Domínguez explicó que la industria nuclear no ha tenido participación en la elaboración del proyecto de ley, que impone una tasa a los residuos nucleares (2.190 euros por kilo) y eleva el gravamen a la venta de electricidad del 6% al 7%, con el fin de afrontar el déficit de tarifa (unos 20.000 millones de euros).

Tras inaugurar un curso de tecnología nuclear para periodistas, organizado por la patronal, Domínguez indicó que no conoce el proyecto legislativo «al detalle», pero «sí es cierto que hay que buscar un camino para entender que las centrales» deben ser viables económicamente.

Si las plantas nucleares cierran habrá «extinción de contratos y la energía nuclear tendrá menos opciones de desarrollo», recalcó.

En su opinión, se está viviendo un momento difícil y el cierre de plantas afecta de forma negativa a la industria del sector, y declinó hablar de «pulso político» entre Gobierno y eléctricas debido a la reforma del sistema eléctrico y el mencionado proyecto legislativo.

Solamente se limitó a decir que «el Gobierno tiene la misión de gobernar y las empresas garantizar la rentabilidad, el empleo y el desarrollo económico».

Por otro lado, se preguntó por qué España no sigue el modelo estadounidense y adopta el sistema de renovar la autorización de funcionamiento de las centrales cada veinte años. Ello, a su juicio, permitiría una mejor planificación de los recursos y una mayor «holgura» para los inversores.

Por supuesto, añadió, la vigilancia continuaría siendo «constante» y habría una revisión periódica cada diez años.

Recordó, además, que la Unión Europea debate actualmente sobre el desarrollo del sector nuclear en el continente, que se basa en pilares como la necesidad de que esta energía genere el 20% de la energía eléctrica, sea cual sea el escenario futuro (mayor o menos uso intensivo del carbón, mayor o menor captura de CO2…).

Habrá que construir entre «cien y ciento veinticinco reactores nuevos» en Europa, y la Unión discute «cómo hacerlo, que sea viable económicamente y cómo se instrumentan otros fondos», concluyó.

La central nuclear de Garoña (Burgos) paró su reactor este domingo debido a que su propietaria, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola), consideró que la nueva fiscalidad energética, que grava los residuos nucleares y toda la generación de electricidad, la hace económicamente inviable.

En declaraciones a Telecinco, Soria recordó que cuando el Gobierno socialista decidió cerrar Garoña en 2013 y negó ampliar su vida útil hasta 2019, Nucleor presentó un recurso ante la Audiencia Nacional en el que reclamaba una compensación de 400 millones de euros por el lucro cesante que le acarrearía esa decisión.

«Si se suman los impuestos que han de pagar más la inversión adicional que deben hacer están por debajo de esos 400 millones de euros por lucro cesante», afirmó Soria, quien consideró que Nuclenor tendrá que explicar a sus accionistas en junta general, a las comarcas afectadas y a los trabajadores por qué adopta ahora una decisión de cierre «contraria a lo que decía antes y lo que había planteado el Gobierno».

Soria recordó que «quien ha dicho que el cierre es definitivo es Nuclenor», que atribuyó a los nuevos impuestos la decisión. «Cuando nos plantearon a principio de la legislatura la posibilidad de ampliar de 2013 a 2019, nos pusimos en marcha en el proceso, y cuando estábamos en marcha la propia empresa no solicitó la prórroga formalmente, ahora con el argumento de que los impuestos van a ser muy altos», señaló.

El ministro insistió en que el Gobierno persigue que España cuente con un mix de generación de energía «lo más equilibrado posible entre todos los tipos de tecnología, y la nuclear es una de ellas», máxime cuando se habla de instalaciones como Garoña, que están amortizadas «desde hace años».

Respecto al futuro de la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), Soria
insistió en que el objetivo del Gobierno es rebajar el umbral de acceso a la misma desde los 10 kilovatios actuales, hasta el entorno de los 3 ó 5 kilovatios y que en el recibo de la luz sólo se pague lo que cuesta generar, transportar y distribuir la energía.

«No hay intención de perdonar los impuestos nucleares a ninguna eléctrica»

Por otra parte, Soria advirtió, en el Pleno del Senado, de que el Gobierno «no tiene intención» de perdonar ninguno de los impuestos de centrales nucleares ni a Endesa ni a Iberdrola tras el cierre de la planta de Santa María de Garoña. Además, dijo que todas las empresas y entidades de la zona de influencia de Garoña podrán optar a las a las ayudas por deslocalización.

El ministro explicó que la posición del Ejecutivo «sigue siendo exactamente la misma: creemos que tiene que seguir abierta», pero indicó que no puede, «en contra del criterio de la empresa propietaria, aprobar un decreto en el que se diga que Garoña tiene que estar abierto». «No lo vamos a hacer, ni lo podemos hacer», apuntó.

El ministro respondió así al senador del Grupo Parlamentario Socialista, Andrés Gil, quien criticó la gestión del Gobierno respecto a la central nuclear y lamentó el escaso apoyo del Gobierno central a Castilla y León y acusó al «Gobierno del PP» de «perdonar los impuestos a los ricos» y a Endesa e Iberdrola de «forrarse desde hace décadas con la central nuclear».

«Me alegro mucho que comparta usted con el Ejecutivo las figuras tributarias que gravan la emisión de residuos radiactivos de las centrales nucleares de España, que están contenidos dentro del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Sostenibilidad Energética. Me sorprende que después de 8 años de Gobierno del PSOE, tanto le gusten estos impuestos, y nunca los haya propuesto«, concluyó Soria.

Se trata de una introducción que estaba prevista para el pasado 7 de diciembre, pero que se retraso «sine die» por decisión de las empresas propietarias de la central, debido a la discusión en sede parlamentaria de la fiscalidad de la Ley de Energía Sostenible.

En este sentido, el portavoz de la central no pudo precisar todavía, cuánto será «el ahorro» de la medida tomada al retrasar la introducción del combustible nuclear en la unidad I, parada desde el mes de noviembre.

Lo que sí expresó Aniceto González es que será «a finales de la primera quincena de enero» cuando pueda ponerse la Unidad I a funcionar plenamente y su conexión a la red eléctrica nacional.

Además, durante esta parada de recarga se fueron ejecutando más de 8.000 órdenes de trabajo, muchas de las cuales «ya han concluido» sobre revisión y reposición de diferentes elementos de la Unidad I de la central nuclear de Almaraz.

Se trata de unos trabajos para los que la central nuclear contrata a unas 1.100 personas, muchas de las cuales «ya han finalizado su labor y sus contratos», al ser acciones que nada tienen que ver con la propia instalación del combustible nuclear en el reactor, mientras que no finalizaron aquellos contratos realizados para esta acción.

Industria concluirá el expediente sancionador en los próximos días

Por su parte, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo concluirá «en los próximos días» los trámites para el expediente sancionador a la central nuclear de Almaraz, por el incumplimiento del plazo fijado para modificar su régimen societario.

Así lo anunció el director general de Incentivos Agroindustriales y Energía, Juan José Cardesa, ante la Comisión de Energía del Parlamento, a preguntas del grupo socialista sobre la situación del expediente sancionador a la central extremeña.

Cardesa recordó que el Ministerio abrió dicho expediente por el incumplimiento del plazo fijado, concluido hace seis meses, para modificar su régimen societario de comunidad de bienes a sociedad mercantil, que «se considera como una infracción grave», indicó.

El director general aseguró que solo queda un último trámite para que el Ministerio emita la resolución que «expirará en los próximos días».

Por su parte, el diputado socialista, Antonio Rodríguez Osuna, exigió que Almaraz tenga su sede fiscal en Extremadura ya que «aunque las decisiones empresariales son de los empresarios, hay decisiones que son legales y que se deben cumplir».

Además, instó al Gobierno regional a articular una alternativa energética para preparar el futuro cierre de Almaraz para 2019 o 2021, y «así evitar la situación dramática que rodea la central de Garoña».