En su último informe de seguimiento del mercado mayorista peninsular al contado, el regulador indicó que «el descenso continuado» de la actividad de cogeneración se produce al abrigo de la nueva regulación sobre el antiguo régimen especial, en la que se incluyen tanto las renovables como este tipo de producción a partir del calor desprendido en los procesos productivos de las fábricas.

«Si bien el descenso se encontraba en torno a un cuarto de la producción habitual para el mes de febrero, esta cifra continuó incrementándose hasta situarse en el entorno del 35% para el mes de abril, lo que representa una reducción de unos 1.800 megavatios (MW) horarios», señaló la CNMC.

El regulador también advirtió en el último informe del alto sobrecoste añadido del mercado eléctrico, hasta el punto de que en los meses de marzo y abril se alcanzó «el máximo registrado en los últimos años».

Estos sobrecostes proceden especialmente de los procedimientos de «resolución de restricciones», que encarecieron el precio de la electricidad en abril en 6 euros por megavatio hora (MWh), cuando desde 2007 apenas superan de media los 3 euros.

La CNMC aseguró que este incremento responde a un aspecto técnico de tipo regulatorio. En concreto, aludió a una «metodología de liquidación» que quedó corregida en una resolución del Ministerio de Industria del pasado 8 de mayo.

Junto a esto, el informe señaló a los niveles «muy reducidos» de funcionamiento de los ciclos combinados de gas, por debajo de las 600 horas, lo que supone una cantidad comparable a los mínimos alcanzados en abril de 2013.

En cuanto al carbón, indicó que la fuerte producción renovable redujo considerablemente el llamado hueco térmico, lo que impidió la participación en las condiciones previstas de las centrales en las que se quema el mineral nacional.

En los cuatro primeros meses del año, el volumen de producción eléctrica pendiente de despachar a partir de centrales de carbón nacional alcanza porcentajes del 97%, advirtió el regulador.

El plan laboral alcanzado entre ambas partes, y que deberán aprobar de manera definitiva los acreedores concursales (lo que podría ocurrir hacia finales de año), incluye un convenio a seis años, con congelaciones salariales y subidas del IPC más un 0,5 por ciento.

Se trata de un acuerdo «histórico» logrado en la reunión que empresa y comité mantuvieron el pasado lunes en Burgos, un día antes, por tanto, del primer aniversario del despido de toda la plantilla, compuesta por 533 operarios, según recordó el portavoz de los trabajadores, Antonio Pérez Portilla.

El secretario del comité destacó que se trata de un acuerdo al que probablemente no habrá llegado «ninguna» empresa en España, y que se ha conseguido tras casi dos años de lucha de los trabajadores, algo que «en su momento se valorará».

Así, han pasado de estar todos despedidos -este martes se cumplía un año de esa situación, tras no llegarse entonces a un acuerdo entre las dos partes- y de las 163 bajas planteadas después por la dirección, a que 326 trabajadores vayan a volver a sus puestos y sin que haya, además, despidos traumáticos. Y es que el resto de miembros de la plantilla original optará por la jubilación -y prejubilación- o se acogerá a la indemnización.

Esto supone un «avance importante», en palabras de Pérez Portilla, que se ha mostrado satisfecho por el acuerdo logrado, que contempla jubilaciones de 58 a 63 años, una bolsa de trabajo para contratar a todos los operarios con contrato relevo, u 800 euros de ayuda para quienes dejen de percibir prestación por desempleo una vez entre en vigor el plan laboral.

También ha resaltado que no hay «ningún» despido traumático, ya que según ha explicado 72 trabajadores se jubilan, 60 se acogen a las jubilaciones anticipadas y 33 optan por las indemnizaciones. Además, para la veintena de empleados que tenían contrato relevo se ha creado una bolsa de trabajo y la empresa se ha comprometido a contratarlos a todos en un plazo aproximado de un año, y en todo caso siempre «antes que a uno de la calle».

El acuerdo, -que será votado este miércoles, 24 de septiembre, a partir de las 10 horas por los trabajadores, y que deberá recibir en también el visto bueno de los administradores concursales- contempla un convenio a seis años, cuatro menos que los que pretendía la dirección, que había previsto congelación salarial y retirada de pluses importantes para esos diez años.

Según ha detallado el portavoz de los trabajadores, en los dos primeros ejercicios (2015 y 2016) habrá congelación salarial, mientras que en el tercero se aplicará una subida del IPC + 0,5%, que se mantendrá en 2018. Al año siguiente se sumará la misma subida, y en el último ejercicio, 2020, también, además de una reducción de la jornada laboral de 8 horas.

Aún con todo, el sindicalista ha admitido «sacrificios fuertes», que han hecho tanto de los que se jubilan como del reto de trabajadores, a los que se aplica una bajada salarial del 15%, pero ha valorado que el resto de condiciones del convenio que la dirección quería «tocar» se han «salvado dignamente».

«No está mal», ha manifestado, para insistir en que se trata de una acuerdo «digno», más si se tiene en cuenta que tenían que elegir entre «esto» o, si no, «el día 25 todos en la calle, sin vuelta de hoja».

Se trata, como ha recalcado Pérez Portilla, de un logro que han conseguido los trabajadores tras casi dos años de lucha ante una situación que «no aguanta cualquier empresa».

Pérez Portilla ha explicado que si, tal como se espera, los trabajadores dan el visto bueno y aceptan el acuerdo cerrado, el mismo miércoles -día en que se acaba el plazo- sus abogados presentarán en Madrid el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que avalaba los despidos.

El objetivo del mismo es que el fallo no sea efectivo y poder poner en marcha el plan laboral una vez sea aprobado de manera definitiva, extremo que no se producirá antes de noviembre, dado el plazo de 40 días de antelación con que debe convocarse la junta de acreedores.

Los trabajadores de Sniace ratifican el acuerdo laboral

Por su parte, los trabajadores de Sniace han ratificado, sin ningún voto en contra ni ninguna abstención, el acuerdo laboral que permitirá reabrir la fábrica de Torrelavega y reanudar su actividad con 326 trabajadores y sin despidos traumáticos.

Este respaldo de la asamblea de trabajadores ha dado luz verde a la presentación del recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que avala los despidos. De hecho, el comité de empresa ya ha dado la orden a sus servicios jurídicos para que presenten el recurso, según ha informado Pérez Portilla.

Fort Hills Energy L.P. está participada por Suncor Energy (40,8%), Total E&P Canada Ltd (39,2%) y Teck Resources Limited (20,0%), que desarrollan el proyecto minero de arenas bituminosas de Fort Hills, del que se espera una producción de bitumen de 180.000 barriles al día. Estos datos fueron facilitados por la compañía en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El alcance adjudicado a Técnicas Reunidas, que será ejecutado en modalidad llave en mano, incluye la ingeniería, compras, construcción y pre comisionado, hasta terminación mecánica, de una instalación con dos turbinas de gas de 85 megavatios (MW) nominales cada una, dos calderas de recuperación de calor para producción de vapor y todos los sistemas auxiliares para su interconexión con el sistema de servicios de la mina de Fort Hills.

El valor del contrato es de, aproximadamente, unos 175 millones de euros y se completará en un período estimado de 31 meses, siendo el proyecto el primer contrato EPC de generación de energía en Norteamérica para TR.

Las inversiones en arenas bituminosas y «shale gas» en la región representan una «gran oportunidad» para Técnicas Reunidas en sus negocios de petróleo, gas y generación de energía, destacó la compañía, que indicó que el proyecto es el primero de generación de energía lograda por la empresa en Norteamérica y representa un nuevo paso para consolidar su presencia en Canadá, donde comenzó a ejecutar proyectos en 2012.