Los productores de biomasa dijeron haberse «esforzado durante los últimos años en tratar de ajustar sus marcos regulatorio y retributivo a la realidad», mientras que todavía no se consideró el «importe de sus múltiples externalidades positivas», de carácter social, económico y medioambiental.
«Las biomasas son intensivas en generación de empleo» y «convierten residuos de fácil combustión espontánea e incontrolada en recursos valorizables energéticamente», afirmó la asociación.
APPA-Biomasa también consideró que la suspensión de primas «supondrá serias dificultades añadidas para el desarrollo del sector», ya que dificultará la puesta en marcha de las nuevas plantas que ya estaban en fase avanzada de proyecto o incluso finalizadas, pero sin preasignación.
Además, la actual situación genera una «total incertidumbre», afirmó la asociación, que recordó que los proyectos en marcha «implicaban un fuerte desarrollo de inversiones cuya desaparición tendrá como consecuencia directa e inmediata una considerable pérdida de empleo y un fuerte impacto en los sectores agrícola, ganadero y forestal, donde se multiplicarán los efectos negativos sobre el empleo y la actividad productiva».
Si el Gobierno no da continuidad al sector en las próximas semanas mediante el desarrollo del artículo tres del real decreto ley 1/2012, advirtió la asociación, se producirá «la total desaparición sine die de cualquier nueva iniciativa» en el sector de la biomasa y el biogás.
«Las consecuencias derivadas de esta paralización no son solo económicas sino también ambientales, dada la gran relevancia de este sector en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en el aprovechamiento de los montes y en la prevención de incendios forestales», afirmó.
APPA-Biomasa consideró además que las biomasas son precisamente las tecnologías que no deberían ser incluidas en la descripción de motivos del real decreto ley, ya que ni han superado «con creces» sus objetivos para 2010 ni han supuesto nunca un incremento del sobrecoste para el sistema.
«Al no determinarse la duración de la moratoria, se desincentiva totalmente cualquier nuevo proyecto o inversión debido a la inseguridad presente y futura que ello comporta», aseguró.
Por último, la asociación instó al Gobierno a que considere a las biomasas como una energía renovable «altamente eficiente y beneficiosa», y que incluya en sus balances de rentabilidad directa la estimación de las externalidades que esta tecnología genera. Además, pidió «reformas de calado en el funcionamiento del mercado eléctrico».
El pasado 27 de enero, el Gobierno decidió suspender los incentivos económicos para las nuevas plantas de energías de régimen especial (renovables, cogeneración, biomasa).
La decisión afecta a nuevas plantas, no a las a las instalaciones ya en marcha, a las subvenciones ya autorizadas ni a las plantas ya inscritas en los registros de preasignación de primas del Ministerio de Industria.
ASIF pide un régimen económico específico para la biomasa forestal
Por su parte, la Asociación Soriana de Industrias Forestales (ASIF) exigió al Gobierno la reglamentación de un régimen económico específico para determinadas instalaciones como la biomasa forestal, de modo que puedan aplicarse las excepciones a la moratoria renovable que se recogen en el artículo 3 del nuevo Real Decreto-Ley sobre suspensión de incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.
Desde la asociación lamentaron la decisión del Consejo de Ministros que, dicen, «pone en riesgo la viabilidad y el futuro de puestos de trabajo y de empresas que están generando las plantas de biomasa, con numerosos empleos en un nicho de mercado que tiene la posibilidad de seguir creciendo, a pesar de la situación económica en la que se encuentra nuestro país».
Asimismo, aseguraron que la decisión, que eliminaría las primas a las renovables alimentadas por biomasa forestal, «afecta muy directamente al sector forestal español y a la provincia de Soria, puesto que ha dado lugar a que empresas y particulares hayan paralizado sus inversiones en importantes proyectos de biomasa».
Al mismo tiempo, argumentaron que la conservación de los bosques y la sostenibilidad económica de los propietarios y trabajadores depende de los recursos forestales y de su gestión.
ASIF consideró que en Castilla y León cuatro proyectos de plantas de biomasa forestal se quedarían fuera por no haber estado inscritos previamente en el Registro de preasignación de retribución a la fecha de entrada en vigor de la reciente convocatoria, y podrían perderse unas 17.500.000 toneladas de biomasa forestal en los próximos veinticinco años además de la creación de más de ochocientos puestos de trabajo estables en el medio rural.
