La construcción del ATC y sus laboratorios comenzará en un año y funcionarán a partir de 2017

Así lo confirmó el presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), Francisco Gil-Ortega, al término de su intervención en la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, donde varios expertos en materia nuclear participaron a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados.

Según especificó, este periodo de unos 24 meses se debe a que el impacto ambiental de las instalaciones precisa de cerca de 12 meses, y es necesario otro año para los permisos del Ministerio de Industria y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN); mientras que la parte no-nuclear se estructurará a partir de 2013.

En este sentido, detalló que ya se han comprado las tres parcelas que compondrán el complejo del Almacén de residuos, que se están vallando en la actualidad, a la vez que se está emprendiendo un estudio geológico sobre el suelo de las mismas: una de 55 hectáreas, donde se emplazará esa zona nuclear; después otra más pequeña de 4 hectáreas para el vivero de empresas; aparte de otra de 30 hectáreas que se ha adquirido «por si acaso» hiciera falta más terreno para el proyecto.

De forma inmediata, Gil-Ortega aseguró que saldrá adelante el proyecto de carreteras, en manos actualmente de la Junta de Comunidades, con un convenio con ENRESA por un importe de 18,5 millones de euros.

Igualmente, señaló que se sacó a concurso la ingeniería principal del proyecto, al que se presentaron un total de cinco empresas nacionales (agrupadas 2-2-1), para que a partir de enero se adjudique el plan por un importe de 37 millones de euros, además del proyecto de impacto ambiental, donde se presentaron 25 empresas.

«Nos estamos reuniendo con el CSN porque queremos, en los plazos marcados con el Gobierno, llegar a tiempo para que en 2017 el ATC esté en funcionamiento«, agregó.

Sobre las zonas nucleares desmanteladas, precisó que la instalación de José Cabrera se encuentra al 50% del desmantelamiento, a la vez que se están guardando los residuos nucleares en Almacén Temporal Individualizado o ATI, en espera hasta que el ATC esté en marcha.

De la misma manera, dijo que se está «vigilando» a Vandellós, porque aún falta por desmantelar un reactor y, sobre Santa María de Garoña afirmó que, todavía, ENRESA está a la espera de una decisión firme de Nuclenor. «En cualquiera de los dos escenarios ENRESA está preparada para almacenar los residuos», puntualizó.

AMAC lamenta el cierre de la central de Garoña

Por su parte, el presidente de Asociación Municipios en Zonas Nucleares (AMAC), Alfonso García, lamentó el cierre de la central nuclear Garoña después de que el año pasado parecía que tendría una pervivencia a medio plazo.

En este sentido, destacó que los requisitos impuestos han hecho «inviable» el funcionamiento de la central, a pesar de que la explotación de la instalación es «segura y fiable». «A pesar de ello ha habido un proyecto que no tira adelante y va a dejar en muy mal lugar a la zona porque no se ha hecho un plan de desarrollo local que haya contribuido a generar riqueza y a redistribuir la zona para el día de cierre», alertó.

Sobre los planes de emergencia de las zonas nucleares, García entendió que la Administración del Estado tiene que involucrarse más en el proceso porque ve que no se dan todas las medidas suficientes. «Hacen faltas más medios técnicos para poner en funcionamientos dichos planes», apuntó.

En tercer lugar, reivindicó la puesta en marcha de una orden ministerial que entiende debe contribuir a la diversidad a las zonas nucleares puesto que algunas de las centrales ya tienen fecha caducidad, de cierre a medio plazo.

Mientras, el exdirigente de Greenpeace, Carlos Bravo, resaltó que las centrales nucleares españolas fueron diseñadas con planteamientos «totalmente desfasados», además teniendo en cuenta que, tras Fukushima, los estándares tienen que ser «más elevados».

Bravo consideró que existe un deterioro progresivo de los equipos de las centrales nucleares, así como la degradación de la cultura de la seguridad nuclear. Finalmente, opinó que el propio CSN necesita una revisión de su cultura de seguridad porque, a su juicio, quedó «evidenciado» que «queda lejos de ser neutral, transparente y eficaz».

La central nuclear de Trillo simula la fuga de material radiactivo

La actuación del CSN se desarrolló desde la Sala de Emergencias (Salem), realizando el seguimiento de la instalación y de las actuaciones del titular para la recuperación de las condiciones de seguridad.

Dentro del ejercicio, a las 9.30 horas, la central notificó al CSN que se había producido una fuga de material radiactivo en el circuito primario que provocó una liberación de yodos y gases nobles por la chimenea y que, además, se procedió a la parada manual del reactor con pérdida total de alimentación eléctrica exterior.

Además, se simuló la detección de altos niveles de radiación en el interior de la contención y que ésta no se encontraba perfectamente sellada debido a que una de las penetraciones mecánicas no se ha cerrado.

Posteriormente, el titular procedió a la evacuación del personal no necesario en situación de Emergencia General, que fueron trasladados a la estación de clasificación y descontaminación de Sacedón.

El CSN activó desde el principio su Organización de Respuesta ante Emergencias, llegando hasta el modo 2, que implica la activación del retén permanente de emergencia y posteriormente la actuación de la Salem y sus grupos operativos. Durante todo el ejercicio, el organismo nuclear se mantuvo en permanente comunicación con las autoridades involucradas en la resolución de la emergencia.

Asimismo, llegó a recomendar al Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la Subdelegación de Gobierno en Guadalajara, el confinamiento, en sus hogares, de la población residente en un radio de 3 y 5 kilómetros de la central nuclear, así como la preparación de las medidas de profilaxis radiológica necesaria.

Un suceso de esta naturaleza habría sido clasificado con nivel 3 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

La central nuclear de Trillo simula la fuga de material radiactivo

La actuación del CSN se desarrolló desde la Sala de Emergencias (Salem), realizando el seguimiento de la instalación y de las actuaciones del titular para la recuperación de las condiciones de seguridad.

Dentro del ejercicio, a las 9.30 horas, la central notificó al CSN que se había producido una fuga de material radiactivo en el circuito primario que provocó una liberación de yodos y gases nobles por la chimenea y que, además, se procedió a la parada manual del reactor con pérdida total de alimentación eléctrica exterior.

Además, se simuló la detección de altos niveles de radiación en el interior de la contención y que ésta no se encontraba perfectamente sellada debido a que una de las penetraciones mecánicas no se ha cerrado.

Posteriormente, el titular procedió a la evacuación del personal no necesario en situación de Emergencia General, que fueron trasladados a la estación de clasificación y descontaminación de Sacedón.

El CSN activó desde el principio su Organización de Respuesta ante Emergencias, llegando hasta el modo 2, que implica la activación del retén permanente de emergencia y posteriormente la actuación de la Salem y sus grupos operativos. Durante todo el ejercicio, el organismo nuclear se mantuvo en permanente comunicación con las autoridades involucradas en la resolución de la emergencia.

Asimismo, llegó a recomendar al Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la Subdelegación de Gobierno en Guadalajara, el confinamiento, en sus hogares, de la población residente en un radio de 3 y 5 kilómetros de la central nuclear, así como la preparación de las medidas de profilaxis radiológica necesaria.

Un suceso de esta naturaleza habría sido clasificado con nivel 3 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

La presidenta del CSN explicará en el Congreso a finales de mes el plan de cierre de la central de Garoña

Es más, la presidenta del órgano regulador detallará los resultados de las pruebas de estrés realizadas sobre las plantas atómicas españolas, exigidas por Europa tras el accidente nuclear de Fukushima (Japón) en 2011.

Además, tendrá ocasión de aportar las primeras pinceladas sobre el proyecto del Gobierno para construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, en Villar de Cañas (Cuenca), a partir del próximo año. Igualmente, dará cuenta de los informes de las actividades realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear de 2010 y 2011.

Todo ello tendrá lugar en la ponencia encargada de las relaciones entre la Cámara baja y el Consejo de Seguridad Nuclear, una reunión a puerta cerrada, en la que participan diputados de todos los grupos parlamentarios, en función de su representación parlamentaria.

No obstante, dicha ponencia se reunirá también dos días antes, el 27 de noviembre, día martes, donde comparecerán responsables de Endesa (copropietaria de la central burgalesa junto a Iberdrola); el Foro Nuclear (principal ‘lobbie’ pronuclear en España); el experto en este tipo de energías y exmilitante de Greenpeace, Carlos Bravo; la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA); y Enusa Industrias Avanzadas, S.A. (ENUSA).

El pasado 4 de octubre el Pleno del CSN acordó solicitar la comparecencia en el Parlamento de Martínez Ten, para informar sobre los resultados de las pruebas de resistencia realizadas a las centrales nucleares españolas, tras el informe de la CE que ofrecía recomendaciones generales para todas las centrales españolas, como planes concretos ante escenarios de «fuertes lluvias y temperaturas extremas».

El CSN señaló entonces que todas las recomendaciones incluidas en el informe ya fueron remitidas por el regulador español este año, excepto las relativas a la instrumentación sísmica, donde el regulador aclaró que se debe a que ya está instalada en todas las centrales españolas desde antes del accidente de Fukushima.

Así, respecto al riesgo de inundaciones y terremotos, el CSN ha afirmado que las mejoras previstas están detalladas en el informe final de las pruebas de resistencia. Adicionalmente, en las ITC se solicita a los titulares verificar la capacidad de resistencia sísmica de equipos y estructuras importantes para la seguridad, hasta un nivel por encima del 0,1 g señalado por la CE.

El organismo regulador también lleva meses trabajando en la elaboración de un plan de acción nacional, en sintonía con el plan de acción europeo.

Igualmente, el 7 de noviembre, el PSOE registró las solicitudes de comparecencia del ministro de Industria y de la presidenta del CSN, para que informasen en la comisión parlamentaria del ramo sobre el plan de cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), tras la entrega de los informes preceptivos de Nuclenor.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recibió el 6 de noviembre la documentación remitida por el titular de la central nuclear, Nuclenor, asociada a la declaración de cese definitivo de explotación de esta instalación de acuerdo a lo establecido en la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) aprobada por el Pleno del Consejo el pasado 12 de septiembre, según informó el organismo regulador.

Según el calendario establecido en la Orden Ministerial vigente (aprobada el 3 de julio de 2009), Santa María de Garoña cesará su actividad el próximo 6 de julio de 2013, tal y como señala el CSN.

Una vez cumplido este paso administrativo por parte del titular de la central, las direcciones técnicas del CSN analizarán la información remitida por Nuclenor y presentará su informe correspondiente al Pleno del Consejo para su posterior estudio y envío al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR).

El pasado mes de septiembre Nuclenor confirmaba que no iba a solicitar la renovación de la explotación de Garoña a la espera de que se le aclarara la «incertidumbre regulatoria» del sector. La empresa propietaria de la planta burgalesa envió entonces un escrito al Ministerio de Industria en el que señalaba su desconocimiento sobre cómo le afectaría a la central las nuevas condiciones que podrían establecerse para la actividad de generación nuclear.

La presidenta del CSN explicará en el Congreso a finales de mes el plan de cierre de la central de Garoña

Es más, la presidenta del órgano regulador detallará los resultados de las pruebas de estrés realizadas sobre las plantas atómicas españolas, exigidas por Europa tras el accidente nuclear de Fukushima (Japón) en 2011.

Además, tendrá ocasión de aportar las primeras pinceladas sobre el proyecto del Gobierno para construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, en Villar de Cañas (Cuenca), a partir del próximo año. Igualmente, dará cuenta de los informes de las actividades realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear de 2010 y 2011.

Todo ello tendrá lugar en la ponencia encargada de las relaciones entre la Cámara baja y el Consejo de Seguridad Nuclear, una reunión a puerta cerrada, en la que participan diputados de todos los grupos parlamentarios, en función de su representación parlamentaria.

No obstante, dicha ponencia se reunirá también dos días antes, el 27 de noviembre, día martes, donde comparecerán responsables de Endesa (copropietaria de la central burgalesa junto a Iberdrola); el Foro Nuclear (principal ‘lobbie’ pronuclear en España); el experto en este tipo de energías y exmilitante de Greenpeace, Carlos Bravo; la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA); y Enusa Industrias Avanzadas, S.A. (ENUSA).

El pasado 4 de octubre el Pleno del CSN acordó solicitar la comparecencia en el Parlamento de Martínez Ten, para informar sobre los resultados de las pruebas de resistencia realizadas a las centrales nucleares españolas, tras el informe de la CE que ofrecía recomendaciones generales para todas las centrales españolas, como planes concretos ante escenarios de «fuertes lluvias y temperaturas extremas».

El CSN señaló entonces que todas las recomendaciones incluidas en el informe ya fueron remitidas por el regulador español este año, excepto las relativas a la instrumentación sísmica, donde el regulador aclaró que se debe a que ya está instalada en todas las centrales españolas desde antes del accidente de Fukushima.

Así, respecto al riesgo de inundaciones y terremotos, el CSN ha afirmado que las mejoras previstas están detalladas en el informe final de las pruebas de resistencia. Adicionalmente, en las ITC se solicita a los titulares verificar la capacidad de resistencia sísmica de equipos y estructuras importantes para la seguridad, hasta un nivel por encima del 0,1 g señalado por la CE.

El organismo regulador también lleva meses trabajando en la elaboración de un plan de acción nacional, en sintonía con el plan de acción europeo.

Igualmente, el 7 de noviembre, el PSOE registró las solicitudes de comparecencia del ministro de Industria y de la presidenta del CSN, para que informasen en la comisión parlamentaria del ramo sobre el plan de cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), tras la entrega de los informes preceptivos de Nuclenor.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recibió el 6 de noviembre la documentación remitida por el titular de la central nuclear, Nuclenor, asociada a la declaración de cese definitivo de explotación de esta instalación de acuerdo a lo establecido en la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) aprobada por el Pleno del Consejo el pasado 12 de septiembre, según informó el organismo regulador.

Según el calendario establecido en la Orden Ministerial vigente (aprobada el 3 de julio de 2009), Santa María de Garoña cesará su actividad el próximo 6 de julio de 2013, tal y como señala el CSN.

Una vez cumplido este paso administrativo por parte del titular de la central, las direcciones técnicas del CSN analizarán la información remitida por Nuclenor y presentará su informe correspondiente al Pleno del Consejo para su posterior estudio y envío al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR).

El pasado mes de septiembre Nuclenor confirmaba que no iba a solicitar la renovación de la explotación de Garoña a la espera de que se le aclarara la «incertidumbre regulatoria» del sector. La empresa propietaria de la planta burgalesa envió entonces un escrito al Ministerio de Industria en el que señalaba su desconocimiento sobre cómo le afectaría a la central las nuevas condiciones que podrían establecerse para la actividad de generación nuclear.

Foro Nuclear asegura que «el camino está abierto» para que la central de Garoña siga operativa

«Hay que seguir con las previsiones de parada en tanto en cuanto no se pida el permiso, pero el camino está abierto para que el permiso se pueda solicitar».
Según indicó, «la regulación exige que esté previsto el cierre de la instalación por si acaso no se pide la autorización» y añadió que eso es «en lo que se está trabajando». A su juicio, «eso no demuestra otra cosa que la energía nuclear esta bien regulada y protegida. «Hasta que no se solicite el permiso, hay tiempo para hacer previsiones, pero el camino está abierto para que Garoña pueda solicitar el permiso», insistió.

Nuclenor (Endesa e Iberdrola) dejó expirar el plazo del 6 de septiembre que el Gobierno le había dado en junio para presentar una solicitud de renovación de la autorización de funcionamiento de Garoña por un nuevo periodo de seis años.

Durante una visita a la fábrica de material nuclear Ensa en Maliaño (Cantabria), Domínguez señaló que el plazo que se dio (hasta el 7 de noviembre) para que Garoña presentara los documentos que solicitaban su cierre «en realidad no era un plazo fijo». «Son plazos que uno se marca para la evaluación pero en Garoña toda la documentación estaba evaluada por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN)», apuntó, antes de asegurar que el plazo es «negociable».

Siguiendo con los plazos establecidos para el cierre, el CSN informó hace unos días de que recibió por parte de Nuclenor la documentación asociada a la declaración de cese definitivo de la explotación de Garoña.

Nuclenor reconoce una plantilla de 774 en Garoña durante octubre

Por su parte, el informe de funcionamiento de la central de Garoña que elaboró Nuclenor, empresa propietaria de la planta nuclear burgalesa, reconoció que en estas instalaciones trabajaron en octubre 774 personas.

La mayoría de ellas, 473, pertenecen a 51 empresas colaboradoras radicadas en el área de influencia de la planta, mientras que 301 son de Nuclenor.

Fuentes del comité de empresa de la planta señalaron que en este momento siguen desconociendo cuál será su futuro porque, aunque pesa una Orden Ministerial para el cierre de la planta atómica el 6 de julio de 2013, la empresa propietaria sigue asegurando que hay cauces administrativos para que pueda seguir operando más allá de esa fecha.

En el informe se señala también que en la piscina donde se almacena el combustible sólido gastado hay en este momento 2.105 elementos, aunque su capacidad es de 2.609 elementos.

Según la normativa del CSN, Nuclenor se tendrá que seguir haciendo cargo de la planta atómica mientras mantenga combustible en su interior.

Fuentes de Enresa apuntaron que ese periodo se prolongará al menos durante 3 años a partir del cese de la actividad, el periodo mínimo de «enfriamiento del combustible nuclear» y antes no se podrá mover de la piscina.

En el informe de funcionamiento de Garoña en octubre se señala también que durante ese mes se tomaron 118 muestras y se efectuaron 152 análisis en las que no se detectó ningún parámetro que exceda las recomendaciones o límites legales de contaminación.

Garoña funcionó en octubre al 100% de potencia excepto el día 21 durante unas horas, cuando se redujo la potencia de la central hasta el 65% para realizar el cambio programado de secuencia de las barras de control.

Foro Nuclear asegura que «el camino está abierto» para que la central de Garoña siga operativa

«Hay que seguir con las previsiones de parada en tanto en cuanto no se pida el permiso, pero el camino está abierto para que el permiso se pueda solicitar».
Según indicó, «la regulación exige que esté previsto el cierre de la instalación por si acaso no se pide la autorización» y añadió que eso es «en lo que se está trabajando». A su juicio, «eso no demuestra otra cosa que la energía nuclear esta bien regulada y protegida. «Hasta que no se solicite el permiso, hay tiempo para hacer previsiones, pero el camino está abierto para que Garoña pueda solicitar el permiso», insistió.

Nuclenor (Endesa e Iberdrola) dejó expirar el plazo del 6 de septiembre que el Gobierno le había dado en junio para presentar una solicitud de renovación de la autorización de funcionamiento de Garoña por un nuevo periodo de seis años.

Durante una visita a la fábrica de material nuclear Ensa en Maliaño (Cantabria), Domínguez señaló que el plazo que se dio (hasta el 7 de noviembre) para que Garoña presentara los documentos que solicitaban su cierre «en realidad no era un plazo fijo». «Son plazos que uno se marca para la evaluación pero en Garoña toda la documentación estaba evaluada por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN)», apuntó, antes de asegurar que el plazo es «negociable».

Siguiendo con los plazos establecidos para el cierre, el CSN informó hace unos días de que recibió por parte de Nuclenor la documentación asociada a la declaración de cese definitivo de la explotación de Garoña.

Nuclenor reconoce una plantilla de 774 en Garoña durante octubre

Por su parte, el informe de funcionamiento de la central de Garoña que elaboró Nuclenor, empresa propietaria de la planta nuclear burgalesa, reconoció que en estas instalaciones trabajaron en octubre 774 personas.

La mayoría de ellas, 473, pertenecen a 51 empresas colaboradoras radicadas en el área de influencia de la planta, mientras que 301 son de Nuclenor.

Fuentes del comité de empresa de la planta señalaron que en este momento siguen desconociendo cuál será su futuro porque, aunque pesa una Orden Ministerial para el cierre de la planta atómica el 6 de julio de 2013, la empresa propietaria sigue asegurando que hay cauces administrativos para que pueda seguir operando más allá de esa fecha.

En el informe se señala también que en la piscina donde se almacena el combustible sólido gastado hay en este momento 2.105 elementos, aunque su capacidad es de 2.609 elementos.

Según la normativa del CSN, Nuclenor se tendrá que seguir haciendo cargo de la planta atómica mientras mantenga combustible en su interior.

Fuentes de Enresa apuntaron que ese periodo se prolongará al menos durante 3 años a partir del cese de la actividad, el periodo mínimo de «enfriamiento del combustible nuclear» y antes no se podrá mover de la piscina.

En el informe de funcionamiento de Garoña en octubre se señala también que durante ese mes se tomaron 118 muestras y se efectuaron 152 análisis en las que no se detectó ningún parámetro que exceda las recomendaciones o límites legales de contaminación.

Garoña funcionó en octubre al 100% de potencia excepto el día 21 durante unas horas, cuando se redujo la potencia de la central hasta el 65% para realizar el cambio programado de secuencia de las barras de control.

El almacén individual de Ascó funcionará durante marzo de 2013

En el encuentro anual que convoca la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV) para hacer balance del año en curso, Campoy ha indicado que este almacén, el primero de Cataluña y el tercero de España tras los de Trillo y José Cabrera, en Guadalajara, y que tendrá una vida útil de 40 años, está previsto que cargue los primeros contenedores «a finales de marzo de 2013».

El ATI, que consta de dos plataformas para soportar seísmos, cada una de ellas con capacidad para 16 contenedores -en los que cabrán 64 elementos combustibles en total-, seguirá «un programa de cargas anual» por lo que «cada año se sacarán algunos contenedores para dejar suficiente espacio en las piscinas».

En su opinión, aún no se ha transportado ningún elemento radiactivo pero la previsión es que durante el primer trimestre de 2013 se transporten dos contenedores en la fase de pruebas previa al inicio de la actividad del ATI.

Por otra parte, la ANAV ha invertido este año unos 150 millones de euros para actuaciones en las tres centrales de Tarragona, según su director general, José Antonio Gago.

En su opinión, aunque realmente la inversión debería ir a la baja, esta nueva situación provocada por el accidente de Fukushima hace que hasta diciembre de 2016 se dedicarán «alrededor, si no más, de 100 millones para actuaciones añadidas», pese a que aún se están acabando de concebir las modificaciones de diseño por las pruebas de estrés.

Además, todavía falta que el Consejo de Seguridad Nuclear evalúe y que la ANAV tenga valoraciones reales y estudie ofertas para llevar a cabo esas modificaciones, teniendo en cuenta que «las de más envergadura y cuantía se producirán al final» de este período.

Gago ha informado de que 59 personas más trabajan este año en ANAV, que ocupa a casi 2.500 personas en total, a las que hay que sumar otras mil en cada operación de recarga de combustible como las que han tenido lugar este año en Vandellòs II y Ascó I.

Un año, el presente, donde se han impartido casi 20.000 horas en formación y donde ha habido solamente diez accidentes con baja.

Por otra parte, Campoy se ha referido a la actual recarga de Ascó I, con 11.000 órdenes de trabajo, y ha destacado el 98,5 % de factor de carga -el 86 % tras la recarga- y los 512 días ininterrumpidos de servicio de esta unidad, mientras que Ascó II se halla en un factor de recarga del 90,5 %.

Asimismo, Campoy ha informado de un incidente notificado al CSN el pasado domingo porque el ordenador no permitía el bloqueo manual de la planta, un suceso pendiente de evaluar aún por el organismo regulador aunque podría llegar «al nivel 1 del INES» (en una escala de 7).

Igualmente, el director de Vandellòs II, Rafael Martín, ha informado de que en noviembre de 2013 tendrá lugar la 19 recarga de esta unidad, 16 meses después de la anterior, de manera que a partir de ahora cada año solamente dos de las tres nucleares tarraconenses pararán por recarga de combustible y no se repetirá la situación del 2011, cuando pararon las tres.

El almacén individual de Ascó funcionará durante marzo de 2013

En el encuentro anual que convoca la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV) para hacer balance del año en curso, Campoy ha indicado que este almacén, el primero de Cataluña y el tercero de España tras los de Trillo y José Cabrera, en Guadalajara, y que tendrá una vida útil de 40 años, está previsto que cargue los primeros contenedores «a finales de marzo de 2013».

El ATI, que consta de dos plataformas para soportar seísmos, cada una de ellas con capacidad para 16 contenedores -en los que cabrán 64 elementos combustibles en total-, seguirá «un programa de cargas anual» por lo que «cada año se sacarán algunos contenedores para dejar suficiente espacio en las piscinas».

En su opinión, aún no se ha transportado ningún elemento radiactivo pero la previsión es que durante el primer trimestre de 2013 se transporten dos contenedores en la fase de pruebas previa al inicio de la actividad del ATI.

Por otra parte, la ANAV ha invertido este año unos 150 millones de euros para actuaciones en las tres centrales de Tarragona, según su director general, José Antonio Gago.

En su opinión, aunque realmente la inversión debería ir a la baja, esta nueva situación provocada por el accidente de Fukushima hace que hasta diciembre de 2016 se dedicarán «alrededor, si no más, de 100 millones para actuaciones añadidas», pese a que aún se están acabando de concebir las modificaciones de diseño por las pruebas de estrés.

Además, todavía falta que el Consejo de Seguridad Nuclear evalúe y que la ANAV tenga valoraciones reales y estudie ofertas para llevar a cabo esas modificaciones, teniendo en cuenta que «las de más envergadura y cuantía se producirán al final» de este período.

Gago ha informado de que 59 personas más trabajan este año en ANAV, que ocupa a casi 2.500 personas en total, a las que hay que sumar otras mil en cada operación de recarga de combustible como las que han tenido lugar este año en Vandellòs II y Ascó I.

Un año, el presente, donde se han impartido casi 20.000 horas en formación y donde ha habido solamente diez accidentes con baja.

Por otra parte, Campoy se ha referido a la actual recarga de Ascó I, con 11.000 órdenes de trabajo, y ha destacado el 98,5 % de factor de carga -el 86 % tras la recarga- y los 512 días ininterrumpidos de servicio de esta unidad, mientras que Ascó II se halla en un factor de recarga del 90,5 %.

Asimismo, Campoy ha informado de un incidente notificado al CSN el pasado domingo porque el ordenador no permitía el bloqueo manual de la planta, un suceso pendiente de evaluar aún por el organismo regulador aunque podría llegar «al nivel 1 del INES» (en una escala de 7).

Igualmente, el director de Vandellòs II, Rafael Martín, ha informado de que en noviembre de 2013 tendrá lugar la 19 recarga de esta unidad, 16 meses después de la anterior, de manera que a partir de ahora cada año solamente dos de las tres nucleares tarraconenses pararán por recarga de combustible y no se repetirá la situación del 2011, cuando pararon las tres.

El apoyo social al ATC en Villar de Cañas se confirmó al reelegirse el alcalde, según afirma el Gobierno

Así se desprendió de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo dirigida al diputado socialista Luis Carlos Sahuquillo, sobre los criterios técnicos en los que se fundamenta el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se designa la localidad conquense como ubicación del citado almacén.

Así, el Gobierno explicó que, en esta decisión, se tuvo en cuenta la existencia de un mayor consenso social, territorial e institucional.

En este sentido, detalló que la corporación de Villar de Cañas apoyó de forma unánime su candidatura al ATC, respaldo que fue ratificado en una segunda sesión extraordinaria que contó con la asistencia de los vecinos, habiendo contado esta iniciativa con el apoyo de varios pueblos de la zona y, consolidando posteriormente el apoyo en las elecciones municipales celebradas el 22 de mayo de 2011, donde el alcalde, que presentó esta candidatura, volvió a obtener mayoría absoluta.

En este sentido, el Ejecutivo recordó que los criterios técnicos en los que se fundamenta el acuerdo interesado son los contemplados en el Informe de propuesta elaborado por la Comisión Interministerial, creada para la selección del emplazamiento del ATC.

No obstante, el Gobierno puntualizó que en dicho informe se concluía que, desde un punto de vista técnico, los terrenos propuestos por los ocho municipios candidatos se consideraban viables para la realización del proyecto, desprendiéndose del análisis comparativo realizado que los terrenos presentados por los municipios de Zarra, Ascó, Yebra y Villar de Cañas son los que resultan más idóneos, existiendo escasas diferencias entre ellos.