TEPCO comienza a retirar el combustible nuclear de Fukushima

La piscina contiene 1.533 unidades de combustible nuclear, de las cuales 1.331 son combustible ya utilizado altamente radiactivo y el resto permanece intacto, según informó la cadena de televisión pública japonesa, NHK.

En base al plan de retirada, los trabajadores que participan en los trabajos retirarán las unidades no utilizadas y las introducirán en un contenedor que puede alojar 22 unidades.

En concreto, en esta primera jornada, TEPCO informó de que trasladó una barra a una carcasa de acero dentro de la misma piscina de enfriado que se encuentra en el maltrecho edificio del reactor, comenzando la complicada labor sin precedentes de retirar 400 toneladas de combustible gastado altamente radiactivo del reactor.

Trasladar esta primera partida a una piscina ubicada a cien metros de distancia llevará dos días y luego se tardará una semana llevar dicha carcasa a la piscina de almacenamiento en otro edificio, según una portavoz de la compañía.

Su traslado es urgente porque se encuentran almacenados a 18 metros por encima del nivel de tierra en un edificio que podría venirse abajo si se produce un nuevo terremoto en la zona. En este sentido, TEPCO indicó que es posible que los escombros del edificio del reactor, que sufrió una explosión de hidrógeno en marzo de 2011, dificulten la tarea de retirada de las unidades de combustible.

La retirada de las barras fue equiparada con la extracción de cigarrillos de un paquete aplastado. Si las barras son expuestas al aire o si se rompen, podrían liberarse grandes cantidades de gases radiactivos a la atmósfera.

La compañía afirmó que espera retirar todo el combustible nuclear del reactor antes de finales de 2014, si bien algunos expertos consideraron que es un plazo ambicioso.

Mientras hace frente a las filtraciones de agua contaminada en torno a la planta, TEPCO se embarcó en el desmantelamiento de cuatro reactores de la central Fukushima. Esta labor se prevé que lleve décadas y coste decenas de miles de millones de euros.

Recortes de 1.000 empleos en TEPCO

Por otro lado, TEPCO planea recortar 1.000 puestos de trabajo a través de jubilaciones voluntarias en el próximo año, según informó el diario económico Nikkei.

La medida formará parte del nuevo plan de negocio que TEPCO y el Gobierno nipón cerrarán a finales de año y está orientada a reducir gastos de cara a un aumento de las ayudas públicas que la operadora recibirá para las labores de descontaminación, según el diario.

La malograda central está siendo objeto de un largo y costoso proceso de limpieza y descontaminación y ahora el Gobierno se está planteando emplear más dinero público para ayudar a la operadora en esta labor.

Por su parte, los principales prestamistas de TEPCO, la eléctrica más grande de Japón y la tercera del mundo, solicitaron un nuevo plan de negocio más acorde con la situación financiera de la operadora, apuntó Nikkei.

De acuerdo con en el nuevo esquema de negocio, las operaciones de desmantelamiento se llevarán a cabo desde una unidad independiente dentro de la empresa energética a partir de 2014 y se calcula que los trabajadores que se someterán a bajas voluntarias serán entre 1.000 y 1.500.

El actual plan de la eléctrica era reducir su plantilla en 3.600 trabajadores a través de las bajas y una política de reducción de contrataciones a lo largo del ejercicio fiscal 2013 que en Japón acaba en la primavera del año que viene.

Tras el accidente nuclear de Fukushima, el peor de la historia junto al del Chernobil en 1987, la operadora quedó prácticamente nacionalizada y recibe ayudas del Gobierno nipón principalmente para el pago de indemnizaciones.

El Supremo desestima el recurso de tres pueblos conquenses al acuerdo que aprobó emplazar el almacén nuclear en Villar de Cañas

Según la sentencia de fecha 6 de noviembre, y que condena a la representación procesal de los tres ayuntamientos a pagar las costas, el tribunal considera que no se puede pretender la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros sustentándolo en que el acuerdo del pleno de Villar de Cañas de 22 de enero de 2010 era nulo, ya que no se tiene en cuenta que dicho acuerdo fue «ratificado en una sesión extraordinaria el día 28 de enero con el voto favorable de todos los concejales de la Corporación».

También rechaza el Supremo, como pedía la parte demandante, que la candidatura de Villar de Cañas hubiera sido admitida irregularmente por no haberse presentado en plazo la convocatoria tal y como establecía la resolución de la Secretaria de Estado de Energía, ya que, como afirma el fallo, el acuerdo se remitió «dentro de plazo».

Respecto al hecho de que no se hubiese justificado adecuadamente la decisión de adjudicar el ATC a Villar de Cañas teniendo en cuenta que su candidatura, como alegaron los ayuntamientos, no era la que mayor consenso social ni institucional ni territorial había obtenido, la sentencia asegura que este argumento no puede ser acogido ya que en el proceso de selección «se han respetado las bases de la convocatoria establecidas en la Resolución del Secretario de Estado de Energía» así como el Real Decreto por el que se creó la Comisión Interministerial para el establecimiento de los criterios que debería cumplir el emplazamiento.

Finalmente, y ante el hecho de que los demandantes alegasen que se había omitido el trámite de audiencia en el procedimiento seguido para adoptar la resolución recurrida, ya que dicho trámite no estaba contemplado en la fase que se propugna en el procedimiento ad hoc establecido en la resolución del Secretario de Estado de Energía. En todo caso, el tribunal señala que el Ministerio sometió el expediente al trámite de alegaciones el 6 de marzo, habiéndose presentado 14.420 escritos de alegaciones.

Esta sentencia se une a las conocidas a finales del mes de octubre por el que el Tribunal Supremo desestimaba el recurso contencioso-administrativo presentado por Greenpeace contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011 por el que se decidió que la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) sería finalmente la localidad conquense de Villar de Cañas.

También a la del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Cuenca que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la concejala del Grupo Socialista, Olga Bravo, solicitando la nulidad del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villar de Cañas (Cuenca) por el que se rechazaba la moción del PSOE que pedía la nulidad del acuerdo, tomado fuera del orden del día del pleno, que pedía la inclusión de dicho municipio como candidato para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Fernández Díaz afirma que estamos «totalmente preparados» para actuar en caso de emergencia nuclear

Fernández Díaz realizó esta afirmación en Cáceres, donde presidió la presentación del simulacro europeo «Curiex 2013«, con el que se pretende ensayar en caso de emergencia nuclear en la Unión Europea. En este ejercicio, que se celebra entre este martes y jueves en esta ciudad extremeña, participan representantes de Francia, Bélgica, Portugal, Italia y Marruecos. La iniciativa incluyó ya la simulación de un accidente en la central nuclear de Almaraz.

Según informó el departamento de Fernández Díaz, la presentación oficial del simulacro, que tuvo lugar este miércoles, contó con la presencia del ministro de Interior de Francia, Manuel Valls; el ministro de Administración Interna de Portugal, Miguel Macedo; y el Walli-Director de Migraciones y Vigilancia de Fronteras del Ministerio del Interior de Marruecos, Khalid Zerouali. Otros asistentes al acto fueron el responsable del nuevo Centro de Coordinación de Emergencias de la Unión Europea, Peter Billing, y el director general de Protección Civil de Bélgica, Jérôme Glorie.

A este respecto, Fernández Díaz explicó que la finalidad de este este simulacro es ensayar y comprobar la eficacia de los planes de emergencia exterior, en concreto el Plan de Emergencia Nuclear de Cáceres (PENCA) y la colaboración de los equipos de apoyo nacionales e internacionales en el caso de que se produjera una emergencia real.

Además, el ministro explicó que, aunque se declaró la fase I del simulacro, fue a finales de 2012 cuando la Unión Europea aprobó el proyecto de simulacro «Curiex 20013» y que, desde ese momento, «se ha estado trabajando intensamente en la formación e implicación de la ciudadanía».

Asimismo, se refirió a que «si algo tienen de especial estos simulacros es que nos permiten constatar las debilidades, fortalezas, experiencia y por supuesto, mejorar, en el caso de que se produjera una situación de estas características».

En este sentido, el ministro aseguró que «la evaluación es de especial interés para todos y una herramienta clave para calibrar el grado de coordinación entre los diferentes organismos que actúan en este simulacro»

A continuación, Fernández Díaz indicó que, de los 585.000 euros que cuesta este simulacro, el 15%, lo asume España, mientras que el 85% restante lo financia la Unión Europea. El titular de Interior se mostró muy satisfecho y señaló que merece la pena ya que la celebración de un simulacro de estas características «nos beneficia a todos».

Las centrales nucleares catalanas deberán pagar una tasa de 44,14 euros por megavatio producido

El texto también estableció que el resto de instalaciones dedicadas a la producción o transformación de energía eléctrica deberán pagar una cantidad inferior, de 22,07 euros por megavatio producido.

La norma también estipuló un gravamen de entre 0,0009 y 0,0369 euros, en función de la potencia en kilovatios, por cada metro de instalación o infraestructura dedicada al transporte de electricidad, y la ley concretó que la cantidad máxima que cada instalación o red eléctrica que debe abonar a la Generalitat no puede superar los 138.577 euros por cada actividad

La central nuclear de Cofrentes finaliza su recarga de combustible y se conecta a la red eléctrica

Esta parada programada, iniciada el pasado 22 de septiembre, tuvo una duración de 40 días, durante los cuales se ejecutaron más de 14.000 trabajos de mantenimiento, inspección y pruebas de equipos y componentes de la planta.

Para la ejecución de los citados trabajos de recarga se contrató a 1.345 profesionales de diferentes ámbitos industriales como apoyo al personal permanente de la instalación.

Entre los trabajos más significativos que se llevaron a cabo cabe destacar la sustitución de 256 elementos de combustible; el cambio de 19 barras de control; la sustitución de 30 accionadores de barras de control; la revisión general del turbogrupo; la revisión y pruebas de ocho válvulas de alivio y seguridad; diversas tareas en las torres de refrigeración; la revisión general de los generadores diésel de emergencia; y la sustitución de la bomba B del sistema de extracción de calor residual.

Asimismo, se realizaron un total de 49 modificaciones de diseño que sirvieron para mejorar la instalación, actualizándola con las últimas tecnologías y propiciando un incremento de su eficiencia y seguridad operativa. Todo ello supuso una inversión de 21 millones de euros.

Es especialmente destacable que en esta recarga «no se haya producido ningún accidente con baja», dado el gran volumen de personal presente y la complejidad de algunos de los trabajos realizados. Sin duda, la formación impartida a todos los profesionales y las exigentes medidas en prevención de riesgos laborales implantadas por Iberdrola fueron factores «decisivos» en la consecución de estos «excelentes» resultados, indicaron desde Iberdrola.

Vandellós II se detiene para recargar combustible y trabajar en mantenimiento

Por su parte, la centrar nuclear Vandellós II (Tarragona) se desconectó de la red eléctrica este sábado para iniciar la decimonovena recarga de combustible y los trabajos de mantenimiento que darán paso a un nuevo periodo de operación de 18 meses.

Según informó la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV), durante los trabajos de mantenimiento, Vandellós II tiene previsto llevar a cabo más de 7.300 tareas con la incorporación de 1.000 profesionales de unas 40 empresas que se añadirán a la plantilla habitual que trabaja en la central.

Una de las novedades de esta parada es la creación de un espacio de formación situado en el Vivero de Empresas de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) en el que los profesionales podrán ensayar con un simulador muchos de los trabajos que se desarrollarán durante esta decimonovena recarga.

Entre las actuaciones más relevantes que se llevarán a cabo durante este periodo destacan, además de la sustitución de 64 de los 157 elementos combustibles alojados en el reactor, las modificaciones de diseño relacionadas con el proyecto Refuerzo de la Seguridad derivado de las pruebas de resistencia.

La decimonovena recarga de combustible pondrá punto y final a un ciclo en el que la central alcanzó los 25 años de operación comercial; las modificaciones de diseño y el proyecto Refuerzo de Seguridad, entre otros, permitirán afrontar un nuevo ciclo con garantías.

El Tribunal Supremo desestima el recurso presentado por la ONG Greenpeace y ratifica la ubicación del silo nuclear en Villar de Cañas

La Sala deliberó este recurso a la vez que el que interpuesto la misma asociación contra la sentencia de la Audiencia Nacional y que rechazaba otro recurso interpuesto por Greenpeace a la resolución de la Secretaría de Estado de energía de 2009 por la que se efectuó la convocatoria pública para la selección de municipios candidatos a albergar el ATC, que también fue desestimado.

En sus fundamentos de derecho, el Supremo explicó que, si bien el acuerdo del Consejo de Ministros puede ser susceptible de control jurisdiccional, «no se puede decir que carezca de motivación, tal y como alega el demandante».

El recurso de Greenpeace fue interpuesto el 24 de febrero de 2012 y presentó escrito de demanda el 6 de septiembre de 2012 pidiendo la nulidad de pleno derecho de la resolución recurrida. A esta demanda contestó primeramente la Abogacía del Estado pidiendo la desestimación íntegra de la misma y la confirmación del acuerdo impugnado, e igualmente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pidió su inadmisión. Del mismo modo, el Ayuntamiento de Villar de Cañas, con fecha 3 de diciembre, se adhirió a la contestación realizada por la Abogacía del Estado y suplicó la desestimación del recurso.

Greenpeace alegó en su petición que el acuerdo vulneraba un Real Decreto por el que se aprobaba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, ante lo que la Sala contestó que la decisión del Consejo de Ministros se sustentaba en un Real Decreto posterior por el que se creaba la Comisión Interministerial para el establecimiento de los criterios que deberá cumplir el emplazamiento del ATC.

La organización ecologista afirmó que tanto la resolución de convocatoria como el acuerdo del Consejo de Ministros vulneraban el derecho a la participación en la toma de decisiones y que con ello se impedía el ejercicio de estos derechos.

Ante este alegato, el Supremo valoró que «no son precisas demasiadas consideraciones para rechazar este alegato de la demanda», ya que «las distintas fases del proceso previas a la decisión del Consejo de Ministros han estado en todo momento abiertas a la participación ciudadana, no sólo a través de la denominada Mesa del Diálogo –en la que intervino Greenpeace– sino mediante la publicación de los sucesivos documentos e informes en una página web denominada precisamente «emplazamientoatc.es», a través de la cual se han podido formular las alegaciones, sugerencias, críticas y alternativas que cada uno ha tenido por conveniente».

En cuanto a una supuesta negativa postura de todas las comunidades autónomas alegada por la parte recurrente, el Supremo indicó que tanto el Ayuntamiento de Villar de Cañas como la Junta de Castilla-La Mancha «defienden en este litigio la validez del Consejo de Ministros», y si el Gobierno actúa en consenso con la Comunidad Autónoma y es respaldado por el ayuntamiento correspondiente, «mal puede sostenerse que han fallado los instrumentos de participación de las entidades territoriales afectadas o los mecanismos de colaboración y cooperación administrativa».

Así, según el Alto Tribunal, «han sido debidamente respetadas las exigencias tanto de la Ley por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, como del denominado Convenio de Aarhus«, convenio que la parte demandante consideraba vulnerado.

Tampoco consideró la sentencia que el acuerdo vulnere aspectos medioambientales, tal y como reclamaba Greenpeace, y aseguró que en la designación de los municipios candidatos intervinieron, entre otras, las consideraciones mediambientales que, apreciadas por la Comisión Interministerial, se tomaron en cuenta.

Greenpeace respeta el fallo del Tribunal Supremo

Por su parte, Greenpeace señaló que, a falta de poder leer la sentencia del Tribunal Supremo que desestima su recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros que validó la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), respeta la decisión, e indicó que seguirá «exigiendo» la participación pública sobre este proyecto.

Según explicó la portavoz de la campaña de Energía de Greenpeace, Raquel Montón, la organización «todavía está esperando a recibir la sentencia y leerla en detalle y conocer la argumentación» del Supremo, aún así, apuntó que desde Greenpeace respetan las decisiones del tribunal».

Para Montón, lo «importante» es que «el proceso continúa» y, además de este recurso ahora desestimado sobre la ubicación del ATC, existe otro en el que se reclama la participación ciudadana en «un proyecto real que se está conociendo ahora» y, por ello, «se seguirá exigiendo esto último», ha indicado.

«Empezamos a conocer ahora el proyecto y sabemos que el transporte de los residuos nucleares serán por carretera, lo que implica que recorrerán cientos de kilómetros en los primeros meses. Los habitantes de las ciudades afectadas por este transporte creemos que también tienen que ser consultadas», señaló.

En este sentido, puso como ejemplo la presión ciudadana con la situación del proyecto de Castor. «Castor también fue un proyecto con evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, ya en fase operativa se produjo un hecho no evaluado y ha sido la participacion pública real, los habitantes de la zona, los que han llevado a las autoridades a tomar medidas cautelares», recordó.

«No se va a llevar a cabo un proyecto como el del ATC, cuyo tiempo de vida es de entre 70 y 100 años, inasumible legislacion actual, sin la participación ciudadana», ha insistido.

Villar de Cañas ve una «pérdida de tiempo» que se recurra a Bruselas

Asimismo, el Ayuntamiento de Villar de Cañas celebró la decisión del Tribunal Supremo, que ratifica la ubicación del ATC en esta localidad tras desestimar un recurso de Greenpeace, y manifestó que si la organización ecologista lleva este caso a Bruselas «será una perdida de tiempo».

Así reaccionó su alcalde, José María Saiz, que indicó que esta decisión se la esperaban, pues fue un proceso «claro y voluntario» y que no tenía que ver con lo que Greenpeace afirmaba cuando decía que el proceso fue poco transparente, y que no contaba con la participación ciudadana.

«Es una cuestión que estaba muy clara, ha sido un procedimiento muy largo, con muchas exigencias, muy respetuoso y muy cuidadoso, que ha respetado los principios de publicidad y participación pública», aseguró Sainz.

Asimismo, calificó de «derecho al pataleo» la posibilidad de que Greenpeace lleve este caso a los tribunales europeos. Si esto se produce, el Ayuntamiento seguiría recurriendo y defendiendo su postura para defender la ubicación del silo en esta localidad.

C-LM celebra que Greenpeace «sea desautorizado judicialmente»

Finalmente, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de su portavoz, Leandro Esteban, celebró «mucho» que quienes han intentando «entorpecer» el desarrollo del ATC, que se ubicará en la localidad conquense de Villar de Cañas, «se vean desautorizados judicialmente».

«Algunos pensamos que el ATC desde el primer momento constituía una instalación segura, conveniente y generadora de riqueza para Castilla-La Mancha y para una zona de la región que lo necesita», por lo tanto «cualquier recurso que se pusiera contra ello era infundado y buscaba entorpecer toda esta serie de beneficios», dijo.

Es por ello que apuntó que «si el Tribunal Supremo ha dado la razón a quienes pensábamos que el ATC era bueno para Castilla-La Mancha, yo lo que puedo hacer es celebrarlo», continuó el portavoz de la Junta, quien confió en que el desarrollo del silo nuclear siga desarrollándose «de la manera más correcta posible y sin la menor cantidad de trabas posibles».

Turquía acuerda con Japón la construcción de su segunda nuclear

El acuerdo fue firmado por los primeros ministros de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Japón, Shinzo Abe, que asistió en Estambul a la inauguración del túnel de Marmaray, bajo el Bóspforo, una infraestructura en la que participan también compañías niponas, según informó la prensa local.

La planta será construida en la provincia de Sinop por un consorcio entre la empresa japonesa Mitsubishi Heavy Industries y la francesa Areva.

La instalación contará con cuatro reactores con una potencia total de 4.800 megavatios. La primera unidad tendría que estar lista en 2023 y hasta 2028 no estarán plenamente operativos todos los reactores.

Al ser preguntado sobre las críticas a la energía nuclear y los riesgos de accidentes, Erdogan aseguró que esta central contará con la tecnología más avanzada, aunque reconoció que es imposible descartar totalmente los riesgos.

«Sabemos que es imposible decir algo como ‘nunca ocurrirá un accidente’. Incluso si la posibilidad es de una entre un millón, ese peligro, ese accidente, puede ocurrir, y es imposible ignorarlo», reconoció el primer ministro ante los medios.

Erdogan argumentó que no hay inversión sin riesgo y que es preciso tomar todas las medidas de seguridad para minimizar el margen de error.

Rusia está ya construyendo una planta atómica en la provincia de Mersin, en la costa mediterránea de Turquía, una instalación que tendrá cuatro reactores y 4.800 megavatios de potencia.

Un consorcio liderado por GDF Suez logra un contrato para el reactor de fusión nuclear Iter

Suez indicó que el contrato, encargado a su filial Cofely (y a la compañía de ingeniería M+W) por el organismo que gestiona el Iter para la Unión Europea, Fusion for Energy (F4E), tiene una duración de seis años.

Prevé la concepción, los estudios, la realización y el mantenimiento de 13 edificios del complejo ubicado en el sureste de Francia que suman 97.200 metros cuadrados, entre ellos el Tokamak que albergará el reactor.

Cubre igualmente el diseño, la realización y el mantenimiento de las instalaciones de calefacción, ventilación, climatización, así como los equipos eléctricos y mecánicos, las redes de fluidos, el dispositivo de prevención de incendios y el sistema de comandos.

Tras una fase de estudios de un año, se programó en septiembre de 2014 el inicio de las obras, que se prolongarán durante cinco años y que llegarán a necesitar en la fase de mayor actividad -2016- hasta 450 personas.

El director general delegado de GDF Suez Energía Servicios, Guy Lacroix, destacó que su candidatura marcó la diferencia gracias a una experiencia de «30 años de excelencia técnica y numerosas referencias, sobre todo en el terreno nuclear».

La filial del grupo francés participa actualmente en la construcción del reactor de tercera generación EPR que se está construyendo en Flamanville, en la costa del noroeste de Francia, que debe entrar en funcionamiento en 2016.

Una persona muere cada día «aún hoy» a consecuencia del accidente en la central de Fukushima

Hatamura, explicó que el número total oficial de fallecidos en Fukushima durante el último año y medio asciende a 1.121, de los que se calcula que dos tercios de las víctimas se deben al accidente atómico severo que se produjo en la planta que resultó dañada a raíz del tsunami de 18 metros de altura, que siguió a un gran terremoto. La cifra es la oficial que ofrece el Gobierno, de acuerdo a las indemnizaciones entregadas.

Así, en los dos años posteriores al suceso los muertos ascienden a 1.300, tras registrarse en los últimos seis meses unas 180 víctimas más. De todas estas, según aseguró Hatamura, «ninguna» se debe a la exposición a la radiactividad sino que en todas ellas, la causa común parece ser el estrés y la salud mental.

«Cada día, aún hoy muere una persona a consecuencia del accidente. Las autoridades se centraron en el accidente de la planta y no en las consecuencias externas. La ‘atmósfera psicológica’ en la zona de Fukushima se vio muy afectada», manifestó Hatamura, quien insistió en que sus valoraciones son de carácter personal puesto que la comisión ya está cerrada.

En este sentido, añadió que los efectos de la radiación sobre la salud son comparables a los de una vida poco sana y a los del tabaco o el alcohol pero, de todos, la consecuencia más peligrosa es el estrés mental. «Sin embargo, todos los esfuerzos se centraron en paliar la contaminación física de la radiación», insistió.

El problema, a su juicio, va más allá de la radiactividad, porque este tipo de accidentes severos «destruye todo lo que encuentra a su paso», tierras, casas, trabajos y esperanzas de futuro. Una vez se produjo el accidente, fueron evacuadas unas 160.000 personas de las que 150.000 aún no han podido volver a sus casas y una gran parte de ellas no podrán hacerlo nunca.

Esta población dejó atrás toda su vida y la mayor parte de los afectados, según explicó, no lograron asumir la catástrofe ni aceptar sus nuevas circunstancias, muy distintas a su vida anterior y a las que fueron trasladados a la fuerza. «El efecto ha sido medioambiental porque han sido desarraigados y esto les ha provocado daños fisiológicos. Simplemente no se adaptan a este cambio«, apuntó.

Hatamura dijo que «nadie» esperaba olas de esta altura al sur de Sendai y por eso la central de Fukushima Daiichi no estaba preparada. Al contrario, en plantas situadas más al norte, se esperaban tsunamis de 10 a 15 metros, pero en Fukushima la ola llegó a 18 metros de altura. Por ejemplo, relató que la central de Sendai se salvó por un metro, ya que estaba construida para soportar un maremoto de 15 metros y llegó una ola de 13 metros de altura, pero el terreno, a consecuencia del terremoto anterior, se hundió un metro.

Además, consideró que el Gobierno de Japón no hizo todos los esfuerzos necesarios para reparar los hundimientos y la contaminación de los terrenos cuya solución es «relativamente sencillo» y estimó que debe haber un cambio de plan para revertir esta situación, reconocer los errores y aprender lecciones.

En este contexto, valoró que antes del accidente todos los esfuerzos en Japón eran para la prevención de un accidente, pero no había un plan por si realmente se producía un siniestro, tal y como ocurrió. Por eso, insistió en que a partir de ahora hay que pensar que «todo lo que pueda suceder va a sucecer» y en que se deben incorporar medidas para minimizar los daños.

De cara al futuro, subrayó la importancia de que los japoneses piensen por sí mismos y no se conformen con las explicaciones más fáciles y agregó que una regulación más estricta no tiene por qué ser mejor. «Las pruebas y la regulación no garantizan una mayor seguridad», apostilló Hatamura para quien el Gobierno en Japón «siempre» dice que las centrales son seguras pero la realidad y el accidente, demostraron que no lo son.

Respecto a los efectos psicológicos de la reanudación de la actividad nuclear en la zona de Fukushima, el experto afirmó que «definitivamente» la población «no quiere» y opinó que en Fukushima es imposible que se vuelva a operar una central nuclear. Hatamura estimó que, de iniciarse alguna planta, al menos tendría que ser a una distancia de unos 500 kilómetros por los efectos psicológicos en la población de la prefectura.

En todo caso, añadió que en Japón la opinión sobre la energía nuclear «ha cambiado mucho», por lo que el regreso de la actividad no se podrá producir hasta que los japoneses reconozcan el riesgo que entraña y se preparen mentalmente para ello.

Sólo en ese caso, según Hatamura, la sociedad podrá volver a aceptar la energía nuclear porque ahora saben que es «muy peligrosa».
«En el futuro serán los japoneses quienes deban decidir si quieren usarla», concluyó, tras no descartar que la acepten de nuevo si la necesitan por suministro eléctrico.

España organiza en el entorno de Almaraz un simulacro de accidente nuclear con unas 5.000 personas

Según ha explicado el subdirector del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, se trata del Ejercicio de Respuesta Internacional Urgente en Cáceres (CURIEX, por sus siglas en inglés), con el que se pretende ensayar todos los procedimientos operativos de respuesta previstos en los planes de emergencia nuclear (PENCA Y PENCRA), así como los de solicitud y recepción de equipos nacionales e internacionales, la coordinación de los distintos niveles de respuesta y la concienciación de la sociedad de cómo debería actuar en el caso de accidente nuclear.

Aguilera ha señalado que la energía nuclear es una realidad en España y en los países de su entorno por lo que es preciso tener probados los distintos mecanismos de prevención y respuesta. El CURIEX tiene un presupuesto cercano a los 600.000 euros, de los que el 85 por ciento será financiado por la Comisión Europea.

El director de Protección Civil y Emergencias, Juan Díaz Cruz, ha explicado qué ejercicio se desarrollará en el entorno de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y en los municipios en un radio de 10 kilómetros, donde se simulará una fuga radiactiva a la atmósfera. Este accidente obligará a poner en marcha medidas de confinamiento y evacuación de la población y que alcanzará carácter internacional ya que en el CURIEX participarán de forma coordinada equipos de Francia, Portugal, Bélgica, Italia y Marruecos y asistirán como observadores Argelia, Israel y Rusia, así como representantes de los estados miembro de la Unión Europea.

Durante la presentación, ha indicado que el proyecto surgió en 2012, cuando el mecanismo de Protección Civil de la Comisión Europea solició propuetas para hacer simulacros un año después del accidente nuclear en la central japonesa de Fukushima Daiichi. A esta convocatoria, España presentó un proyecto en julio de 2012 que fue seleccionado y cuya fase de ejecución se celebrará en Almaraz.

El simulacro de accidente nuclear supondrá una fuga radiactiva a la atmósfera que afectará a la población local de Almaraz, Belvís de Monroy, Casas de Miravete, Casatejada, Higuera, Mesas de Ibor, Millanes de la Mata, Romangordo, Saucedilla, Serrejón, Toril y Valdecañas de Tajo.

Hasta su ejecución, el CURIEX ha supuesto una preparación de 15 meses y, posteriormente comenzará la fase de análisis y conclusiones que terminará el próximo mes de marzo. La idea, según ha explicado la directora técnica de protección radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), María Fernanda Sánchez, es incorporar las «lecciones aprendidas» al resto de planes de emergencia de otras centrales españolas, así como a la normativa nuclear española y europea.

Entre los medios nacionales participan distintos equipos y numerosos efectivos coordinados por la dirección general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y por la subdelegación del Gobierno en Cáceres -que dirige el operativo-, 52 miembros del Consejo de Seguridad Nuclear, la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de la zona, 208 efectivos de la Policía Nacional, 346 miembros de la Guardia Civil, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire, Cruz Roja, 112, Bomberos de Navalmoral de la Mata, CIEMAT, ENRESA, Tecnatom, PROINSA, la Universidad de Extremadura, el Insituto de Salud Carlos III.

En cuanto a la participación internacional, acudirán más de 120 operativos de Francia, Portugal, Bélgica, Italia y Marruecos, que desplazarán hasta 32 de vehículos de intervención, como laboratorios móviles de espectrometría ambiental, con capacidad de muestreo de sólidos y líquidos; unidades móviles de caracterización radiológica ambiental de superficies contaminadas; unidades móviles para el análisis de la contaminación interna de personas en tiroides y tórax; líneas móviles de descontaminación de personas y expertos en control de calidad y gestión del agua.

Los medios y recursos extraordinarios actuarán coordinados por un equipo europeo de Protección Civil. Además, participarán observadores de los países del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Así, Aguilera ha subrayado que se trata del primer ejercicio de estas características a nivel europeo para poner en práctica el mecanismo de coordinación europeo y probar los planes de emergencia para detectar posibles mejoras. «Se trata de ver si los medios son adecuados y qué aspectos son mejorables», ha apuntado.

Además, ha insistido en que se pretende la participación de la población local, aunque se tratará de interferir lo menos posible en el transcurrir de sus vidas durante los tres días de simulacro. Por ello, participarán unas 5.000 personas que representan a un porcentaje significativo del total de la población. «Pretendemos que al final, la población interiorice las medidas que debe tomar y cómo debe actuar en una situación de este tipo», ha añadido.

Asimismo, ha recordado que en una emergencia nuclear el Estado la dirección de la situación desde el inicio y se establece el Comité Estatal de Coordinación (CECO), por el que el Gobierno está informado al más alto nivel.

Para la subdelegada del Gobierno en Cáceres, Jerónima Sayagués el CURIEX y el ejercicio del Plan de Emergencia Nuclear de la Central de Almaraz (PENCA) va a marcar un antes y un después en el entorno de Almaraz, de Cáceres y de Extremadura.

Por su parte, la directora de protección radiológica del CSN, María Fernanda Sánchez, ha definido el CURIEX como «un gran puzzle, por el número de actuantes e instituciones» que participan de manera coordinada y ha asegurado que, en el caso de que llegase a producirse un accidente nuclear, «España está preparada para actuar» por lo que no haría falta pedir ayuda internacional. Así, ha dicho que el simulacro llegará a la máxima categoría de accidente y ha precisado que el organismo regulador ha diseñado el ejercicio pero que los participantes en el mismo no conocen lo que va a pasar, para poder probar mejor el funcionamiento del operativo.

La fase de ejecución del CURIEX tendrá una duración de tres días. En el primero, se desarrollará la fase de amenaza, en el que intervendrán los medios propios del PENCA y en el que comenzarán a llegar algunos medios de apoyo nacionales e internacionales. Además, se emitirá la alerta, se procederá al confinamiento de la población, que deberá cerrar puertas y ventanas, y al reparto de profilaxis.

El segundo día, se celebrará la fase de vertido y todas las actuaciones contarán con la participación nacional e internacional. Se evacuará a la población antes de que llegue a estar afectada por la radiación, aunque se hará previamente la fase de reclasificación y, en su caso de descontaminación y se acometerá la caracterización radiológica de la zona.

El tercer día -fase en la que en la realidad habrían pasado varios meses-, se realizará el estudio y la recuperación de la normalidad en la zona y se tomarán decisiones sobre agua y cadena alimentaria y se abordará con Portugal una posible contaminación del río Tajo.

Finalmente, en la presentación del CURIEX se desarrollará, además de en Almaraz y los municipios del entorno en Cáceres, Trujillo, Plasencia, Mérida y Navalmoral de la Mata.