Los consejeros del CSN, según explica su página web, son nombrados por el Gobierno, mediante real decreto, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previa comparecencia de las personas propuestas ante la correspondiente Comisión del Congreso de los Diputados, que manifestará su aceptación o veto.

Actualmente el pleno del CSN está compuesto por cinco miembros: dos a propuesta del PP: Fernando Castelló y Antonio Colino, quien ocupa además la vicepresidencia; dos del PSOE: Rosario Velasco y Carmen Martinez-Ten, que ocupa la presidencia, y el quinto es Antoni Gurguí de CIU, que es el único al que no se le acabó el mandato de seis años.

No obstante, el resto de los consejeros, salvo Martínez Ten, que lleva doce años, pueden renovar por otros seis más. Para sustituir en el puesto de consejera a Martínez Ten, el PSOE propuso a la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona.

Según fuentes socialistas, es previsible que Rosario Velasco prorrogue su mandato por otros seis años. En cuanto al PP, y de acuerdo con las fuentes parlamentarias consultadas, también es probable que continúen Colino y Castelló y que uno de ellos pase a ocupar la presidencia.

Durante su mandato, los miembros del Pleno velan por el correcto cumplimiento de las funciones y obligaciones del organismo con la sociedad española, que se centran, básicamente, en vigilar y controlar las instalaciones nucleares y las que utilizan radiaciones ionizantes.

El CSN se preocupa por la seguridad en el empleo de los materiales radiactivos en medicina, industria e investigación, por el control de los residuos, por el transporte de materiales, por la protección de las personas expuestas por motivos profesionales y por el impacto que las radiaciones y los vertidos pudieran tener sobre el público y el medio ambiente.

Dentro de tales competencias, la autoridad del CSN es máxima. Sus informes son vinculantes cuando se trata de imponer condiciones de seguridad y protección, o de denegar un permiso o una autorización.

El organismo tiene además capacidad para detener el funcionamiento de una instalación en caso de apreciarse que éste sea inseguro.

«Estamos dispuestos a trabajar en dicho proyecto ‘llave en mano'», dijo Rogozin, citado por las agencias locales, coincidiendo con la visita a este país del primer ministro chino, Wen Jiabao.

China, donde los rusos ya construyen la planta atómica de Tianwan, es uno de los países que mostró desde un principio un mayor interés en participar en el ambicioso proyecto, que consiste en construir plantas móviles con dos reactores y una potencia conjunta de 70 megavatios.

«La tecnología es totalmente rusa. No tenemos intención de transferirla a otro país, pero sí estamos abiertos a la licitación», aseguró Serguéi Nóvikov, portavoz de Rosatom.

En realidad, añadió, «la planta debería llamarse móvil, más que flotante, ya que se desplazará por el mar, pero no será emplazada en el agua, sino en la tierra, donde puede permanecer hasta 15 años sin necesidad de repostar combustible».

Según los expertos, la planta podrá suministrar energía eléctrica a una ciudad de un cuarto de millón de habitantes, funcionar también como desalinizadora de agua y proveedora de calefacción, y permitirá ahorrar 200.000 toneladas de carbón y 100.000 de petróleo al año.

La planta rusa, que utilizará uranio enriquecido a menos del 20%, es ideal para las regiones remotas, donde el coste del carbón y el combustible es muy alto debido a la carestía de su transporte.

No obstante, según las agencias rusas, el proyecto está estancado debido a la bancarrota declarada por los astilleros Baltíyskiy Zavod de San Petersburgo, encargados de la construcción de la primera planta flotante de la historia.

Greepeace describió las centrales flotantes como auténticas «bombas de relojería» y «un regalo para los terroristas», ya que, aduce, éstas almacenarán casi una tonelada de uranio, y advirtió que se necesitará una flota de guerra para garantizar su seguridad.

Moscú y Pekín firman un protocolo de cooperación en energía nuclear

Asimismo, Rusia y China suscribieron un protocolo de cooperación nuclear para la construcción del tercer y cuarto reactor, la segunda fase, de la central eléctrica atómica china de Tianwán.

Además, fueron suscritos un acuerdo de suministro de electricidad a China, una hoja de ruta para el desarrollo de la industria del carbón y un memorándum de cooperación para evaluar los mercados energéticos.

«Hemos abordado nuestra cooperación energética en todos los ámbitos -gas, petróleo, átomo, carbón- y hemos determinado las perspectivas de trabajo, que a nuestro modo de ver son muy buenas», dijo el primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, citado por la agencia oficial rusa RIA-Nóvosti al término de sus conversaciones con su colega chino.

El jefe del Gobierno ruso expresó su convencimiento de que próximamente se concertarán nuevos acuerdos en este ámbito, que -dijo- «cimentan la cooperación ruso-china para muchos decenios».

«Ya este diciembre comenzaremos a vaciar hormigón en el tercer y cuarto bloque (generador)», dijo a la prensa Serguéi Kiriyenko, director de Rosatom, la agencia para la energía atómica de Rusia, al comentar el alcance de protocolo de cooperación para la construcción de la segunda etapa de la planta de Tianwán.

La XVII ronda de consultas intergubernamentales ruso-china, Medvédev indicó que las relaciones entre Moscú y Pekín pasan «quizás por el mejor momento» de toda su historia.

Tras señalar que 2012 fue complicado para la economía mundial, el primer ministro ruso destacó que Rusia y China mantienen una dinámica positiva en sus intercambios comerciales, que se espera este año alcancen los 90.000 millones de dólares.

«Tenemos todas las posibilidades para cumplir lo que acordamos, elevarlos (los intercambios comerciales) hasta los 100.000 millones de dólares en los próximo años y hasta los 200.000 millones para 2020», dijo.

Wen Jiabao, que también resaltó el incremento de la cooperación entre Moscú y Pekín, aprovechó para despedirse de Médvedev al indicar que las consultas ruso-chinas son las últimas de su Gobierno, cuyo mandato expira en marzo próximo.

Según informó «El Diario de Burgos«, las últimas modificaciones introducidas en el Senado mediante varias enmiendas del Partido Popular a la nueva Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética durante la Comisión de Industria el pasado martes no van en favor de la viabilidad de la central de Garoña y ponen en jaque el futuro económico de la central.

Tras analizar las consecuencias de esta enmienda que hace «absolutamente inviable económicamente a la central», la dirección de Garoña empezó a planificar una posible parada definitiva del reactor a mediados de este mes, en torno al día 16, pese a que cuenta con licencia de actividad hasta el 6 de julio de 2013, después de que sus propietarios no solicitasen en tiempo y forma la renovación de la autorización para operar hasta 2019.

Se trataría de una «parada ordenada» del reactor por motivos «no técnicos», según indicaron a Servimedia desde Nuclenor, si bien no precisaron ni el motivo ni la duración de la misma.

Desde la compañía, que está participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, insistieron en que la decisión de la parada aún no está tomada y que se acordará en los próximos días. La decisión de hacer una parada deberá ser comunicada al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El motivo sería evitar el pago de un millonario impuesto por la producción de residuos nucleares que entrará en vigor en enero si el Congreso no rechaza los cambios introducidos por el Senado en el proyecto de ley que determinará la nueva fiscalidad de las eléctricas.

Por su parte, fuentes de los trabajadores señalaron que la dirección ha comunicado al Comité de Empresa que existe la «posibilidad» de adelantar el cese de actividad de la central a diciembre porque, con la nueva tasa que impone la nueva ley obligaría a Nuclenor a desembolsar 150 millones de euros y ello hace «inviable» la situación de la empresa.

Los directivos de Nuclenor mantuvieron una reunión con los miembros del comité de empresa para transmitir a los trabajadores esta situación, con el fin de ir planificando las tareas necesarias para la parada definitiva del reactor.

No obstante, si la normativa se aprueba con la enmienda introducida por el PP, la planta burgalesa tendría que pagar 2.190 euros por cada kilogramo de metal pesado (uranio y plutonio) contenido en el combustible nuclear gastado que se extraiga definitivamente del reactor para su trasvase a la piscina una vez que éste haya parado.

En cambio, si el reactor se detiene definitivamente antes de que acabe el año y se extrae todo el combustible gastado antes de que entre en vigor la nueva ley, Nuclenor evitará el pago de ese nuevo impuesto.

Desde el CSN insisten en que el único escenario que se baraja es que la central de Garoña cese su actividad el 6 de julio de 2013. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo opta por no hacer declaraciones.

La Diputación de Burgos pide a Nuclenor una «declaración pública» sobre el futuro de Garoña

Por su parte, el presidente de la Diputación de Burgos exigió a Nuclenor que realice una «declaración pública» sobre el futuro de la planta burgalesa.

«Es hora de que los responsables se manifiesten abiertamente por responsabilidad y porque se lo deben a esta provincia», aseveró César Rico antes de solicitar a Nuclenor que «de una vez por todas, termine con esta incertidumbre».

Ante esta situación, y las diversas formas de interpretar las últimas informaciones acerca de la extracción de combustible de la planta, pidió a la empresa que proporcione las explicaciones oportunas «para más seguridad de todos».

Asimismo, instó a los responsables de la central a que abandonen su postura actual, «porque dando palos de ciego crean más incertidumbre» y no dejan claro si la central cesará su actividad o no.