En la actualidad, tanto Castelló como Velasco son consejeros del organismo regulador en sustitución de los ex consejeros Francisco Fernández y Luis Gámir, que cumplieron 70 años de edad antes de que acabara el mandato de la ex presidenta Carmen Martínez Ten, lo que, de acuerdo con los estatutos del CSN les obligaba a retirarse.

En realidad, el Consejo de Ministros está proponiendo a la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados, que nombren a Castelló y Velasco como nuevos consejeros, es decir, que propone su renovación en el cargo que ya ocupan.

Una vez que dicha comisión parlamentaria se pronuncie a favor o en contra de estos nombramientos, comunicará al Gobierno su veredicto para que sea el Consejo de Ministros el órgano que les nombre consejeros del regulador atómico.

«El Gobierno cree que no estamos como para prescindir de una fuente de generación de energía eléctrica que ya está amortizada, que tiene mucho tiempo y que contribuye a tener una combinación o un mix energético mucho más variado«, matizó en declaraciones a la Cadena Ser.

Soria señaló que si Nuclenor, la empresa propietaria de la central y que pertenece al 50% a Iberdrola y Endesa, tiene otro posicionamiento es ella quien tiene que explicarlo, e insistió en que la posición del Gobierno al respecto es «muy clara» y aseguró que «se está hablando continuamente con el operador de la empresa» para evitar el cierre y que la central siga abierta.

La posición del Gobierno es «clara», dijo el titular de Industria, tras añadir que si cumplen con todas las condiciones medioambientales y de seguridad Garoña pueda continuar con su operatividad.

Por su parte, Nuclenor optó por guardar silencio y explicaron que no tienen nada que decir y que mantienen la misma postura de días atrás, cuando Soria dijo a finales de enero que la «voluntad» del Gobierno es que «podamos seguir contando» con su producción. «Preferiría que ese reactor siguiera abierto», reconoció.

A las 22.57 horas del pasado 16 de diciembre, Garoña se desacopló de la red eléctrica, porque Nuclenor aseguraba que los nuevos impuestos hacían inviable la situación económica de la planta. Tenía autorización para operar hasta el 6 de julio y el Gobierno apostaba, si cumplía con criterios de seguridad del CSN, ampliar el permiso hasta 2019.

«El Gobierno cree que no estamos como para prescindir de una fuente de generación de energía eléctrica que ya está amortizada, que tiene mucho tiempo y que contribuye a tener una combinación o un mix energético mucho más variado«, matizó en declaraciones a la Cadena Ser.

Soria señaló que si Nuclenor, la empresa propietaria de la central y que pertenece al 50% a Iberdrola y Endesa, tiene otro posicionamiento es ella quien tiene que explicarlo, e insistió en que la posición del Gobierno al respecto es «muy clara» y aseguró que «se está hablando continuamente con el operador de la empresa» para evitar el cierre y que la central siga abierta.

La posición del Gobierno es «clara», dijo el titular de Industria, tras añadir que si cumplen con todas las condiciones medioambientales y de seguridad Garoña pueda continuar con su operatividad.

Por su parte, Nuclenor optó por guardar silencio y explicaron que no tienen nada que decir y que mantienen la misma postura de días atrás, cuando Soria dijo a finales de enero que la «voluntad» del Gobierno es que «podamos seguir contando» con su producción. «Preferiría que ese reactor siguiera abierto», reconoció.

A las 22.57 horas del pasado 16 de diciembre, Garoña se desacopló de la red eléctrica, porque Nuclenor aseguraba que los nuevos impuestos hacían inviable la situación económica de la planta. Tenía autorización para operar hasta el 6 de julio y el Gobierno apostaba, si cumplía con criterios de seguridad del CSN, ampliar el permiso hasta 2019.