El MARM explicó que el principal objetivo del proyecto, que fue presentado por la Asociación para el Desarrollo Rural Valencia Interior y que cuenta con la participación de grupos de Aragón y Castilla-La Mancha, es encontrar una fórmula que permita generar empleo en el medio rural mediante la valorización de la biomasa, «lo que permitirá elevar el nivel de vida de los ciudadanos y fijar la población rural».

Para ello, el plan prevé la realización de un análisis territorial previo, donde se recopilará toda la información existente y se generarán mapas potenciales. Una vez concluida esta fase, se redactarán planes integrales de ordenación forestal y se elaborarán estudios de estimación de la biomasa agraria.

También se establecerá una fórmula de colaboración interadministrativa que gestione los aprovechamientos, preste el apoyo formativo necesario y que se encargue de la gestión técnica, logística y de la búsqueda de recursos.

Los proyectos de cooperación interterrorial y transnacional se enmarcan en la Red Rural Nacional, que, entre otros objetivos, persigue aumentar la capacidad de desarrollo endógeno de los territorios rurales.

Para ello, el MARM puso en marcha en 2008 una convocatoria de ayudas a la cooperación interterritorial y transnacional, destinada a los grupos de acción local, con objeto de promover actuaciones singulares concretas, para convertir así a la Red Rural Nacional en depositaria de buenas prácticas al objeto de dinamizar la actividad de los sectores, colectivos, organizaciones, e instituciones vinculadas al medio rural.

El presidente de la asociación, Manuel García Pardo, pidió a Industria que muestre una «voluntad política real» y aproveche la elaboración del nuevo marco retributivo de la eólica y la termosolar para valorar esta mejora en las primas de la biomasa y del biogás.

Para justificar su reivindicación, APPA presentó un informe de la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) que cifra en 130 millones de euros la aportación positiva a la economía, una vez descontadas las primas, de las biomasas tras la revisión tarifaria, y en 46 millones el beneficio que ya procuran las 65 plantas activas, cuya potencia asciende a 510 megavatios (MW).

De hecho, en el caso de llevarse a cabo esta actualización de las primas, las plantas de biomasa y de biogás arrojarían un balance positivo de 72 y de 60 millones de euros, respectivamente.

García Pardo resaltó la importancia de «internalizar los costes» de cada tecnología, en términos de contribución fiscal o reducción de emisiones de CO2, para apreciar su valor real. «El futuro de la energía pasa por esta internalización» no solo para las renovables, sino también para la nuclear o el carbón, que generan costes no contabilizados relacionados con los «residuos, tragedias y la salud», señaló.

La directora de APPA Biomasa, Margarita de Gregorio, aseguró que «la inversión que se está pidiendo se devuelve con creces» y que el sector de la biomasa «no es de paracaidistas ni tiene riesgos de sufrir una burbuja», ya que cuenta con un prerregistro que controla la instalación de nueva potencia.

Además de las inversiones en nuevos proyectos, la revisión tarifaria generaría 47.300 empleos relacionados con la construcción de nuevas plantas y un ahorro fiscal de 131 millones al año. Su aplicación, permitiría alcanzar el objetivo de 1.350 MW instalados de biomasa incluido en el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (Paner) hasta 2020.

La biomasa pasará de 253 MW en 2010 a 1.031 MW en 2015 y podría atraer inversiones de 2.600 millones de euros, mientras que el biogás dispone de un objetivo de 400 MW hasta el final de la década que podría permitirle invertir 1.254 millones de euros.

Estas cifras, a tenor de la capacidad instalada hasta la fecha, representan un incremento hasta 2020 de 817 MW de biomasa (unos 81,7 MW al año), y de 223 MW de biogás (aproximadamente 22 MW anuales).

En la actualidad, los productores de biomasas reciben unas primas de unos 140 euros por megavatio hora (MWh), cuando otros países como Alemania ofrece retribuciones de 190 euros por MWh, indicó García Pardo.

Asimismo, García Pardo demandó la creación de una comisión intermisterial (entre el Ministerio de Industria y el de Medio Ambiente) que reconozca «de una vez por todas» el potencial de esta tecnología, así como sus beneficios en materia de prevención y extinción de incendios y en la reducción de las emisiones de CO2.

Una vez alcanzado el objetivo de la mejora retributiva, APPA Biomasa piensa abordar otro de los principales retos del sector, que es la petición de un aumento en el peso previsto de esta fuente sobre el consumo final de electricidad en 2020, de menos del 3%.

La biomasa comprende la sólida, cuyo recurso principal son los residuos forestales y agrícolas; el biogás, que se produce mediante residuos agroganaderos y la generada a través de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (Forsu), que en 2010 cubrieron algo menos del 2% de la demanda eléctrica peninsular.

Según explicó la compañía, se prevé que la nueva planta atienda las necesidades de 50.000 hogares y genere 400 empleos directos e indirectos.

Para la construcción de la instalación, Ence solicitó a la Junta de Extremadura la obtención de la Autorización Administrativa así como la Autorización Ambiental Integrada, según publicó el Diario Oficial de Extremadura.

Además, la compañía subrayó que, con la culminación del proyecto, otra de las fuentes energéticas de la central procederá de la limpieza de montes y la gestión de residuos forestales, lo que permitirá reducir la extensión de los incendios en un 70%.

Según Ence, la gestión de la biomasa es la energía renovable que más empleo crea, hasta el punto de que, por cada MW de potencia instalada, el impacto sobre la economía local se traduce en 20 nuevos empleos, entre directos e indirectos.

En la actualidad, Ence opera 180 MW en plantas de biomasa en España y otros 49 MW de cogeneración con gas en sus fábricas de celulosa de Pontevedra, Navia -Asturias- y Huelva. Una potencia que equivale al consumo anual de energía eléctrica de 572.000 hogares.

Asimismo, la compañía trabaja también en el desarrollo de un nuevo proyecto de biomasa en Mérida, que acaba de recibir la declaración de impacto ambiental, lo que supone el «reconocimiento» de la Administración del «cumplimiento» por parte de la empresa y de su proyecto de la legislación ambiental vigente, tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Ence señaló que la publicación de la declaración de impacto ambiental es el paso previo a la consecución de la autorización ambiental integrada de esta futura planta de energía renovable y un paso «fundamental» para consolidar el proyecto de construcción de la nueva planta en Mérida.

La futura planta de biomasa de Ence tendrá una potencia instalada de 20 MW, suficientes para atender la demanda de energía eléctrica de una población de 50.000 hogares durante un año. Además, señaló que la planta de Mérida generará energía cien por cien renovable y tiene una «fuerte» componente de generación de empleo y riqueza en su entorno.

«Extremadura se está configurando como una de las comunidades autónomas de interés estratégico para Ence», dijo la propia empresa.