En declaraciones a los periodistas en el Salón del Vehículo Eléctrico y Combustible Alternativos, el consejero de Economía y Empleo ha criticado que Nuclenor, la empresa propietaria de la central de Garoña, no haya recurrido ante el Ministerio de Industria para ampliar el plazo de solicitud de la prorroga de la vida útil de la planta hasta 2019.

Tomás Villanueva ha considerado «incomprensible» e «inexplicable» la postura de la empresa de no recurrir ante el Ministerio de Industria debido a que, según él, la central nuclear burgalesa está «en unas condiciones inmejorables para seguir».

Por ello, el consejero de Economía y Empleo ha insistido en que «alguna solución tendrá que dar el Gobierno», tras lo que ha argumentado que «España no puede permitirse el lujo de abandonar una tecnología segura» y ha advertido que «a quien le corresponde dictaminar su estado y sus posibilidades de futuro es el Consejo de Seguridad Nuclear».

Junta CyL evaluó en 224 millones anuales las pérdidas por el cierre de Garoña

La Junta de Castilla y León calculó en 224 millones anuales las pérdidas por el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos), según el informe de alegaciones al Plan Garoña que el ejecutivo regional remitió al Ejecutivo central en 2009.

En el documento, se calculan unas pérdidas directas de 166 millones al año y 58 millones más de pérdidas indirectas.

También se recoge que se perderían 343 empleos directos y más de mil indirectos, incluidos negocios de la zona que no guardan relación directa con la central pero ofrecen bienes o servicios que dependen de su actividad.

La Junta de Castilla y León anunciaba en el escrito que no formaría parte de la comisión de gestión del Plan Garoña para la generación de alternativas económicas y de empleo al margen de la central nuclear, ni aportaría fondos al plan.

Sin embargo, la Junta reclamó beneficios fiscales para el área norte de Burgos, planteó todo un listado de actuaciones que consideraba necesarias y que solicitó al Gobierno, entonces dirigido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre ellas figuraban varias infraestructuras, sobre todo carreteras, de titularidad autonómica y el rescate o la subvención del peaje de la AP-1.

También pidió una inversión de 11 millones de euros para mejora de patrimonio dependiente del Gobierno regional, como un centro teatral y cultural en Medina de Pomar o la restauración de las iglesias de Encio o Santa Gadea del Cid.

Incluso planteó la restauración de un edificio en Valpuesta para poner en marcha un centro de la lengua castellana.

La vida útil de Garoña termina el año que viene y su propietaria, Nuclenor, ya ha anunciado que no va a pedir una prórroga, por lo que desde Confemetal confían en que este activo se ponga a la venta o se adjudique mediante subasta, ya que no se cerraría por problemas de seguridad, sino por un trámite administrativo.

De esta manera, la gran industria pretende compensar el impacto del paquete de medidas fiscales que tiene previsto aprobar el Gobierno para la generación de electricidad, ya que la energía constituye una parte muy importante de los gastos de estas empresas.

Confemetal asegura que este encarecimiento de los costes «mermaría sensiblemente» la competitividad de estas empresas e incluso podría «colapsar» el sector.

Así, inspirados por la experiencia de un grupo de industriales finlandeses, los empresarios agrupados en la patronal pretenden explotar el reactor para garantizarse «un suministro energético barato y de calidad».

Actualmente, el autoconsumo eléctrico no está recogido en la legislación, por lo que, según se ha apuntado desde la patronal, la energía generada se vendería en el mercado mayorista y de ahí lo adquirirían las industrias.

De esta manera, la sociedad que gestionaría la nuclear, propiedad de las industrias, suscribiría contratos bilaterales de venta de la electricidad con esas mismas industrias a precios mucho más bajos que los del mercado.

Aunque el valor de Garoña no está cuantificado, las 100.000 empresas asociadas en Confemetal consideran que tendrían «suficiente capacidad económica y de gestión» para afrontar la compra.

El informe concede que «todos los países han empezado a dar pasos» para mejorar la seguridad de sus plantas, pero advierte de que sigue habiendo importantes deficiencias y que será necesario invertir entre 30 y 200 millones de euros por reactor para cumplir las nuevas exigencias.

En el caso de las centrales españolas, el informe ofrece recomendaciones generales para todas ellas -Almaraz, Ascó, Vandellós, Santa María de Garoña, Cofrentes y Trillo- como planes concretos ante escenarios de «fuertes lluvias y temperaturas extremas».

También plantea medidas para reforzar la protección exterior ante el riesgo de inundaciones y que valore la inclusión de sistemas de filtrado de ventilación de contención, así como revisar la estrategia para calcular los márgenes de tiempo para el control y mitigación de accidentes graves.

De acuerdo a los cálculos del Ejecutivo comunitario, el coste de la inversión para corregir los fallos en todo el parque nuclear de la Unión Europea se elevaría hasta una horquilla de entre 10.000 y 25.000 millones de euros. Los 14 Estados miembros con centrales nucleares suman 134 reactores en suelo comunitario.

Con todo, Bruselas precisa que esta inversión se dedicaría a actualizar las medidas de seguridad de las centrales ya existentes y no cree que tuviera un impacto en los costes de las nuevas plantas por construir. Tampoco recomienda el cierre de ninguno de los reactores en la UE.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE examinarán las conclusiones de estas pruebas de resistencia en su próxima Cumbre, el día 18 y 19 de octubre, mientras que Bruselas prepara de aquí a principios de 2013 una revisión de las normas europeas en materia de seguridad nuclear.

El Ejecutivo comunitario advierte ya de que vigilará que las recomendaciones se cumplen y de que en junio de 2014 presentará una evaluación de su aplicación. El objetivo es que en 2015 todas las centrales nucleares cumplan con las mejoras exigidas.

ICV tacha de «barbaridad» que existan riesgos «tan altos» en las nucleares españolas

La diputada en el Congreso de IU-ICV, Laia Ortiz, ha tachado de «barbaridad» que existan riesgos «tan altos» en las nucleares españolas, después de conocer el borrador de la comunicación de la Comisión Europea sobre las pruebas de resistencia aplicadas a las instalaciones atómicas europeas.

En este sentido, la parlamentaria señala que las centrales de Almaráz, Ascó, Cofrentes y Garoña, requieren de «medidas para prevenir explosiones de hidrógeno u otros combustibles gaseosos en caso de accidente» y recomienda un «sistemas de filtrado de ventilación de la contención».

En su opinión, es una «barbaridad» que existan riesgos tan altos para la sociedad y sin embargo el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se pone, a su juicio, a favor de los lobbies nucleares, calificando de «tendencioso y exagerado» el informe.

Por ello, insiste en que es necesario sustituir progresivamente estas energías y apostar por un cambio de modelo energético, como están realizando países del resto de Europa y del mundo, centrado en las energías renovables.

Por su parte, el eurodiputado de ICV, Raül Romeva, insta a la Comisión Europea a no diluir las pruebas de resistencia o ‘estrés test’ realizadas sobre las centrales nucleares europeas tras el desastre de Fukushima (Japón), por las presiones que pueden estar ejerciendo los lobbies nucleares.

Así, ha alertado de que los grupos de presión de la industria nuclear están haciendo «todo lo posible» para diluir el contenido propuesto por la CE que, aunque denuncia que un gran número de reactores nucleares en Europa son «deficientes» en aspectos de seguridad básicas, «no evalúan correctamente» los riesgos ni tampoco exige el cierre de los reactores inseguros.

«El informe final será una farsa», ha adelantado Romeva, al mismo tiempo que ve «claro» que «toda esta orquesta mediática busca que las pruebas generen poco estrés a la industria nuclear», ha lamentado.

En este sentido, el parlamentario europeo explica que, si bien el informe revela deficiencias en muchos de los reactores nucleares de Europa, no hay propuestas reales para revertir la situación, ni se sugiere cerrar ninguna central nuclear.

«Es inaceptable que las pruebas de estrés no hayan considerado los riesgos en áreas cruciales como el envejecimiento tecnológico, ataques terroristas o errores humanos», ha añadido Romeva.

En esta línea, quiere que la Comisión presione para que se reviertan las deficiencias de seguridad detectadas aunque ha alertado de «los costos prohibitivos de la inversión» requerida por razones de seguridad, por un montante que asciende hasta los 25 mil millones de euros. Además, pide que estas pruebas no sean utilizadas como una excusa para justificar las extensiones de la vida de los reactores nucleares.