Japón no descarta retomar la energía nuclear dos años después del accidente de Fukushima

Con tan solo dos de sus más de 50 reactores nucleares operativos, el nuevo Gobierno nipón capitaneado por el conservador Shinzo Abe, aún no desveló con claridad cuál será su política energética para el futuro, aunque ofreció pistas sobre su inclinación hacia este tipo de energía.

A pesar de que su antecesor, Yoshihiko Noda, prometió un futuro sin centrales nucleares a partir del año 2030 al calor del desastre de Fukushima, la victoria por una aplastante mayoría de Abe el pasado diciembre dibuja un camino de paulatino retorno a la energía atómica.

«Reactivaremos los reactores nucleares cuando se confirme que son seguros», anunció el primer ministro a primeros de mes.

Lo que parece casi seguro es que los reactores, detenidos para pasar las inspecciones de seguridad exigidas por el Gobierno tras el accidente atómico, no podrán reanudar su actividad completamente como mínimo en tres años, plazo en el que se estima concluyan estas revisiones.

Además, en el caso de no reactivarse ninguno antes de septiembre, Japón volverá presumiblemente al apagón nuclear completo, tal y como sucedió entre mayo y junio de 2012 por primera vez en 42 años, ya que para entonces está programada la parada de los reactores de la central de Oi, los dos únicos activos en el país.

Por otro lado, está la necesidad de controlar el incremento del coste de las importaciones de hidrocarburos que alimentan las centrales térmicas tras el cierre de las nucleares, que antes del accidente aportaban un 30% del abastecimiento total del país.

En este sentido, sólo en 2012 las importaciones de hidrocarburos se incrementaron un 10,4% interanual hasta cerca de los 197.000 millones de euros, lo que arrastró a Japón hasta su mayor déficit comercial histórico.

No obstante, a pesar de la contundencia de las cifras, expertos en la materia dudan de la necesidad de reanudar la energía nuclear en el país.

«Japón no necesita energía nuclear. Es la opción más cara de generar electricidad que existe», afirmó Kenichi Oshima, reputado profesor de economía medioambiental y política energética de la Universidad Ritsumeikan, en Kioto.

Oshima, galardonado recientemente en Japón por su libro «El Coste de la Energía Nuclear. Un argumento a favor de cambiar las fuentes energéticas» (Iwanami Shinsho, 2012), consideró que, a la larga, la atómica es la más costosa.

«Su gasto de por sí es bastante sustancioso, aunque hay que contar con los costes sociales» de este tipo de energía que se disparan en casos de grave accidente nuclear, detalló Oshima.

«TEPCO (operadora de la maltrecha central de Fukushima) no puede afrontar el pago de las indemnizaciones a las víctimas y los costes para la desmantelación de la planta, la descontaminación y la rehabilitación«; un monto que deberá abonar el Gobierno con dinero público, remarcó el experto.

Hasta el momento, la mayor eléctrica de Japón recibió cerca de 24.640 millones de euros de dinero público para cubrir los costes del accidente, al margen de haber incrementado la tarifa eléctrica de los hogares en un 10%.

Además, las operadoras eléctricas niponas tendrán que invertir al menos unos 9.000 millones de euros en implementar los nuevos estándares de seguridad en sus centrales exigidos por el regulador.

«Abe quiere reanudar las centrales nucleares pero la opinión pública muestra que la mayoría quiere eliminarlas. Creo que, incluso para Abe, será difícil», añadió.

En este sentido, desde que se cumpliera el primer aniversario de la tragedia, cada viernes miembros de la Coalición Metropolitana Antinuclear, formada en total por unas 200.000 personas de 13 organizaciones del archipiélago, se manifestaron para pedir el fin de las nucleares en Japón.

Un mensaje que, según una encuesta realizada por el diario «Asahi Shimbun«, apoya cerca del 74% de la población japonesa, preocupada sobre todo por la radiación en los alimentos y los cerca de 52.000 desplazados que dejó la crisis nuclear.

El objetivo de Abe es una combinación de energías en el futuro sin descartar construir nuevas unidades.

«Los nuevos reactores serán completamente diferentes a los de la central de Fukushima Daiichi que causaron la crisis nuclear», afirmó tras asumir al poder en diciembre.

«Haremos los mayores esfuerzos para que no se produzcan daños en la vida de los ciudadanos ni en la actividad económica», aunque adelantó que la decisión final del Gobierno no obtendrá la luz verde sin «el consentimiento del pueblo japonés», obstáculo que ahora mismo se antoja complejo.

Miles de japoneses piden que se renuncie a la nuclear

Por su parte, miles de personas salieron a las calles de Tokio para pedir al Gobierno japonés que abandone la energía nuclear unas horas antes de cumplirse el segundo aniversario de la crisis de la planta de Fukushima por el terremoto y posterior tsunami que arrasaron la costa este de Japón el 11 de marzo de 2011.

«Cada vez es más importante que protestemos», declaró una de las manifestantes que se concentraron ante el Ministerio de Economía. «Hago esto por mis hijos, no podemos dejar en herencia este desastre de energía nuclear«, añadió.

Los manifestantes, al grito de «Protejamos a nuestros hijos, paremos la energía nuclear«, pidieron que no se olvide la crisis de la planta, que obligó a más de 160.000 personas a abandonar sus hogares y en torno a la que, a día de hoy, se mantiene un perímetro de seguridad de 30 kilómetros de amplitud.

«La gente y los medios de comunicación están empezando a olvidarse de Fukushima y de lo que allí sucedió», indicó la manifestante.

«Fukushima ha supuesto un golpe más duro que Chernobil»

Según las ONG ecologistas, el accidente nuclear en la central de Fukushima supuso un golpe «más duro aún de lo que fue Chernobil» y provocó un «parón generalizado» de la energía atómica a nivel mundial. Por ello, reclamaron que los fabricantes de las plantas tengan responsabilidad en caso de accidentes, para evitar que sean los ciudadanos quienes paguen las consecuencias económicas.

El portavoz de energía nuclear de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, advirtió de que el riesgo nuclear «no ha pasado, ni mucho menos», porque hay reactores dañados y en condiciones precarias.

A su juicio, este accidente en Japón supuso «un golpe mucho más duro» de lo que fue Chernobil, ya que se ha producido en un país desarrollado con una democracia consolidada y, además, se originó por un suceso externo a la central, lo que abre las dudas sobre las posibilidades de prever los riesgos y las consecuencias.

En cuanto a las pruebas de resistencia, que fueron impulsadas por Austria y que «los países no tuvieron más remedio que hacer», Castejón recordó que no incluyen eventos provocados por acciones humanas, atentados, impactos de avión, etcétera, sino solo los sucesos naturales. En su opinión, estas pruebas están devaluadas, ya que la información a los organismos reguladores es aportada por los propios titulares de las centrales.

Por eso, subrayó que dos años después del accidente se produjo un «parón generalizado» para la industria nuclear, ya que el informe final de la Comisión Europea valoró en 25.000 millones de euros las reformas sugeridas. «Solo en España, ese coste asciende de 750 a 1.000 millones de euros de coste», precisó.

A este respecto, destacó la ralentización, cancelación o replanteamiento de esta cuestión que decidieron países como Alemania, Suiza, Bélgica y Holanda que echaron un «freno gradual», mientras en España «parece que va a cerrar (Santa María de) Garoña (Burgos)».

En cuanto a Japón, tanto Castejón como la responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Raquel Montón, apuntaron que únicamente están funcionando dos de los 54 reactores y que en un país donde la nuclear generaba un 30% de la electricidad «han podido prescindir de ella».

Sobre los nuevos proyectos, China los suspendió y la central nuclear de Belene (Rumanía) que se estaba empezando a construir se paralizó. Castejón señaló que tanto en Estados Unidos como en China se están terminando las centrales nucleares cuya construcción estaba iniciada. «En todo caso, esto no significa que sea un parón absoluto», insistió.

«Dos años después. La industria nuclear está agazapada, esperando a que pase el chaparrón y me temo que no se han aprendido las lecciones de Fukushima. Incluso en países como España, el Gobierno dice que es imprescindible, algo que es falso porque se puede sustituir por otras fuentes de energía», apostilló.

En todo caso, admitió que se han aprendido lecciones, porque las pruebas de resistencia han detectado clamorosos fallos de seguridad pero advirtió de que «la carrera perdida hacia la perfección nuclear que nunca se va a producir».

Mientras, Montón indicó que uno de los problemas principales de la industria nuclear es que es el único sector que excluye de la responsabilidad a los suministradores; es decir que los fabricantes de las mismas no tienen responsabilidad. Esto supone que el titular es el responsable y tiene una cuantía de responsabilidad limitada, por lo que normalmente, es el Estado y, por extensión los ciudadanos quienes pagan el accidente.

De momento, «serán los japoneses quienes tengan que pagar las consecuencias», advirtió Montón, ya que los proveedores de componentes General Electric, Toshiba e Hitachi «no tienen responsabilidad legal» en el mismo.

En este contexto, Montón lamentó que mientras las inversiones en construcción de nuevas centrales nucleares ha caído en todo el mundo, en España se está haciendo «justo lo contrario» y con centrales con una vida media de 25 a 28 años y una como Garoña, con 42 años de vida, se están «planteando y oyendo voces para ampliar la vida útil de centrales muy viejas». «Esto es ir en contra de la tendencia europea», afirmó.

Finalmente, reclamó que se establezca en España un calendario de cierre y, a nivel internacional, que las compañías fabricantes de centrales o sus componentes tengan responsabilidad. Al mismo tiempo pidió que se inicien las inversiones para implantar las mejoras que plantean las pruebas de resistencia. «En España podemos cerrarlas todas sin ningún problema y podrían dejarnos tranquilidad y ahorrarnos el problema de los residuos nucleares del futuro», concluyó.

La Plataforma en Contra del ATC en Cuenca recuerda a las víctimas de Fukushima en el segundo aniversario del accidente

La Plataforma en Contra del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Cuenca ha organizado una cadena humana en la Plaza de España de la ciudad para conmemorar el segundo aniversario del accidente nuclear de Fukushima, a la que han acudido medio centenar de personas.

El portavoz de la Plataforma, Carlos Villeta, ha señalado que «el accidente de Fukushima ha supuesto un antes y un después en la política energética, provocando que muchos países, como Alemania o Suiza, se hayan replanteado la industria nuclear».

«En España no se ha asumido las lecciones que provocó este incidente, como demuestra la construcción del ATC en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca)», ha señalado Villeta.

Tal y como ya hicieron el pasado año, la Plataforma ha elegido para éste día una cadena humana «como símbolo de unidad» y para demostrar que «si trabajamos juntos la construcción del cementerio nuclear en Villar de Cañas puede pararse».

El Gobierno de Japón crea una comisión especial para acelerar el desmantelamiento de Fukushima-1

La comisión especial está liderada por el ministro de Industria, Toshimitsu Motegi, e integrada por el presidente de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO), Naomi Hirose, entre otros altos cargos de la empresa privada.

En su primera reunión, Motegi ha instado a los demás miembros de la comisión especial a revisar el calendario elaborado por el anterior Gobierno y a elaborar uno nuevo para acelerar el desmantelamiento de la central nuclear.

Motegi ha explicado que, dado que los daños son muy distintos en cada uno de los seis reactores de Fukushima-1, la comisión especial elaborará un plan de desmantelamiento para cada uno de ellos a medio y largo plazo.

La ‘hoja de ruta’ trazada por la administración anterior contemplaba el inicio de la retirada de las barras de combustible de los reactores en un plazo de diez años y el completo desmantelamiento de la central nuclear en 40.

Para cumplir con su mandato, Motegi ha explicado que la comisión especial tendrá que empezar por recabar información, ya que los todavía altos niveles de radiación alrededor de la central nuclear han impedido que los operarios de TEPCO obtengan datos exactos.

Otro de los mandatos de la comisión especial será elaborar un plan para rehabilitar las localidades cercanas a Fukuhisma-1, sobre las que rige un área de exclusión terrestre de 30 kilómetros debido a la excesiva radiactividad.

La televisión pública NHK ha publicado un sondeo que revela que el 52 por ciento de los habitantes de Fukushima desea volver pero cree que no podrán hacerlo, el 17 por ciento también lo desea y cree que lo hará y el 10 por ciento ya ha regresado.

No obstante, el 19 por ciento descarta esta opción, en el 75 por ciento de los casos debido a los altos niveles de radiación y el 22 por ciento porque no podría regresar con toda su familia.

El 11 de marzo de 2011 un terremoto de nueve grados en la escala de Richter sacudió la prefectura japonesa, provocando un gran tsunami que impactó contra la central nuclear, dando lugar a una grave crisis.

A causa del desastre natural, se produjeron explosiones de hidrógeno en algunos reactores y en otros se fundió parcialmente el núcleo de las barras de combustible gastadas, liberando gran cantidad de partículas radiactivas a la atmósfera.

Nuclenor da un paso hacia el cierre de Garoña al solicitar permiso para construir un almacén de residuos

La nueva instalación permitiría vaciar la piscina del interior de la planta donde ahora se encuentra el combustible nuclear del reactor, algo imprescindible para el desmantelamiento.

Fuentes del Ministerio de Industria y de la Junta de Castilla y León aseguran que mantienen conversaciones con Endesa e Iberdrola, propietarias a su vez de Nuclenor, para reactivar Garoña, aunque la planta paró su actividad en diciembre de 2012 argumentando que no podía hacer frente al incremento de pago de impuestos y tasas.

Sin embargo la petición para instalar el almacén temporal sigue su curso y antes del 17 de abril se debe remitir la solicitud, que tramita la Dirección General de Políticas Energéticas del Ministerio de Industria, a las administraciones y actores ambientales para determinar cuál debe ser el alcance del estudio de impacto ambiental necesario.

A partir de ese momento se realizará el estudio, cuyo resultado se deberá someter a información pública y, una vez esté completo el expediente, la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente dispondrá de otros tres meses para formular la definitiva Declaración de Impacto Ambiental, que establecerá las condiciones que debe cumplir el nuevo almacén.

Ecologistas en Acción estima que la construcción de un ATI en la central muestra la «clara» intención de cierre

Ecologistas en Acción considera que la solicitud de Nuclenor al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para construir un almacén temporal individualizado en la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) muestra la «clara intención» del titular de cerrar «definitivamente» la planta atómica burgalesa.

«Este paso es imprescindible para proceder al desmantelamiento de la central. Esto muestra que Nuclenor sigue adelante en sus planes de cierre definitivo de la nuclear burgalesa«, señala Ecologistas en Acción en un comunicado.

Además, para Ecologistas, esta solicitud muestra que el Almacén Temporal Centralizado (ATC) no va a estar construido a tiempo. La organización explica que este es uno de los primeros pasos para desmantelar una central nuclear, ya que una vez que el combustible gastado de la piscina de la central se enfríe -unos años- y decaiga su radiactividad podrá depositarse en un ATI.

Ese es el proceso que se ha seguido en la central nuclear de José Cabrera (Zorita) en Guadalajara, que está en desmantelamiento. De este modo, apunta que, probablemente, en Garoña se construirá una losa sísmica de hormigón donde se depositarán los contenedores de hormigón y acero con el combustible gastado. Estos bidones permanecerán al aire libre y protegidos tan solo por una doble valla, al igual que ocurre en Zorita.

Este ATI se suma al que la central nuclear de Ascó (Tarragona) está construyendo para depositar su combustible gastado a partir de 2014. Con este, serán ya los cuatro depósitos de residuos nucleares que existirán en España (también hay un ATI en Trillo).

Finalmente, Ecologistas en Acción considera que esta es una clara muestra de la «imprevisión» de la industria nuclear en la gestión de los residuos de alta actividad, pues se ve obligada a ir construyendo este tipo de instalaciones provisionales según se van cerrando las centrales nucleares, ya que el ATC de Villar de Cañas (Cuenca) no estará listo antes de 2020, según las proyecciones más optimistas de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

UPyD insta al Gobierno a aplicar una sanción a Endesa e Iberdrola por infracción grave en Ascó

Según informó UPyD, el partido se basó en la propuesta realizada esta semana por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al Ejecutivo. El pasado lunes, el Pleno del CSN aprobó proponer al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que abra un expediente sancionador por infracción grave a los titulares de las centrales nucleares de Ascó I y II. Las dos plantas están gestionadas por la empresa Asociación Nuclear Ascó – Vandellòs, propiedad de Endesa e Iberdrola.

Según UPyD, la infracción denunciada por el CSN consiste en no poder precisar la ubicación exacta de 230 fuentes radioactivas en desuso. El CSN aclaró que la infracción es por la «pérdida de información», no «por el riesgo o por el peligro que se haya derivado del suceso».

El partido que lidera Rosa Díez recordó que el CSN no puede imponer por sí mismo una sanción a una central, sino que sólo puede proponer al Ministerio de Industria que lo haga.

La pregunta por escrito al Gobierno que UPyD registró en el Congreso de los Diputados se interesa sobre si el Ejecutivo piensa sancionar a los titulares de la central nuclear de Ascó debido a las incidencias advertidas por el Consejo de Seguridad Nuclear.

La OMS advierte de un mayor riesgo de padecer cáncer entre los japoneses afectados por Fukushima

La agencia de la ONU publicó un informe realizado por expertos internacionales sobre los riesgos para la salud vinculados por la tragedia de Fukushima, provocada por el terremoto y posterior tsunami que afectó esta región japonesa el 11 de marzo de 2011.

Estos expertos llegaron a la conclusión de que para la población en general, tanto en Japón como en el resto del mundo, los riesgos que se predicen para la salud «son bajos y no se han observado incrementos en las cifras de cáncer por encima de lo normal».

Sin embargo, «el riesgo estimado para algunos cánceres específicos en ciertos estratos de la población de la prefectura de Fukushima ha aumentado», de ahí el que sea necesario «vigilancia continuada a largo plazo y revisiones médicas de estas personas».

La directora de Salud Pública y Medioambiente de la OMS, María Neira, explicó que «el desglose de los datos en base a la edad, el sexo y la proximidad con la central nuclear muestra un mayor riesgo de cáncer para las personas que residen en las zonas más contaminadas». «Fuera de ellas, incluso dentro de la prefectura de Fukushima, no se prevén incrementos de la incidencia del cáncer», precisó.

Así, según la OMS, se prevé un 4% más de todos los cánceres en órganos entre las mujeres que se vieron expuestas cuando eran niñas, quienes también tendrán un 6% más de riesgo de contraer cáncer de pecho. Este grupo de población tendrá también un 70% más de probabilidades de contraer cáncer de tiroides, normalmente el riesgo de este tipo de cáncer es de un 0,75%.

En cuanto a los hombres que se vieron expuestos al accidente nuclear en su infancia, tendrán un 7% más de riesgo de contraer leucemia.

En cuanto a los trabajadores de los servicios de emergencia que trabajaron en la central tras la tragedia, se estimó que «unos dos tercios» de ellos tienen riesgo de contraer cáncer con las mismas probabilidades que el resto de la población, mientras que el tercio restante tiene un mayor riesgo.

Por otra parte, el informe, que consta de 200 páginas, señaló que no se prevé un aumento del número de abortos, partos de niños muertos y otros problemas mentales y físicos que pueden afectar a recién nacidos tras el accidente debido a la radiación.

Asimismo, los expertos también analizaron el impacto psicosocial que podría tener sobre la salud y el bienestar el accidente nuclear. En este sentido, la OMS incidió en que este aspecto no debe ignorarse en el marco de la respuesta global.

Según Neira, «es necesario una vigilancia sanitaria a largo plazo de las personas con mayor riesgo, así como que se preste el seguimiento médico necesario y servicios de apoyo».

«Además de reforzar el apoyo médico y los servicios, es necesario un seguimiento medioambiental, en particular de los alimentos y el agua, con el fin de reducir la potencial exposición a la radiación en el futuro«, indicó por su parte la directora en funciones del Departamento de Seguridad Alimentaria de la OMS, Angelika Tritscher.

El entorno de Almaraz será escenario de un simulacro general europeo de accidente nuclear

El Cáceres Urgent Response Internacional Exercise (Curiex) simulará una fuga radiactiva que provocará la puesta en marcha de todos los procedimientos previstos en los Planes de Emergencia Nuclear, como el PENCA y el PENCRA, y que afectan al exterior de la propia central nuclear, por lo que se contará con la colaboración de los doce municipios que se encuentran situados a diez kilómetros del radio de la planta nuclear, donde habitan unas 5.000 personas.

En el ejercicio práctico, que durará tres días, se simulará un accidente nuclear que provocará una fuga de material radioactivo a la atmósfera, lo que llevará a la consiguiente evacuación preventiva de una parte de la población afectada, según explicó en la presentación del proyecto el director general de Protección Civil y Emergencia del Ministerio del Interior, Juan Díaz Cruz.

Posteriormente y tras analizar los efectos del hipotético accidente se adoptarán otras medidas de protección, que pueden ser de carácter profiláctico, y una vez superada la fase urgente se ensayarán otras actuaciones preventivas de más larga duración para recuperar los niveles de seguridad de los ciudadanos en la cadena de alimentación y en la calidad del agua.

Con esta actividad se pretende ensayar los procedimientos operativos de respuesta en estas situaciones, así como analizar los distintos niveles de respuesta de las administraciones implicadas desde la local, hasta la internacional, pasando por la regional o nacional.

Igualmente se trata de fomentar la participación y la colaboración ciudadana y de los medios de comunicación en caso de que se produjeran situaciones de emergencia nuclear, por lo que el proyecto incluye previamente unos programas de formación e información dirigidos a los habitantes de la zona, principalmente a colegios y responsables sanitarios.

Según explicó Díaz Cruz en la presentación del Curiex, la experiencia servirá también para intercambiar conocimientos con responsables de protección civil de otros países ya que participarán equipos de respuesta extranjeros que trabajarán en la coordinación de los distintos medios ante emergencias de este tipo y para actualizar los procedimientos.

En el simulacro participará un número todavía por determinar de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, así como representantes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Subdelegación del Gobierno en Extremadura, a cuya subdelegada le corresponde la dirección del Plan PENCA.

El Curiex es un proyecto presentado a la Unión Europea por la propia Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior que fue seleccionado entre otros cuatro presentados por otros países de la zona y que tiene un presupuesto de 600.000 euros, de los que el 85% será financiado con fondos europeos.

A la presentación a los medios, que tuvo lugar en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, asistieron el director general de Protección Civil; el delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias y la subdelegada del Gobierno en Cáceres, Jerónima Sayagués.

López Iglesias recordó que el simulacro emulará «un escenario lo más real posible de día y de noche» y servirá para «poner a prueba los planes de emergencia y mejorarlos, en caso de que hubiera que hacerlo», matizó.

El proyecto fue presentado también a todas las partes implicadas, desde alcaldes de la zona, responsables institucionales y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participarán en este simulacro general que no se realizaba desde 2001.

Soria tiene «la intuición» de que se va a llegar a un acuerdo para que Garoña siga en funcionamiento

Soria indicó que desde el primer minuto, el Gobierno ha dado señales «muy claras, muy nítidas» de que no tenía «ningún tipo de restricción, perjuicio o limitación ideológica» respecto de ninguna fuente de energía, ya que se mostró convencido de que el país no se lo puede permitir, aunque matizó que en el caso de la nuclear siempre se deben cumplir las condiciones de seguridad del CSN.

La nuclear de Garoña mantiene su reactor parado, ya que la empresa propietaria de la central, Nuclenor, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, argumentó que no es rentable, aunque su mantiene su autorización de uso hasta el 6 de julio.

El titular de Industria dijo que si bien entiende que es una decisión de continuar o no con la actividad debe adoptarla el operador, en el supuesto de que decida ahora cesar la actividad, de hacerlo conforme a lo que prevé la legislación.

«El Gobierno, siempre que se cumplan todas las condiciones de seguridad establecidas por el CSN, de lo que es partidario es de no infrautilizar ningún tipo de tecnología energética», reiteró.

Soria recordó que Nuclenor recurrió la orden ministerial del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que decretó el cese de la operación de la central en julio de 2013. La propiedad justificó entonces esa decisión por el lucro cesante que ocasionaba el cierre seis años antes de lo previsto.

Según el ministro, el lucro cesante se estimaba en una cuantía superior a los nuevos impuestos a los que ahora alude Nuclenor para justificar el cese de la actividad, por lo que consideró que la argumentación «encierra cierta contradicción y creo que no puede ser el fundamento de una decisión de esta naturaleza«, apostilló.

Tras reconocer que mantiene conversaciones con las empresas propietarias de la central, aseveró que tiene «la intuición de que se va a llegar a un acuerdo con el operador para que continúe la vida de este reactor».

«Desde el punto de vista del ministerio no vemos motivos de solidez para, dándose las condiciones de seguridad, cerrar este reactor nuclear«, concluyó.

Respecto al Almacén Temporal Centralizado (ATC), en el que se albergarán residuos nucleares en la localidad manchega de Villar de Cañas, el ministro dijo que «ni mucho menos» hay indicios de que «vaya a demorarse» su puesta en marcha.

Herrera garantiza que el Gobierno dará a la central nuclear de Garoña una solución razonable y racional sin «presiones ni chantajes»

«Me consta que el Gobierno sin presiones, sin chantajes, sin condiciones, sin mezclar cuestiones, ha estado dispuesto a dar a esta cuestión una solución razonable y racional«, aseveró, tras lo que garantizó que esta decisión «dista mucho» de las decisiones «caprichosas» tanto de las compañías titulares de Garoña como del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de cerrar la central.

Herrera insistió en que mientras el CSN decida que la instalación es segura, de acuerdo con los parámetros decididos por la Unión Europea, el cierre de Garoña es algo «caprichoso» y un «error».

El presidente de la Junta recordó que con el plan de cierre planteado por el Ejecutivo de Zapatero se «preponderaba» el criterio político frente al técnico después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) determinara la seguridad de la central.

«Si hubiera cualquier reserva sobre la seguridad de esa central nuclear evidentemente acreditada o dictaminada nos pondríamos al frente de la manifestación para el cierre inmediato de Garoña», aseguró Herrera, tras lo que insistó en que con las garantías de seguridad actuales no se puede permitir un cierre que provocará un «grave daño» a los intereses de Castilla y León, por lo que en la decisión definitiva que se adopte deben primar «los intereses generales».

Al respecto, indicó que se deben tener en cuenta factores como el desarrollo industrial de la zona, el empleo, los intereses del sistema energético, incluido el precio de la energía, y «la lógica técnica».

De este modo, defendió que ante esta decisión se prime el «interés» general de Castilla y León con todos los criterios técnicos, ya que «destruir» Garoña es «destruir» 1.000 puestos de trabajo y «una enorme riqueza de la comunidad». «Todo lo que sea caminar para dar solución a ese problema contará con nuestro apoyo», aseveró.

Según el presidente de la Junta, ello «no va a contar con el beneplácito y el asentimiento silente del Gobierno de Castilla y León».

Herrera se refirió a este asunto tras firmar un acuerdo con el presidente del Consejo Regional de Cámaras y de la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro (Burgos), Fernando Escobillas, quien recordó que las personas que pierdan su puesto de trabajo como consecuencia del cierre de la central no tienen alternativas de contratación, por lo que aseguró que la clausura es un «verdadero error» para «España, Castilla y León y la zona de influencia». «Sería un desastre», señaló.

Endesa e Iberdrola negocian con Soria 60 años de vida útil a las nucleares para mantener Garoña

Esta ampliación de vida útil sería suficiente para prolongar el funcionamiento de la central de Garoña, ya que permitiría establecer un calendario de amortización de las inversiones necesarias para adaptar la planta a las exigencias tras el accidente de Fukushima e incluso procurar rentabilidad a pesar de los nuevos impuestos.

Las fuentes indicaron que tanto Endesa e Iberdrola como Industria tienen interés en mantener Garoña, y que las eléctricas lo harán siempre y cuando dispongan de visibilidad suficiente de que no operarán a pérdida. La central burgalesa fue la primera en llegar a los 40 años de vida útil y el resto de plantas lo harán a partir de 2021, pero es conveniente disponer de certidumbre para el conjunto del parque nuclear.

Para los operadores, el problema de Garoña es de viabilidad económica y la solución solo puede venir del ministro de Industria, José Manuel Soria, quien expresó la «predisposición» de su departamento a prolongar la vida útil de la central si se cumplen las condiciones de seguridad.

Pese a que el operador Nuclenor no solicitó la continuidad de la planta, Garoña puede continuar operando hasta julio de 2013. El Gobierno se propuso publicar antes de esa fecha una reforma energética que aborde cambios profundos y modifique la actual Ley del Sector Eléctrico, en vigor desde 1997.

La Ley de Economía Sostenible aprobada por el anterior Gobierno ya abrió la puerta a que las centrales pudiesen operar más allá de los 40 años, si bien en el caso de Garoña es necesario conciliar cualquier ampliación con los nuevos impuestos, que solo en la descarga del reactor obligan a pagar 153 millones de euros.

El vicepresidente de la Sociedad Nuclear Española y director general de Iberdrola Generación Nuclear, Francisco José López García, subyaró que Garoña «mantendrá todas las opciones que tenga en su mano» mientras que el Gobierno no dicte una autorización de predesmantelamiento.

Este predesmantelamiento es la línea roja a partir de la cual «será muy difícil volver atrás», porque ya no serán las mismas condiciones que las de operación, explicó. «La situación será mucho más irreversible», apostilló.

El CSN propone a Industria un expediente sancionador a la central de Ascó por «una infracción grave»

La infracción está cualificada por la pérdida de información, es decir, por no poder precisar la ubicación exacta de 230 fuentes radiactivas en desuso, no por el riesgo o por el peligro que se haya derivado del suceso.

La propuesta se basó en la aplicación de las previsiones del artículo 86, apartado b, punto tercero de la Ley sobre Energía Nuclear, que establece que «el incumplimiento de las obligaciones relativas a generación, archivo y custodia de los registros requeridos para el desarrollo de la actividad o para el control de materiales radiactivos, cuando dicho incumplimiento suponga pérdida de la información afectada».

Según informó el CSN, estas fuentes, cuya ubicación exacta no se podía precisar, «no son material nuclear» de acuerdo con el Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares y de las fuentes radiactivas.

Estos hechos se conocieron con motivo de su caracterización como «hallazgo blanco» en el Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC) en marzo de 2012 para Ascó I y Ascó II.

Durante una inspección rutinaria realizada a la central nuclear de Ascó los días 5 y 6 de julio de 2011, el organismo regulador detectó «irregularidades en el inventario de las fuentes encapsuladas fuera de uso» que se debían encontrar en la instalación, según el Plan de Gestión de Residuos Radiactivos en vigor.

Por este motivo, el CSN realizó una inspección específica sobre este asunto entre el 4 y el 5 de octubre de 2011, donde se detectaron deficiencias relevantes en la gestión y en el control de las fuentes radiactivas en desuso, lo que dio lugar al inicio de la propuesta de expediente sancionador.

En la actualidad, el titular está estableciendo acciones correctoras cuya implantación está siendo supervisada por el CSN. El regulador señaló que durante 2011 y 2012 se supervisaron los planes de gestión de residuos radiactivos de todas las centrales nucleares españolas y que no se detectaron situaciones de pérdida de trazabilidad en ninguna de ellas en relación con el control de fuentes radiactivas en desuso.

Si el Ministerio de Industria, Energía y Turismo decide imponer una sanción económica a la planta atómica, no sería la primera que Ascó tenga que pagar, ya que el 11 de mayo de 2009, este departamento, dirigido entonces por Miguel Sebastián, impuso una multa a esta central de 15,39 millones de euros por la fuga de partículas. Esta sanción rebajaba en casi 7 millones de euros la propuesta que el organismo regulador hizo al Gobierno en su momento.

En aquella ocasión, la multa se debió a cuatro infracciones graves en relación con la liberación de partículas radiactivas a finales de 2007 pero que no fueron notificadas hasta abril de 2008 y dos leves. Esta fue la multa más elevada impuesta hasta la fecha a una central nuclear en España.

Ascó ejecuta «acciones correctivas» para subsanar el problema

Por su parte, la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (Anav), titular de la central nuclear de Ascó, subrayó que está trabajando en las «acciones correctivas» necesarias para subsanar el problema de documentación con algunas fuentes radiactivas.

Fuentes de Anav recordaron que el suceso hace referencia al año 2011 y es fruto de una inspección en la que se detectó la «gestión inadecuada» de documentación.

«Ya entonces se establecieron acciones correctoras que son supervisadas por el CSN«, precisó la misma fuente, dada la imposibilidad de que se pudiera precisar entonces la ubicación exacta de 230 fuentes radiactivas en desuso.

El CSN advirtió en marzo que el titular de Ascó perdió la trazabilidad del paradero de unas 250 fuentes radiactivas y añadía que, según el inventario entregado, serían fuentes que habrían sido almacenadas en bidones, parte de los cuales se habrían enviado a la instalación de El Cabril, sin existir documentación que lo avalase.

Otras fuentes se habrían depositado en el interior de bidones que estarían todavía almacenados en el almacén temporal de residuos radiactivos (ATRS) de la central, junto con residuos de diversa naturaleza, constatando la inspección «discrepancias entre lo indicado en el inventario o transmitido verbalmente a la inspección, y lo indicado en la documentación de los bidones».

Además, señaló que en el caso de fuentes líquidas no se disponía de los controles de las eliminaciones realizadas con posterioridad al año 2005.

En cuanto al control de fuentes de alta actividad, añadía que no se disponía de las fichas de ocho fuentes que en el inventario del titular constan como de alta actividad, por lo que consideraba que el titular había incumplido el Manual de Protección Radiológica, el Manual de Garantía de Calidad, el procedimiento sobre el control de la eliminación de fuentes líquidas y el Real Decreto sobre fuentes de alta actividad y fuentes huérfanas.

«Al desconocer con precisión la situación y el estado de un número considerable de fuentes radiactivas en desuso, hay que estimar cuál sería la capacidad del titular para calcular las dosis que se podrían producir en un potencial caso de liberación inadvertida de material sólido contaminado y cuál sería el impacto en el público en el caso hipotético de una pérdida de control de materiales radiactivos fuera de las zonas en las que se pueden generar o almacenar», agregó.

En este sentido, consideró que el titular tendría degradada la capacidad de aportar datos fiables que permitieran determinar con la precisión necesaria la actividad que podría verse implicada en un hipotético caso como el mencionado y las circunstancias asociadas, así como que probablemente la mayoría de las fuentes se encontrarían en El Cabril, por lo que el hallazgo se categorizó como «blanco».

AMAC dice que la seguridad en Ascó no se vio comprometida

Asimismo, la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC) manifestó tranquilidad ante el acuerdo del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por el que se va a proponer al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que abra un procedimiento sancionador a la central nuclear de Ascó I y II por «infracción grave».

Así, fuentes de AMAC explicaron que conocieron la noticia en noviembre de 2012 y que entonces ya recibieron las explicaciones pertinentes por parte de la central tarraconense y del organismo regulador.

En este sentido, desde AMAC señalaron que entonces se les aclaró que más bien se trata de un error documental ya que las fuentes radiactivas estaban «donde debían». En todo caso, añadieron que «la seguridad no se vio comprometida».