Durante la celebración de su asamblea anual, ASAGUA destacó la situación de atonía que atraviesa el sector por el parón continuado de las inversiones. De este modo, añadió que la crisis provocó que la inversión haya caído progresivamente hasta ser casi inexistente, y esto desembocó en una pérdida importante de actividad en un sector que es motor de la economía.

Para Antolín Aldonza, director general de ASAGUA, el Gobierno «debe establecer ya, de forma urgente» un marco legal para desarrollar fórmulas de colaboración público-privada, para que las empresas y administraciones públicas encuentren la debida seguridad sin que afecte al déficit público.

Además, reclamaron más inversiones en materia de agua porque han estimado que España necesita entre 10.000 y 15.000 millones de euros para infraestructuras del agua rentables y además reactivar la inversión en conservación y mantenimiento de las existentes, más un plus para rehabilitar el patrimonio hidráulico que haya resultado deteriorado a causa de la poca inversión habida en los últimos años.

En este presupuesto cabrían las 900 depuradoras nuevas que calcularon que necesita el país. «Hay que construir las infraestructuras necesarias y mantener el patrimonio hidráulico que ahora se encuentra en estado de riesgo de deterioro prematuro si no se actúa con prontitud», manifestaron los responsables de ASAGUA.

En la asamblea, también se analizaron los planes hidrológicos y los precios del agua que, según el sector «deben ser un compendio de todos sus costes, incluido el de las infraestructuras y su reposición, pero al tratarse de un precio político el consumidor no paga lo que cuesta y la diferencia recae en todos los ciudadanos y en los operadores».

Asimismo, consideraron que para ejecutar todas las actuaciones necesarias en abastecimiento, saneamiento y depuración es «imprescindible» recuperar los costes, lo que significa que los usuarios paguen el precio real del agua, incluidos los costes e las infraestructuras.

En este sentido, insistieron en que sea «el consumidor final y no el ayuntamiento quien pague el servicio», porque es vital para la cooperación público-privada.

Ello, pese a que el Gobierno rechazó el martes la realización de Hidroaysén, el mayor proyecto hidroeléctrico en la historia del país impulsado por las generadoras Endesa Chile y Colbún, que perseguía la construcción de 5 represas sobre los cauces de dos ríos en la Patagonia, con una inversión de 3.200 millones de dólares.

El veto a Hidroaysén obedeció a que la autoridad estimó que el proyecto no consideraba medidas adecuadas para subsanar el impacto que tendría sobre el medioambiente y los habitantes de la austral región de Aysén.

«En un país que tiene muy pocos recursos energéticos nosotros tenemos la obligación como sociedad y como Estado de usar los recursos hídricos para generar energía eléctrica», dijo Pacheco entre entrevista con radio Cooperativa. «En esto el Estado no es neutral. A nosotros no nos da lo mismo que los proyectos se hagan o no se hagan», agregó.

Chile cuenta con una débil matriz energética, debido a una creciente demanda de electricidad y una oferta que se ha estancado en los últimos años por la ausencia de nuevas inversiones en generación y transmisión.

El Gobierno de Michelle Bachelet ha planteado un plan de mediano plazo para impulsar nuevos proyectos públicos y privados, que privilegien el uso de energías renovables tradicionales, como la hidráulica, y no convencionales, como la eólica y solar, por sobre el uso de combustibles fósiles de los que el país no dispone.

Pacheco señaló que en los próximos diez años el 45% de la infraestructura corresponderá plantas en base a energías renovables no convencionales (ERNC), pero que ello no implica que se dejarán de lado otras fuentes como la hidroelectricidad.

«Vamos a continuar construyendo centrales hidroléctricas en todas las regiones del país donde haya recursos hídricos, en la medida en que estos proyectos se hagan conforme a la Ley de Medio Ambiente y respetando el derecho de las comunidades a ver mitigado el impacto», aseguró el ministro.

Más aún, Pacheco afirmó que los ríos de la Patagonia, como los mismos Baker y Pascua en cuyos cauces se proyectaban construir las centrales de Hidroaysén, no están descartados para el desarrollo de otros proyectos energéticos.

Indicó además que el impulso a nuevas plantas de generación de electricidad no impedirá, en el corto plazo, que los costos de la energía dejen de escalar.

«Todos estos proyectos son de lenta maduración, aquí los dados están echados. Las cuentas de la luz en los últimos cuatro años, del 2010 al 2014, han aumentado 20% y si no hacemos nada van a seguir aumentando«, aseguró.

«Las cuentas de la luz van a seguir subiendo porque nosotros estamos atrasados en esta tarea. No hemos hecho la tarea de construir la infraestructura de generación y de transmisión que el país necesita», remarcó.

El Gobierno cambió de actitud al rechazar HidroAysén

«Con la decisión del Comité de Ministros queda en evidencia que hay un cambio de actitud del Gobierno de Chile hacia HidroAysén y que dicho proyecto, en su formato actual, no ha generado el respaldo necesario de las autoridades», señaló en un comunicado la compañía que junto a Colbún son los gestores del proyecto.

En una escueta nota, Endesa Chile, la mayor generadora del país austral, aseguró que en múltiples ocasiones comunicó que el proyecto HidroAysén sólo se haría «si Chile lo considera estratégico para el desarrollo energético del país».

En opinión de Endesa Chile, el uso de los recursos hídricos, como combustible primario limpio y seguro, favorece la competitividad del país y son necesarios para alcanzar una matriz energética que, junto con las renovables no convencionales y las otras energías convencionales, «nos acompañe en el camino del desarrollo».

Por ello, «esperaremos el resultado de la discusión sobre el aprovechamiento de los recursos hídricos en Chile para definir en su caso los cursos de acción», concluyó el comunicado de Endesa Chile, que mantiene operaciones en Argentina, Perú y Colombia.

El proyecto de Hidroaysén había recibido 2.643 observaciones de 32 organizaciones, la mayoría de ellas grupos ambientalistas, aunque también fue rechazado por parlamentarios de distintos sectores.

Las cinco centrales se iban a construir en el cauce de los ríos Pascua y Baker, con la inundación de 4.010 hectáreas en un área de la Patagonia chilena de gran valor ecológico.

Según informó, la empresa española se encargará de la ingeniería, el diseño y la construcción de esta red, así como de más de 30 pozos, y de la instalación de un sistema de control para optimizar los consumos y evitar pérdidas de agua y energía.

El proyecto, que tiene un plazo de ejecución de 17 meses, contempla también la rehabilitación de los equipos existentes y la operación y mantenimiento de todas las instalaciones durante un año.

De esta manera, la nueva red, que creará 200 empleos directos y 100 indirectos durante la fase de construcción, evitará posibles filtraciones y mejorará la calidad del agua.

La nueva central, llamada «Apiacás», estará compuesta por una secuencia en cascada de tres plantas generadoras de energía, llamadas «Salto Apiacás», «Cabeza de Boi» y «Fazenda» y contará con una capacidad total instalada de 102 megavatios (MW).

Una vez que se encuentre a pleno funcionamiento, la central hidroeléctrica generará 490 gigavatios/hora (GWh) anuales, lo que supone «responder a la alta demanda de energía del país, que se estima que crecerá a un promedio anual del 4% hasta el año 2020″.

Para reducir los costes internos durante las obras se construirá además una instalación fotovoltaica de capacidad de 1,2 MW de potencia instalada y que tras la construcción de la central quedará en funcionamiento añadiendo su propia energía renovable.

El nuevo complejo hidroeléctrico se completará y entrará en función en el primer semestre de 2016, según aseguró Enel Green Power.

La construcción de esta central, en línea con los objetivos de crecimiento establecidos en el último plan industrial 2013-2017 de la empresa, estará completamente financiada por los recursos de Enel Green Power.

El proyecto está asociado a un contrato de compraventa de energía por un periodo de treinta años a la red nacional.

En Brasil, Enel Green Power cuenta con 210 MW de capacidad instalada, de los cuales 93 MW corresponden a energía hidroeléctrica y el resto a energía eólica.

El Gobierno presentó un borrador de normativa para sustituir el sistema de primas al régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) por una «retribución razonable» a lo largo de la vida útil de la planta, con el que prevé ahorrar 1.750 millones de euros este año. Ante esta situación, APPA dijo sentirse «hundida en el caos de la reforma energética».

El Gobierno eliminó el 75% de su retribución de soporte, lo que «pone especialmente en riesgo de supervivencia a las centrales de menos de 5 MW», según afirmó la asociación.

De acuerdo a las estimaciones de APPA, este nuevo esquema «impide cobrar retribución a la inversión y a la operación a todas aquellas centrales con potencia inferior a 10 megavatios (MW) puestas en marcha con anterioridad a 1996», que son la mayoría, y a las anteriores a 2006 con más de 10 MW de potencia.

APPA consideró que la situación «se agrava» porque la mayoría de las instalaciones son de muy pequeña potencia, es decir, inferior a 5 MW, lo que no les ofrece economías de escala ni flexibilidad financiera, por lo que «se verán abocadas al cierre» dado que con la retribución del mercado «no podrán atender ni siquiera los gastos de operación y mantenimiento».

En España, hay 19.000 megavatios (MW) de potencia hidráulica instalados de los que 2.000 MW son minihidráulicas y forman parte del régimen especial. De las 1.907 centrales hidráulicas, 866 centrales tienen una potencia instalada inferior a 1 MW.

Además, APPA advirtió de que cualquier inversión de las consideradas «de media vida útil» en cualquiera de estas centrales, como puede ser un cambio de turbinas o de un multiplicador, no tendría posibilidades de obtener financiación en el mercado.