Castilla-La Mancha cree que los temblores cerca del futuro ATC deben tumbar un proyecto que «puede traer el holocausto nuclear»

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Europa Press.- Mientras el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, cree que no hay «absolutamente nada» que temer tras el terremoto registrado en La Alberca de Záncara (Cuenca), a unos 39 kilómetros del emplazamiento elegido para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, señaló que este temblor «debería hacer tambalear el proyecto antes de que haga tambalear una infraestructura que podría traer el holocausto nuclear».

Ojo al transporte de residuos

Hernando ha considerado que este terremoto, de 3,2 grados en la escala de Richter, «tiene que hacer que la sociedad se eche las manos a la cabeza» ante el proyecto. Asimismo, según ha indicado, el transporte de residuos nucleares hasta Villar de Cañas «pondría en peligro a 215 municipios de España», por lo que hay que finiquitar el proyecto y «evitar que tres o cuatro se salgan con la suya».

“No hay nada que temer”

Por su parte, José Julián Gregorio ha asegurado que las medidas de seguridad en las instalaciones nucleares españolas son «de las más importantes a nivel europeo» y que la ciudadanía «no tiene que temer absolutamente nada». Gregorio ha hecho hincapié en que las medidas de seguridad en estas instalaciones «están todas supeditadas a parámetros de la seguridad nuclear europea», insistiendo en que dichas medidas «están valoradas por las inspecciones europeas». El delegado del Gobierno en la región ha afirmado que sigue pensando que el ATC es «una instalación necesaria» para el país y ha apuntado que su llegada traerá «una riqueza muy importante» para una zona «muy deprimida» porque «el empleo que trae el ATC es un empleo de calidad».

Jorge Fabra destaca la neutralidad, la transparencia y el rigor técnico del CSN en su toma de posesión como consejero

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Europa Press.- Jorge Fabra Utray ha destacado la neutralidad, la transparencia y el rigor técnico como los tres aspectos «fundamentales» que deben estar en su opinión en la labor diaria del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), donde tomó posesión de su cargo como consejero de pleno, en sustitución de Cristina Narbona, quien cesó el pasado verano para asumir la presidencia del PSOE.

En su toma de posesión, ha manifestado que la neutralidad e independencia en la toma de decisiones, la transparencia para generar confianza, dentro y fuera del CSN, y rigor técnico en el desempeño de las funciones de supervisión y regulación, son aspectos fundamentales en ese cargo. Fabra Utray fue nombrado consejero el 7 de diciembre pasado por el Consejo de Ministros. Al acto asistieron el resto de miembros del pleno, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, representantes del Congreso de los Diputados y del sector eléctrico nacional, así como numerosos técnicos del CSN.

El presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhaussen ha leído el real decreto de nombramiento del nuevo consejero y, a continuación, el secretario de Estado ha destacado la «importante» labor del CSN en materia de seguridad nuclear y protección radiológica y, en ese contexto, ha destacado que la trayectoria profesional de Fabra refuerza la capacidad técnica y la independencia del CSN.

Fabra, en su intervención, ha subrayado la responsabilidad que supone velar por el uso adecuado de las radiaciones ionizantes y los retos ante los que se enfrenta el CSN como son la gestión del parque nuclear español y sus residuos radiactivos. Asimismo, ha hecho una mención especial al personal técnico y administrativo del CSN así como a su predecesora, Cristina Narbona, quien ha asistido también a la toma de posesión. Según el Estatuto del CSN, el pleno del CSN está formado por un presidente y por 4 consejeros. En este momento, los consejeros son Rosario Velasco (PSOE), que ocupa a su vez la vicepresidencia; Fernando Castelló (PP) y Javier Dies.

Fabra es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid; doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, fue presidente del Colegio de Economistas de Madrid (1980-1983) y ha ocupado diversos cargos vinculados al sector de la energía. En la actualidad es presidente de Economistas Frente a la Crisis y patrono de la Fundación Estudio. Entre ellos, fue delegado del Gobierno en la explotación del sistema eléctrico de 1983 a 1988; consejero de Babcock, Wilcox y Endesa entre 1984 y 1988; ocupó la presidencia de Red Eléctrica de España (REE) desde 1988 a 1997 y desde 2005 a 2011 fue consejero de la Comisión Nacional de Energía.

Durante su comparecencia para defender su propuesta como candidato ante la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, Fabra expresó su preocupación por la posibilidad de que la seguridad nuclear en España se relaje ante intereses económicos y, en este sentido, precisó que estos intereses pueden ir tanto a favor como en contra del cierre de las centrales nucleares.

Fabra señaló que uno de sus objetivos será conseguir un regulador «blindado frente a las presiones exteriores» que, según ha indicado, «son muchas«. «En la Comisión Nacional de la Energía un estornudo o un guiño movía 100 millones de un sitio a otro», bromeó para insistir en que «los intereses económicos que se juegan» en este sector son «enormes» y que de ellos «tienen que prescindir los dictámenes del CSN».

Junto con este objetivo, Fabra se marcó también el propósito de lograr la transparencia en las actividades y decisiones del CSN. «Transparencia toda la del mundo, me parece fundamental«, declaró en su intervención, en la que manifestó su opinión de que «con la opacidad se produce un cierto sentimiento de impunidad» que es «la peor de las situaciones para cualquiera que desarrolle una representación pública».

Energía insiste en regular la clausura de centrales eléctricas ya que «teme» que pueda haber cierres que encarezcan la luz

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Europa Press.- El Gobierno seguirá trabajando en sacar adelante la normativa para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica ya que, a pesar del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que rebate la propuesta de decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cree que existe «un problema económico de fondo» que requiere una solución y «teme» que pueda haber cierres que suban los precios de la electricidad.

A este respecto, el Ministerio de Energía muestra su especial «preocupación» por el tema de las centrales nucleares, cuya renovación de la licencia de vida útil para el parque español hay que afrontar próximamente con Almaraz (2020) y posteriormente con Ascó I (2022), Ascó II (2025), Cofrentes (2024), Trillo (2027) y Vandellós II (2027), después de que en 2017 se decidiera el cierre de Garoña.

Fuentes del Ministerio advierten de que las dudas mostradas por los operadores de las centrales nucleares, especialmente Iberdrola, respecto a la posibilidad de no solicitar la renovación de estas licencias, representan una preocupación «desde el punto de vista económico y medioambiental». «Nos preocupan las nucleares y el impacto que tienen sobre el precio que pagan los consumidores», añadieron al respecto.

Defienden que después de 40 años invirtiendo en tecnología nuclear la decisión de su posible cierre «no puede ser solo el resultado de que mañana una operadora decida cerrar» y subrayan que la explotación de estas centrales puede tener interés para posibles operadores internacionales. «Es un tema de precio. A un precio adecuado y operarla a tres años es una inversión más que razonable», apuntan. De esta manera, ven necesario que se regule el cierre de cualquier tipo de central incorporando, al actual motivo de garantizar la seguridad de suministro, las causas económicas y medioambientales.

Además, defienden la retroactividad de la normativa y la urgencia para aprobarla en el hecho de que la actual situación representa «una ventana de oportunidad» para que los operadores de las centrales tomen decisiones de cierre aprovechando la ausencia de una regulación que establezca estas normas. Energía, que considera que la CNMC coincide también en «el tema de fondo» de que no se debe seguir valorando los cierres de centrales solo basándose en la seguridad de suministro, trabajará así en concretar los parámetros para definir los ceses de las plantas.

A este respecto, abre la puerta a simplificar el tema del mecanismo de subasta para ceder la central a terceros en caso de que el titular no quiera continuar con su operación o a abordar la hibernación y los mecanismos de pagos por capacidad, aunque siempre desde el principio de «asegurar la seguridad de suministro y al mejor precio«. Por otra parte, no comparte la opinión del organismo regulador de que los nuevos criterios que quiere plantear Energía para el cierre de centrales introducen inseguridad jurídica, y considera que la propuesta sí que tiene «enganche suficiente en la legalidad vigente».

No obstante, insiste en que les gustaría que la normativa gozara del consenso político para gozar del rango de ley. En lo que se refiere al ámbito europeo, el Ministerio «no tiene ninguna duda» de que la normativa se ajusta también a la legalidad, ya que no consideran que pueda ser contraria al objetivo de la Propuesta de Reglamento relativo al mercado interior, según el cual, las normas del mercado deben permitir la entrada y salida de empresas de generación. «No es un valor sacrosanto, es un principio que hay que respetar», añaden al respecto.

Page cree que nadie del sector nuclear quiere el ATC y asegura que Europa estudia un sistema global de almacenamiento

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Europa Press.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asegura que «nadie dentro del sector nuclear» en España es partidario de poner en marcha el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares y ha recordado que desde las instituciones europeas se planteará en el medio plazo una estrategia global de almacenamiento de residuos «bajo el mar», lo que anula a su juicio la utilidad del silo previsto en la provincia de Cuenca.

Así lo aseguró a preguntas de los asistentes a un desayuno informativo organizado en Cuenca por la Cadena Ser, donde el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que la obra proyectada prevé «10.000 millones de euros de gasto y encima está mal emplazada». Tras alertar del problema que supondría que «cientos de camiones» cargados de residuos nucleares se desplazaran por carreteras de la región para llegar a Villar de Cañas, ha calificado como «broma de mal gusto» que desde el Gobierno de la nación pensaran que a los habitantes de la comarca «se les podría hacer creer que les había tocado la lotería» con su designación para albergar esta infraestructura.

Ecologistas Castilla-La Mancha rechaza la petición de Page de dedicar el dinero del ATC para autovías y propone «desarrollo sostenible»

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Europa Press.- Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha considera «desafortunada» la petición del presidente regional, Emiliano García-Page, de destinar el dinero previsto para la construcción del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en Villar de Cañas al desarrollo de autovías en la comunidad autónoma, asegurando que lo que se necesita es «un desarrollo rural sostenible» y no más infraestructuras viarias. Desde la formación ecologista insisten en que su postura ante la inversión prevista es “reclamar más atención a las energías alternativas».

«Aunque está claro que el ATC tiene una dimensión más negativa que otros proyectos, es lamentable y preocupante la postura del Ejecutivo castellano-manchego, que frente a un proyecto insostenible y peligroso como es el basurero nuclear de Villar de Cañas plantee utilizar esos fondos para otros proyectos también insostenibles y que supondrán un enorme impacto», lamentan los ecologistas. Particularmente «grave» para la organización es «que se insista en reclamar una autovía entre Cuenca y Teruel, proyecto que ya ha sido objeto de una declaración de impacto ambiental negativa», entre otras autovías «que no se justifican por el tráfico que presentarían».

La Diputación de Burgos aboga por un «plan global» que impulse económicamente el entorno de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, ha abogado por un «plan global» que sirva de revulsivo para todo el entorno de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña, después de que se anunciase el cierre definitivo de la planta. «El Valle de Tobalina es uno de los paisajes más bellos de Castilla y León», ha aseverado Rico, antes de destacar la importancia de impulsar un plan que permita reactivar la zona en todos los ámbitos.

Por este motivo, el presidente de la Diputación de Burgos explicó que, frente a la posibilidad de acudir a planes concretos, la intención de la Institución provincial, a través de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), es potenciar un plan que sirva de revulsivo para toda la zona trabajando con todos los ayuntamientos del área de influencia de la planta. En este sentido, Rico avanzó que «no se esperará» al desarrollo de un plan de reindustrialización para el entorno de Garoña para adoptar medidas desde la Diputación, si bien ha recalcado que «si viene, viene».

Cecam pide «soluciones prácticas y lo más baratas posibles» para los residuos nucleares mientras el sector agrario rechaza el ATC

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Europa Press.- Mientras desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha han manifestado su rechazo al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas, ya que consideran que «son muchos los intereses que agricultores y ganaderos de la región se juegan si el proyecto saliera adelante», la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) solicita «soluciones prácticas y lo más baratas posibles» respecto al ATC pero no se ha mostrado «ni a favor ni en contra» del silo.

«No es una cuestión política ni medioambiental», añadió el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, que ha sostenido que en España existe «un claro» mix energético en el que está incluida la energía nuclear «por muy mal que suene». «No acabamos de entender por qué no queremos energía nuclear pero la compramos en Francia y no queremos un ATC cuando no nos importa exportar los residuos a Francia atravesando más localidades que si hubiera ATC”, indicó.

«El transporte incrementa el coste y estamos pagando una cantidad muy grande al año por enterrar los residuos de nuestras centrales y eso incrementa el coste energético», criticó, para añadir que la energía nuclear es la más barata y que, aunque tiene peligros, hay que poner las medidas para que no los haya. Por último, tras indicar que parece que el problema del ATC es más de ubicación que de otra cosa, el presidente de Cecam considera que España debe tener una infraestructura de estas características mientras tenga centrales nucleares.

UPA pide cambiar las inversiones

Por su parte, desde UPA consideran que merecen otro tipo de inversiones y desde la organización agraria manifiestan una vez más la oposición a este tipo de energía, «a la cual se está denominando energía del futuro«. «Pero lo que no queremos es que nos depositen basura nuclear para el resto de nuestras vidas y de la de generaciones futuras en una zona donde tenemos distintas Denominaciones de Origen como la DO Ajo, DO Vino, DO Cordero», insistió el secretario regional de UPA, Julián Morcillo.

La organización manifiesta una vez más su oposición a la instalación del ATC nuclear porque tendría repercusiones directas sobre la actividad agroalimentaria y la comercialización de los productos de la región, es decir, sobre el futuro del empleo y la economía. Asimismo, insiste en que la organización agraria se opuso desde los inicios a este proyecto, como se aprecia en la imagen de la manifestación de marzo de 2014 en Villar de Cañas, cuando los técnicos no consideraron a la localidad como una de las poblaciones mejor situadas para la instalación de este almacén nuclear.

El Gobierno garantiza las ayudas a los municipios próximos a la central nuclear de Garoña mientras la planta almacene combustible

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Europa Press.- El Gobierno ha asegurado que los municipios del entorno de la central nuclear de Garoña (Burgos) seguirán recibiendo las ayudas con las que contaban hasta ahora, con cargo al fondo del Plan General de Residuos Radiactivos, al menos hasta que la planta siga almacenando combustible.

En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el socialista Javier Lasarte, el Ejecutivo señala que, desde 1990, las localidades cercanas a esta central nuclear han recibido un total de 61,5 millones de euros (2,4 en 2017). Estas cantidades, a las que los municipios del entorno pueden dar el uso que estimen conveniente, las regula una orden ministerial por la que se autoriza a la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA) a asignar fondos a localidades en entornos de centrales nucleares. Además, la citada orden determina que estas asignaciones se seguirán percibiendo mientras la central nuclear siga almacenando su combustible gastado en el propio emplazamiento.

«Estas asignaciones serán independientes de que la central esté en parada definitiva o en desmantelamiento, cuando éste se inicie», apunta el Gobierno. En este sentido, precisa que, tras el inicio de un desmantelamiento, como será el caso de Garoña, estas asignaciones «persistirán por un importe equivalente al actual». Pero, adicionalmente a las cuantías indicadas, desde el año 2016 la orden establece la posibilidad de que ENRESA pueda cofinanciar proyectos de iniciativa municipal, que cuenten también con financiación del propio municipio y que contribuyan al desarrollo económico de los municipios, o a la conservación y mejora del medio ambiente y, en todo caso, a la generación de empleo, indica el Ejecutivo.

Desde que en agosto el Gobierno decidiera no renovar la licencia de explotación de Garoña, la Asociación de Municipios de Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) ha mostrado su preocupación por que el Gobierno «abandone totalmente» los pueblos y zonas del entorno de la planta. En concreto, temen que les ocurra lo mismo que, según han denunciado, está pasando con Zorita (Guadalajara), la primera central nuclear española en desmantelamiento. Estas preocupaciones fueron recogidas en una pregunta por el diputado socialista, que ha planteado al Ejecutivo la necesidad de poner en marcha planes de desarrollo para la zona. Lasarte cuestionaba también al Ejecutivo en el texto registrado en el Congreso acerca del proceso de planificación para el desmantelamiento de la central nuclear.

Podemos pide al Gobierno el desmantelamiento de la central nuclear de Cofrentes en 2021 porque es «innecesaria»

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Europa Press.- Unidos Podemos ha presentado en el Senado una moción por la que insta al Gobierno a desmantelar la central nuclear de Cofrentes (Comunidad Valenciana) en 2021, cuando cumpla 37 años de operación, porque es «innecesaria» y a no autorizar la construcción dentro de la central del almacén temporal individualizado (ATI) para sus residuos.

El grupo parlamentario explica que la autorización de Cofrentes expira en 2021, cuando llegue a los 37 años de vida útil, y señala que esa edad es superior a «lo aconsejado por la Agencia Internacional de la Energía». La moción, para su debate en la Comisión de Energía de la Cámara Alta, se ha presentado después del último suceso nuclear que la planta comunicó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al producirse una desconexión de la red exterior por la parada automática de la turbina a consecuencia de la vibración de uno de sus cojinetes.

Para Unidos Podemos las centrales españolas están «envejecidas y agotando su vida útil» y destaca que Cofrentes es «una de las mejores pruebas de ello» en España. La central valenciana empezó a funcionar en octubre de 1984 y alcanzó su plena capacidad de producción en enero de 1985. Esta central recibió un permiso de 25 años y en marzo de 2011 se prorrogó otros diez años, hasta 2021. Además, la moción reclama que de manera «urgente» se apruebe un Plan Estatal de cierre de las centrales nucleares en España y de sustitución progresiva por fuentes de energías limpias y renovables.

En ese contexto, el grupo parlamentario advierte también de que los residuos que las centrales generan, «muy tóxicos y peligrosos, permanecerán activos durante miles de años». Por ello, Cofrentes insta también a no autorizar la construcción del almacén temporal individualizado de residuos radioactivos dentro de los terrenos de la planta porque es «innecesario» puesto que la central dispone de capacidad de almacenaje suficiente hasta 2021.

La moción de la formación morada asegura que la central de Cofrentes es «absolutamente prescindible» en el sector energético español. Cofrentes tiene una potencia de 1,1 GW en un momento en el que las subastas de renovables de 2017 han adjudicado unos 8 gigavatios entre eólica y fotovoltaica que no tardarán mucho tiempo en estar disponibles y que podrán compensar el cierre de todo el parque nuclear español, que suma 7,6 gigavatios. La senadora de Unidos Podemos, Vicenta Jiménez, considera “una irresponsabilidad” por parte del Ministerio competente ampliar la vida de una central con tan malo historial de incidentes considerando, además, que las recomendaciones del AIE especifican los peligros que conlleva el funcionamiento de centrales con una tecnología tan obsoleta».

Unidos Podemos quiere que el inspector de la nuclear de Almaraz explique en el Congreso su cese desde el CSN

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Europa Press.- Unidos Podemos ha solicitado en el Congreso la comparecencia del exinspector residente de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), Carlos García, que fue cesado hace un mes por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), para que explique en sede parlamentaria las razones de su actual situación. Según ha explicado el portavoz de Medio Ambiente de la formación morada, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, esta petición llega ante la «preocupación» que le genera la seguridad de la planta.

Fue en diciembre cuando el CSN decidió cesar de su cargo a García «sin dar ninguna explicación al respecto», según denuncia Unidos Podemos. A juicio de la formación, tampoco aclaró esta situación «de forma convincente» el presidente del regulador, Fernando Martí, cuando fue interpelado sobre este tema por el propio Uralde durante la Comisión de Energía de la Cámara Baja. El diputado advierte de que la central nuclear de Almaraz es la siguiente, tras Garoña, que cumple los 40 años y debe renovar su licencia. «Por este motivo Unidos Podemos considera necesaria la comparecencia del Inspector residente recién cesado», apunta.

«Nos preocupa la seguridad de la planta, y por eso consideramos necesario conocer los motivos del cese del inspector residente. La historia reciente del CSN nos hace pensar que podría haber una intención de silenciar las advertencias sobre posibles fallos de la central puestos de manifiesto precisamente por el inspector, y eso nos preocupa mucho» ha señalado López de Uralde. En concreto, en 2016 las denuncias realizadas giraron en torno a tres temas: la falsificación de rondas de vigilancia contra incendios, los fallos en las bombas de agua de servicios esenciales y las pruebas del cambiador del sistema de componentes.