En una pregunta del diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Pedro Azpiazu, sobre las intenciones del Gobierno en relación al futuro de la central nuclear, el ministro recordó que el pasado 16 de mayo, la propietaria de la central, Nuclenor, participada al 50% entre Endesa e Iberdrola, solicitó la modificación de la orden ministerial de 2012 que revocaba la fecha del 6 julio como día para el cese definitivo de la explotación de esa central, al objeto de que se le concediera un nuevo plazo para que pudiera presentar una solicitud de renovación de la autorización de la explotación por un periodo de un año, en el que la central se mantendría sin operar a potencia.
Pero, agregó el ministro, «esta modificación no ha podido ser conseguida por el Ministerio por la imposibilidad del cumplimiento de los plazos previstos en la ley que regula el procedimiento administrativo», a pesar de que el pasado 24 de mayo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) votó por mayoría a favor de conceder un nuevo plazo a esta central para poder considerar la prórroga.
En este sentido, Soria señaló que «en el momento actual», conforme a lo previsto en el reglamento de las instalaciones nucleares y radiactivas, «con anterioridad al 6 de julio, el Ministerio deberá declarar mediante orden ministerial, el cese definitivo de explotación de esta central«. La tramitación de esta orden, añadió, incluye la revisión de la documentación del expediente, para las alegaciones a las tres Comunidades Autónomas afectadas (La Rioja, País Vasco y Castilla y León), «trámite que ya se ha efectuado», así como a los interesados a los que se escuchará en audiencia.
No obstante, indicó que se está analizando la situación en relación a los aspectos relacionados con la regulación de ese cese definitivo de explotación ya que el cese se produce «por razones distintas» a las de seguridad nuclear, ya que se produce, única y exclusivamente, por razones económicas. «Es lo que está estudiando el ministerio», apostilló.
En este contexto, Soria indicó que el proceso de cierre de la central se inició en 2009 cuando gobernaba el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien Nuclenor solicitó una prórroga para poder operar 10 años más de su fecha inicial de cierre, previsto en un principio para 2009. Sin embargo, el Gobierno del PP revocó la decisión, y se mostró favorable a la prolongación de su vida útil, puesto que fue una de sus promesas electorales.
Según destacó, el Gobierno anterior solicitó un informe al CSN, quien respondió al Ejecutivo que si se hacían determinadas inversiones, la central podría seguir abierta hasta julio de 2019.
«El Gobierno anterior decidió dejarlo sólo en cuatro, aunque cumpliera las condiciones, para que se cerrara en 2013. Vamos a cerrarla en 2013 y, ¿por qué? No se sabe, tal vez por prejuicios, pero yo lo desconozco», apostilló.
En diciembre de 2012, Nuclenor desacopló a Garoña de la red eléctrica para transferir su combustible gastado a la piscina de almacenamiento, una decisión que adoptó -según dijo- por su desacuerdo con las nuevas tasas sobre el combustible gastado y los residuos radiactivos. La empresa sostuvo reiteradamente que la nueva fiscalidad hace inviable su funcionamiento, por lo que se negó entonces a solicitar la prórroga hasta 2019.
Con todo ello, el titular de Industria advirtió de que, teniendo en cuenta la situación económica actual y que España es uno de los países europeos con mayor dependencia energética del resto del mundo, no se puede ni se debe infrautilizar ninguna de las fuentes energéticas disponibles.
En relación a ello y para disminuir la dependencia energética y aumentar la seguridad del sistema español, reiteró que la intención del Gobierno es que, siempre y cuando el CSN, que es quien debe indicarlo, determine que uno de los ocho reactores o todos los reactores españoles pueden seguir funcionando «el criterio del Gobierno será favorable a esa continuidad en el funcionamiento».
«El Gobierno no tiene ningún prejuicio y quiere garantizar que las condiciones de seguridad se cumplan», insistió.
En esta línea, afirmó que la nuclear es una energía «limpia y más barata que todas las demás», aunque dijo respetar que por parte de otras formaciones existan prejuicios sobre ella y aportó que el coste de producir energía nuclear es de 20 euros por MWh. Lo cual es inferior al global en España que se sitúa en 50 euros por MWh.
A este respecto, apostilló que el coste en la energía eólica se eleva a 90 euros por MWh, hasta los 220 euros por MWh en el caso de la fotovoltaica, y hasta los 450 euros MWh en el de la termosolar. Estas diferencias respecto a la global se producen por el pago de las primas.
Por otro lado, Soria afirmó tener la impresión de que algunos de los países que hace año y medio reconsideraron su política de energía nuclear a raíz de Fukushima la van a volver a reconsiderar otra vez. Entre esos países cita a Francia, Alemania y también a Japón, donde se produjo el desastre.
El ministro de Industria defendido que «reconsiderar» las políticas nucleares es compatible «con apostar, como se hace en España, por las energías renovables», si bien agregó que tener un sistema eléctrico cien por cien renovable «no es posible».
El cierre es la única decisión razonable, según el PNV
Por su parte, Pedro Azpiazu reclamó una vez más la paralización de la central y recordó que el Gobierno tiene 15 días para decretar el «cierre y desguace» de la central, que a su juicio «es lo correcto» y la «única decisión razonable es la de cerrar».
Por ello, el diputado del PNV instó al ministro a cubrir el vacío legal que existe con respecto a la situación actual de Santa María de Garoña en la «próxima retahíla» de iniciativas que anunció en materia energética.
A su juicio, tan sólo es posible paralizar una central nuclear por motivos técnicos y a instancias del CSN, y Nuclenor, tras la aprobación de la fiscalidad a los residuos, alega razones de rentabilidad económica.
Es más, el diputado vasco recordó que existe un consenso político «amplio» sobre el cese de actividad de la instalación atómica burgalesa y de hecho apuntó a una decisión del Parlamento vasco, con el voto incluido del alcalde del PP de Vitoria, así como el del Ejecutivo regional vasco que se mostraron favorables a su cierre.
Según argumentó Azpiazu, Garoña debe cerrar porque se trata de un reactor nuclear de primera generación que ya está «obsoleto y amortizado». «El exceso de potencia instalada y la caída de la demanda hacen que cerrar una instalación de 450 Kw no genere ningún problema en términos de seguridad de suministro», sentenció.
Desde el PP, Antonio Erias reiteró que este Ejecutivo apuesta por una energía segura y pidió a la portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la materia, Laia Ortiz, que no acuse de «connivencia con determinadas empresas al CSN».
Por su parte, Laia Ortiz lamentó que Garoña vaya a cerrarse en estas condiciones. «Se ha llevado por delante el prestigio del CSN», a quien el Gobierno le dio una semana para tomar una decisión que ya estaba tomada, saltándose los protocolos. Así, tachó este episodio de Garoña de «surrealista» y por ello se preguntó qué es lo que habrá detrás de la negociación entre Nuclenor y el Gobierno y cuál será el impacto en el resto de reactores españoles ante el cierre de la atómica burgalesa.
Román Ruiz, del PSOE, quiso saber qué plan alternativo para esa comarca va a diseñar Industria, al cerrar Garoña.
El cierre de la central pone fin a «un sainete por capítulos»
Para el secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, el anuncio del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña pone fin a «un sainete por capítulos».
Así, Morán consideró que el 6 de julio acabará uno de los «episodios más desgraciados del auténtico despropósito» en el que se ha convertido la política energética de este Gobierno como consecuencia de la «pretensión, nada disimulada», del PP de implantar su modelo ideológico, «también en una materia aparentemente neutral como debería de ser la energía».
Pese a todo, la central se cerrará en esa fecha, «a pesar de las presiones del Gobierno para que continúe abierta». El responsable socialista denunció que lo más preocupante, sin embargo, es que las determinadas presiones e intereses económicos han sido capaces de «arrodillar hasta la humillación» a un Gobierno que se vio empujado a condicionar sus propias decisiones para tratar de salvar una de las pocas promesas electorales que le quedaban por incumplir al PP.
Además, calificó como «uno de los capítulos más aciagos de todo el proceso» al hecho de que se llevó al Consejo de Seguridad Nuclear a «abdicar de su independencia» para «ponerse al servicio de los intereses del Ministerio en una desesperada maniobra final» que, a su juicio «vulnera protocolos y calendarios que, hasta ahora, se tenían por invulnerables».
Morán advirtió de que esto acarreará consecuencias «difícilmente reparables en el futuro» porque ni siquiera el desprestigio que esto podría suponer para el organismo regulador, que hasta ahora contaba con un «gran respeto a nivel internacional» le sirvió para llevar un «mínimo de cordura» al seno del Gobierno. Por ello, concluyó que «el fiasco» adquirió unas dimensiones «de todo punto injustificables».
Castilla y León cree que «no se ha dicho la última palabra»
El consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, pidió «prudencia» a la hora de analizar las palabras del ministro de Industria acerca del cese definitivo de actividad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y aseguró que «aún no se ha dicho la última palabra» sobre la planta.
Villanueva subrayó que las causas «económicas» alegadas por el ministro para el cierre definitivo, que se hará efectivo el próximo 6 de julio, aportan un «motivo de esperanza» para la continuidad de la central, ya que «no se refiere a la seguridad de la misma».
Por ello, insistió en que «no está concluido todo» y volvió a reclamar la continuidad de Garoña por su «importancia» como fuente de producción eléctrica para España y como motor de «actividad económica y empleo» en la provincia de Burgos y, especialmente, en el municipio de Valle de Tobalina.
No obstante, admitió que desconoce cuáles podrían ser las vías que permitieran que Santa María de Garoña continuara operativa y si esto podría ocurrir en el corto plazo, pero recalcó que su departamento permanece «en permanente contacto» con el Ministerio que dirige José Manuel Soria.
Finalmente, instó a «agotar» todas las posibilidades para que Garoña siga activa antes de adoptar una decisión «irreversible».
PSCyL acusa a la Junta de no planificar un plan de futuro para la zona
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Julián Simón de la Torre, aseguró que tras el anuncio del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, realizada por Soria, «se acaba la incertidumbre» que habían generado las empresas eléctricas y el Gobierno, aunque reconoció que «el problema» es que ni la Junta ni el Gobierno planificaron un plan de futuro para esta comarca burgalesa. Asimismo, Simón de la Torre indicó que «se ha cumplido lo que el PSOE venía diciendo».
No obstante, el secretario de Organización del PSOE reconoció que tras el cierre «el problema es el futuro de la comarca» ya que, según aseveró «la demagogia del PP y del Gobierno» provocó que no se haya preparado un plan alternativo, incluso recordó que el Ejecutivo central decidió «paralizar» el plan «Reindus Garoña» que impulsó el Gobierno de Zapatero.
Al respecto, aseveró que la Junta de Castilla y León «está obligada a desarrollar una política industrial en la zona que hasta ahora no ha hecho y que no está previsto que haga» por lo que insistió en que «no hay alternativa inmediata de futuro» para una comarca que limita con el País Vasco, lo que supone «una competencia industrial muy importante».
«Parece que para la Junta los problemas no son suyos, sino de otros», aseguró el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, quien exigió al Gobierno regional que planifique un futuro para la zona ya que, tal como sentenció, «antes o después» la vida de Garoña se iba a terminar.
Asimismo, el coordinador regional de IU en Castilla y León, José María González, mostró su satisfacción por el anuncio del ministro de Industria del cierre definitivo de la central de Garoña, pero exigió un plan de reindustrialización para la zona, con el fin de que la comarca «siga teniendo futuro».
«Que se dejen de historias», reclamó González, quien lamentó el «juego» de Nuclenor y Gobierno, que atribuyó a razones económicas el cierre. Así, por esta razón o por seguridad «IU exige el cierre», tras lo que detalló que esta decisión se debería haber tomado «hace años».
El alcalde de Vitoria confía en el cierre «definitivo» de Garoña
El alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), confió que el cierre de la central nuclear de Garoña anunciado por el ministro Soria, sea «definitivo».
«Espero que finalmente sea definitivo el cierre de Garoña que hemos venido defendiendo de forma coherente y mayoritaria los vitorianos», afirmó Maroto, que ha sido el miembro del PP vasco que más insistió en la necesidad de cerrar esta central burgalesa, localizada a unos 45 kilómetros de Vitoria.
De hecho, el pasado 6 de junio rompió la disciplina de voto de su partido en el Parlamento Vasco y fue el único de su grupo que votó a favor de una iniciativa que pedía el cese inmediato de Garoña y su desmantelamiento.
El Comité de Empresa intentará que ningún empleado quede «desprotegido»
Asimismo, el presidente del Comité de Empresa de Garoña, Alberto César González, recibió como un «jarro de agua fría» las palabras del ministro de Industria y aseguró que la organización centrará sus esfuerzos en que ningún empleado de la planta quede «desprotegido».
«De las palabras del ministro, por lo que he podido leer, se desprende que no es un cierre irreversible, creo que deja la puerta abierta«, afirmó González.
El presidente del comité aseguró que el anuncio se produjo de improviso y que se encuentran a la espera de la convocatoria de una reunión para analizar las palabras del titular de Industria y conocer cuál es la postura de Nuclenor, empresa propietaria de la planta, acerca del futuro de la central.
«Estamos cansados y hartos de lo que están haciendo», aseveró César González, antes de insistir en que, desde el colectivo de trabajadores, «se está teniendo bastante paciencia» con todo lo que está sucediendo. «Llevamos así un año, sí, no, ya veremos, y yo, personalmente, me creo ya cualquier cosa».
En este sentido, aseguró que, desde hace más de un año, la situación es un «sinvivir», ante la constante generación de información que se produce en torno al futuro de la planta y reiteró que los esfuerzos del comité irán enfocados a la protección de todos los trabajadores.
UGT cree que el cierre es la «puntilla definitiva» a la comarca
La Unión General de Trabajadores (UGT) de Burgos consideró que el anuncio del cierre definitivo de la central supone «la puntilla definitiva» a la comarca burgalesa.
El sindicato recordó que esta zona depende en un «importantísimo porcentaje» de la actividad productiva de la central nuclear, ya sea a través de puestos de trabajo directos (unos 300) o eventuales (unos 800), de manera que se llega a superar en algunos meses del año la cifra de 1.000 trabajadores.
UGT aseguró que con este anuncio «se confirman» las políticas del PP, del Gobierno nacional y de la Junta de Castilla y León, con una «hoja de ruta perfectamente calculada», donde afirmó que «primero hubo un premeditado silencio» sobre cualquier opinión concerniente al futuro de la central, debido a que el objetivo «no era otro que eludir cualquier responsabilidad en el cierre de la misma».
UGT-Burgos exigió que cuando comiencen los trabajos de desmantelamiento de la central Nuclear de Santa María de Garoña se realicen «preservando la seguridad de los trabajadores y de los ciudadanos y que no se apliquen las políticas de recortes, también en este caso».
El alcalde de Valle de Tobalina pide un plan de reactivación
Por otra parte, el alcalde de la localidad burgalesa de Valle de Tobalina, Rafael González, expresó su deseo de que el ministro de Industria además de anunciar el cierre de la central de Santa María de Garoña anuncie un plan de reindustrialización para una comarca «que ha estado generando energía para todo el país».
No obstante, el alcalde de Valle de Tobalina reconoció que se está viviendo «un momento complicado» ante una «posible pérdida de puestos de trabajo y de impuestos» por lo que expresó su deseo de que el ministro Soria «anuncie medidas de reactivación económica de la zona» para que la comarca «no quede desprotegida».
Asimismo, González aseguró que ve «con preocupación» el futuro de esta zona del norte de la provincia de Burgos ya que la central de Garoña «es la única factoría» que existe en la comarca y da empleo a 500 personas, por lo que el cierre «supondrá la pérdida de empleo sin haber creado una alternativa».
El alcalde de Valle de Tobalina explicó que los ánimos entre los vecinos «no son buenos» y más con las «noticias contradictorias» que se han sucedido últimamente, por lo que ha pedido un plan «de reactivación que de respuesta a una comarca que ha estado generando electricidad para todo el país y que ahora no se puede abandonar».
Los ecologistas cuestionan que se aleguen razones económicas
Finalmente, las ONG ecologistas cuestionaron que las razones esgrimidas para explicar el cierre de la central nuclear burgalesa obedezcan a motivos económicos cuando, a su juicio, deberían ser los problemas de seguridad.
El portavoz de Cambio Climático de Amigos de la Tierra, Héctor de Prado, aseguró que el ministro Soria «debería estar alegando motivos de seguridad y no económicos», lamentado además que el accidente ocurrido en la central japonesa de Fukushima «se haya olvidado tan rápido». «No queremos que se repita aquí lo que pasó en aquella ocasión», reiteró.
Por su parte, la responsable de la campaña antinuclear en Greenpeace España, Raquel Montón, recordó que «la ley obliga al ministro Soria a tomar esta decisión, no hay otra alternativa con la reglamentación y la normativa actual». Además, indicó que, a su juicio, el cierre tiene que ser «definitivo y obligatorio». «Definitivo porque así se ha solicitado y obligatorio por motivos de seguridad», indicó.
Montón también subrayó que «la industria nuclear no puede sobrevivir sin impuestos, si no tiene ventajas económicas respecto a otras tecnologías». «Y esto, en un sistema competitivo, no se puede permitir», reiteró.
Mientras, la responsable del programa de Cambio Climático de WWF/Adena, Mar Asunción, acogió con satisfacción la noticia del cierre porque, en su opinión, hay que realizar una transición hacia un modelo «sostenible y renovable», en el que las centrales «no son necesarias». Además, lamentó que este Gobierno «dé tanta prioridad al tema económico y se olvide de otros temas», en alusión a la seguridad que, en una central, «nunca está garantizada».
Por último, desde Ecologistas en Acción, aseguraron que el cierre de la central es consecuencia de las «enormes incertidumbres técnicas» que, a su juicio, existen por el estado degradado de las instalaciones y a la falta de acuerdo entre la propiedad, Nuclenor, y el ministerio de Industria.
Esta organización consideró, no obstante, que el anuncio de Soria es una «excelente noticia» pues el cierre de Garoña despejará la inseguridad de la comarca y de varias comunidades autónomas, aunque lamentó «el extraño y opaco proceso» seguido hasta la fecha, además de pedir el cierre escalonado del resto de las centrales nucleares, al considerar que son «perfectamente prescindibles» dado el exceso de potencia instalada en el sistema eléctrico nacional.
