El CSN se pronunciará a finales de mes sobre una posible reapertura de Garoña y Nuclenor trabaja para alargar su vida diez años más
El Real Decreto sobre gestión del combustible nuclear ya fue estudiado y aprobado por el CSN el pasado 24 de abril, pero el Ministerio de Industria introdujo nuevas modificaciones al texto, y pidió un pronunciamiento no vinculante al máximo órgano de seguridad nuclear.
La clave de esas modificaciones es que introducen la posibilidad de que una central nuclear, como Garoña, pueda pedir una licencia de renovación desde el año de su cese, si este obedeció a razones económicas y no de seguridad.
De esta manera, se rebajan las exigencias a las empresas que operan las centrales, que ya no tendrían que solicitar una nueva autorización para explotarlas tras su cierre, sino una «renovación», que es un permiso que requiere de muchos menos requisitos que una nueva autorización.
Esta reforma normativa promovida por Industria, sobre la que los técnicos del CSN están elaborando informes, marcaría un precedente para el resto de nucleares en operación.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden por la que se establecía el cese definitivo de la explotación de Garoña el pasado 6 de julio.
Nuclenor, la empresa participada por Iberdrola y Endesa que opera la central, ya se anticipó a ese cese de actividad en diciembre de 2012 para evitar las nuevas tasas a las nucleares que entraban en vigor en enero, aunque siempre sostuvo que estaría dispuesta a seguir operando Garoña en condiciones más favorables.
Con 42 años, Santa María de Garoña es la central nuclear más antigua del parque nuclear español.
Nuclenor trabaja para alargar la vida de Garoña diez años más
Varios directivos de Nuclenor mantuvieron un encuentro con responsables de las empresas subcontratadas en la central nuclear de Santa María de Garoña, a los que transmitieron su intención de solicitar una licencia «por diez años» en caso de que el Gobierno articule medidas que así se lo permitan y hagan viable económicamente la planta, según publicó el «Diario de Burgos».
El rotativo indicó que en el encuentro se explicó de primera mano a los responsables de distintas empresas cuál es la situación actual y qué expectativas existen a partir de ahora, con la vista puesta en los dos escenarios con los que Nuclenor trabaja: el de un posible cese definitivo de la actividad o el de una posible continuidad.
La reunión siguió la senda de la mantenida la pasada semana con los alcaldes de la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (Amac), a quienes también se les expuso la situación.
En Nuclenor no esperan ningún cambio de rumbo en la actual situación de transición hasta los meses de septiembre u octubre. De momento, se ha de esperar a que acabe el plazo de información pública del proyecto de real decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radioactivos, fijado en el 26 de julio próximo. Este real decreto también tiene que ser informado por el Consejo de Seguridad Nuclear, al que le fue remitido el pasado jueves.
Una vez que acabe este periodo de alegaciones y el CSN emita su informe, el real decreto deberá ser aprobado de forma definitiva y con él se abrirá la puerta a que las centrales nucleares españolas que hayan cesado su actividad por motivos distintos a los de la seguridad cuenten con un plazo de un año a contar desde su cese para solicitar una renovación de su autorización de explotación.
Pero la posible continuidad de Garoña deberá salvar otros escollos para hacer viable la central. Entre ellos se encuentra la nueva fiscalidad para las nucleares que entró en vigor el pasado mes de enero, la consideración de que la vida útil se ciñe a los 40 años, los estrictos plazos con los que trabaja el CSN para informar sobre las autorizaciones de explotación y las posibles exigencias de renovación de equipos que el regulador plantee, al solicitarse una licencia que va más allá de 2019.
El CSN advirtió el pasado mes de mayo, cuando se trató de dar una prórroga a Garoña para mantenerse durante un año en situación de parada, que si se solicitaba una licencia más allá de 2019, se debía realizar con tres años de antelación al arranque de la planta, porque ese es el tiempo que precisa el regulador atómico para emitir sus informes, periodo que Nuclenor no puede soportar con la planta parada y sin ingresos con unos gastos muy elevados en inversiones y mantenimiento de la plantilla.
