agrietamientos por corrosión bajo tensiones» debido a un deficiente proceso de fabricación. «Hoy, en los informes bianuales del CSN, se observa que esos agrietamientos siguen progresando de manera continuada», añade.

Por lo que se refiere a la contención primaria del reactor de Garoña, denominada Mark1, cuyo objetivo es, en caso de accidente, formar una barrera entre el reactor y el medio ambiente, «en Fukushima se ha demostrado ineficiente», ha explicado Llamazares, quien ha añadido que se corrobora la opinión previa de muchos técnicos nucleares».

Además, el diputado de IU indica en su pregunta escrita que la refrigeración del reactor nuclear de Garoña crea una grave contaminación térmica en el Ebro y se han detectado diferentes temperaturas de la zona de dispersión térmica superiores a 15 grados, «superando en mucho el límite fijado por el Ministerio de Medio Ambiente». Finalmente, recuerda que después de Fukushima, las autoridades públicas alemanas, «en un gesto de responsabilidad», ordenaron la paralización inmediata de todos los reactores que superaran los 30 años de funcionamiento.

En declaraciones a los periodistas tras una reunión de miembros del comité con el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, el portavoz del comité ha explicado que la empresa les ofrecerá detalles de la facturación estimada por la venta de energía eléctrica y los costes que supondría su mantenimiento más allá de julio de 2013, cuando está previsto su cierre.

Ha recordado que la empresa decidió no presentar la solicitud de prórroga en el plazo que había concedido el Ministerio de Industria basándose en las inversiones correspondientes a los trabajos que tendría que hacer para obtener la prórroga, que calculaba en unos 120 millones de euros, y en un supuesto incremento de tasas a su actividad.

Caubilla ha señalado que la empresa podrá barajar ahora cifras reales en cuanto a las tasas, que concretó el pasado viernes el Consejo de Ministros y cuya falta de definición era el principal argumento de Nuclenor para no solicitar la prórroga.

Los miembros del comité se han reunido con el presidente de la Diputación de Burgos y varios miembros de su equipo de Gobierno para expresarles su «inquietud», también en nombre de los trabajadores de empresas contratadas por la planta y como vecinos de la zona de influencia de la central nuclear, que «se vería seriamente perjudicada por el cierre», ha señalado el portavoz del comité.

Han aprovechado para pedir que la Diputación de Burgos siga pidiendo el mantenimiento de la planta, aunque la situación actual «sobrepasa a los trabajadores y, seguramente son estrategias que superan también a la empresa», ha afirmado Caubilla.

Se trata de la primera vez que los miembros del comité hacen declaraciones tras la finalización del plazo sin que Nuclenor solicitara la prórroga para el permiso de actividad de Garoña, ya que hasta ahora sólo habían difundido dos escuetos comunicados expresando su «preocupación» por el futuro de la planta nuclear.

Tras la reunión, el presidente de la Diputación se ha mostrado convencido de que «todavía hay margen para que la situación se reconduzca» y ha pedido a Iberdrola y Endesa, empresas que forman Nuclenor, que sean «conscientes» de que no es el momento de cerrar Garoña y perder mil empleos en plena crisis y que, por el interés general de España y de Castilla y León pidan la prórroga «y decidan después el cierre patronal si no es viable».

En este sentido, ha considerado que para esto ocurra «hay que comprometerse con la empresa y con los intereses generales de España y pedir también a la empresa que se comprometa con el territorio».

Tras expresar su deseo de que no se produzca el «cierre patronal» de Garoña, Rico ha considerado que el Gobierno ha hecho todo lo posible, al anular la orden de cierre «que dictó el anterior gobierno de forma irresponsable y que ha desembocado en la situación actual».

Sobre este asunto, el grupo municipal de UPyD en Burgos ha anunciado que llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de la ciudad una proposición para que elabore en España un plan energético nacional consensuado entre el Gobierno y Nuclenor que garantice la continuidad de la planta.

El portavoz del grupo, Roberto Alonso, ha defendido la necesidad de la energía nuclear como fuente «segura y barata» de electricidad y ha recordado que sólo en 2011 Garoña abonó 75 millones de euros en impuestos y generó el 33% de la energía que se consumió en Castilla y León.

«La autorización para continuar la explotación de los reactores no podrá ser otorgada salvo si se cumplen todas las condiciones de seguridad. La decisión final no se podrá tomar antes de final de año», advirtió la viceprimer ministra belga, Joëlle Milquet, según informa el diario «Le Soir».

Milquet hizo este anuncio tras confirmarse que el reactor de Tihange 2 (al sur del país) presenta los mismos defectos en el hormigón que Doel 3 (al norte de Bélgica), ambos fabricados por la misma empresa.

Las alarmas sobre el estado de ambos reactores saltaron este verano, cuando se detectaron miles de potenciales fisuras en la vasija del reactor de Doel 3 que llevaron a las autoridades belgas a decretar su cierre y el de Tihange 2 como medida de precaución.

Los primeros análisis de los expertos nucleares han concluido que, en efecto, este segundo reactor presenta los mismo problemas que el primero, de manera que se continuará con los trabajos en ambos reactores para determinar el alcance de los desperfectos y decidir su futuro.

«Una vez que los análisis y las opiniones de los expertos sean entregadas, la Agencia Federal de Control Nuclear (AFCN) belga enviará su opinión final al ministerio, que entonces propondrá una decisión al Gobierno», señaló Milquet en un comunicado.

La también responsable de Interior e Igualdad aseguró que el Gobierno liderado por Elio di Rupo mantendrá una «vigilancia extrema» en materia de seguridad nuclear, con especial atención a Doel 3 y Tihange 2.

«En este momento, no hay ningún problema de seguridad para los ciudadanos en relación con Doel 3 y Tihange 2», aseguró.

El reactor de ambas centrales se mantiene parado y el combustible nuclear ha sido descargado.