Trece asociaciones industriales, que ya lanzaron hace unos meses un manifiesto para reivindicar la cogeneración como herramienta de competitividad energética, vuelven a solicitar al Gobierno «una vía de diálogo constructivo» para suavizar los efectos de la orden de parámetros retributivos de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos , por el impacto que este tiene en la competitividad industrial y contribuir así al «renacimiento industrial del país».

Se trata de las industrias de azulejos y baldosas cerámicas; papelera; de alimentación y bebidas; ladrillos y tejas; madera y mueble; textil; curtido de pieles; maquinaria de bienes de equipo para cerámica; fritas, esmaltes y colores cerámicos; productos para la construcción y de empresas extractivas, además de la Asociación agraria Jóvenes-agricultores y de Cooperativas Agro-alimentarias.

Las asociaciones se mostraron convencidas «de poder encontrar fórmulas factibles» para la cogeneración, con el objetivo de combinarlas con las medidas anunciadas para la reindustrialización que prepara el Gobierno.

«No hacerlo sería un contrasentido y supondría desentenderse de un grave perjuicio generado a la industria al intentar solucionar un problema que le era ajeno», advirtieron, puesto que «tenemos futuro y capacidades para volver a invertir, para generar nuevo empleo y materializar la recuperación iniciada»,

A este respecto, recordaron que durante el largo proceso de desarrollo de la reforma energética, aún inconcluso, las asociaciones del manifiesto mostraron su interés por colaborar con el Ministerio para un mejor entendimiento de lo que supone la cogeneración como instrumento de competitividad para la industria y añadieron que «es el momento de afianzar una vía de colaboración para recuperar la competitividad y la eficiencia energética perdida».

Asimismo, insistieron en que la cogeneración «tiene todo el sentido» cuando es implementada en un proceso industrial asociado con grandes consumos de electricidad y calor vapor y térmica, cuya producción optimizada al cogenerar ambos en un mismo proceso proporciona enormes ahorros y beneficios para el país.

Por ello, insistieron en que «se necesitan medidas urgentes y de inmediata implantación o será imposible recuperar la competitividad industrial perdida», porque el impacto de la reforma «se materializará en poco tiempo con notable elevación de costes eléctricos y sus consecuencias inmediatas en las empresas de desplome de las exportaciones, repercusión en el empleo, mayores emisiones medioambientales y números rojos en las cuentas de resultados de las compañías».

Afirmaron representar a sectores que han invertido «fuertemente para implementar cogeneración en su proceso productivo» con el objetivo de elevar o mantener los niveles de competitividad necesarios para poder exportar la mayoría de su producción a mercados exteriores ante la atonía del mercado interno y defendieron que reindustrializar España requiere una política energética que apoye la cogeneración «como herramienta legítima y eficaz de competitividad» para consolidar industrias y sectores fuertes.

La reforma energética aprobada por el Gobierno sustituyó el antiguo sistema de primas a la producción de renovables y cogeneración por una retribución razonable a lo largo de la vida útil de la planta, lo que supone un recorte anual de 176 millones de euros para el sector, según datos del Ejecutivo.

En su opinión, la Orden IET/1045/2014 supone una «nueva y frustrante contrariedad, un fuerte recorte a la cogeneración que repercute directamente sobre la viabilidad de una gran parte de estas industrias nacionales que en su proceso productivo tienen integrada esta tecnología como parte esencial de su estrategia competitiva».

En este sentido, advirtieron de que cerrar las cogeneraciones conllevaría una caída de la demanda nacional de gas del 10%, una pérdida de la eficiencia energética del país del 2%, unos impactos socioeconómicos de más del 1% del PIB nacional y la pérdida de 70.000 puestos de trabajo industriales directos.

«Quedamos a la espera de sus noticias en la seguridad de que nos abrirá una vía en la que volcar toda nuestra colaboración», concluyeron la carta las asociaciones Asaja, Ascer, Aspapel, Cooperativas agroalimentarias de España, Fiab, Hispalyt, Acexpiel, Anffecc, Asebec, Aindex, Cepco, Confemadera Hábitat y Consejo Intertextil.

La asociación insistió en que el contenido de la orden ministerial de parámetros retributivos a las tecnologías de renovables, cogeneración y residuos publicada el viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por Industria obliga al paro definitivo de las instalaciones de tratamiento de purines que existen en España por «falta de viabilidad económica».

En concreto, el contenido de la orden recorta hasta en un 60% las retribuciones públicas incluidas en el anterior marco legal y bajo las cuales se estructuró la viabilidad económica de las plantas.

Respecto al carácter retroactivo de la norma, esta retroactividad obliga a cada instalación a hacer frente a devoluciones de cantidades millonarias ya invertidas en su funcionamiento para la digestión de purines: las plantas de 7,5 megavatios tendrán que afrontar pagos de 1,7 millones de euros y las plantas de 15 megavatios se verán obligadas a devolver 3,5 millones de euros.

ADAP recordó que la decisión del Gobierno llega tras desatender la propuesta alternativa planteada por su asociación, en la que proponía una reducción escalonada de las aportaciones hasta el año 2024.

Esta propuesta que ADAP mantiene ahora como válida para sus asociados, dispuestos a seguir buscando una posible solución negociada que detenga el desmantelamiento de las plantas, recoge la voluntad del Gobierno de reducir los costes de las plantas, ya que es un tercio más económica que la opción finalmente aprobada por la Secretaría de Estado en la Orden Ministerial del viernes.

La asociación recordó que este parón ha dejado a cerca de 3.000 granjas de cría porcina sin opción de dar salida a sus excedentes de purines, en cumplimiento de sus compromisos con la legislación medioambiental.

«Pedimos, reclamamos, diálogo, búsqueda de la verdad y de acuerdos que se gestionen de forma rápida y eficaz», afirmó el director general de Acogen, Javier Rodríguez, en el último boletín mensual de la asociación, antes de abogar por un «verdadero Ministerio de Industria» que vaya más allá del «ministerio del déficit».

Para las empresas de cogeneración, el momento actual es propicio para abordar «un verdadero diálogo, sereno y de mayores miras en las capacidades energéticas e industriales del país».

«Ahora que el Gobierno se ha decidido a abordar por fin un plan para reindustrializar la economía española y que las comunidades autónomas también dirigen sus esfuerzos a mantener su industria y reforzar la inversión y empleo asociados, procede establecer un diálogo que restaure la confianza en el binomio política energética e industrial en España«, afirmó Rodríguez.

El director general de Acogen reclamó también «verdaderos pactos de los partidos políticos sobre la energía y la industria» que permitan «incrementar la colaboración institucional, empresarial y social».

Con estas nuevas adscripciones, son ya doce los sectores industriales representados en un manifiesto presentado inicialmente por las industrias de los azulejos y baldosas cerámicas, papelera, alimentación y bebidas, y ladrillos y tejas, así como por la Asociación Agraria Jóvenes-agricultores y Cooperativas Agroalimentarias.

En concreto, las asociaciones que participan en la iniciativa son Acexpiel, Anffecc, Asaja, Ascer, Asebec, Aspapel, Cepco, Confemadera Hábitat, Consejo Intertextil, FIAB, Hyspalyt y las Cooperativas Agroalimentarias de España.

Según los impulsores, estas asociaciones representan sectores básicos de la economía real y reivindican la cogeneración como herramienta clave de competitividad energética para la reindustrialización de España y que el 40% de estas plantas se encuentran actualmente paradas como consecuencia de la reforma energética.

Según estas doce asociaciones las consecuencias del cierre de plantas de cogeneración conllevarían la caída de la demanda nacional de gas del 10%, la pérdida de la eficiencia energética del país del 2%, impactos socioeconómicos de más del 1% del PIB y la pérdida de 70.000 empleos industriales directos.

Por ello, en el manifiesto piden al Gobierno una «profunda modificación» de la propuesta de orden ministerial de retribución a las renovables, la cogeneración y el tratamiento de residuos. La nueva regulación «hace inviable» la cogeneración, señalaron.

Los promotores del manifiesto cuentan además con el apoyo de otras organizaciones, entre ellas el Instituto de Tecnología Cerámica y el Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines.

Los firmantes consideraron que «la reforma eléctrica maltrata a la cogeneración, penalizando precisamente a las industrias y actividades que contribuyen a la eficiencia energética del país».

En su opinión, la reforma eléctrica «debería desarrollar una política energética de impulso al tejido industrial en lugar de implantar un castigo a la industria».

La reforma energética plantea recortes en la retribución de la cogeneración, un sistema que permite generar al mismo tiempo electricidad y calor útil para algunas industrias, lo que supone un importante ahorro energético para las empresas que los utilizan.