Este simulacro, denominado CURIEX 2013, se realizará a lo largo del último trimestre de 2013, en la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) y su entorno. Según ha explicado el Ministerio, esta central produce aproximadamente el 28 por ciento de la energía nuclear generada en España.

Además, contará con la participación de efectivos de Portugal, Francia, Italia y Bélgica, observadores de Marruecos e Israel, así como observadores y evaluadores de los Estados participantes en el Mecanismo Europeo de Protección de la Unión Europea.

Para planificar las emergencias en los entornos de las centrales nucleares, la organización del Ejercicio Europeo CURIEX 2013 se dividirá en tres fases. La primera, de preparación, para definir junto con los representantes de los países participantes y la Comisión Europea cuestiones relativas al grado de participación de los países involucrados.

La segunda, de realización del ejercicio, que durará tres días y consistirá en un simulacro de la movilización de los equipos intervinientes y la implementación del plan diseñado de información a la población y la acogida de equipos de intervención internacionales. Mientras que la tercera es de evaluación del ejercicio y elaboración de lecciones aprendidas.

Está previsto que la Comisión Europea aporte una financiación que podrá alcanzar hasta 500.000 euros, con el objeto de poner en práctica la planificación de las emergencias en los entornos de las centrales nucleares.

El simulacro se organizará por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en coordinación con un equipo multinacional europeo desplegado por el Mecanismo Europeo de Protección Civil y contará con la colaboración de la delegación del Gobierno de Extremadura y la subdelegación del Gobierno de Cáceres.

En una entrevista a Onda Cero, Soria aseguró que no «interpreta como un pulso» el cierre de Garoña por parte de la empresa operadora de la central, Nuclenor, sino que se trata de una cuestión de impuestos que a la empresa «no le gustan».

Asimismo, señaló que «las eléctricas hace algún tiempo, particularmente las dos propietarias de la central nuclear, habían dicho que un impuesto no les gustaba». «A nadie le gusta los impuestos y al Gobierno tampoco le gusta poner impuestos pero ahora mismo estamos haciendo cosas que no nos gusta pero que son necesarias e imprescindibles para que haya recuperación en la economía», precisó.

Asimismo, reconoció que hace dos años cuando el anterior Gobierno decidió el cierre de Garoña en 2013, «los propios propietarios dijeron que si no se les permitía llegar hasta 2019 iban a tener un lucro cesante e iban a dejar de ganar una cuantía que la empresa cifró en 400 millones de euros». «Esa cantidad es lo que dicen las centrales que iban a perder y resulta que estos impuestos durante los próximos cuatro años serían de 150 millones de euros y las inversiones adicionales que tienen que hacer son de unos 120 millones, por lo que todavía el lucro cesante sigue siendo muy superior a los impuestos y a la inversión que tienen que hacer», apostilló.

Ante estos datos, el ministro manifestó que no sabe por qué motivo van a cerrar la central «si tanto interés tenían en seguir con ella abierta». «Yo no sé la respuesta», agregó.

Respecto a la aportación de Garoña al suministro, Soria indicó que la planta aporta al suministro energético Nacional un 1%. Además, explicó que en España el total de la capacidad potencial que hay instalada para producir electricidad, nuclear, fotovoltaica, eólica y ciclos combinado alcanza los 106.000 megavatios mientras que la media punta en el país es «lamentablemente muy inferior pues no llega a 40.000 megavatios, es decir hay una capacidad potencial ociosa de más de 60.000 megavatios».

Soria apuntó que aunque la central haya anunciado el cierre definitivo, lo que ha empezado a hacer es «el vaciamiento del núcleo del reactor», un procedimiento que se realiza «a veces, como parada técnica». De este modo, Industria va a esperar para comprobar que Garoña «cierra antes de julio de 2013» y, en ese caso, comenzará un procedimiento de investigación para conocer las causas del cese, «antes de la fecha establecida», y comprobar si se incurre en algún tipo de incumplimiento.

«No estoy hablando de una sanción, pero si la fecha de cierre para un reactor nuclear está establecida en una fecha no se puede cerrar gratuitamente y decir seis meses antes ‘esto se ha terminado'», señaló el ministro en los desayunos informativos de Europa Press.

El ministro, que no confirmó si el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, presidirá el Consejo de Seguridad Nuclear, dijo comprender que a las compañías eléctricas no les gusten los nuevos gravámenes sobre su actividad, pero, a su juicio, hay que compaginar los «legítimos» intereses privados con el interés general.

Además, añadió que su departamento no puede actuar por la decisión de las operadoras de Garoña de no prorrogar el uso de la central más allá de 2013.

Soria recordó la aprobación en la Cámara Baja de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad del Sistema Energético, una norma con «fines recaudatorios», de alrededor de 3.000 millones de euros, con la que se pretende atajar el déficit de tarifa y que impone tasas al combustible nuclear y a la generación eléctrica.

Este ley es la razón que adujo la propietaria de Garoña, Nuclenor, (participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa), para parar su reactor el pasado domingo y no solicitar la prórroga de funcionamiento hasta 2019, ya que haría inviable su negocio, según afirmó la empresa.

En este sentido, Soria criticó que la operadora interpusiera un recurso ante la Audiencia Nacional, para mantenerse abierta hasta 2019, argumentando que el lucro cesal entre 2013 y 2019 suponían unos 400 millones de euros y, posteriormente no solicite la prórroga de actividad porque el impuesto sobre la generación de residuos radioactivos «puede condicionarles el futuro».

Este argumento fue cuestionado por el ministro, que afirmó que la propia central habló de un lucro cesante de 395 millones si no seguía operando hasta 2019, por tanto, descontados los 120 millones de euros de inversión para adaptarse a los requisitos postFukushima y los 153 millones de euros de la nueva tasa, aún le quedan «125 millones de euros».

«Yo creo que no es el Ministerio, sino la empresa, quien tiene que dar explicaciones de porqué se renuncia a una actividad economica«, apuntó el ministro de Industria, quien aseguró que él «no hubiese tomado esa decisión».

El pasado domingo, la central se desconectó de la red eléctrica española y comenzó el vaciado del combustible (uranio) del reactor y su traslado a la piscina.

En el caso de que la planta operara hasta el 6 de julio de 2013, el gasto equivaldría a 1,5 veces los ingresos previstos, explicó la empresa, en el que aseguró que la aplicación de los nuevos impuestos deja a Nuclenor «fuera de mercado» y obliga al cierre anticipado de la planta en 2012.

Las nuevas tasas nucleares supondrían para Garoña un extracoste medio de 16 euros por cada megavatio/hora producido, es decir, un incremento del 27% sobre el coste medio de generación.

Nuclenor detalló que, según el proyecto de Ley, las tasas que Nuclenor debería abonar si optara por apurar su funcionamiento hasta el 6 de julio de 2013 serían de un 7% por generación eléctrica, lo que equivale a 7,4 millones de euros y una tasa de 2.190 euros por kilo de uranio que se extraiga del reactor, lo que sumaría 153,2 millones más.

La suma de estos impuestos, junto con 0,4 millones por generación de residuos de media y baja actividad, supone 161 millones de euros, lo que equivale a 1,5 veces los ingresos previstos por la venta de energía en 2013.

La empresa recordó que, en su recurso ante la Audiencia Nacional en 2009, Nuclenor planteaba un lucro cesante de algo más de 950 millones de euros en un escenario de operación hasta 2029. Para el horizonte de operación hasta 2019 el lucro cesante ascendía a 385,6 millones de euros, aunque en la situación actual, de caída de la demanda y precios de mercado, las previsiones «se reducen significativamente».

Nuclenor apuntó también que el impacto total de los nuevos impuestos, según el proyecto de ley en tramitación, en los seis años y medio de operación restante hasta 2019, sería de 374 millones de euros.

Si a esta cantidad se suman las mayores inversiones como consecuencia de las pruebas de resistencia y las modificaciones desde 2009 de los precios de mercado, peajes, tasas, entre otras, se alcanzaría un extracoste aproximado de 480 millones de euros, lo que representaría 96 millones de euros de pérdidas.

El Comité de Empresa afirma no saber «por qué» cierra la central

Por su parte ,el presidente del Comité de Empresa de la central de Santa María de Garoña, Alberto César González, aseguró que los trabajadores no saben «por qué» se va a producir el posible cierre de la planta burgalesa, que calificó de «injusticia».

«Trabajadores y comité de empresa creemos que sería una injusticia grande que una empresa como ésta, que podría estar funcionado hasta el 2019, que ha dado energía y riqueza a la zona, tenga que cerrar no sabemos por qué«, aseguró González en declaraciones a RNE, en las que añadió que los empleados se sienten «defraudados».

González recordó que Nuclenor comunicó el pasado domingo a los trabajadores que la central «dejaba de producir» y que si este jueves se aprobaban las tasas que contempla la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética «no habrá marcha atrás».

Por ello, indicó que el Comité trabajará para que «ninguno de los empleados quede desprotegido si el cierre se materializa y es definitivo». Actualmente, la central emplea a cerca de 800 personas, cerca de 310 empleados de plantilla y alrededor de 600 procedentes de empresas colaboradoras.

Además, explicó que, «en estos momentos, se está sacando el combustible de la vasija a la piscina de combustible» por lo que la central se encuentra en una «situación predesmantelamiento». «Es viable que en un futuro de 15 ó 30 días se pueda volver a meter combustible y arrancar la planta pero la empresa comunicó que tiene que cambiar el tema de las tasas», añadió.

El CSN solicita a Nuclenor información adicional sobre parada de Garoña

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) solicitó a Nuclenor información adicional sobre la parada de esta planta, ante «las diferencias existentes entre la notificación enviada al CSN y el comunicado de prensa emitido por la central al día siguiente».

La pasada semana, Nuclenor informó al CSN de que iba a «realizar una parada programada de la central con el fin de descargar todo el combustible a la piscina de almacenamiento de combustible gastado antes de que finalice el año 2012″, según se indicó en la notificación remitida al Consejo.

Posteriormente, la empresa propietaria de Garoña publicó en su web un comunicado en el que se informó de que el Consejo de Administración de Nuclenor «ha decidido anticipar el cese definitivo de explotación con anterioridad al 31 de diciembre próximo, por lo que se va a proceder a desconectar la central nuclear de Garoña de la red eléctrica a las 23.00 horas del próximo domingo, 16 de diciembre, para trasladar el combustible del núcleo a la piscina de almacenamiento con la que cuenta la instalación».

Además, el Consejo está analizando las implicaciones que tendrían para la seguridad nuclear y la protección radiológica una potencial maniobra que implique el traslado nuevamente del combustible desde la piscina de almacenamiento hasta el reactor.

Asimismo, el organismo regulador estudia las consecuencias del posible cese definitivo de operación de esta central nuclear antes de la fecha prevista. La orden ministerial vigente (de 25 de junio de 2012) establece que la licencia de autorización de explotación expira el 6 de julio del próximo año.