Se trata del tercer almacén nuclear de estas características que existe en España, después de los puestos en marcha en Trillo y Zorita (Guadalajara), y permite a Ascó disponer de una capacidad adicional de almacenaje de residuos, dado que sus dos piscinas estaban próximas a llegar al límite de capacidad-

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) había dado su visto bueno a principios de abril para la inauguración del ATI de Ascó, después de que la central completara los trabajos de construcción del emplazamiento a mediados de febrero, un proyecto elaborado junto a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

El ATI de Ascó tiene un espacio útil aproximado de 20.000 metros cuadrados, está formado por dos losas sísmicas de hormigón de 40 metros de longitud, 11 de ancho y 60 centímetros de profundidad sobre las que se pueden ubicar hasta 32 módulos de almacenamiento, cada uno con capacidad para 32 elementos combustibles irradiados.

El sistema elegido, denominado Hi-Storm 100, está compuesto por una cápsula metálica, un contenedor de transferencia y el propio módulo externo que conforma una barrera estructural y radiológica, ya que los contenedores quedan instalados al aire libre.

Los técnicos seleccionaron los elementos irradiados a transferir y los cargaron en el interior de la piscina, antes de soldar la tapa de la cápsula metálica y llenarla con gas helio para asegurar una transferencia de calor adecuada durante el almacenamiento, en un proceso que concluyó con el traslado con un vehículo oruga por unos viales construidos para la ocasión.

La carga de los dos primeros contenedores ha coincidido en el tiempo con la recarga de combustible de Ascó II, que finalizó el jueves, lo que ha llevado al director de la central, Manel Campoy, a subrayar el «gran esfuerzo de planificación y trabajo en equipo realizado».

Anav tramitó la petición para construir el ATI en enero de 2010 y empezó las obras en octubre de dicho año, ante la imposibilidad de que se finalizara a tiempo el almacén temporal centralizado (ATC), y que será edificado finalmente en Villar de Cañas (Cuenca), si bien Ascó se presentó como candidato a acogerlo.

El silo nuclear de Villar de Cañas concentrará todos los residuos generados en España, también los procedentes de la clausurada Vandellòs I y que actualmente guarda Francia, pero hasta que ello suceda Ascó requería de un ATI para seguir operando.

Ascó I traslada combustible radiactivo gastado al almacén temporal individual

La central nuclear de Ascó I ya ha trasladado el combustible radiactivo gastado al almacén temporal individualizado (ATI), que consta de dos contenedores, informa la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), titular de la planta.

El combustible gastado de la unidad 1 de Ascó 1 ya está preservado en el ATI tras una maniobra de carga y traslado desde la piscina de combustible y colocación en el ATI de dos contenedores con capacidad para 32 elementos irradiados cada uno.

El combustible se almacena en seco, en una atmósfera de gas inerte, en contenedores diseñados para ello y es el tercer ATI que entra en servicio en España, tras la puesta en marcha de las centrales de Trillo y Zorita, ahora en desmantelamiento.

El nuevo ATI dispone de un espacio útil aproximado de 20.000 metros cuadrados, está formado por dos losas sísmicas sobre las que se pueden depositar hasta 32 módulos de almacenamiento y cada uno módulo albergará un máximo de 32 elementos.

Estas losas son estructuras de hormigón armado, diseñadas a prueba de sismos, con unas dimensiones de más de 40 x 20 metros y 61 centímetros de grosor y fue el mismo que se usó en la central de José Cabrera (Zorita).

El ATI es un Hi-Storm 100, formado por una cápsula metálica en la que se alojan los 32 elementos de combustible (MPC), el contenedor de transferencia (HiTrac), que se utiliza para la carga y traslado de la MPC desde la piscina hasta el módulo de almacenamiento, y el propio módulo.

El ATI dispone de un foso de transferencia, diseñado para resistir sismos, con dimensiones de 5 x 5 metros y su función es servir de medio para la futura transferencia de la MPC del módulo de almacenamiento Hi-Storm a un contenedor de transporte si hay que trasladar el combustible.

Para transferir la cápsula MPC al interior del módulo de almacenamiento Hi-Storm que se traslada al ATI se ha usado un vehículo oruga de grandes dimensiones y para ello se ha habilitado un vial de características especiales desde los edificios de combustible de los grupos I y II hasta el ATI.

La carga de estos dos primeros contenedores ha coincidido temporalmente con la 21 recarga de combustible de la central nuclear de Ascó II.

En el texto de su voto particular, registrado en el CSN este lunes a raíz del informe favorable que el organismo emitió el viernes pasado respecto a la solicitud de Nuclenor a Industria para tener un año más de plazo en el que pueda pedir la renovación de su licencia, que expira el 6 de julio próximo, Narbona criticó la presión y la urgencia a las que se sometió al CSN.

Así, en el voto particular, la consejera y ex ministra de Medio Ambiente recordó que la solicitud de renovación debe presentarse un año antes del vencimiento del periodo de validez y que, en el caso de Garoña se dispuso que la fecha límite para este trámite fuera el 6 de septiembre de 2012. A su juicio, esta fecha ya implicaba «un inusual periodo de tiempo menor que el año normalmente requerido por el CSN» para este supuesto. En ese sentido, recordó que Nuclenor no presentó en ese plazo solicitud alguna, por lo que ya expiró su plazo legal para solicitarla.

Al mismo tiempo, subrayó que cuando se votó la solicitud del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para que se pronunciara sobre la petición de Nuclenor, el CSN ya tenía redactado el informe relativo a la declaración del cese de explotación de la central e iba a ser remitido de forma inminente al Ministerio.

De este modo, Narbona argumentó que la petición de Nuclenor imposibilita al CSN a cumplir los plazos y procedimientos de buenas prácticas aplicadas y desarrolladas por el organismo regulador durante los últimos años.

Por otro lado, criticó que ni el Ministerio ni tampoco el titular de la planta atómica justificaron con precisión la finalidad concreta de esta solicitud, ya que no se solicita para cumplir con el objetivo de la central, que es producir energía eléctrica de manera segura y consideró que esto se debe al «único fin de ganar tiempo» para poder preparar otra renovación de licencia.

«El CSN, como consecuencia, ha recibido una inédita solicitud de autorización de explotación de una central para que esté en situación de parada y por el periodo de un año», lamentó.

En este contexto, denunció que la petición del Ministerio, en los términos en que se formuló y en los tiempos que se cursó, obligó a someter al cuerpo técnico del CSN a una «presión inaceptable». De hecho, se celebraron cuatro reuniones del pleno en una semana para analizar la prolija documentación e informes técnicos y jurídicos requeridos «con urgencia», algo que Narbona consideró «del todo injustificado».

En definitiva, la consejera subrayó que «no comparte» el informe favorable aprobado puesto que, en su opinión, el CSN no debe en ningún caso ser «instrumentalizado por el Gobierno para alcanzar objetivos que son consecuencia de una negociación» en curso entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y diferentes empresas del sector público. «Esta evidencia atenta contra la independencia del organismo regulador, cuya única misión es la de garantizar la seguridad nuclear y la radiológica, de acuerdo con la normativa vigente y las buenas prácticas», añadió.

Al mismo tiempo, estimó que la decisión adoptada supone reducir al mínimo los plazos y las condiciones de revisión, evaluación e inspección del CSN para examinar las solicitudes de renovación de autorizaciones de explotación.

Asimismo, acusó al Gobierno de que la decisión adoptada, por tres votos a favor y dos en contra, establece «un proceso inédito y ad hoc, para ampliar la operación de una central, no para generar electricidad» ya que se mantendrá en parada fría durante un año con el objetivo de facilitar una alternativa legal para que el titular pueda presentar, más adelante, una solicitud de renovación de la autorización de explotación hasta 2019″.

Por ello, lamentó que la decisión del pleno sienta un precedente que genera incertidumbre sobre la aplicación en el futuro de criterios y de buenas prácticas en próximas solicitudes de renovación de autorizaciones de explotación de reactores nucleares.

Narbona recordó también que los procesos y procedimientos ya establecidos y practicados para las renovaciones de licencia en las centrales nucleares son «inherentes y co-sustanciales a las garantías de seguridad, ya que la seguridad requiere de una visión integral e integrada de la misma.

Finalmente, manifestó que aún no se han implantado las mejoras emanadas a raíz de las pruebas de resistencia practicadas a las centrales nucleares tras el accidente de Fukushima (Japón) y que sigue pendiente la ampliación de estudios e inspecciones a la vasija de Garoña, tras detectarse en julio de 2012 defectos «aparentemente similares» a los identificados en la central nuclear belga de Döel 3.

«El PSOE y el PNV tomaron decisiones para que Garoña siga abierta»

Por su parte, y tras la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear de prorrogar la actividad de Garoña, el portavoz del PP de Álava, Carmelo Barrio, afirmó que el PSOE y el PNV tomaron las decisiones oportunas para que la central nuclear, ubicada a 45 kilómetros de Vitoria, siga funcionando en la actualidad.

El portavoz del PP alavés dijo que la posición de su partido se va a basar en las razones «técnicas» y se mostró seguro de que ninguna administración va a tomar decisiones sobre el futuro de esta central «en contra de esos criterio técnicos».

Tras recordar que Garoña es una central de características similares a otras a las que se prorrogó su vida útil hasta los sesenta años, Barrio arremetió contra el PSOE y el PNV por su postura actual cuando tomaron decisiones, dijo, que permitieron que siga abierta.

Recordó que fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que en 2009 pudo decidir el cierre de Garoña y aprobó su prórroga de explotación y ahora los socialistas se colocan «en la pancarta con un planteamiento simplista de cara a la galería».

Del PNV afirmó que mantiene esa misma postura «buenista sustentada en la falsedad» y se preguntó si hay un PNV político, que critica a la central, y otro económico, que apoya su funcionamiento.

En este sentido, explicó que el PNV gobernó la BBK, accionista de Iberdrola, eléctrica que, a su vez, es propietaria, junto con Endesa, de Nuclenor, dueña de Garoña y que en los ámbitos económicos en los que tuvo oportunidad no adoptó ninguna decisión favorable al cierre de la central.

Apoyó la posición del diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), de pedir información al Gobierno de España sobre las razones que llevaron al CSN a otorgar un plazo de un año para que se pueda replantear el permiso de explotación y se mostró seguro de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dará esas explicaciones.

El PSE pedirá a Urkullu «un papel activo a favor del cierre»

El PSE pedirá en el Parlamento vasco que el lehendakari, Iñigo Urkullu, asuma «un papel institucional activo a favor del cierre» de la central nuclear de Santa María de Garoña. Además, llevará al próximo pleno una moción «para que toda la Cámara pueda pronunciarse» sobre la posible continuidad de la central.

En un artículo colgado en su blog, Txarli Prieto se mostró convencido de que «el cierre o no» de la central burgalesa «ya no es consecuencia de la finalización de su vida útil de explotación más la prórroga de dos años» ni de «una opción energética», como tampoco de «una necesidad de garantizar el suministro energético para la población».

«Tampoco es consecuencia de una decisión sobre la situación de su seguridad. La decisión del Gobierno socialista anterior de cerrar en 2013, y la de éste de continuar de momento hasta 2014 tiene otra clave«, advirtió.

Para el dirigente socialista, la decisión de Nuclenor de solicitar el mantenimiento de su explotación «se reduce a las expectativas de lucro que hace meses creyeron no tener y hoy acarician recuperar». Además, cree que «el escándalo se multiplica cuando el Gobierno de España del Partido Popular se apresura de forma irresponsable a alentar esta pretensión de Nuclenor».

«Obviamente no estamos ante un concurso de coincidencias entre Nuclenor y el Gobierno. Aquí hay una expectativa de negocio propiciada por el Gobierno Rajoy, mediante una necesaria promesa de revisar y cambiar la política fiscal prevista para las centrales nucleares, que en su día le llevó a decir a Nuclenor que no a la central por su aparente escasa rentabilidad, y que hoy vuelve a tener expectativa de lucro», aseguró.

En su opinión, «el escándalo se multiplica» al conocerse que a los técnicos que estaban trabajando «en el cierre, desmantelamiento y tratamiento de los residuos radioactivos», se les pidió un pronunciamiento sobre su continuidad «por sorpresa, de manera premeditadamente precipitada, sin tiempo y sin medios para hacerlo».

Por otro lado, destacó el «espectáculo» del Consejo de Seguridad Nuclear, «totalmente dividido», al convocar «aceleradamente reunión tras reunión, presionado por el Gobierno y las eléctricas», para pronunciarse sobre «este más que temerario cambio político del Gobierno de España y de Nuclenor». «Es un reflejo clave de improvisación, inseguridad e insensatez a raudales», manifestó.

En opinión de Prieto, «el escándalo se sigue multiplicando cuando todo se hace con ocultación a la sociedad vasca, a sus instituciones, a sus intereses, de espaldas a las instituciones alavesas y a toda su ciudadanía». «Porque prefiero pensar que ni el alcalde de Vitoria y parlamentario, ni el diputado general de Álava, están al tanto de esto, que Rajoy no ha contado con ellos».

En opinión del dirigente del PSE de Álava, la «insensible e insensata propuesta al alimón del Gobierno Rajoy y de Nuclenor merece respuesta, un rechazo unitario a esta barbaridad, a este riesgo, de quedar atrapados por una central nuclear caducada, que tiene todos los procedimientos y requisitos para ser cerrada» y adelantó que los socialistas están «trabajando para que se dé» mediante su oposición a la nueva prórroga de Garoña en el CSN.

«La seguridad frente a los riesgos radioactivos y las opciones energéticas alternativas, limpias, de Álava y de Euskadi, no pueden quedar a merced de los beneficios económicos de Nuclenor», reprochó antes de anunciar que el PSE participará «en los actos que sean necesarios hasta conseguir su cierre».

En un desayuno informativo en Burgos, dentro del ciclo «Los encuentros de Radio Televisión Española de Castilla y León«, el ministro detalló que en la revisión sólo se contemplarán los cambios de reparto del mix energético tanto de régimen general como especial, pero insistió en que en este momento no se va a revisar la duración de la viuda útil de las nucleares.

Para Soria, es «una prioridad que continúe la actividad de la central nuclear de Garoña», en Burgos, que es «una cuestión en trámite», tras la solicitud de la propietaria, Nuclenor, para poder mantener la planta un año más y de la que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear decidió, por tres votos a favor y dos en contra, informar favorablemente, aunque deberá permanecer en parada segura y sin combustible en el reactor.

En este sentido, aseguró que el Gobierno está «convencido» de que Garoña «no va a cerrar» y «tiene indicios» de que va a ser así, por lo que en este momento no se plantea una mayor inversión del Plan Reindus para la reindustrialización de la zona de influencia de la central burgalesa.

Soria afirmó además que el Ministerio de Industria y el Gobierno «no van a modificar» la carga impositiva, que sirvió a Nuclenor como argumento para detener la actividad de Garoña en diciembre de 2012, «porque aunque no gustaron a las empresas del sector, son impuestos necesarios».

Sin embargo, dejó abierta la puerta a que el Ministerio de Hacienda pueda «interpretar» el texto legal que fija esos impuestos.

Precisamente Nuclenor, propiedad de Endesa e Iberdrola, se encuentra a la espera de la respuesta a una consulta que elevó a la dirección general de Tributos del Ministerio de Hacienda hace varios meses para saber si podía «estar exenta o ser objeto de reducción» de alguno o varios de los nuevos impuestos fijados por el gobierno a finales de 2012.

El ministro desveló que la Secretaría de Estado de Energía se encuentra realizando un análisis «exhaustivo» del informe que emitió CSN ante la petición planteada por Nuclenor.

Ese informe, según Soria, servirá para determinar la postura del Gobierno, que «respetará lo que diga el CSN porque no tiene prejuicios a favor ni en contra de Garoña ni de la energía nuclear».

En este sentido, aclaró que si del informe se deduce que Garoña cumple las condiciones medioambientales y de seguridad necesarias, el Gobierno autorizará su petición, «no solo por el mix energético sino por lo que supone para la economía, el empleo en su entorno y desde el punto de vista energético».

Soria concluyó que el sistema energético español «no puede permitirse el lujo» de prescindir de energía nuclear ya instalada y con una larga fase de amortización, siempre que se respeten las condiciones de seguridad.

Castilla y León cree que el cierre supondría «una gran pérdida»

Por su parte, el consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, se felicitó por la «noticia positiva» que supone el informe del CSN en el que se aboga por ampliar el plazo para que Nuclenor pueda solicitar la prórroga de la actividad de la central, y subrayó que su cierre sería «una gran pérdida para Castilla y León».

Villanueva puso «entre comillas» el apelativo de «positivo» porque «lo importante es que el Consejo de Ministros decida ampliar dicho plazo», puesto que el informe del CSN no es vinculante, y advirtió de que prescindir de los 500 megavátios que puede generar esta planta «en condiciones normales» es «un lujo» que «el país no se puede permitir».

«Necesitamos una buena política energética para abaratar costes», insistió el consejero, quien recordó que Castilla y León «no debe perder su capacidad de producción energética».

En cuanto al impuesto propuesto por el Gobierno para gravar la producción de electricidad a partir de energía nuclear y que llevó a Nuclenor a no solicitar inicialmente la prórroga de su actividad, Villanueva puntualizó que esta decisión depende de «muchas circunstancias», pero apuntó que «si la empresa pide la ampliación del plazo» es porque «quizá vea posibilidades de seguir con la central».

El CSN emitió una «decisión favorable» a la petición que le trasladó el Ministerio de Industria para que, antes del 1 de junio de 2013, se modificara dicha orden ministerial, tras la solicitud de Nuclenor, la propietaria de Garoña. En ella, se solicita un nuevo plazo de un año para poder pedir la prórroga de la actividad en la planta más allá del 6 de julio, que es cuando finaliza el permiso vigente.

Las deliberaciones comenzaron este lunes en una reunión convocada con carácter de urgencia. Ese día, los miembros del Pleno estimaron necesario pedir al CSN más informes técnicos y, al no llegar a una decisión, la reunión se aplazó al miércoles. Entonces, los consejeros solicitaron más informes internos y la reunión terminó sin llegar a una conclusión, por lo que la cita se aplazó al jueves por la tarde. De nuevo, y sin un acuerdo definitivo, los consejeros decidieron reunirse este viernes por la mañana.

En esta reunión, el Pleno del CSN acordó esta decisión por tres votos a favor y dos en contra. El Pleno está formado actualmente, tras su reciente renovación, por los consejeros Fernando Martí (presidente), Fernando Castelló (ambos del PP), Rosario Velasco (vicepresidenta), Cristina Narbona (ambas del PSOE) y Antoni Gurguí (CiU).

En su comunicación, el organismo nuclear remarcó que la central debe permanecer en «situación de parada segura y sin combustible en el reactor».

En esta línea, el CSN sostuvo que, «para reforzar, en su caso, la seguridad de la planta», ha «impuesto la condición de que el titular no pueda introducir combustible en el reactor, sin la autorización previa del CSN», si se modificase la orden ministerial que autoriza la producción en Garoña, refiriéndose a la Orden Ministerial IET/1453/2012, de 29 de junio.

El CSN manifestó que la decisión adoptada se apoya en los informes técnicos y jurídicos, solicitados para la ocasión así como en el resultado de las evaluaciones realizadas a principios de 2013, como consecuencia de la decisión de Nuclenor de parar la central y almacenar todo el combustible irradiado en su piscina.

En la decisión final adoptada, aseguraron que se tuvieron en cuenta igualmente las condiciones de seguridad analizadas por los técnicos del Consejo para informar, al Ministerio, al respecto de las condiciones asociadas a la declaración de cese definitivo de la explotación, dado que esta es la «única situación objeto de trámite administrativo» pedida por el titular de la central «en el momento actual».

El Consejo aprovechó la revisión de Garoña y advirtió que, «para poder realizar una hipotética carga del combustible» se le exigiría una serie de cambios que pasan por las » modificaciones de diseño requeridas y establecidas en anteriores informes del CSN e instrucciones técnicas complementarias, relacionados con los programas de mejora, relativos al diseño, instalación y puesta en servicio de un nuevo sistema de tratamiento de gases de reserva, las modificaciones sobre el aislamiento de la contención y sus pruebas de fugas, las modificaciones sobre la independencia de los sistemas eléctricos y las modificaciones sobre protección contra incendios.

También que se mantenga el programa de inversiones y modificaciones de diseño asociadas a las mejoras a implantar derivadas de las lecciones aprendidas del accidente de la central nuclear Fukushima, recogidas en el informe de las pruebas de resistencia e instrucciones técnicas complementarias del CSN.

Y que se efectúe la inspección de la vasija, que permita descartar la aplicabilidad del suceso, acontecido en junio de 2012, de detección de defectos en la vasija de la central nuclear belga de Döel 3, similar a Garoña.

Aún más, se deberá llevar a cabo un programa de inspección de los manguitos de las penetraciones de los mecanismos de accionamiento de las barras de control, de las soldaduras de la vasija, y en general de todos los componentes internos sometidos a la inspección de servicio.

Los informes que emite el CSN son preceptivos, en el caso de ser positivos, por lo que ahora está en manos del Gobierno acceder o no a la petición. Si el Pleno hubiera emitido un informe desfavorable, la decisión, además de preceptiva, tendría un carácter vinculante, por lo que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo tendría que haber denegado la solicitud de Nuclenor.

Ahora, la decisión está en manos del departamento de dirige José Manuel Soria, quien reiteró en varias ocasiones que el Gobierno es «partidario» de que la planta burgalesa siga operando siempre y cuando cumpla todos los requerimientos de seguridad que dicta el regulador. Además, manifestó que el Ejecutivo no desprecia ninguna tecnología y ninguna fuente de energía en mix y que, por ello, si el CSN es favorable a la solicitud planteada, el Gobierno también lo será.

Nuclenor, empresa participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, sostiene que está a la espera de un informe de la Dirección General de Tributos sobre la retroactividad de los impuestos del sector energético.

Cuando Nuclenor comunicó su decisión de cese definitivo de la actividad de Garoña en diciembre de 2012, ya indicó que éste quedaba supeditado a dicho informe porque entiende que determinará si es viable o no la continuidad de la planta, tras la entrada en vigor de los nuevos impuestos del sector energético.

En su consulta, Nuclenor cuestionaba a Hacienda si el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos tiene o no carácter retroactivo.

Fuentes empresariales consultadas apuntaron que esta solicitud de prórroga no altera la decisión de cese de actividad pero que, de no pedirla, Garoña estaría en una «situación irreversible» si el informe sale después del 6 de julio. Se trata de un «paso adelante para intentar salvar Garoña «, sostienen de la empresa propietaria.