Soria asegura que el Gobierno está abierto a que nuevos operadores mantengan operativa a Garoña

Nuclenor, sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola que gestiona Garoña, dejó expirar el plazo dado hasta el 6 de septiembre para presentar una solicitud de renovación de la autorización de funcionamiento de la central burgalesa hasta 2019.

«El Gobierno, así se lo ha manifestado a Endesa e Iberdrola, desea que no se infrautilice ningún tipo de capacidad de energía instalada que hay en España, mucho menos si es una capacidad que ya esta más que amortizada», ha asegurado el ministro de Industria, José Manuel Soria.

Siempre que el CSN determine que la central puede seguir funcionado, el Gobierno apoyará que así sea y «le da igual que sea con el operador actual o con otro», ha añadido Soria.

El ministro ha recordado que, en su día, el Ejecutivo vio «inexplicable» que los actuales propietarios de Garoña dejaran vencer el plazo para ampliar seis años la actividad de la central, máxime después de que el Gobierno diera «todos los pasos que tenía que dar» para que esta prórroga fuera posible.

El Gobierno tiene que velar por el interés general que, en este caso, pasa por que una capacidad de producción de energía no sea «infrautilizada», ha aseverado Soria.

El CSN ha recibido de Nuclenor recientemente, siguiendo con los plazos establecidos para el cierre de la planta atómica, la documentación asociada a la declaración de cese definitivo de la explotación de Garoña previsto para el próximo 6 de julio, según lo acordado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

La Junta de Castilla y León reitera tras la intervención de la presidenta del CSN que el único futuro de la central de Garoña es el cierre

De Santiago-Juárez se ha referido a las declaraciones de Martínez Ten que confirmó que «no contempla ningún supuesto más» que el cese de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en 2013, a la vez que reprocha a los titulares de la instalación que «no hicieran nada» después de que les presentaran unas condiciones para funcionar hasta 2019.

El portavoz de la Junta ha insistido en que no había «nada de nada» en relación al posible contacto entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y Endesa con el fin de prorrogar la vida útil de la central nuclear de Garoña (Burgos) hasta 2019.

Asimismo, ha señalado que la empresa no ha sido «leal», al tiempo que ha asegurado no comprender por qué no pidió la prórroga cuando existía el apoyo por parte de la Junta para mantener la central burgalesa abierta «siempre que fuera segura». Así, ha señalado que la decisión de la empresa ha sido «frívola» y «caprichosa».

Por último, ha considerado que el exministro Miguel Sebastián desveló en Valladolid que «hubo conflicto» sobre la continuidad o no de la central burgalesa en el seno del Gobierno socialista.

El presidente del PP de Burgos, «optimista» ante la posibilidad de que Garoña mantenga su actividad más allá de 2013

El presidente del PP de Burgos, César Rico, se ha mostrado «optimista» ante la posibilidad de que la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña mantenga su actividad más allá de 2013.

Rico, que participó en la charla-coloquio ‘1812-2012. Dos siglos de Constitucionalismo Español’ organizada por Nuevas Generaciones de Burgos, ha reiterado que se trata de «una buena noticia, si se puede confirmar».

«Nunca he dado por cerrada Garoña», ha aseverado Rico, antes de añadir que «sería una buena noticia para Burgos y Castilla y León, pero hay que ser prudentes».

En este sentido, ha recordado que cerca de 1.000 personas dependen de la actividad de la planta nuclear burgalesa y ha destacado su importancia para el desarrollo de su zona de influencia, así como su vinculación con el tejido empresarial del entorno.

Por otro lado, ha reiterado el «compromiso» del PP con la provincia de Burgos, desde el momento en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dicta la orden ministerial para el cierre de Garoña en 2013, a la vez que ha calificado de «absurda» esta decisión, que ha achacado a la «irresponsabilidad» del PSOE.

La Junta de Castilla y León reitera tras la intervención de la presidenta del CSN que el único futuro de la central de Garoña es el cierre

De Santiago-Juárez se ha referido a las declaraciones de Martínez Ten que confirmó que «no contempla ningún supuesto más» que el cese de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en 2013, a la vez que reprocha a los titulares de la instalación que «no hicieran nada» después de que les presentaran unas condiciones para funcionar hasta 2019.

El portavoz de la Junta ha insistido en que no había «nada de nada» en relación al posible contacto entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y Endesa con el fin de prorrogar la vida útil de la central nuclear de Garoña (Burgos) hasta 2019.

Asimismo, ha señalado que la empresa no ha sido «leal», al tiempo que ha asegurado no comprender por qué no pidió la prórroga cuando existía el apoyo por parte de la Junta para mantener la central burgalesa abierta «siempre que fuera segura». Así, ha señalado que la decisión de la empresa ha sido «frívola» y «caprichosa».

Por último, ha considerado que el exministro Miguel Sebastián desveló en Valladolid que «hubo conflicto» sobre la continuidad o no de la central burgalesa en el seno del Gobierno socialista.

El presidente del PP de Burgos, «optimista» ante la posibilidad de que Garoña mantenga su actividad más allá de 2013

El presidente del PP de Burgos, César Rico, se ha mostrado «optimista» ante la posibilidad de que la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña mantenga su actividad más allá de 2013.

Rico, que participó en la charla-coloquio ‘1812-2012. Dos siglos de Constitucionalismo Español’ organizada por Nuevas Generaciones de Burgos, ha reiterado que se trata de «una buena noticia, si se puede confirmar».

«Nunca he dado por cerrada Garoña», ha aseverado Rico, antes de añadir que «sería una buena noticia para Burgos y Castilla y León, pero hay que ser prudentes».

En este sentido, ha recordado que cerca de 1.000 personas dependen de la actividad de la planta nuclear burgalesa y ha destacado su importancia para el desarrollo de su zona de influencia, así como su vinculación con el tejido empresarial del entorno.

Por otro lado, ha reiterado el «compromiso» del PP con la provincia de Burgos, desde el momento en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dicta la orden ministerial para el cierre de Garoña en 2013, a la vez que ha calificado de «absurda» esta decisión, que ha achacado a la «irresponsabilidad» del PSOE.

Cristina Narbona será la candidata del PSOE para presidir el CSN

Así lo explicaron fuentes socialistas, que precisaron que de ocupar el cargo, Narbona tendría que dejar su acta de parlamentaria.

El pleno del Consejo es la cabeza visible del CSN (organismo colegiado) y está constituido por la presidenta y cuatro consejeros, cuya elección se produce en el Parlamento. Los candidatos a miembros del pleno, que deben ser personas de reconocido prestigio, son nombrados por el Gobierno tras consulta a la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados, que puede confirmarlos o rechazarlos con una mayoría de tres quintas partes de sus integrantes. Esto implica que los candidatos deben recibir, al menos, el apoyo de PP y PSOE para que salir elegidos.

Durante su mandato, cuyo plazo es de seis años, los miembros del Pleno deben velar por el correcto cumplimiento de las funciones y obligaciones del organismo con la sociedad española, que se centran, básicamente, en vigilar y controlar las instalaciones nucleares y las que utilizan radiaciones ionizantes.

El CSN se preocupa por la seguridad en el empleo de los materiales radiactivos en medicina, industria e investigación, por el control de los residuos, por el transporte de materiales, por la protección de las personas expuestas por motivos profesionales y por el impacto que las radiaciones y los vertidos pudieran tener sobre el público y el medio ambiente.

Cristina Narbona, nacida en Madrid en 1951, fue diputada en la VI, VIII, IX y X legislaturas. También fue embajadora de España ante la OCDE (2008-2011), ministra de Medio Ambiente (2004-2008), concejala del Ayuntamiento de Madrid (1998-2002), secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y miembro del Panel de Naciones Unidas sobre Sostenibilidad Global.

Cristina Narbona será la candidata del PSOE para presidir el CSN

Así lo explicaron fuentes socialistas, que precisaron que de ocupar el cargo, Narbona tendría que dejar su acta de parlamentaria.

El pleno del Consejo es la cabeza visible del CSN (organismo colegiado) y está constituido por la presidenta y cuatro consejeros, cuya elección se produce en el Parlamento. Los candidatos a miembros del pleno, que deben ser personas de reconocido prestigio, son nombrados por el Gobierno tras consulta a la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados, que puede confirmarlos o rechazarlos con una mayoría de tres quintas partes de sus integrantes. Esto implica que los candidatos deben recibir, al menos, el apoyo de PP y PSOE para que salir elegidos.

Durante su mandato, cuyo plazo es de seis años, los miembros del Pleno deben velar por el correcto cumplimiento de las funciones y obligaciones del organismo con la sociedad española, que se centran, básicamente, en vigilar y controlar las instalaciones nucleares y las que utilizan radiaciones ionizantes.

El CSN se preocupa por la seguridad en el empleo de los materiales radiactivos en medicina, industria e investigación, por el control de los residuos, por el transporte de materiales, por la protección de las personas expuestas por motivos profesionales y por el impacto que las radiaciones y los vertidos pudieran tener sobre el público y el medio ambiente.

Cristina Narbona, nacida en Madrid en 1951, fue diputada en la VI, VIII, IX y X legislaturas. También fue embajadora de España ante la OCDE (2008-2011), ministra de Medio Ambiente (2004-2008), concejala del Ayuntamiento de Madrid (1998-2002), secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y miembro del Panel de Naciones Unidas sobre Sostenibilidad Global.

Las centrales nucleares españolas tendrán que poder funcionar hasta 72 horas sin suministro eléctrico

Se trata de una de las mejoras que deberán emprender las instalaciones atómicas españolas después de la realización de las pruebas de resistencia emprendidas en los parques nucleares, tras el accidente de Fukushima de marzo de 2011, donde fallaron los sistemas de emergencia ante la falta de suministro eléctrico.

La presidenta indicó que las empresas deberán «reforzar los equipos portátiles para asegurar el mantenimiento de las funciones de seguridad de todas las centrales, con generadores eléctricos, bombas y baterías». Ahora se tiene capacidad para mantener la autonomía eléctrica entre 4 y 8 horas, y se busca extenderla hasta 24 horas, sin apoyo externo, y hasta 72 horas con la aportación de equipos ligeros externos.

Además, «las pruebas de resistencia han reafirmado el cumplimiento de las bases de diseño y de licencia de cada instalación», señaló la experta durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, antes de asegurar que «no se ha identificado ningún aspecto que suponga debilidad significativa de seguridad de las centrales que pudiera requerir la adopción de actuaciones urgentes».

Eso sí, avisó de que también ponen de manifiesto la existencia de márgenes de seguridad más allá de las bases de diseño, a la vez que consideró que «existen mejoras para incrementar los márgenes de seguridad y reforzar la respuesta en emergencias».

En este sentido, detalló que existen tres plazos para implantar las mejoras, que se jerarquizaron en cuanto a magnitud y relevancia por fases, siendo las de corto plazo antes de que acabe 2012, las de medio durante 2012 y 2014, y a largo plazo antes de fin de 2016.

Igualmente, se deben reforzar los equipos portátiles de alimentación eléctrica, para asegurar el mantenimiento de la seguridad; de igual forma que se van a instalar venteos filtrados de la contención, así como quemadores pasivos de hidrógeno en todas las centrales, para evitar parte de la contaminación vertida al exterior.

Es más, indicó que la gestión de accidentes severos será un requisito de licencia, además de que se creará un centro de apoyo en emergencia, con capacidad de intervención en todas las centrales en un máximo de 24 horas, a la vez que en cada central se construirá un centro alternativo de diseño sísmico y protegido contra las radiaciones, para gestionar las emergencias.

«Este accidente ha reactivado la preocupación y vigilancia de la seguridad de las centrales y ha puesto de manifiesto que la seguridad debe implicar a toda la comunidad internacional. En España hemos trabajado en colaboración con Europa», remarcó, a la vez que subrayó que «los accidentes nucleares no tienen fronteras» y que más de 500 personas han estado volcadas en este proceso de revisión de las centrales españolas.

«No hay más supuesto que el de cese de actividad de Garoña»

Respecto a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), la presidenta del CSN señaló que «no contempla ningún supuesto más» que el cese de explotación de la central, cuyo procedimiento está en marcha.

En este sentido, remarcó que «nosotros trabajamos sólo con la ley y que ésta determina que la central concluirá su actividad el próximo 6 de julio de 2013», pese a los continuos rumores de que no se cerrará. «La incertidumbre no es buena» y así llevamos «mucho tiempo», subrayó.

La presidenta del órgano regulador reprochó que «de todo» lo que se les pidió a los gestores de Garoña que «tenían que hacer para seguir hasta 2019 no han hecho nada», y sólo establecieron las condiciones necesarias para funcionar hasta 2013. «Punto; hasta ahí, nada más», insistió. «No trabajamos con supuestos imaginarios, porque sólo trabajamos con la ley».

«A Garoña antes de 2009 les avisamos de que tenían que cambiar la instalación eléctrica, que es muy vieja, de 40 años, aunque ya se habían hecho mejoras, y cambiar muchos tramos de cableado eléctrico, así como un recombinador de gases. Se lo pedimos antes de Fukushima», detalló.

Tras recordar que el pasado 6 de septiembre concluyó el plazo fijado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para que el titular presentara la solicitud de renovación de la autorización de la planta y dado que la empresa propietaria (Endesa e Iberdrola) no solicitó dicho permiso dentro del tiempo establecido, el CSN requirió al titular la presentación de los documentos asociados a la declaración de cese definitivo de la central, entregados el pasado 6 de noviembre y que ahora el Consejo está estudiando.

A partir de ahora, el CSN deberá remitir, antes del 6 de julio, las condiciones para el cese de actividad. Tras ello, y ya con la central parada, la empresa debe realizar un informe en el que se detalle la situación de la instalación, del emplazamiento y de su zona de influencia.

En todo momento, agregó la presidenta, se garantiza la seguridad de la central, y su «supervisión» sigue a cargo del CSN, pero la responsabilidad la tiene todavía Nuclenor.

Martínez Ten indicó que antes del desmantelamiento hay que quitar el combustible. Para ello, según la normativa, la empresa debe solicitar autorización, pasando en ese momento la central a estar bajo la titularidad de la empresa pública de residuos Enresa. Después, una vez retirado, se continuará con el desmantelamiento. Por último, el CSN realizará un informe que permitirá al Ministerio de Industria emitir la declaración de cierre.

Preguntada por el Almacén Temporal Centralizado (ATC), que se instalará en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), dijo que «hay que construirlo muy bien, como el de El Cabril», almacén cordobés que gestiona los residuos de baja y muy baja actividad. Asimismo, indicó que «debido a las restricciones presupuestarias» no pueden hacer todo lo que quieren para la gestión y supervisión de la construcción del ATC.

Las nucleares españolas notificaron 39 incidentes en 2012

Martínez Ten cifró en 39 los sucesos que las centrales nucleares españolas notificaron al CSN durante este año y aclaró que todos los incidentes fueron calificados de nivel 0, salvo uno que ocurrió en la central de Ascó II, que fue notificado como de nivel 1. Asimismo, fuentes del CSN indicaron que en los últimos días se registraron en los parques de Ascó I y II otros dos incidentes, ambos calificados de nivel 0.

La presidenta del CSN indicó que durante 2010 se registraron 66 incidentes, todos del nivel más bajo, salvo uno en la central de Cofrentes, que fue considerado de nivel 1. Respecto a 2011, se registraron 69 incidentes, todos ellos calificados de nivel 0 salvo cinco, que se produjeron en Ascó I y II y en Valdellós.

Pese a estos incidentes, Martínez Ten subrayó que el comportamiento del parque nuclear español en 2010 y 2011 fue «correcto», al tiempo que remarcó que todas las instalaciones nucleares tienen obligación de trasladar al CSN cualquier suceso que se produzca, porque el CSN «analiza absolutamente todos» esos incidentes para evitar que vuelvan a producirse.

Martínez Ten recordó que en 2011 todas las centrales hicieron su recarga de combustible y, hasta la fecha, el CSN renovó con todas las instalaciones sus licencias de funcionamiento, salvo con la central de Trillo, a la que le corresponde en 2014.

La edad media de la plantilla del CSN es de 50 años

La presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también advirtió de que la edad media del personal del organismo regulador es de 50 años y se concentra fundamentalmente en el tramo entre 46 y 60 años, y destacó la necesidad de «mantener un equilibrio entre entradas y salidas de personal».

Así, Martínez Ten dijo que «sin duda alguna, el personal del CSN representa su máximo activo, tanto por su solvencia técnica como por su gran experiencia».

En esta línea, reclamó que se cumpla, al menos, con la tasa de reposición, porque le «preocupa» que se jubilaron nueve técnicos y no fueron sustitudos. «No damos abasto con las inspecciones», añadió.

Debido a que la edad media de la plantilla es de 50 años, la presidenta afirmó que «no cabe duda que una entidad como el CSN, en la que es tan importante el conocimiento científico y tecnológico, conservarlo y mantenerlo actualizado es vital», y «a ese fin debe tender la política de formación».

Ante esta situación, dijo, se planteó la «necesidad» de que el conocimiento «se regenere y se transmita desde los miembros más experimentados a las nuevas incorporaciones, algo que implica mantener un equilibrio entre entradas y salidas de personal, especialmente en los próximos años, dada la pirámide de edad».

Martínez Ten indicó que se tarda cinco años en formar a un recién licenciado. A ello sumó que «la congelación de plantillas puede ser fatal para el mantenimiento del ‘know how’ del organismo».

A pesar de que la presidenta pidió comparecer en el Congreso de los Diputados poco después de que tuviera lugar la catástrofe nuclear de Fukushima, en marzo de 2011, tuvo que esperar a su última semana en el cargo (expira el 1 de diciembre), y un año y ocho meses después de Fukushima, para explicar las actividades del CSN en los dos últimos años. El año pasado, debido al cambio de legislatura, no se produjo dicha comparecencia.

Las centrales nucleares españolas tendrán que poder funcionar hasta 72 horas sin suministro eléctrico

Se trata de una de las mejoras que deberán emprender las instalaciones atómicas españolas después de la realización de las pruebas de resistencia emprendidas en los parques nucleares, tras el accidente de Fukushima de marzo de 2011, donde fallaron los sistemas de emergencia ante la falta de suministro eléctrico.

La presidenta indicó que las empresas deberán «reforzar los equipos portátiles para asegurar el mantenimiento de las funciones de seguridad de todas las centrales, con generadores eléctricos, bombas y baterías». Ahora se tiene capacidad para mantener la autonomía eléctrica entre 4 y 8 horas, y se busca extenderla hasta 24 horas, sin apoyo externo, y hasta 72 horas con la aportación de equipos ligeros externos.

Además, «las pruebas de resistencia han reafirmado el cumplimiento de las bases de diseño y de licencia de cada instalación», señaló la experta durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, antes de asegurar que «no se ha identificado ningún aspecto que suponga debilidad significativa de seguridad de las centrales que pudiera requerir la adopción de actuaciones urgentes».

Eso sí, avisó de que también ponen de manifiesto la existencia de márgenes de seguridad más allá de las bases de diseño, a la vez que consideró que «existen mejoras para incrementar los márgenes de seguridad y reforzar la respuesta en emergencias».

En este sentido, detalló que existen tres plazos para implantar las mejoras, que se jerarquizaron en cuanto a magnitud y relevancia por fases, siendo las de corto plazo antes de que acabe 2012, las de medio durante 2012 y 2014, y a largo plazo antes de fin de 2016.

Igualmente, se deben reforzar los equipos portátiles de alimentación eléctrica, para asegurar el mantenimiento de la seguridad; de igual forma que se van a instalar venteos filtrados de la contención, así como quemadores pasivos de hidrógeno en todas las centrales, para evitar parte de la contaminación vertida al exterior.

Es más, indicó que la gestión de accidentes severos será un requisito de licencia, además de que se creará un centro de apoyo en emergencia, con capacidad de intervención en todas las centrales en un máximo de 24 horas, a la vez que en cada central se construirá un centro alternativo de diseño sísmico y protegido contra las radiaciones, para gestionar las emergencias.

«Este accidente ha reactivado la preocupación y vigilancia de la seguridad de las centrales y ha puesto de manifiesto que la seguridad debe implicar a toda la comunidad internacional. En España hemos trabajado en colaboración con Europa», remarcó, a la vez que subrayó que «los accidentes nucleares no tienen fronteras» y que más de 500 personas han estado volcadas en este proceso de revisión de las centrales españolas.

«No hay más supuesto que el de cese de actividad de Garoña»

Respecto a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), la presidenta del CSN señaló que «no contempla ningún supuesto más» que el cese de explotación de la central, cuyo procedimiento está en marcha.

En este sentido, remarcó que «nosotros trabajamos sólo con la ley y que ésta determina que la central concluirá su actividad el próximo 6 de julio de 2013», pese a los continuos rumores de que no se cerrará. «La incertidumbre no es buena» y así llevamos «mucho tiempo», subrayó.

La presidenta del órgano regulador reprochó que «de todo» lo que se les pidió a los gestores de Garoña que «tenían que hacer para seguir hasta 2019 no han hecho nada», y sólo establecieron las condiciones necesarias para funcionar hasta 2013. «Punto; hasta ahí, nada más», insistió. «No trabajamos con supuestos imaginarios, porque sólo trabajamos con la ley».

«A Garoña antes de 2009 les avisamos de que tenían que cambiar la instalación eléctrica, que es muy vieja, de 40 años, aunque ya se habían hecho mejoras, y cambiar muchos tramos de cableado eléctrico, así como un recombinador de gases. Se lo pedimos antes de Fukushima», detalló.

Tras recordar que el pasado 6 de septiembre concluyó el plazo fijado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para que el titular presentara la solicitud de renovación de la autorización de la planta y dado que la empresa propietaria (Endesa e Iberdrola) no solicitó dicho permiso dentro del tiempo establecido, el CSN requirió al titular la presentación de los documentos asociados a la declaración de cese definitivo de la central, entregados el pasado 6 de noviembre y que ahora el Consejo está estudiando.

A partir de ahora, el CSN deberá remitir, antes del 6 de julio, las condiciones para el cese de actividad. Tras ello, y ya con la central parada, la empresa debe realizar un informe en el que se detalle la situación de la instalación, del emplazamiento y de su zona de influencia.

En todo momento, agregó la presidenta, se garantiza la seguridad de la central, y su «supervisión» sigue a cargo del CSN, pero la responsabilidad la tiene todavía Nuclenor.

Martínez Ten indicó que antes del desmantelamiento hay que quitar el combustible. Para ello, según la normativa, la empresa debe solicitar autorización, pasando en ese momento la central a estar bajo la titularidad de la empresa pública de residuos Enresa. Después, una vez retirado, se continuará con el desmantelamiento. Por último, el CSN realizará un informe que permitirá al Ministerio de Industria emitir la declaración de cierre.

Preguntada por el Almacén Temporal Centralizado (ATC), que se instalará en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), dijo que «hay que construirlo muy bien, como el de El Cabril», almacén cordobés que gestiona los residuos de baja y muy baja actividad. Asimismo, indicó que «debido a las restricciones presupuestarias» no pueden hacer todo lo que quieren para la gestión y supervisión de la construcción del ATC.

Las nucleares españolas notificaron 39 incidentes en 2012

Martínez Ten cifró en 39 los sucesos que las centrales nucleares españolas notificaron al CSN durante este año y aclaró que todos los incidentes fueron calificados de nivel 0, salvo uno que ocurrió en la central de Ascó II, que fue notificado como de nivel 1. Asimismo, fuentes del CSN indicaron que en los últimos días se registraron en los parques de Ascó I y II otros dos incidentes, ambos calificados de nivel 0.

La presidenta del CSN indicó que durante 2010 se registraron 66 incidentes, todos del nivel más bajo, salvo uno en la central de Cofrentes, que fue considerado de nivel 1. Respecto a 2011, se registraron 69 incidentes, todos ellos calificados de nivel 0 salvo cinco, que se produjeron en Ascó I y II y en Valdellós.

Pese a estos incidentes, Martínez Ten subrayó que el comportamiento del parque nuclear español en 2010 y 2011 fue «correcto», al tiempo que remarcó que todas las instalaciones nucleares tienen obligación de trasladar al CSN cualquier suceso que se produzca, porque el CSN «analiza absolutamente todos» esos incidentes para evitar que vuelvan a producirse.

Martínez Ten recordó que en 2011 todas las centrales hicieron su recarga de combustible y, hasta la fecha, el CSN renovó con todas las instalaciones sus licencias de funcionamiento, salvo con la central de Trillo, a la que le corresponde en 2014.

La edad media de la plantilla del CSN es de 50 años

La presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también advirtió de que la edad media del personal del organismo regulador es de 50 años y se concentra fundamentalmente en el tramo entre 46 y 60 años, y destacó la necesidad de «mantener un equilibrio entre entradas y salidas de personal».

Así, Martínez Ten dijo que «sin duda alguna, el personal del CSN representa su máximo activo, tanto por su solvencia técnica como por su gran experiencia».

En esta línea, reclamó que se cumpla, al menos, con la tasa de reposición, porque le «preocupa» que se jubilaron nueve técnicos y no fueron sustitudos. «No damos abasto con las inspecciones», añadió.

Debido a que la edad media de la plantilla es de 50 años, la presidenta afirmó que «no cabe duda que una entidad como el CSN, en la que es tan importante el conocimiento científico y tecnológico, conservarlo y mantenerlo actualizado es vital», y «a ese fin debe tender la política de formación».

Ante esta situación, dijo, se planteó la «necesidad» de que el conocimiento «se regenere y se transmita desde los miembros más experimentados a las nuevas incorporaciones, algo que implica mantener un equilibrio entre entradas y salidas de personal, especialmente en los próximos años, dada la pirámide de edad».

Martínez Ten indicó que se tarda cinco años en formar a un recién licenciado. A ello sumó que «la congelación de plantillas puede ser fatal para el mantenimiento del ‘know how’ del organismo».

A pesar de que la presidenta pidió comparecer en el Congreso de los Diputados poco después de que tuviera lugar la catástrofe nuclear de Fukushima, en marzo de 2011, tuvo que esperar a su última semana en el cargo (expira el 1 de diciembre), y un año y ocho meses después de Fukushima, para explicar las actividades del CSN en los dos últimos años. El año pasado, debido al cambio de legislatura, no se produjo dicha comparecencia.

El Supremo rechaza suspender la instalación del ATC en Villar de Cañas, recurrida por Yebra y Ascó

En concreto, los ayuntamientos de Ascó (gobernado por CiU) y de Yebra (gobernado por el PP) habían presentado un recurso el pasado 21 de marzo en el que pedían al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del acuerdo que el Consejo de Ministros adoptó el 30 de diciembre de 2011 y por el que aprobó la designación de Villar de Cañas como emplazamiento de «cementerio nuclear» y su centro tecnológico asociado. La solicitud de la medida cautelar se cursó en el marco del proceso judicial abierto en el Alto Tribunal por la instalación del almacén temporal centralizado.

Los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, presididos por Pedro José Yagüe Gil, concluyeron que «las razones alegadas por los demandantes en apoyo de su pretensión cautelar son del todo insuficientes», puesto que se «limitan» a manifestar que la designación de Villar de Cañas y la construcción allí del ATC «haría imposible trasladarlo o situarlo en otro municipio en caso de que así proceda a consecuencia del presente recurso».

También consideró el Supremo «insuficiente» que ambas ciudades argumenten que de no suspenderse la decisión del Consejo de Ministros «se produciría un perjuicio al interés general», o que afirmen que la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy es «arbitraria», «carente de justificación» y «se aparte diametralmente de la valoración de la Comisión Interministerial».

Por todo ello, los magistrados de la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo señalron que la solicitud de Yebra y Ascó «no puede tener acogida favorable» porque, según dijo, el interés general subyacente en la construcción de este tipo de instalaciones «es obvio» y las propias corporaciones municipales «así lo confirmaron cuando aspiraban precisamente a acogerlas en su territorio».

«El hecho de que entre todos los municipios candidatos se haya de elegir tan sólo uno al término del proceso público de selección es, obviamente, inevitable y de seguirse el razonamiento de los demandantes habría que esperar en todo caso a la resolución final del litigio para dar efectividad al acuerdo impugnado, si otros lo impugnaran», señaló el auto hecho público por el Alto Tribunal.

También advirtió que los ayuntamientos recurrentes «no aducen que se les cause un perjuicio irreparable o de difícil reparación, a los efectos de la ponderación de los intereses en conflicto».

Por tanto, el Tribunal Supremo rechazó en consecuencia la solicitud de los consistorios de Yebra y Ascó, a los que condenó al pago de las costas procesales con un límite de 1.000 euros.

El Supremo rechaza suspender la instalación del ATC en Villar de Cañas, recurrida por Yebra y Ascó

En concreto, los ayuntamientos de Ascó (gobernado por CiU) y de Yebra (gobernado por el PP) habían presentado un recurso el pasado 21 de marzo en el que pedían al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del acuerdo que el Consejo de Ministros adoptó el 30 de diciembre de 2011 y por el que aprobó la designación de Villar de Cañas como emplazamiento de «cementerio nuclear» y su centro tecnológico asociado. La solicitud de la medida cautelar se cursó en el marco del proceso judicial abierto en el Alto Tribunal por la instalación del almacén temporal centralizado.

Los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, presididos por Pedro José Yagüe Gil, concluyeron que «las razones alegadas por los demandantes en apoyo de su pretensión cautelar son del todo insuficientes», puesto que se «limitan» a manifestar que la designación de Villar de Cañas y la construcción allí del ATC «haría imposible trasladarlo o situarlo en otro municipio en caso de que así proceda a consecuencia del presente recurso».

También consideró el Supremo «insuficiente» que ambas ciudades argumenten que de no suspenderse la decisión del Consejo de Ministros «se produciría un perjuicio al interés general», o que afirmen que la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy es «arbitraria», «carente de justificación» y «se aparte diametralmente de la valoración de la Comisión Interministerial».

Por todo ello, los magistrados de la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo señalron que la solicitud de Yebra y Ascó «no puede tener acogida favorable» porque, según dijo, el interés general subyacente en la construcción de este tipo de instalaciones «es obvio» y las propias corporaciones municipales «así lo confirmaron cuando aspiraban precisamente a acogerlas en su territorio».

«El hecho de que entre todos los municipios candidatos se haya de elegir tan sólo uno al término del proceso público de selección es, obviamente, inevitable y de seguirse el razonamiento de los demandantes habría que esperar en todo caso a la resolución final del litigio para dar efectividad al acuerdo impugnado, si otros lo impugnaran», señaló el auto hecho público por el Alto Tribunal.

También advirtió que los ayuntamientos recurrentes «no aducen que se les cause un perjuicio irreparable o de difícil reparación, a los efectos de la ponderación de los intereses en conflicto».

Por tanto, el Tribunal Supremo rechazó en consecuencia la solicitud de los consistorios de Yebra y Ascó, a los que condenó al pago de las costas procesales con un límite de 1.000 euros.

La construcción del ATC y sus laboratorios comenzará en un año y funcionarán a partir de 2017

Así lo confirmó el presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), Francisco Gil-Ortega, al término de su intervención en la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, donde varios expertos en materia nuclear participaron a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados.

Según especificó, este periodo de unos 24 meses se debe a que el impacto ambiental de las instalaciones precisa de cerca de 12 meses, y es necesario otro año para los permisos del Ministerio de Industria y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN); mientras que la parte no-nuclear se estructurará a partir de 2013.

En este sentido, detalló que ya se han comprado las tres parcelas que compondrán el complejo del Almacén de residuos, que se están vallando en la actualidad, a la vez que se está emprendiendo un estudio geológico sobre el suelo de las mismas: una de 55 hectáreas, donde se emplazará esa zona nuclear; después otra más pequeña de 4 hectáreas para el vivero de empresas; aparte de otra de 30 hectáreas que se ha adquirido «por si acaso» hiciera falta más terreno para el proyecto.

De forma inmediata, Gil-Ortega aseguró que saldrá adelante el proyecto de carreteras, en manos actualmente de la Junta de Comunidades, con un convenio con ENRESA por un importe de 18,5 millones de euros.

Igualmente, señaló que se sacó a concurso la ingeniería principal del proyecto, al que se presentaron un total de cinco empresas nacionales (agrupadas 2-2-1), para que a partir de enero se adjudique el plan por un importe de 37 millones de euros, además del proyecto de impacto ambiental, donde se presentaron 25 empresas.

«Nos estamos reuniendo con el CSN porque queremos, en los plazos marcados con el Gobierno, llegar a tiempo para que en 2017 el ATC esté en funcionamiento«, agregó.

Sobre las zonas nucleares desmanteladas, precisó que la instalación de José Cabrera se encuentra al 50% del desmantelamiento, a la vez que se están guardando los residuos nucleares en Almacén Temporal Individualizado o ATI, en espera hasta que el ATC esté en marcha.

De la misma manera, dijo que se está «vigilando» a Vandellós, porque aún falta por desmantelar un reactor y, sobre Santa María de Garoña afirmó que, todavía, ENRESA está a la espera de una decisión firme de Nuclenor. «En cualquiera de los dos escenarios ENRESA está preparada para almacenar los residuos», puntualizó.

AMAC lamenta el cierre de la central de Garoña

Por su parte, el presidente de Asociación Municipios en Zonas Nucleares (AMAC), Alfonso García, lamentó el cierre de la central nuclear Garoña después de que el año pasado parecía que tendría una pervivencia a medio plazo.

En este sentido, destacó que los requisitos impuestos han hecho «inviable» el funcionamiento de la central, a pesar de que la explotación de la instalación es «segura y fiable». «A pesar de ello ha habido un proyecto que no tira adelante y va a dejar en muy mal lugar a la zona porque no se ha hecho un plan de desarrollo local que haya contribuido a generar riqueza y a redistribuir la zona para el día de cierre», alertó.

Sobre los planes de emergencia de las zonas nucleares, García entendió que la Administración del Estado tiene que involucrarse más en el proceso porque ve que no se dan todas las medidas suficientes. «Hacen faltas más medios técnicos para poner en funcionamientos dichos planes», apuntó.

En tercer lugar, reivindicó la puesta en marcha de una orden ministerial que entiende debe contribuir a la diversidad a las zonas nucleares puesto que algunas de las centrales ya tienen fecha caducidad, de cierre a medio plazo.

Mientras, el exdirigente de Greenpeace, Carlos Bravo, resaltó que las centrales nucleares españolas fueron diseñadas con planteamientos «totalmente desfasados», además teniendo en cuenta que, tras Fukushima, los estándares tienen que ser «más elevados».

Bravo consideró que existe un deterioro progresivo de los equipos de las centrales nucleares, así como la degradación de la cultura de la seguridad nuclear. Finalmente, opinó que el propio CSN necesita una revisión de su cultura de seguridad porque, a su juicio, quedó «evidenciado» que «queda lejos de ser neutral, transparente y eficaz».