Así se desprende de una respuesta parlamentaria dirigida al portavoz del PSOE en el Congreso en materia de Energía, José Segura Clavell, en la que interrogaba al Ejecutivo sobre si pensaba rebajar las medidas técnicas para que Garoña continuara funcionando más allá de este verano.
En ella, el Ejecutivo recordó también que no está habilitado para llevar a cabo esta actuación, dado que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, y es independiente del Gobierno.
De hecho, en otra respuesta parlamentaria al diputado de IU Gaspar Llamazares, sobre las previsiones de cierre de la central, el Ejecutivo recordó las órdenes por las que se acuerda para la citada fecha el cese definitivo de la explotación de esta instalación atómica.
Con ello, rememoró que, con anterioridad al 6 de septiembre de 2012, Nuclenor, empresa titular de esta central, podía solicitar al Ministerio de Industria una renovación de la autorización de explotación por un nuevo periodo no superior a seis años, que finalmente declinó.
«Dado que, pasada dicha fecha, Nuclenor no ha presentado la solicitud de renovación prevista, esta central nuclear cuenta con una autorización de explotación hasta el 6 de julio de 2013, debiendo de cumplir, tanto en el periodo que resta de funcionamiento, como en el posterior proceso de cierre y desmantelamiento de la central, los requisitos de seguridad que le sean impuestos por parte del CSN», añadió el Gobierno.
Por lo que se refiere al resto del parque nuclear, el Gobierno consideró que, en las circunstancias económicas actuales y teniendo en cuenta que España es uno de las Estados miembros de la Unión Europea con una mayor dependencia energética del exterior, no se puede infrautilizar ninguna de las fuentes energéticas disponibles.
Por ello, sostuvo que, mientras las nucleares que actualmente están en funcionamiento en España cumplan con los requisitos que en materia de seguridad les sean impuestos por el órgano regulador y sus titulares consideren de interés su explotación, éstas deben seguir contribuyendo a la seguridad del suministro energético español, la optimización de los costes energéticos y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.
Garoña reduce 10% de importaciones energéticas de España
Según el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, el funcionamiento de la central de Garoña reduce las importaciones energéticas de España en un 10%, puesto que disminuye las importaciones energéticas en unos 5.600.000 barriles de petróleo equivalente/año, y representa un ahorro en emisiones de 3.700.000 toneladas de CO2 si toda su energía se sustituyera por ciclos combinados, pero sería más del doble, si se reemplazara por centrales térmicas de carbón.
La Comisión de Energía de la agrupación destacó que si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «la considera segura», Garoña «presenta evidentes ventajas socioeconómicas y ambientales».
La central de Garoña «representa un activo tecnológico desde el punto de vista industrial muy difícil de sustituir», añadió el Colegio de Ingenieros, en la que destacó que, según las pruebas de control del CSN , la planta «es segura y mantiene sus indicadores de operación entre los mejores del parque nuclear».
En paro técnico de funcionamiento, Garoña cerrará definitivamente en julio, tras el anuncio de sus operadores, Iberdrola y Endesa, de que las nuevas tasas e impuestos a los residuos nucleares hacían su gestión inviable.
«La situación actual se resume en que los propietarios no están dispuestos a continuar con la operación si no se les disminuye el impacto de los nuevos (…) y el Gobierno mantiene la postura de que para poder controlar el déficit de tarifa resulta imprescindible mantener la normativa fiscal», señala el comunicado.
Los ingenieros propusieron resolver «el punto muerto» con un plazo de licencia superior, como el de 20 años otorgado a sus centrales homólogas en Estados Unidos.
Así, dijeron, disminuirían los costes de capital derivados de los requisitos de seguridad del CSN para el nuevo plazo de operación y también los de amortización de los 153 millones de euros asociados a la tasa de combustible nuclear.
