Se trata de una propuesta de resolución pactada entre PP, PSOE, UPyD y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), y que fue finalmente apoyada por todos los grupos parlamentarios, salvo Amaiur, en relación a los informes anuales de 2010 y 2011 del CSN, después de que fueran presentados en diciembre en la Cámara Baja.

Aunque examinar la seguridad de las centrales nucleares frente a posibles impactos de aeronaves es uno de los requerimientos recogidos en las pruebas de estrés a realizar por las nucleares europeas tras el desastre de Fukushima, el Congreso en esta ocasión fue más allá y pidió al órgano regulador que dé cuenta sobre estos resultados vía informe.

En concreto, el texto aprobado «solicita informe al CSN acerca de los sistemas de control del espacio aéreo en lo vertical y proximidades inmediatas de las centrales nucleares, para la predicción de la alerta temprana ante potenciales riesgos derivados del sobrevuelo de aeronaves o dispositivos voladores no identificados».

Todos los grupos parlamentarios, salvo Amaiur, respaldaron también una transaccional del PP y la Izquierda Plural para que, en el plazo de un año, se revise el Plan General de Residuos Radioactivos, que deberá ser sometido a informe por parte del CSN, en el que se actualicen escenarios de referencia, particularmente en relación con la entrada en funcionamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares y las previsiones económico-financieras que se contemplan.

De igual forma, salieron adelante dos propuestas de PP y CiU, que apoyaron todos los grupos, salvo Amaiur. En la primera de ellas se instó al CSN a presentar antes del 31 de marzo un informe sobre los recursos humanos y económicos invertidos en las actividades reguladoras estatales e internacionales consecuencia directa o indirecta del accidente nuclear de Fukushima «una vez concluya todo el proceso».

Es más, se solicitó al Gobierno que cumpla con la Ley de Responsabilidad Civil por daños nucleares en la que se establece que el Gobierno, de acuerdo con la Generalitat catalana, adecuará un Plan básico de Emergencia Nuclear para la creación de una estructura directiva coordinada para el Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona (donde se encuentra la central nuclear de Ascó), dentro de la estructura orgánica de la Generalitat.

Eso sí, lo acordado especifica que la medida se llevará a cabo «una vez entre en vigor en España el Protocolo de 12 de febrero de 2004, por el que se modifica el Convenio de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares».

Sobre el Almacén Temporal Centralizado, también se incluyó en el informe de la ponencia una iniciativa de CiU, respaldada por todos los grupos, salvo Amaiur, que reclamó al órgano regulador a presentar, antes del 31 de marzo de 2013, un informe sobre los recursos humanos y económicos que se estima van a ser necesarios en el proceso de licenciamiento del ATC y sobre los cambios organizativos que se prevean implementar a estos efectos.

Respecto a la transparencia de la institución, criticada por muchos grupos parlamentarios, se solicitó igualmente al CSN que sea «proactivo» en la transmisión de la información a los distintos niveles de la administración territorial en los que se ubica una central nuclear, ante cualquier incidencia, en aras a velar por la seguridad y la inmediata prestación de medios y medidas adecuadas, de acuerdo con las competencias de cada ámbito.

NECESIDADES DEL SECTOR ELÉCTRICO

A estas propuestas aprobadas se unen las ya 34 que fueron aprobadas e incluidas en el informe de la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, durante 2010 y 2011, en las reuniones previas a la comisión de este miércoles, y que fue ratificado en la Comisión de Industria con el voto favorable del PP, PSOE y CiU, y la abstención de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y ERC.

Entre estas propuestas de resolución se instó a la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), por ejemplo, a que elabore un documento público que describa las necesidades y sugerencias del sector eléctrico en relación a sus capacidades ante un «hipotético aumento de la participación de la energía nuclear en el mix actual de generación».

En concreto, se especificó en la iniciativa que se formula esta recomendación a Unesa como continuación de una de las resoluciones realizadas en 2010 por la Comisión de Industria del Congreso, con el «objetivo primordial» de garantizar un marco futuro que maximice la seguridad nuclear, la seguridad del suministro, el respeto al medioambiente y la eficacia económica.

A su vez, se reclamó al Consejo de Seguridad Nuclear a que, una vez lo haya elaborado, remita a esta Comisión el Plan de Acción que se ha de enviar a la Comisión Europea, relativo a las actuaciones que se han de llevar a cabo en las centrales nucleares españolas a partir de lecciones extraídas del accidente de Fukushima.

Se solicitó igualmente que se analicen las normas y procedimientos de notificación de los incidentes que ocurran en las instalaciones atómicas, así como la forma en la que estos se comunican a la opinión pública, de manera que se facilite la comprensión de su importancia para la seguridad y se traten de manera diferenciada los sucesos relevantes y los que constituyen «meras incidencias» operacionales sin ninguna relevancia para la seguridad, con objeto de mantener la máxima transparencia e informar adecuadamente al público, informando de ello a la Comisión de Industria en los próximos seis meses.

La Comisión de Industria suplicó al Consejo de Seguridad Nuclear que siga en detalle la implantación de las mejoras derivadas de las lecciones aprendidas del accidente nuclear en Japón y acordadas en el marco de la Unión Europea, informando anualmente al Parlamento español del avance y del grado de implantación de las nuevas medidas requeridas.

Al mismo tiempo, se exigió al CSN que profundice en el conocimiento de los riesgos sísmicos que pudieran afectar a las instalaciones nucleares españolas y a aplicar las metodologías más modernas para establecer las medidas de protección necesarias contra dichos riesgos.

En rueda de prensa con motivo de la Asamblea anual de la Sociedad Nuclear Española (SNE) en la que saldrá elegido presidente de la entidad para los dos próximos años, López precisó que cuando la licencia de Garoña expire en julio se necesitaría una nueva autorización y que, en ese sentido, la última palabra es del Gobierno.

Así, dijo que si la nueva autorización es de pre-desmantelamiento, entonces «será muy difícil volver atrás» porque ya no serán las mismas condiciones que las de operación. «La situación será mucho más irreversible. Pero la última palabra es del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que es el que tiene el poder de extender la licencia», apostilló.

Concretamente, López manifestó que el problema de Santa María de Garoña es de «viabilidad económica» aunque de momento puede seguir operando hasta el 6 de julio de 2013.

En este contexto, destacó que Garoña está haciendo un «ejercicio de transparencia y comunicación tremendo» porque la dirección trató de explicar su situación para lo que se reunió con las autoridades locales, autonómicas y nacionales. Además, elogió su «ejemplo de responsabilidad hacia sus trabajadores» y todas las personas que componen la empresa.

De este modo, insistió en que el problema es que tiene que pagar más de 150 millones de euros en impuestos por la descarga del núcleo. «Lo que quiere el titular es salvaguardar todos los intereses de los accionistas, del publico y de sus trabajadores. Para nada creo que pretenda un pulso al Gobierno», añadió.

De este modo, lanzó una crítica velada al Gobierno ya que apuntó que el departamento que dirige José Manuel Soria dice que quiere encontrar una salida a la planta burgalesa pero para ello se necesitaría modificar una ley, algo que lleva un plazo. «No parece que vaya a dar tiempo antes de julio», reconoció.

Durante su intervención en los XXIV premios de la Energía organizados por Enerclub, Soria advirtió de la necesidad de hacer un «esfuerzo enorme» por reducir la dependencia energética española, por lo que el Gobierno no desaprovechará la oportunidad de buscar hidrocarburos «allí donde haya una posibilidad de ver si podemos o no podemos hacer investigaciones o prospecciones», con el fin de lograr un sistema energético seguro, sostenible financiera y medioambientalmente y equilibrado.

Sin citar expresamente la búsqueda de crudo en Canarias ni de hidrocarburos no convencionales en el resto de España, el ministro dijo que no habrá «ningún complejo a la hora de autorizar prospecciones de petróleo» ni «ningún complejo a la hora de autorizar prospecciones de gas, incluidas tecnologías que están dando resultados importantes en otros países», en alusión al «fracking» o fracturación hidráulica.

Según aseguró el ministro el hallazgo de hidrocarburos permitiría reducir el déficit de la balanza comercial española y añadió que todas las autorizaciones tendrán que cumplir con la legislación española y europea en materia medioambiental, que, indicó, son las más «fuertes», «potentes» y «nítidas» del mundo.

Tampoco habrá «ningún complejo para que los reactores nucleares puedan seguir operando en España siempre que cumplan las condiciones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)», señaló.

Antes de participar en el acto, Soria ratificó la «predisposición» de su departamento a prolongar la vida útil de la central nuclear de Garoña si se cumplen las condiciones de seguridad, si bien aseguró que el Ejecutivo no está «negociando nada» con las eléctricas.

«No estamos negociando nada», afirmó Soria. No obstante, recordó que su departamento habla «continuamente» con todas las empresas del sector eléctrico, pero consideró que esto «no significa negociar».

Asimismo, apostó de forma «inequívoca» por las renovables y porque el carbón mantenga su papel en el mix energético español, puesto que «no sobra absolutamente ninguna» fuente de generación.

Durante su discurso posterior a la entrega de premios de Enerclub, Soria advirtió además de que «la realidad de nuestro modelo pone de manifiesto que no estamos ante un sistema sostenible ni económica ni financieramente», ya que el déficit de tarifa alcanzó un valor en términos acumulados de 27.000 millones de euros a cierre de 2012 y eso supone una «mala noticia», aunque aseguró que va a «seguir trabajando» para «atajar» su generación este año.

El titular de Industria reconoció que durante 2012 adoptaron medidas que no gustaron, pero que eran «necesarias» para encauzar el déficit de tarifa. Sin embargo, apuntó que, aunque no logró encauzar en 2012 el déficit, sí frenó que éste se convirtiera en un problema mayor.

De no haberse adoptado las medidas anunciadas por el Gobierno desde su llegada al poder, la deuda eléctrica rondaría en la actualidad los 32.000 millones de euros, lo que, sumado a un aumento del desajuste de «entre 8.000 y 9.000 millones de euros» en 2013 en caso de no haber actuado, elevaría el déficit a cerca de 40.000 millones de euros.

En esta línea, Soria indicó que el Gobierno persigue «siempre el interés general» y ello provoca que sus decisiones coincidan con los intereses de las empresas y otras veces no.

El CSN aprobó en pleno exigir a la central nuclear el cumplimiento de los límites y condiciones impuestos en la autorización de explotación vigente, así como de las Instrucciones Técnicas Complementarias asociadas a la parada y descarga del combustible del reactor, efectuada en diciembre pasado, y a las pruebas de resistencia realizadas tras el suceso de Fukushima.

El órgano de control nuclear justificaba su petición en el hecho de que «jurídicamente» la planta no ha cesado su actividad porque, salvo que el Ministerio de Industria cambie su criterio, el cese no se producirá hasta el 6 de julio de este año.

Fuentes de Nuclenor aseguraron que la central nuclear de Santa María de Garoña continúa en un «escenario de cierre y predesmantelamiento de la instalación» desde que se parara el reactor en diciembre del 2012.

Sin embargo, reconocieron que es el Ministerio el que debe corroborar el cierre administrativo de la central burgalesa, aunque previamente el CSN debe emitir un informe favorable del plan de desmantelamiento que ya presentó Nuclenor.

Precisó que el informe sería paralelo a las actividades de vigilancia anunciadas esta misma semana por el CSN, que indicaba que se hará un seguimiento de Garoña como si siguiera funcionando, puesto que no se produjo su cierre formal.

Ante este anunciado «refuerzo de la vigilancia», desde Nuclenor insistieron en que continúan apostando por la seguridad de la planta y que se llevaron a cabo todas las actuaciones que en cada momento han sido exigidas por el CSN e, incluso, algunas mejoras más.

En este sentido, en cuanto a las recomendaciones realizadas tras las pruebas de resistencia a raíz del suceso de Fukushima, fuentes de Nuclenor señalaron que se ejecutaron ya la mayoría, como la mejora de los sistemas contra incendios o de las estructuras de respuesta sísmica.

Reconocieron, no obstante, que quedan pendientes algunas actuaciones programadas a largo plazo que quedaron suspendidas, no en el momento de la parada de la central en diciembre, sino cuando se fijó el cierre de la instalación para julio de 2013, cuando espira la licencia de actividad de la planta.

Desde Nuclenor insistieron en que, en estos momentos y sin querer entrar a valorar los supuestos contactos entre el Gobierno y las eléctricas, su único escenario es el del «cierre», iniciado en diciembre con la parada del reactor.