Se ha celebrado la tercera subasta de potencia renovable en un corto período de tiempo. Subastas que han introducido una cierta sensación de aceleración artificial en el sector renovable español, lo que podría llamar a equívoco a cualquier observador externo. El resultado, como se conoce, es una adjudicación de 3.909 MW de nueva potencia fotovoltaica y 1.128 MW eólicos. Hasta aquí, se cumplen las previsiones de esta nueva subasta de suelo móvil retributivo. Más allá de lo publicado, el envés de la trama, la cara oculta de estas subastas merece una atención más contextualizada.

Es de reconocer la utilidad de la combinación de subastas sucesivas para el propio tacticismo del Ministerio de Energía. En primer lugar, muestra de forma repentina una posición ferviente en pos de las energías renovables, urgidos como estamos a la vez por el cumplimiento de los objetivos españoles para 2020 tras el parón de la primera legislatura prolongada de Mariano Rajoy y de los efectos la reforma eléctrica. Eso, y la situación de los proyectos resultantes de la primera subasta, ha inducido a la técnica del más madera para que los proyectos, por acumulación, vayan entrando en funcionamiento. En todo caso, adjudicar nueva potencia renovable era ya algo obligado, con lo que el Ejecutivo ha hecho de la necesidad, virtud.

En segundo lugar, de forma no menos sibilina, el Ministerio busca un elemento justificativo para promover un recorte adicional de la rentabilidad razonable a partir de 2020, lo que ya se ha expresado como voluntad inquebrantable en círculos públicos y privados. Sería ejecutar otro tajo para volver a una nueva espiral de inseguridad jurídica, arbitrajes y conflictos jurisdiccionales. Esquemáticamente, esta construcción argumental se resume así: Si convocamos subastas y su resultado es que la retribución es a mercado puro y duro, sin incentivos: ¿Qué necesidad hay de retribuir la potencia instalada en el pasado, aunque ya hayamos realizado un recorte hasta el 7,39%? Por tanto, hasta el cero incentivos todavía es posible aplicar una segunda ronda de pasar el cepillo.

En tercer lugar, no menos importante, el Gobierno se aprovecha de la encarnizada lucha entre tecnologías por la nueva potencia. Así se contextualiza el hecho de cebar la bomba de la confrontación intertecnologías de forma que el resultado de las primeras subastas fue predominantemente eólica y esta última fotovoltaica, lo que permite presentarse al Ejecutivo de una forma salomónica y calculadamente equidistante, mientras la artillería retórica se entrecruza. Pero es más, en este contexto de sobrecapacidad, esta confrontación se extiende al resto de tecnologías, que el Ejecutivo quiere mantener pese a los propios titulares de las instalaciones, dado que todos tienen incentivos a que de una u otra forma se trate de retirar potencia, por motivos ideológicos, medioambientales o económicos.

Empresarialmente, su resultado ha supuesto la irrupción con fuerza en el sector renovable de Forestalia con la nueva potencia adjudicada enlas tres subastas y, por orden de magnitud,tanto de Enel Green Power (Endesa) y de Gas Natural Fenosa, reforzando su mix de generación renovable, así como en esta última subasta de los grupos ACS y el grupo X-Elio.

Finalmente, estas rondas de subastas no han quedado exentas de cuestionamientos y polémicas por varios motivos. La complejidad de las mismas, que requirió que el propio Ministro advirtiera a los posibles pequeños concurrentes, después del florecimiento de los operadores maverick, sobre el margen de riesgo regulatorio que el Gobierno se da a sí mismo, para que se hicieran a la idea de la discrecionalidad regulatoria a la que se pueden exponer. Para esa discrecionalidad el Gobierno prefiere un sector empresarializado en lugar de afrontar un escenario de agitación como la ocurrida en el pasado con los pequeños productores fotovoltaicos, además de evitarse los riesgos existentes de que los proyectos no llegasen a entrar en funcionamiento por falta de músculo financiero.

También abonó la polémica la estrambótica falta de neutralidad de cada subasta como evidencian los resultados extremos y maniqueos de cada una. Y, finalmente, la propia controversia que se ha transparentado allende nuestras fronteras en referencia a los “retrasos” y ausencias en la (in)comunicación y notificación de las subastas a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. Atentos.