López reveló que su formación política pedirá explicaciones al Partido Popular para ver «qué se ha hecho en relación con Garoña».
Si cierra Garoña, dijo en alusión al carbón, «será una oportunidad para una fuente de energía autóctona que es clave para Castilla y León», puesto que puede propiciar un aumento del consumo del carbón autóctono.
Si esa situación se produce, «a pesar de las chapuzas del PP», apostilló, será «una oportunidad para el carbón» y así lo exigirán.
Por su parte, el coordinador regional de IU en Castilla y León, José María González, afirmó que el PP «engaña» cuando dice que la clausura se debe a causas económicas y vinculó las razones del cierre de la centra nuclear de Garoña a la seguridad y a las inversiones que precisa la instalación para cumplir las nuevas normativas.
González, en una rueda de prensa acompañado del secretario regional de la UGT, Agustín Prieto, mostró su alegría de que «por fin» se vaya a producir el cierre de la planta nuclear burgalesa y consideró que ya se corrieron «bastantes riesgos» por parte de la ciudadanía.
«Por fin, en la espesura del humo que el PP y Nuclenor (empresa propietaria de la planta nuclear) ha intentado echar sobre el obligado cierre de Garoña se vaya abriendo un espacio cercano al cierre», recalcó González. Sin embargo, advirtió de que «la última campana al vuelo» se echará el próximo día 6, cuando se produzca el cierre definitivo.
El líder de IU exigió a la Junta de Castilla y León que «ponga sobre la mesa» un plan alternativo de reindustrialización y medidas que supongan alternativas para la zona de Garoña, en el norte de Burgos, para compensar el cierre de la instalación cuando acabe el desmantelamiento y crear empleo.
González consideró que la pérdida de empleo no sólo afecta a los empleados actuales, muchos de los cuales, dada su edad media, continuarán trabajando hasta el desmantelamiento total de la instalación, sino que el problema es «el futuro de las demás generaciones», por lo que exigió la implicación de un plan con recursos económicos.
González reclamó también al Ejecutivo central que tome medidas en este sentido, ya que el plan «teórico» del anterior gobierno socialista no se llegó a poner en marcha porque «el PP acabó con él» y «si se quiere que el cerezo de fruta, hay que plantarlo ahora».
El secretario regional de la UGT, Agustín Prieto, mostró su «preocupación» ante el cierre de la planta nuclear burgalesa «por la destrucción de empleo que supone, mucho más en la situación actual» y abogó por la continuidad de la central siempre y cuando sea segura y se cumplan los requisitos en esta cuestión, que es «la más importante».
Prieto insistió en que si la central nuclear se cierra tiene que articularse un plan industrial que evite la destrucción de empleo en la comarca del Valle de Tobalina, como había propuesto el Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero cuando acuerdo el cierre de la instalación para este año, un plan que «no se empezó a desarrollar».
«Si se hubieran hecho los deberes, se vería que el empleo indirecto, que es mucho, se vería resuelto y no habría tanto rechazo», dijo Prieto.
Pero el sindicalista consideró que «no se ha hecho nada» y reclamó alternativas en la comarca y exigió que se tomen medidas «con la mayor rapidez posible», algo que no se hizo en «época de bonanza», por lo que insistió en que se haga ahora para que haya beneficios en el futuro.
Castilla y León es «optimista» porque ningún paso es «irreversible»
Por otro lado, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, realizó un llamamiento a la «responsabilidad» de Nuclenor y Gobierno de España para asegurar que Garoña siga activa mientras sea segura, al tiempo que recordó que el Gobierno regional es «optimista» porque ningún paso de los dados hasta ahora es «irreversible», aunque reconoció que la situación es «complicada» porque «el tiempo se agota.
«Al Gobierno de Castilla y León no nos mueve para nada la cuenta de resultados de la empresa ni una defensa de la energía nuclear, nos mueve que siempre que sea segura se puedan mantener 1.000 puestos de trabajo«, aseveró, tras lo que criticó que «algunos» celebren «determinados vaivenes» y añadió que «siempre que sea segura apoyamos la continuidad».
De este modo, De Santiago-Juárez aseguró que la Junta «va a esperar» con «optimismo y prudencia» la decisión final, al tiempo que aseguró que presentará alegaciones al posible cierre. «Mientras hay vida hay esperanza y 17 días dan para mucho», concluyó.
