Desde la central indicaronque no hay novedades y pese a ser una planta en la que se está «sin operar», los trabajadores mantienen sus cometidos, que se centran en el mantenimiento de los aparatos y sistemas.

Nuclenor, propietaria de la planta, está a la espera del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclenor (CSN) sobre el plan de desmantelamiento y cierre de la planta. Por ello, la empresa espera para acometer una reorganización interna.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, manifestó que la «voluntad» del Gobierno es que «podamos seguir contando» con su producción. «Preferiría que ese reactor siguiera abierto», reconoció, en su afán por no «infrautilizar» ninguna fuente de energía.

A las 22.57 horas del pasado 16 de diciembre, Garoña se desacopló de la red eléctrica, porque Nuclenor aseguraba que los nuevos impuestos hacían inviable la situación económica de la planta.

Según el último informe sobre la producción en la central, en diciembre, hasta el día 16, la central funcionó al 100% de potencia. En esta fecha se inició una parada programada para proceder a descargar el combustible nuclear desde el reactor a la piscina de almacenamiento.

Durante su último mes, la producción fue del 50,96% y el factor de operación quedó en el 51,47%. En las instalaciones de la central nuclear de Santa María de Garoña, en el último mes, trabajaron un total de 705 personas, la mayoría de ellas, 424, pertenecen a 57 empresas colaboradoras radicadas en el área de influencia de la planta, mientras que 281 son de Nuclenor.

El titular de la central comunicó al organismo regulador una variación de potencia no programada no superior al 20% por una anomalía eléctrica en el alternador. El hecho se produjo con la unidad I al 74% de potencia, durante la subida de carga.

Así, la central decidió reducir la potencia de la unidad y desacoplar la planta de la red eléctrica para revisar la anomalía. Los sistemas de seguridad funcionaron según lo previsto en su diseño y, en estos momentos el titular está analizando las causas del problema.

El inicio del proceso manual de bajada de carga hasta desacoplar la Unidad I de la nuclear de Almaraz comenzó en la mañana del martes.

El CSN señaló que el suceso no tuvo repercusión para las personas ni el medio ambiente, y fue clasificado provisionalmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

Las «prisas» de Almaraz han provocado tres «fallos» en 9 días

Por su parte, la organización Ecologistas en Acción denunció que las prisas del operador de la central cacereña por reanudar la producción eléctrica, tras una reparación rápida «sin las debidas garantías de seguridad», provocaron tres fallos de la planta en nueve días.

Así, subrayó que esta serie de paradas se debieron a un fallo en el alternador que «se intentó resolver de una forma chapucera por los operadores» hasta que se procedió a la parada manual de la central al detectarse problemas en el alternador por tercera vez. Concretamente se estaba produciendo un mal funcionamiento en una pieza del alternador conocida como excitatriz.

El fallo se produce durante el proceso de puesta en marcha tras la recarga de combustible de la unidad I de Almaraz. Según la organización, la primera vez, el 14 de enero, los operadores de la central realizaron una reparación rápida «sin las debidas garantías», lo que condujo a una nueva parada el 16 de enero y una tercera este martes.

Aunque Ecologistas reconoció que el alternador no es una pieza nuclear de la planta, ya que es similar a todas las grandes centrales de generación de electricidad, insistió en que está «claro» que la seguridad global de la planta «estaría comprometida si el mal funcionamiento del alternador derivara en un incendio o en una falta de alimentación de los sistemas de emergencia».

«Nos enfrentamos así otra vez al dilema entre seguridad y beneficio económico que se suele resolver por parte de los operadores de las centrales en contra de la seguridad», señaló el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón.

Finalmente, denunció las «malas prácticas que se siguen produciendo en las centrales nucleares españolas» que, como en este caso, llevan a la planta a intentar arrancar aunque las condiciones de seguridad no estén garantizadas.

El titular de la central comunicó al organismo regulador una variación de potencia no programada no superior al 20% por una anomalía eléctrica en el alternador. El hecho se produjo con la unidad I al 74% de potencia, durante la subida de carga.

Así, la central decidió reducir la potencia de la unidad y desacoplar la planta de la red eléctrica para revisar la anomalía. Los sistemas de seguridad funcionaron según lo previsto en su diseño y, en estos momentos el titular está analizando las causas del problema.

El inicio del proceso manual de bajada de carga hasta desacoplar la Unidad I de la nuclear de Almaraz comenzó en la mañana del martes.

El CSN señaló que el suceso no tuvo repercusión para las personas ni el medio ambiente, y fue clasificado provisionalmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

Las «prisas» de Almaraz han provocado tres «fallos» en 9 días

Por su parte, la organización Ecologistas en Acción denunció que las prisas del operador de la central cacereña por reanudar la producción eléctrica, tras una reparación rápida «sin las debidas garantías de seguridad», provocaron tres fallos de la planta en nueve días.

Así, subrayó que esta serie de paradas se debieron a un fallo en el alternador que «se intentó resolver de una forma chapucera por los operadores» hasta que se procedió a la parada manual de la central al detectarse problemas en el alternador por tercera vez. Concretamente se estaba produciendo un mal funcionamiento en una pieza del alternador conocida como excitatriz.

El fallo se produce durante el proceso de puesta en marcha tras la recarga de combustible de la unidad I de Almaraz. Según la organización, la primera vez, el 14 de enero, los operadores de la central realizaron una reparación rápida «sin las debidas garantías», lo que condujo a una nueva parada el 16 de enero y una tercera este martes.

Aunque Ecologistas reconoció que el alternador no es una pieza nuclear de la planta, ya que es similar a todas las grandes centrales de generación de electricidad, insistió en que está «claro» que la seguridad global de la planta «estaría comprometida si el mal funcionamiento del alternador derivara en un incendio o en una falta de alimentación de los sistemas de emergencia».

«Nos enfrentamos así otra vez al dilema entre seguridad y beneficio económico que se suele resolver por parte de los operadores de las centrales en contra de la seguridad», señaló el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón.

Finalmente, denunció las «malas prácticas que se siguen produciendo en las centrales nucleares españolas» que, como en este caso, llevan a la planta a intentar arrancar aunque las condiciones de seguridad no estén garantizadas.

En una respuesta escrita al Congreso planteada por UPyD, el Gobierno recordó que en 2011 Garoña aportó el 1,3% de la generación eléctrica de España y que actualmente hay un exceso de capacidad de producción instalada.

Teniendo en cuenta ambos factores, «el cese de explotación de esta central podrá compensarse con otras fuentes disponibles», indicó.

En julio de 2009 el gobierno socialista decidió otorgar dos años más de operación a Garoña y ordenó su cierre en julio de 2013 alegando varios motivos, entre los que también figuraban su escasa aportación al sistema eléctrico español y la existencia de sobrecapacidad de generación.

En enero de 2012, el titular de Industria, José Manuel Soria, mostró su disposición a revocar esta decisión y encargó un informe al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para prolongar la vida útil de Garoña.

Sin embargo, tras la decisión del Gobierno de implantar una nueva tasa a la producción eléctrica, la sociedad propietaria de Garoña, Nuclenor (controlada por Endesa e Iberdrola), decidió cerrar la planta alegando que la nueva fiscalidad le acarrearía pérdidas económicas.

El Gobierno recordó asimismo en su respuesta a UPyD que el CSN es el organismo encargado de establecer las condiciones en las que se desarrollará el desmantelamiento de la instalación y de supervisar el proceso.

El Ejecutivo aseguró que está realizando una revisión de la planificación de los sectores de electricidad y gas 2012-2020, en concreto de la parte indicativa y no vinculante para la puesta en marcha de nuevas centrales. La parte vinculante y de obligado cumplimiento se refiere a la construcción de infraestructuras de red (líneas eléctricas, gasoductos, almacenamientos de gas, etc).

En marzo de 2012 el Ejecutivo paralizó la aplicación de la planificación energética al considerar que debía adecuarla al nuevo escenario económico.