Así lo manifestó en el marco de unas jornadas sobre los resultados de las plantas españolas tras las pruebas de resistencia impulsadas por la Unión Europea tras el accidente de Fukushima el 11 de marzo de 2011.
Martínez indicó que el suceso ha «convulsionado» la comunidad nuclear porque fue un «accidente muy grave» que provocó que se reactivara la «preocupación y vigilancia» de la seguridad en las centrales.
Ante esta situación, la industria ha hecho un esfuerzo » muy importante» para realizar estas pruebas con «transparencia» y acometer las mejoras propuestas. De hecho, manifestó que «todas las plantas de la Unión Europea van a tener que acometer mejoras».
En dichos test, realizados por la Comisión Europea, se concluye que las centrales españolas cumplen con las condiciones de seguridad fijadas en los contratos y tienen márgenes para adoptarlas, pero también que pueden mejorar esos márgenes de seguridad, a pesar de que a las centrales no se les ha identificado «ninguna deficiencia» que requiera una adopción urgente ni la parada de la factoría.
La presidenta del CSN también afirmó que las empresas propietarias de las centrales nucleares en España tendrán que acometer las mejoras propuestas «cueste lo que cueste».
Martínez indicó que la adopción de estas mejoras supone inversiones «importantes» para el sector porque se ha fijado un calendario de implantación entre 2015-2016 y señaló que algunas de estas medidas son «costosas» pero que las centrales deberán disfrutar de ellas antes del fin de 2016, en cumplimiento de las medidas recomendadas por la Comisión Europea.
La presidenta del CSN insistió que «siempre hay margen de mejora» y por ello trabajan en un nuevo plan de acción que el organismo debe remitir antes del 31 diciembre a Bruselas. En este sentido indicó que la legislación comunitaria «debe y puede avanzar». Precisamente, antes de que acabe el año, la presidenta quiere comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar todas estas acciones.
Martínez reconoció que el accidente provocó un aumento de la «inquietud» de la sociedad hacia esta energía por lo que ahora tienen la misión de recuperar la confianza, lo cual solo se consigue si se aumentan las «certezas» sobre lo nuclear.
La presidenta del CSN remarcó que queda «mucho trabajo» por delante y máxime en un «momento de crisis» como el actual, pero las mejoras hay que implantarlas en el calendario previsto. En el 2016, las centrales europeas volverán a analizar las plantas para ver si acometieron las mejoras recomendadas.
Al margen de las pruebas, recalcó que en los dos últimos años las centrales españolas no han sufrido «ningún problema reseñable».
Preguntada por la situación de la central nuclear Santa María Garoña (Burgos), la presidenta insistió en que el CSN sólo trabaja con la previsión de cese de actividad y por ello está a la espera de que antes del 6 de noviembre, la empresa propietaria, Nuclenor, remita la documentación necesaria para que finalice la producción de energía en julio de 2013. Después de haber pasado el plazo de renovar su licencia para operar hasta 2019.
Por su parte, el presidente del organismo regulador británico, Mike Weightman, reclamó que «siempre debemos perseguir mejoras» a pesar de las «normas tan elevadas que ya se exigen» a las centrales nucleares europeas.
De los análisis tras el accidente de Fukushima, Weightman señaló que una de las principales lecciones de la situación pasa por la «independencia» de los organismos nucleares. A su juicio, «nunca ha de ser politizada» la energía nuclear.
En esta línea, Antoni Gurguí, vicepresidente del plenario de coordinación de las pruebas de resistencia y consejero del CSN, afirmó que «la seguridad nuclear es una responsabilidad nacional».
Las centrales nucleares en Europa suponen el 30% de la producción energética, mientras que en España es del 20%.
Greenpeace pide que las centrales nucleares cumplan con las recomendaciones surgidas tras las pruebas de estrés
La organización ecologista Greenpeace ha pedido que las centrales nucleares españolas cumplan con las recomendaciones surgidas de las pruebas de estrés y los planes de la Comisión Europea, así como las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear.
Greenpeace ha publicado un estudio elaborado por expertos independientes, que ha encargado la propia organización, en el que, según ha explicado, se detallan los defectos, los puntos flacos y la autocomplacencia en estas pruebas. Además, ha indicado que este informe describe las principales amenazas, tales como terremotos, inundaciones, extremos climáticos o envejecimiento, y la gestión de accidentes.
Tras la presentación de este informe, Greenpeace cree que, aunque las pruebas de resistencia surgieron tras el desastre de Fukushima, no se han valorado suficientemente en estos tests los motivos de esa catástrofe, que fueron un terremoto y una inundación. Del mismo modo, los planes de evacuación en caso de un desastre nuclear tampoco han sido considerados en las pruebas de resistencia, uno de los elementos claves que fallaron en el caso de Japón.
«Estas pruebas se solicitaron como consecuencia del accidente de Fukushima pero la mayoría ignoran lo que sucedió en Japón, a pesar de las similitudes entre los reactores europeos y los de Fukushima», ha declarado la responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.
En el análisis, la organización ecologista destaca las «graves carencias» encontradas en los sistemas de suministro de energía de respaldo para los reactores nucleares, como la central nuclear de Almaraz (Cáceres).
La organización ha recordado que, a principios de octubre, la Comisión Europea también valoró estas pruebas y detectó problemas como la existencia de cuatro reactores que tienen menos de una hora para restaurar las funciones de seguridad en caso de que se produjera una caída eléctrica, o que diez reactores no tienen el equipo adecuado para detectar terremotos. La Comisión Europea estima que el coste para hacer frente a estas deficiencias podría ser de 25.000 millones de euros; el coste estimado por cada reactor oscilaría entre los 30 a 200 millones de euros.
Finalmente, Greenpeace ha señalado que un modelo energético basado en la eficiencia, en la inteligencia y 100 por 100 renovable es técnicamente viable, y mucho más favorable desde el punto de vista económico, de impacto ambiental y de ocupación del territorio.
