Las Juntas Generales de Álava exigen al Gobierno que cierre Garoña el próximo 6 de julio

Esta resolución fue presentada como una enmienda transaccional del PNV, PSE-EE y EB, a las respectivas iniciativas de estos grupos, que contó con el apoyo además de Bildu y la única oposición del PP.

El texto aprobado denunció y reprobó la «irresponsable actitud del Gobierno español al plegarse» a las presiones e intereses de las eléctricas propietarias de la central, Iberdrola y Endesa, para acceder a tramitar una petición de prórroga de un año, «por encima de la orden de cierre definitivo» fijado para dentro de un mes.

«Esta oscura maniobra del Gobierno español supone una ofensa a las reiteradas exigencias de la sociedad alavesa en pos del cierre definitivo de Garoña, así como una falta de respeto a todas las instituciones alavesas que durante décadas exigieron su clausura», añadió el texto.

Por ello, las Juntas Generales de Álava exigen a la Diputación Foral, gobernada por el PP, que «repruebe de forma oficial las decisiones del Gobierno español tendentes a la prórroga» de la central que, además, supondría un «grave riesgo» para la provincia y, en especial, para los pueblos más cercanos, ya que pese a estar ubicada en Burgos se encuentra a unos 60 kilómetros de Vitoria.

La Cámara reclamó a la Diputación una «implicación absoluta y efectiva en defensa de los intereses de Álava frente a quienes ponen en peligro» su futuro y exigieron al diputado general, Javier de Andrés, que haga las gestiones necesarias para que comparezca en esta institución el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y «escuche a la mayoría social» del territorio.

Por último, todos los grupos de la oposición mostraron su reconocimiento a las personas, agentes sociales y entidades locales que a lo largo de los últimos años trabajaron por el cierre de la central nuclear de Garoña, con los que se comprometen a trabajar conjuntamente para lograr su cierre «definitivo e irreversible».

Un «plan de acoso al Gobierno y descrédito al PP»

Por su parte, el diputado general de Álava, Javier de Andrés, acusó a la oposición foral de plantear un «plan político de acoso al Gobierno central y de descrédito al PP» con su iniciativa sobre el cierre de la central de Garoña, y advirtió de que su gobierno no va a liderar este plan porque «no es democrático».

De Andrés dijo que «no se puede esperar que un gobierno como el mío lidere un plan de acoso al gobierno de España, sea o no de mi partido porque no es democrático», insistió.

Tras reconocer que la oposición quiera «castigar al gobierno foral y crear un clima en contra del PP», advirtió de que «no va a renunciar a su opinión para defender a la de la oposición».

Asimismo, informó de que la Diputación está haciendo «gestiones» para que Soria dé una explicación en Vitoria o Álava sobre la situación en la que se encuentra Garoña y cuál va a ser su futuro. Sin embargo, rechazó la petición de la oposición solicitando su comparecencia ante las Juntas Generales de Álava porque, «donde debe dar cuenta, es en el Congreso y en el Senado».

«El ministro no da cuenta solo al territorio de Álava, Burgos o Cantabria, sino que debe responder a las materias que interesan al conjunto de España», defendió antes de considerar «importante» que acuda a Álava para informar sobre el futuro de Garoña.

El 62% de vascos apoya el cierre de la central nuclear de Garoña

El 62% de los vascos está a favor del cierre de la central nuclear de Garoña, mientras que un 20% preferiría que siguiese funcionando, según un estudio elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco, con información recogida en mayo.

El 67% de la sociedad vasca considera que, entre los diferentes tipos de energía, los que se deberían potenciar son la energía solar, la energía eólica y la energía hidráulica.

Respecto a la energía nuclear, un 53% opina que sus riesgos son mayores de lo que se dicen, el 22% que son tal y como se describen, el 14% menores de lo que se dicen y el 12% no sabe o no contesta.

En concreto, sobre la central nuclear de Garoña, la postura mayoritaria (62%) es a favor de su cierre, un 20% preferiría que siguiese funcionando y un 19% no sabe o no contesta. El problema del agotamiento de los combustibles fósiles es considerado muy grave por un 23% y grave por un 51%.

A la hora de afrontar esta cuestión, el 60% se muestra a favor de buscar otras fuentes de energía alternativas para mantener el consumo y modo de vida actual, y un 32%, por el contrario, considera que habría que cambiar el modo de vida y reducir el consumo. Por otra parte, 7 de cada 10 piensa que en un futuro los vehículos utilizarán un tipo de energía más eficiente que la gasolina o diesel.

La vicepresidenta del CSN se muestra receptiva a valorar la posible continuidad de Garoña

Así lo sostuvo la consejera Velasco (PSOE) en un escrito de explicación del voto negativo que emitió el pasado día 24 en relación con la petición de Industria de analizar la solicitud de Nuclenor (propietaria de Garoña) de una nueva fecha para poder considerar la prórroga de su vida útil, que expira el próximo 6 de julio.

Después de cuatro reuniones plenarias, el CSN dio su visto bueno a dicha demanda por tres votos a favor y dos en contra, el de la propia Velasco y el de la consejera Cristina Narbona (PSOE).

En el escrito, Velasco señaló que dadas las «incertidumbres persistentes» sobre el horizonte temporal de Garoña y, sobre todo, debido a que no se comunicaron los planes a medio o largo plazo de Nuclenor, su voto se emite sobre «una base de prudencia».

Pues, prosiguió, «no está justificado permitir excepciones al marco reglamentario y al proceso de autorizaciones establecido sin conocer con precisión los objetivos que se persiguen».

A continuación, la vicepresidenta del CSN afirmó que su posición «ha sido y seguirá siendo receptiva a valorar cualquier opción que pueda permitir la continuación» de Garoña, siempre que haya garantías de que su operación se mantenga en condiciones seguras, y el proceso de autorización se desarrolle dentro de los condicionantes y plazos que establece el marco jurídico y reglamentario.

Por su parte, el consejero Fernando Castelló (PP), que votó a favor de la petición de Nuclenor, detalló en su explicación de voto que el cometido del CSN en este tema se limitó a evaluar si la modificación de la fecha solicitada por Nuclenor afectaba a la seguridad de la nuclear burgalesa.

Y, «en ningún caso», el CSN debía considerar o sustentar su decisión sobre «juicios de valor, el análisis de posibles hipótesis de futuro, imaginables intenciones del titular o supuestas consideraciones políticas».

Según el consejero, la situación que motivó su escrito es «sin duda» excepcional, «derivada de circunstancias extraordinarias que se vienen produciendo desde hace tiempo (2009), durante el que decisiones políticas, cambios regulatorios y decisiones empresariales, en su totalidad cuestiones ajenas al CSN, han devenido en un contexto poco favorable para que su actuación se pudiera aislar absolutamente de todo ello».

A pesar de ello, añadió Castelló, el Consejo siempre realizó su misión de manera independiente y «sin presiones externas.

La vicepresidenta del CSN se muestra receptiva a valorar la posible continuidad de Garoña

Así lo sostuvo la consejera Velasco (PSOE) en un escrito de explicación del voto negativo que emitió el pasado día 24 en relación con la petición de Industria de analizar la solicitud de Nuclenor (propietaria de Garoña) de una nueva fecha para poder considerar la prórroga de su vida útil, que expira el próximo 6 de julio.

Después de cuatro reuniones plenarias, el CSN dio su visto bueno a dicha demanda por tres votos a favor y dos en contra, el de la propia Velasco y el de la consejera Cristina Narbona (PSOE).

En el escrito, Velasco señaló que dadas las «incertidumbres persistentes» sobre el horizonte temporal de Garoña y, sobre todo, debido a que no se comunicaron los planes a medio o largo plazo de Nuclenor, su voto se emite sobre «una base de prudencia».

Pues, prosiguió, «no está justificado permitir excepciones al marco reglamentario y al proceso de autorizaciones establecido sin conocer con precisión los objetivos que se persiguen».

A continuación, la vicepresidenta del CSN afirmó que su posición «ha sido y seguirá siendo receptiva a valorar cualquier opción que pueda permitir la continuación» de Garoña, siempre que haya garantías de que su operación se mantenga en condiciones seguras, y el proceso de autorización se desarrolle dentro de los condicionantes y plazos que establece el marco jurídico y reglamentario.

Por su parte, el consejero Fernando Castelló (PP), que votó a favor de la petición de Nuclenor, detalló en su explicación de voto que el cometido del CSN en este tema se limitó a evaluar si la modificación de la fecha solicitada por Nuclenor afectaba a la seguridad de la nuclear burgalesa.

Y, «en ningún caso», el CSN debía considerar o sustentar su decisión sobre «juicios de valor, el análisis de posibles hipótesis de futuro, imaginables intenciones del titular o supuestas consideraciones políticas».

Según el consejero, la situación que motivó su escrito es «sin duda» excepcional, «derivada de circunstancias extraordinarias que se vienen produciendo desde hace tiempo (2009), durante el que decisiones políticas, cambios regulatorios y decisiones empresariales, en su totalidad cuestiones ajenas al CSN, han devenido en un contexto poco favorable para que su actuación se pudiera aislar absolutamente de todo ello».

A pesar de ello, añadió Castelló, el Consejo siempre realizó su misión de manera independiente y «sin presiones externas.

Industria cree que las críticas de Narbona sobre Garoña son «cuestiones internas» del CSN

El ministro remarcó que el Gobierno «va a seguir manteniendo la posición que ha venido mantenido desde el inicio de la legislatura» sobre la planta nuclear, y «siempre» que el CSN determine que cumple las condiciones de seguridad para que pueda continuar operando, «el Gobierno no se va a oponer».

Soria fue preguntado por las palabras de Narbona, en las que denunciaba presiones del Ministerio para que el CSN concediera, como finalmente ha hecho, un año más a la propietaria de Garoña, Nuclenor (Iberdrola y Endesa), para que decida el futuro de la central.

El informe favorable que emitió el CSN el pasado viernes, con tres votos favorables y dos en contra, es lo que «en estos momentos» se está analizando, dijo el ministro. «Yo no me voy a meter en cuestiones internas de un órgano absolutamente independiente», apostilló.

El pasado viernes, el pleno del CSN concedió por mayoría -tres votos a favor y dos en contra- un nuevo plazo a la propietaria de Garoña (Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa) para poder considerar una nueva renovación de su licencia de explotación, que expira el próximo 6 de julio.

A favor se pronunciaron el presidente del CSN, Fernando Martí, y los consejeros Fernando Castelló (PP) y Antonio Gurguí (CiU), y en contra las consejeras Cristina Narbona y Rosario Velasco (PSOE).

Posteriormente, Narbona denunció presiones «inadmisibles» e «intolerables» al CSN y «la urgencia» para dar continuidad a Garoña, y Gurguí afirmó que no le había gustado «el fregado» en el que algunos habían metido al Consejo, intentando «endosarle» una decisión que no le corresponde.

Garoña es un «activo energético esencial»

Asimismo, el ministro de Industria, Energía y Turismo destacó que el Gobierno considera la central nuclear de Santa María de Garoña un «activo energético esencial» y afirmó que la energía nuclear tiene un «peso importante» en el mix energético español.

Soria señaló que el Ejecutivo «no tiene ningún tipo de prejuicio ni a favor ni en contra» de la energía nuclear y remarcó que en España la nuclear es «una más» de las energías del mix, a través de los ocho reactores que están en activo.

El titular de Industria apostó por el mantenimiento del parque nuclear español «siempre» que se respeten las normativas medioambiental y de seguridad requeridas por la Unión Europea, España y el CSN.

En concreto, sobre la central de Garoña, que actualmente está en parada y recibió un año más de plazo por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para decidir su futuro, el ministro la consideró como un «activo energético esencial» y remarcó que, por ello, el Gobierno ha puesto «desde el principio» todos los medios legislativos necesarios para que operara dentro de las condiciones de seguridad.

En este sentido, señaló que la decisión de operar o no «quien debe hacerla es el operador, que ya lo ha hecho» y quien debe informar sobre la situación de la planta es el CSN».

El ministro de Industria, Energía y Turismo también habló de la importancia del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y reconoció que el trabajo «ya lo teníamos hecho y sólo faltaba la decisión final» del emplazamiento. En cuanto a la elección del municipio de Villar de Cañas (Cuenca), manifestó que fue una «decisión que fue facilitada desde el principio por la presidenta de Castilla-La Mancha».

Los municipios en zonas nucleares confían en la seguridad de la central si el CSN lo ha acreditado

La Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC) ha mostrado su «confianza» en la decisión que ha tomado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ha dicho que es favorable a que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pueda conceder un año de prórroga a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en el que esta no generará electricidad y durante el cual valorarán si piden la renovación de su licencia de explotación.

Así, el gerente de AMAC, Mariano Vila D’Adabal ha dicho que el CSN es el «garante de la seguridad» y que, pese a la polémica suscitada en torno a su decisión sobre la solicitud de Nuclenor (titular de Garoña) al Ministerio, «mucho tendrían que cambiar las cosas para que no confiáramos en este organismo».

«Si el CSN dice que Garoña puede continuar, confiamos en su decisión. Además, ya criticamos en 2008 la decisión del Gobierno de cerrar la planta en julio de 2013, en contra del informe del regulador, que se mostró favorable a que continuara hasta 2019«, ha manifestado.

A su juicio, esta valoración del CSN «abre la esperanza» a la zona del valle de Tobalina y ha reiterado que, desde el punto de vista de la seguridad en la zona, lo que preocupa a AMAC es que la planta lo sea. Por ello, considera que Garoña será «tan segura el 5 de julio como el 7 de julio (su licencia actual expira el 6 de julio próximo), y más aún si está parada».

Sin embargo, Vila D’Adabal ha eludido hacer comentarios sobre las «posibles tensiones que haya habido» en el seno del Consejo de Seguridad Nuclear o bien con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre el procedimiento.

A este respecto, ha subrayado la importancia de que no se manche el buen nombre del CSN, que tiene «grandes técnicos» y de que no haya polémicas en torno al organismo regulador, cuyo cometido es garantizar la seguridad nuclear. Por ello, ha recordado que es el Ministerio quien decidirá finalmente respecto a la cuestión.

Sin embargo, el gerente de AMAC ha dado un tirón de orejas a Nuclenor, el titular de Garoña porque considera que «se habría ahorrado muchos problemas» si hubiera pedido la prórroga a su actividad en el mes de septiembre puesto que ahora, en su opinión, hay «mucha incertidumbre que está afectando a todos».

En todo caso, ha reiterado que AMAC es «favorable» a la continuidad de una fábrica que genera unos 500 puestos de trabajo directos y otros 500 indirectos y que es, en definitiva la industria más importante del valle de Tobalina. En ese sentido, ha añadido que esto favorecerá la economía y le dará más tiempo a la zona a prepararse para el día en que cierre la planta nuclear.

Industria cree que las críticas de Narbona sobre Garoña son «cuestiones internas» del CSN

El ministro remarcó que el Gobierno «va a seguir manteniendo la posición que ha venido mantenido desde el inicio de la legislatura» sobre la planta nuclear, y «siempre» que el CSN determine que cumple las condiciones de seguridad para que pueda continuar operando, «el Gobierno no se va a oponer».

Soria fue preguntado por las palabras de Narbona, en las que denunciaba presiones del Ministerio para que el CSN concediera, como finalmente ha hecho, un año más a la propietaria de Garoña, Nuclenor (Iberdrola y Endesa), para que decida el futuro de la central.

El informe favorable que emitió el CSN el pasado viernes, con tres votos favorables y dos en contra, es lo que «en estos momentos» se está analizando, dijo el ministro. «Yo no me voy a meter en cuestiones internas de un órgano absolutamente independiente», apostilló.

El pasado viernes, el pleno del CSN concedió por mayoría -tres votos a favor y dos en contra- un nuevo plazo a la propietaria de Garoña (Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa) para poder considerar una nueva renovación de su licencia de explotación, que expira el próximo 6 de julio.

A favor se pronunciaron el presidente del CSN, Fernando Martí, y los consejeros Fernando Castelló (PP) y Antonio Gurguí (CiU), y en contra las consejeras Cristina Narbona y Rosario Velasco (PSOE).

Posteriormente, Narbona denunció presiones «inadmisibles» e «intolerables» al CSN y «la urgencia» para dar continuidad a Garoña, y Gurguí afirmó que no le había gustado «el fregado» en el que algunos habían metido al Consejo, intentando «endosarle» una decisión que no le corresponde.

Garoña es un «activo energético esencial»

Asimismo, el ministro de Industria, Energía y Turismo destacó que el Gobierno considera la central nuclear de Santa María de Garoña un «activo energético esencial» y afirmó que la energía nuclear tiene un «peso importante» en el mix energético español.

Soria señaló que el Ejecutivo «no tiene ningún tipo de prejuicio ni a favor ni en contra» de la energía nuclear y remarcó que en España la nuclear es «una más» de las energías del mix, a través de los ocho reactores que están en activo.

El titular de Industria apostó por el mantenimiento del parque nuclear español «siempre» que se respeten las normativas medioambiental y de seguridad requeridas por la Unión Europea, España y el CSN.

En concreto, sobre la central de Garoña, que actualmente está en parada y recibió un año más de plazo por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para decidir su futuro, el ministro la consideró como un «activo energético esencial» y remarcó que, por ello, el Gobierno ha puesto «desde el principio» todos los medios legislativos necesarios para que operara dentro de las condiciones de seguridad.

En este sentido, señaló que la decisión de operar o no «quien debe hacerla es el operador, que ya lo ha hecho» y quien debe informar sobre la situación de la planta es el CSN».

El ministro de Industria, Energía y Turismo también habló de la importancia del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y reconoció que el trabajo «ya lo teníamos hecho y sólo faltaba la decisión final» del emplazamiento. En cuanto a la elección del municipio de Villar de Cañas (Cuenca), manifestó que fue una «decisión que fue facilitada desde el principio por la presidenta de Castilla-La Mancha».

Los municipios en zonas nucleares confían en la seguridad de la central si el CSN lo ha acreditado

La Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC) ha mostrado su «confianza» en la decisión que ha tomado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ha dicho que es favorable a que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pueda conceder un año de prórroga a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en el que esta no generará electricidad y durante el cual valorarán si piden la renovación de su licencia de explotación.

Así, el gerente de AMAC, Mariano Vila D’Adabal ha dicho que el CSN es el «garante de la seguridad» y que, pese a la polémica suscitada en torno a su decisión sobre la solicitud de Nuclenor (titular de Garoña) al Ministerio, «mucho tendrían que cambiar las cosas para que no confiáramos en este organismo».

«Si el CSN dice que Garoña puede continuar, confiamos en su decisión. Además, ya criticamos en 2008 la decisión del Gobierno de cerrar la planta en julio de 2013, en contra del informe del regulador, que se mostró favorable a que continuara hasta 2019«, ha manifestado.

A su juicio, esta valoración del CSN «abre la esperanza» a la zona del valle de Tobalina y ha reiterado que, desde el punto de vista de la seguridad en la zona, lo que preocupa a AMAC es que la planta lo sea. Por ello, considera que Garoña será «tan segura el 5 de julio como el 7 de julio (su licencia actual expira el 6 de julio próximo), y más aún si está parada».

Sin embargo, Vila D’Adabal ha eludido hacer comentarios sobre las «posibles tensiones que haya habido» en el seno del Consejo de Seguridad Nuclear o bien con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre el procedimiento.

A este respecto, ha subrayado la importancia de que no se manche el buen nombre del CSN, que tiene «grandes técnicos» y de que no haya polémicas en torno al organismo regulador, cuyo cometido es garantizar la seguridad nuclear. Por ello, ha recordado que es el Ministerio quien decidirá finalmente respecto a la cuestión.

Sin embargo, el gerente de AMAC ha dado un tirón de orejas a Nuclenor, el titular de Garoña porque considera que «se habría ahorrado muchos problemas» si hubiera pedido la prórroga a su actividad en el mes de septiembre puesto que ahora, en su opinión, hay «mucha incertidumbre que está afectando a todos».

En todo caso, ha reiterado que AMAC es «favorable» a la continuidad de una fábrica que genera unos 500 puestos de trabajo directos y otros 500 indirectos y que es, en definitiva la industria más importante del valle de Tobalina. En ese sentido, ha añadido que esto favorecerá la economía y le dará más tiempo a la zona a prepararse para el día en que cierre la planta nuclear.

Sedigás teme que la reforma que prepara el Gobierno afecte negativamente al mercado del gas

En una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con motivo de la reunión anual de la asociación, Peris apostó por el potencial que tiene la cogeneración eléctrica en la competitividad industrial y por el aprovechamiento de la energía térmica procedente del suelo.

En este sentido, Peris lamentó que «España no llega a la media europea de cogeneración» e instó a las autoridades al desarrollo de un marco regulatorio estable que potencie la cogeneración, ya que mientras el porcentaje de cogeneración nacional se sitúa en el 7,4%, no llega aún a la media europea (11,7%) y se sitúa muy lejos de países como Finlandia (36,2%) y Holanda (33,2%).

«No estamos pidiendo ayuda de ningún tipo, pero tiene que haber un apoyo claro» por parte de las instituciones, sentenció Peris en relación con el uso de la cogeneración en los núcleos urbanos. Así, añadió que la utilización de esta fuente sería beneficioso para la calidad del aire.

Una «demanda mínima» para los ciclos combinados

Por otra parte, el presidente de Sedigás reclamó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una «demanda mínima» para los ciclos combinados de gas, cuya utilización se encuentra en la actualidad en niveles que «no son aceptables», puesto que en los últimos dos años vieron drásticamente reducida su aportación al sistema.

«Si no se toman medidas claras, nos preocupa» la viabilidad de estas instalaciones, afirmó Peris antes de pedir una «solución» que pase por ampliar el hueco térmico de estas centrales y por valorar la eficiencia de los ciclos de gas en términos de bajas emisiones y «back up» del sistema.

La reducción en los últimos años del hueco en el mix para las centrales térmicas «tiene que ver con decisiones que no son de mercado», como las «ayudas» a otras tecnologías, y condujo a que los ciclos de gas hayan funcionado 1.900 horas en 2012, frente a las 3.500 de diseño, y a que para 2013 apenas se prevean «1.000 ó 1.200 horas» de actividad, en el mejor escenario posible, señaló.

Además, los datos de 2012 hablan de una pérdida de consumo equivalente a 84 teravatios/hora y un déficit de 165 millones de euros y citó los datos de utilización de esta fuente en 2012, que cerró con un índice del 19% y del primer trimestre de este año, que se situó en el 10%. Todo ello generó una caída en las ventas del 2,8% en 2012.

Por ello, Peris pidió más uso de los ciclos en vez de la hibernación de las instalaciones, reclamó además un «apoyo más claro» para el gas y una «revisión de todo el funcionamiento» del mercado eléctrico para lograr un resultado «más equilibrado».

«Tenemos que garantizar un mínimo de demanda teniendo en cuenta los impactos cruzados entre tecnologías», señaló Peris, sin llegar a ofrecer soluciones concretas para inducir esta mayor demanda para los cerca de 60 ciclos combinados construidos en España.

El presidente de la asociación se limitó a recordar que «en 2014 acabarán las ayudas al carbón y eso ayudará a aumentar la demanda de los ciclos combinados en un mercado sin alteración de precios».

Asimismo, también alertó de la existencia de «dificultades administrativas» en el uso de esta fuente. «Estamos pidiendo la consideración de los factores de eficiencia, contaminación y generación de empleo y la revisión de las normas de carácter administrativo», apostilló.

Al margen de los problemas del sector eléctrico, Peris explicó que el sector gasista trabaja en la incorporación de nuevos clientes, ya sea a nivel doméstico, de industrias, de administraciones públicas o de transporte. El 70% de los municipios españoles ya está en la red gasista, pero solo el 28% de los hogares la disfruta, lo que da cuenta del potencial de crecimiento de este nicho, frente a la media europea del 50%.

En este escenario, Peris destacó el potencial que aún tiene esta fuente en España, en el mercado residencial e industrial, así como en el transporte o el papel que puede jugar España como centro de distribución o «hub».

En el sector de la administración pública, sería posible reducir el déficit público en 150 millones de euros implantando medidas de eficiencia energética basadas en el gas, capaces de abaratar hasta en un 20% la factura, mientras que en un ámbito superior sería posible ahorrar 274 millones de euros sustituyendo calderas de gasóleo por sistemas de gas canalizado.

La producción de «shale gas» no es equiparable a la de EEUU

En cuanto al «shale gas», Peris indicó que, «yendo bien las cosas», la producción no comenzaría hasta dentro de diez o quince años, y lo haría en un volumen «ni de lejos» comparable al de Estados Unidos, por lo que «no tendría que ser un problema» para las actuales instalaciones del sector.

En todo caso, el presidente de Sedigás se mostró partidario de explorar los recursos de gas no convencional del país y conocer su potencial, siempre y cuando existan garantías de que «las cosas se hacen correctamente».

Otra de las medidas del plan para garantizar la sostenibilidad del sistema gasista español, que presentó Peris, es la utilización del gas natural como combustible para vehículos y buques de larga distancia. En este sentido, destacó la existencia de una importante flota de autobuses impulsados por gas natural vehicular (GNV) en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona.

Por otra parte, también subrayó el potencial que tiene el gas natural licuado (GNL) en el transporte de larga distancia marítimo y aludió a la infraestructura existente en los principales puertos de España que garantizan el suministro de este combustible.

Por último, el presidente de la patronal gasista se remitió al uso de los gaseoductos de España, y denunció que su capacidad de exportación «no está siendo aprovechada».

Sedigás teme que la reforma que prepara el Gobierno afecte negativamente al mercado del gas

En una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con motivo de la reunión anual de la asociación, Peris apostó por el potencial que tiene la cogeneración eléctrica en la competitividad industrial y por el aprovechamiento de la energía térmica procedente del suelo.

En este sentido, Peris lamentó que «España no llega a la media europea de cogeneración» e instó a las autoridades al desarrollo de un marco regulatorio estable que potencie la cogeneración, ya que mientras el porcentaje de cogeneración nacional se sitúa en el 7,4%, no llega aún a la media europea (11,7%) y se sitúa muy lejos de países como Finlandia (36,2%) y Holanda (33,2%).

«No estamos pidiendo ayuda de ningún tipo, pero tiene que haber un apoyo claro» por parte de las instituciones, sentenció Peris en relación con el uso de la cogeneración en los núcleos urbanos. Así, añadió que la utilización de esta fuente sería beneficioso para la calidad del aire.

Una «demanda mínima» para los ciclos combinados

Por otra parte, el presidente de Sedigás reclamó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una «demanda mínima» para los ciclos combinados de gas, cuya utilización se encuentra en la actualidad en niveles que «no son aceptables», puesto que en los últimos dos años vieron drásticamente reducida su aportación al sistema.

«Si no se toman medidas claras, nos preocupa» la viabilidad de estas instalaciones, afirmó Peris antes de pedir una «solución» que pase por ampliar el hueco térmico de estas centrales y por valorar la eficiencia de los ciclos de gas en términos de bajas emisiones y «back up» del sistema.

La reducción en los últimos años del hueco en el mix para las centrales térmicas «tiene que ver con decisiones que no son de mercado», como las «ayudas» a otras tecnologías, y condujo a que los ciclos de gas hayan funcionado 1.900 horas en 2012, frente a las 3.500 de diseño, y a que para 2013 apenas se prevean «1.000 ó 1.200 horas» de actividad, en el mejor escenario posible, señaló.

Además, los datos de 2012 hablan de una pérdida de consumo equivalente a 84 teravatios/hora y un déficit de 165 millones de euros y citó los datos de utilización de esta fuente en 2012, que cerró con un índice del 19% y del primer trimestre de este año, que se situó en el 10%. Todo ello generó una caída en las ventas del 2,8% en 2012.

Por ello, Peris pidió más uso de los ciclos en vez de la hibernación de las instalaciones, reclamó además un «apoyo más claro» para el gas y una «revisión de todo el funcionamiento» del mercado eléctrico para lograr un resultado «más equilibrado».

«Tenemos que garantizar un mínimo de demanda teniendo en cuenta los impactos cruzados entre tecnologías», señaló Peris, sin llegar a ofrecer soluciones concretas para inducir esta mayor demanda para los cerca de 60 ciclos combinados construidos en España.

El presidente de la asociación se limitó a recordar que «en 2014 acabarán las ayudas al carbón y eso ayudará a aumentar la demanda de los ciclos combinados en un mercado sin alteración de precios».

Asimismo, también alertó de la existencia de «dificultades administrativas» en el uso de esta fuente. «Estamos pidiendo la consideración de los factores de eficiencia, contaminación y generación de empleo y la revisión de las normas de carácter administrativo», apostilló.

Al margen de los problemas del sector eléctrico, Peris explicó que el sector gasista trabaja en la incorporación de nuevos clientes, ya sea a nivel doméstico, de industrias, de administraciones públicas o de transporte. El 70% de los municipios españoles ya está en la red gasista, pero solo el 28% de los hogares la disfruta, lo que da cuenta del potencial de crecimiento de este nicho, frente a la media europea del 50%.

En este escenario, Peris destacó el potencial que aún tiene esta fuente en España, en el mercado residencial e industrial, así como en el transporte o el papel que puede jugar España como centro de distribución o «hub».

En el sector de la administración pública, sería posible reducir el déficit público en 150 millones de euros implantando medidas de eficiencia energética basadas en el gas, capaces de abaratar hasta en un 20% la factura, mientras que en un ámbito superior sería posible ahorrar 274 millones de euros sustituyendo calderas de gasóleo por sistemas de gas canalizado.

La producción de «shale gas» no es equiparable a la de EEUU

En cuanto al «shale gas», Peris indicó que, «yendo bien las cosas», la producción no comenzaría hasta dentro de diez o quince años, y lo haría en un volumen «ni de lejos» comparable al de Estados Unidos, por lo que «no tendría que ser un problema» para las actuales instalaciones del sector.

En todo caso, el presidente de Sedigás se mostró partidario de explorar los recursos de gas no convencional del país y conocer su potencial, siempre y cuando existan garantías de que «las cosas se hacen correctamente».

Otra de las medidas del plan para garantizar la sostenibilidad del sistema gasista español, que presentó Peris, es la utilización del gas natural como combustible para vehículos y buques de larga distancia. En este sentido, destacó la existencia de una importante flota de autobuses impulsados por gas natural vehicular (GNV) en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona.

Por otra parte, también subrayó el potencial que tiene el gas natural licuado (GNL) en el transporte de larga distancia marítimo y aludió a la infraestructura existente en los principales puertos de España que garantizan el suministro de este combustible.

Por último, el presidente de la patronal gasista se remitió al uso de los gaseoductos de España, y denunció que su capacidad de exportación «no está siendo aprovechada».

Areva destaca que la nuclear y las renovables son «complementarias»

Durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, el empresario aseguró que estos dos tipos de energía «comparten muchas cosas», como que las dos suponen un «alto contenido tecnológico» y que favorecen la energía local, de manera que disminuye la dependencia energética de los países respecto a los combustibles fósiles y se aminora el impacto en la balanza de pagos.

Ambas son «complementarias», por lo que las posiciones contrarias a ellas suponen un «error ideológico» resaltó el presidente de Areva, a la vez que recordó el caso alemán, cuyo Gobierno adoptó la decisión «brutal» de ir sustituyendo la fuente nuclear, y en donde sus ciudadanos pagan el doble por la electricidad que los franceses.

En esta línea, señaló que las renovables son una «buena elección» pero si el problema en la nuclear puede ser la seguridad, en las renovables es la «intermitencia». Por ello, insistió en que son complementarias y que las renovables «debemos verlas como algo fantástico».

Sin embargo, para que las renovables puedan beneficiar a todos, Oursel se mostró partidario de acabar con sus subvenciones «poco a poco» y aumentar su competitividad a través de una mayor cooperación europea e inversión en investigación y desarrollo.

El presidente de Areva también indicó que su compañía también apuesta por las renovables y, aunque «no hay intención» de reconvertir su negocio, sí está previsto «desarrollar un segundo pilar de productividad».

Según aseguró, desde hace cinco años su grupo invierte en renovables, con un volumen de negocio de 600 millones de euros, «lo que no está nada mal cuando se acaba de empezar» en este sector.

Asimismo, remarcó que Areva tiene una cuarta parte de las centrales nucleares que funcionan en el mundo y mantiene relaciones con 360 de las 440 plantas que hay en el planeta, lo que hace que dos tercios del negocio de la compañía ya esté fuera de Francia.

Oursel añadió que la energía nuclear va a seguir creciendo a buen ritmo en los próximos años, contexto en el que indicó que el 75% de las plantas atómicas estadounidenses tienen autorización para prorrogar su vida útil y una «mayoría» de países europeos está a favor.

En Oriente Medio, países como los Emiratos Árabes comenzaron a construir reactores y Arabia Saudí, primer productor mundial de petróleo, está diseñando programas nucleares, de lo contrario «emplearían el 40% de su petróleo en producir electricidad».

También remarcó que dos años después del accidente en la central japonesa de Fukushima, el más grave junto a Chernóbil, «se está trabajando mucho juntos» para recuperar la «confianza» en la energía nuclear.

En este sentido, dijo que los llamados test de estrés a los que se vieron sometidas todas las centrales europeas y que éstas superaron, «han ayudado a restaurar la confianza en la nuclear» por parte del ciudadano.

Por otra parte, indicó que la compañía mantiene una relación «muy especial» con España, ya que comparten los «mismos retos», que pasan por hacer más energías, y «la necesidad de reducir dependencia de combustibles fósiles».

Según el presidente de Areva, la situación energética europea atraviesa un momento «crítico» cuya solución pasa por tener en cuenta cuatro elementos: competitividad del mix energético; balanza comercial; emisiones contaminantes de CO2 y la creación de empleo.

Areva destaca que la nuclear y las renovables son «complementarias»

Durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, el empresario aseguró que estos dos tipos de energía «comparten muchas cosas», como que las dos suponen un «alto contenido tecnológico» y que favorecen la energía local, de manera que disminuye la dependencia energética de los países respecto a los combustibles fósiles y se aminora el impacto en la balanza de pagos.

Ambas son «complementarias», por lo que las posiciones contrarias a ellas suponen un «error ideológico» resaltó el presidente de Areva, a la vez que recordó el caso alemán, cuyo Gobierno adoptó la decisión «brutal» de ir sustituyendo la fuente nuclear, y en donde sus ciudadanos pagan el doble por la electricidad que los franceses.

En esta línea, señaló que las renovables son una «buena elección» pero si el problema en la nuclear puede ser la seguridad, en las renovables es la «intermitencia». Por ello, insistió en que son complementarias y que las renovables «debemos verlas como algo fantástico».

Sin embargo, para que las renovables puedan beneficiar a todos, Oursel se mostró partidario de acabar con sus subvenciones «poco a poco» y aumentar su competitividad a través de una mayor cooperación europea e inversión en investigación y desarrollo.

El presidente de Areva también indicó que su compañía también apuesta por las renovables y, aunque «no hay intención» de reconvertir su negocio, sí está previsto «desarrollar un segundo pilar de productividad».

Según aseguró, desde hace cinco años su grupo invierte en renovables, con un volumen de negocio de 600 millones de euros, «lo que no está nada mal cuando se acaba de empezar» en este sector.

Asimismo, remarcó que Areva tiene una cuarta parte de las centrales nucleares que funcionan en el mundo y mantiene relaciones con 360 de las 440 plantas que hay en el planeta, lo que hace que dos tercios del negocio de la compañía ya esté fuera de Francia.

Oursel añadió que la energía nuclear va a seguir creciendo a buen ritmo en los próximos años, contexto en el que indicó que el 75% de las plantas atómicas estadounidenses tienen autorización para prorrogar su vida útil y una «mayoría» de países europeos está a favor.

En Oriente Medio, países como los Emiratos Árabes comenzaron a construir reactores y Arabia Saudí, primer productor mundial de petróleo, está diseñando programas nucleares, de lo contrario «emplearían el 40% de su petróleo en producir electricidad».

También remarcó que dos años después del accidente en la central japonesa de Fukushima, el más grave junto a Chernóbil, «se está trabajando mucho juntos» para recuperar la «confianza» en la energía nuclear.

En este sentido, dijo que los llamados test de estrés a los que se vieron sometidas todas las centrales europeas y que éstas superaron, «han ayudado a restaurar la confianza en la nuclear» por parte del ciudadano.

Por otra parte, indicó que la compañía mantiene una relación «muy especial» con España, ya que comparten los «mismos retos», que pasan por hacer más energías, y «la necesidad de reducir dependencia de combustibles fósiles».

Según el presidente de Areva, la situación energética europea atraviesa un momento «crítico» cuya solución pasa por tener en cuenta cuatro elementos: competitividad del mix energético; balanza comercial; emisiones contaminantes de CO2 y la creación de empleo.

La central de Ascó (Tarragona) inaugura su almacén nuclear con el traslado de dos contenedores

Se trata del tercer almacén nuclear de estas características que existe en España, después de los puestos en marcha en Trillo y Zorita (Guadalajara), y permite a Ascó disponer de una capacidad adicional de almacenaje de residuos, dado que sus dos piscinas estaban próximas a llegar al límite de capacidad-

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) había dado su visto bueno a principios de abril para la inauguración del ATI de Ascó, después de que la central completara los trabajos de construcción del emplazamiento a mediados de febrero, un proyecto elaborado junto a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

El ATI de Ascó tiene un espacio útil aproximado de 20.000 metros cuadrados, está formado por dos losas sísmicas de hormigón de 40 metros de longitud, 11 de ancho y 60 centímetros de profundidad sobre las que se pueden ubicar hasta 32 módulos de almacenamiento, cada uno con capacidad para 32 elementos combustibles irradiados.

El sistema elegido, denominado Hi-Storm 100, está compuesto por una cápsula metálica, un contenedor de transferencia y el propio módulo externo que conforma una barrera estructural y radiológica, ya que los contenedores quedan instalados al aire libre.

Los técnicos seleccionaron los elementos irradiados a transferir y los cargaron en el interior de la piscina, antes de soldar la tapa de la cápsula metálica y llenarla con gas helio para asegurar una transferencia de calor adecuada durante el almacenamiento, en un proceso que concluyó con el traslado con un vehículo oruga por unos viales construidos para la ocasión.

La carga de los dos primeros contenedores ha coincidido en el tiempo con la recarga de combustible de Ascó II, que finalizó el jueves, lo que ha llevado al director de la central, Manel Campoy, a subrayar el «gran esfuerzo de planificación y trabajo en equipo realizado».

Anav tramitó la petición para construir el ATI en enero de 2010 y empezó las obras en octubre de dicho año, ante la imposibilidad de que se finalizara a tiempo el almacén temporal centralizado (ATC), y que será edificado finalmente en Villar de Cañas (Cuenca), si bien Ascó se presentó como candidato a acogerlo.

El silo nuclear de Villar de Cañas concentrará todos los residuos generados en España, también los procedentes de la clausurada Vandellòs I y que actualmente guarda Francia, pero hasta que ello suceda Ascó requería de un ATI para seguir operando.

Ascó I traslada combustible radiactivo gastado al almacén temporal individual

La central nuclear de Ascó I ya ha trasladado el combustible radiactivo gastado al almacén temporal individualizado (ATI), que consta de dos contenedores, informa la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), titular de la planta.

El combustible gastado de la unidad 1 de Ascó 1 ya está preservado en el ATI tras una maniobra de carga y traslado desde la piscina de combustible y colocación en el ATI de dos contenedores con capacidad para 32 elementos irradiados cada uno.

El combustible se almacena en seco, en una atmósfera de gas inerte, en contenedores diseñados para ello y es el tercer ATI que entra en servicio en España, tras la puesta en marcha de las centrales de Trillo y Zorita, ahora en desmantelamiento.

El nuevo ATI dispone de un espacio útil aproximado de 20.000 metros cuadrados, está formado por dos losas sísmicas sobre las que se pueden depositar hasta 32 módulos de almacenamiento y cada uno módulo albergará un máximo de 32 elementos.

Estas losas son estructuras de hormigón armado, diseñadas a prueba de sismos, con unas dimensiones de más de 40 x 20 metros y 61 centímetros de grosor y fue el mismo que se usó en la central de José Cabrera (Zorita).

El ATI es un Hi-Storm 100, formado por una cápsula metálica en la que se alojan los 32 elementos de combustible (MPC), el contenedor de transferencia (HiTrac), que se utiliza para la carga y traslado de la MPC desde la piscina hasta el módulo de almacenamiento, y el propio módulo.

El ATI dispone de un foso de transferencia, diseñado para resistir sismos, con dimensiones de 5 x 5 metros y su función es servir de medio para la futura transferencia de la MPC del módulo de almacenamiento Hi-Storm a un contenedor de transporte si hay que trasladar el combustible.

Para transferir la cápsula MPC al interior del módulo de almacenamiento Hi-Storm que se traslada al ATI se ha usado un vehículo oruga de grandes dimensiones y para ello se ha habilitado un vial de características especiales desde los edificios de combustible de los grupos I y II hasta el ATI.

La carga de estos dos primeros contenedores ha coincidido temporalmente con la 21 recarga de combustible de la central nuclear de Ascó II.