El diputado del PP Manuel Luis Torres recordó que el crecimiento de las energías renovables basadas en un sistema de primas e incentivos causó un «sobrecoste» al sistema que «ha agravado sus problemas estructurales y amenazó su sostenibilidad», asunto en el que trabaja el Gobierno. «Somos conscientes de que la biomasa tiene interés», dijo, haciendo referencia tanto a los aspectos energéticos como medioambientales, económicos y de empleo.

Sin embargo, según el PP, «en el momento actual no está justificado» pedir un plan de estas características, ya que lo fundamental es «solucionar el déficit tarifario». No obstante, aseguró que en el próximo plan de desarrollo rural ya se tendrán en cuenta aspectos relacionados con la biomasa.

El portavoz de Energía del PSOE, José Segura, defendió la «gran potencialidad» de la biomasa, tanto en términos económicos como de empleo y desde el punto de vista medioambiental. Además, consideró que es procedente reflexionar sobre este tema «ahora que el sistema energético está en fase de reconversión, optimización de uso de recursos y reconfiguración del mix».

Por eso, los socialistas propusieron que, en el plazo de seis meses, el Gobierno presente un proyecto específico para el ámbito de las biomasas que permita la consecución de los objetivos 2020 del sector de la biomasa en España. Entre otras cosas, pidieron que se prevean «retribuciones que garanticen la rentabilidad razonable de las instalaciones de generación eléctrica», una simplificación de los trámites administrativos, la eliminación del pre-registro para plantas menores de 1MW o la puesta en marcha de un programa de financiación para estos proyectos de biomasa.

Laia Ortiz, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), coincidió con el diagnóstico socialista y con la necesidad de impulsar el uso de las renovables, por lo que criticó en este punto la caída «dramática» de la inversión en renovables en la actual legislatura. No obstante, estimó que hace falta incluir «criterios de sostenibilidad» también en el uso de esta energía, que tiene un «gran potencial», para «no repetir errores del pasado».

Desde CiU, Inmaculada Riera consideró «necesario» abordar la reforma energética cuanto antes para fijar un mix energético «adecuado» en el que las renovables -incluyendo la biomasa y el biogás- tengan un «papel relevante, de presente y de futuro». Por eso, aunque echó en falta «más concreción» en algunos puntos, votará a favor de una propuesta «interesante y positiva».

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, expresó su acuerdo en que es necesario abordar este tema dentro del debate sobre las energías renovables, pero se abstendrá porque la propuesta incluye un «incentivo perverso» al proponer que se impulse el uso de la biomasa, no para el autoconsumo, sino para «convertirlo en otra fuente de energía que sólo sea rentable a través de un régimen de primas», porque eso supondría «repetir los errores» del pasado que provocaron, entre otras cosas, el déficit de tarifa.

No hace falta una ley específica de «fracking»

Asimismo, UPyD instó al Gobierno a presentar un proyecto de ley de regulación de la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales con técnica de fracturación hidráulica, en la que se definan los estándares mínimos para autorizar estas operaciones en todas las comunidades autónomas, que prevea la creación de un supervisor público, y que modifique la legislación de construcción y cementación de pozos y la Ley de residuos y suelos contaminados para tener en cuenta esta tecnología.

En este sentido, el diputado del PP Mario Flores destacó que es necesario «estar abiertos a cualquier oportunidad que pueda disminuir la dependencia energética» de España, dado que el precio de la energía tiene un importante impacto en la competitividad de la economía. «Es necesario conocer y valorar los recursos energéticos de que disponemos, y que sea en un marco para no generar alarmas», dijo.

No obstante, también es preciso «que se den las condiciones legales y de seguridad para investigar y explorar cualquier fuente de energía», por lo que el proyecto de ley para la Garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares ya obliga a estos proyectos a tener una declaración de impacto ambiental previa para conseguir la autorización.

«Son medidas legislativas que por el momento son suficientes y dan cobertura legal, jurídica y social para explorar e investigar usando la técnica del fracking», añadió, apuntando que cuando haya más resultados de estudios científicos sobre el impacto y riesgos de esta técnica «servirán de base para la elaboración de una futura normativa».

Así, el PP votará en contra de la propuesta de UPyD porque consideró «suficiente» la actual normativa de hidrocarburos y de protección ambiental. «No por más legislar tendremos más seguridad jurídica. No entendemos que exista en estos momentos la necesidad de dotarnos de una legislación específica de fracking», concluyó.

Chesús Yuste, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se opuso rotundamente al uso de esta técnica, como ya planteó hace semanas en sede parlamentaria cuando pidió que se prohibiera su uso, y subrayó que «la ley que hace falta no es de regulación del fracking para ‘desasustar’ a los vecinos de las zonas donde se plantean estos proyectos, sino la de prohibición».

Y es que, según dijo, «está demostrado que esta técnica tiene un enorme impacto ambiental y un elevado riesgo de contaminación y para la salud de las personas», negando que exista desconocimiento sobre este asunto. «En contra del fracking está la gente que sabe», añadió, recordando asimismo que se trata de una energía «ineficiente».

Además, calificó de «increíble y disparatado» hablar de «fracking limpio, aunque quieran vestirlo de lazos de color magenta», porque «es un oximoron», y concluyó criticando al Gobierno por «colar por la puerta de atrás» la regulación sobre este tema en una ley sobre energía eléctrica.

También Compromís-Equo se opondrá «rotundamente» a la propuesta por razones medioambientales. Su diputado, Joan Baldoví, avisó de que los impactos ambientales que puede generar el fracking «no están plenamente evaluados», por lo que sería «muy irresponsable asumir los riesgos» sin conocerlos. «Y en cualquier caso, ¿para qué más gas? Es absurdo seguir consumiendo combustibles fósiles y desviar recursos que deberían ir a las renovables«, zanjó.

Inmaculada Riera, de CiU, defendió que «el referente regulatorio debería ser Europa, y no el estado», porque «de no legislarse en el marco comunitario se iría a una proliferación de normativas dispares que generaría conflicto entre países». Así, dado que la Comisión Europea está llevando a cabo una consulta al respecto, votará en contra hasta que haya un pronunciamiento europeo antes de regular a nivel nacional.

Además, la diputada catalana estimó que sería «contraproducente» legislar sin tener en cuenta el «papel esencial» de las comunidades autónomas en esta materia, y recordó que no hay un «pronunciamiento unánime» sobre los riesgos ni éstos son los mismos en todos los territorios.

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, lamentó que el fracking se presente como «una técnica intrínsecamente perversa y peligrosísima» cuando «no hay ninguna fuente de energía que no incluya riesgos medioambientales». Además, consideró que es una «tomadura de pelo» decir a los ciudadanos que se puede sustituir la totalidad de los hidrocarburos con renovables, aunque haya que trabajar en pro de una menor dependencia energética.

Además, señaló que «cualquier esfuerzo para reducir» la actual factura energética y déficit tarifario «es una pieza esencial para salir de la crisis», pero antes es necesario regular legalmente técnicas como el fracking, no prohibirlo directamente. «Hace falta una legislación que dé garantías de que este tipo de técnicas se van a hacer con garantías razonables y que se va a suspender cuando haya riesgos contrastables y pruebas documentadas de malas prácticas», añadió.

El diputado del PSOE Félix Lavilla defendió la enmienda de su grupo, que pasa por la constitución de un grupo de expertos que evalúe los riesgos ambientales asociados al fracking que sirva al Congreso durante la discusión de la ley, y que se haga una moratoria de las autorizaciones hasta la aprobación de la normativa. Además, el PSOE también entendió que se debe prohibir con carácter general esta técnica en espacios protegidos. «La ley de la selva actual sólo va a generar problemas», advirtió, pidiendo que se aborde con urgencia este tema para evitar que cada comunidad autónoma vaya por un camino.

Por último, también se votó en contra de la propuesta de Izquierda Plural de paralizar el proyecto de explotación minera de magnesitas de Borobia, en Soria, por su impacto medioambiental y por contar con el rechazo de los vecinos de la zona.

Así lo expuso en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno el consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno foral, José Javier Esparza, quien dijo que se trata, con el impulso a la biomasa, de «incrementar la actividad económica» y «al mismo tiempo, conseguir una gestión sostenible de los bosques».

Según dijo, «el potencial estimado de empleo, si todos creemos que este tiene que ser el camino a seguir, puede rondar los 1.650 puestos de trabajo, localizados preferentemente en zonas rurales». Se sumarían a los 4.000 que ya sostiene el sector en la actualidad, repartidos en 300 empresas de explotación forestal, serrerías, embalajes, almacenes y centros de fabricación.

Tras pedir a los propietarios de los montes de Navarra que se sumen a este impulso, Esparza defendió que «esta gestión es responsable desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico».

En términos energéticos, se prevé incrementar de forma notable durante esta década la cuota de la biomasa en el consumo final de energía, pasando del 3,9% de 2010 al 5% en 2020, esto es, en un 28%.

El consejero explicó, por ejemplo, que «en una localidad que tiene bosque, se puede sacar esa madera, la pueda sacar gente de allí; si esa entidad local pone una caldera de biomasa en su colegio esas astillas pueden generar energía, se termina abaratando el coste de ese ayuntamiento en ese colegio, y al final como se genera una actividad económica el ayuntamiento ingresa de algo que hasta ahora no tenía valor, esas astillas, esa madera».

Para la consecución de estos objetivos, el Gobierno de Navarra aprobó la creación de una comisión mixta, que estará integrada por representantes de la Administración Foral (departamentos de Economía, Hacienda Industria y Empleo; Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local; y Fomento, así como por el Servicio Navarro de Empleo); la Federación Navarra de Municipios y Concejos; el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER); y agentes del sector: Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra (ADEMAN); Asociación Forestal de Navarra (FORESNA-ZURGAIA, que aglutina a propietarios privados y públicos); fabricantes de combustible de biomasa; y la Asociación de Instaladores de Fontanería, Calefacción, Aire Acondicionado, Gas y Afines de Navarra.

La comisión impulsará tres tipos de acciones, dos de ellas orientadas al incremento de la oferta y la demanda y una tercera de carácter transversal (investigación, formación, etc). Así, con el fin de estimular la oferta, se desarrollarán acciones dirigidas a la gestión sostenible de la biomasa forestal y de apoyo a la producción competitiva.

Según el consejero, se puede incrementar la movilización de madera cerca de un 40% (pasa de 400.000 a 560.000 toneladas anuales. Asimismo, el Gobierno quiere elevar el porcentaje de superficie forestal certificada al 75% (actualmente, es del 52%).

Para incrementar el consumo de biomasa forestal se priorizará el uso de la misma tanto en las nuevas instalaciones térmicas de los edificios públicos como en las reformas, asimismo se impulsarán proyectos singulares para la implantación de calefacciones de distrito, tanto en nuevos desarrollos como en renovación (caso del barrio de Lourdes, en Tudela).

El Gobierno acordó, según el consejero, priorizar el uso de la biomasa en la renovación de instalaciones térmicas de sus edificios – hospitales, institutos, etc-, mediante contratos de servicios energéticos, lo que permitirá que estas instalaciones se autofinancien por los superiores rendimientos en comparación con la instalación sustituida, además de por el menor precio del combustible.

Sector foresta y uso de biomasa en Navarra

La Comunidad Foral cuenta con 501 instalaciones de biomasa para la generación de calor (calefacción y agua caliente), 441 de ellas instaladas en viviendas y 60 más en empresas, instalaciones hoteleras y entidades locales. La potencia térmica instalada por toda la geografía navarra se acerca ya a los 40.000 kilovatios.

Existen instalaciones de biomasa para uso térmico en el Parque Natural de Bertiz, en el Ayuntamiento de Ultzama y en comunidades de vecinos de Pamplona (una comunidad en la avenida de Bayona) y Tudela (barrio de Lourdes), por citar los ejemplos más conocidos, que están ofreciendo datos de ahorro de hasta un 67% con respecto a otras fuentes de energía utilizadas anteriormente (derivados del petróleo).

También Navarra cuenta con empresas pioneras en el uso de la biomasa para la producción eléctrica, con dos ejemplos destacables en la ciudad de Sangüesa, con una instalación de 25 MW en la mercantil Acciona Energía y otra de 33 MW en la Papelera Smurfit.

Desde 2007, el Gobierno de Navarra, de acuerdo con las directivas europeas sobre la materia, impulsó el uso de la biomasa como fuente energética mediante convocatorias de ayudas, en colaboración con el Gobierno central, destinando a tal fin 4 millones de euros que permitieron una inversión final de 11,5 millones de euros por parte de los promotores (se tramitaron 853 solicitudes de instalación).

También desde 2007, el sector forestal recibió ayudas del Gobierno de Navarra y la Unión Europea para el impulso de la modernización y actualización de su actividad maderera, con un montante de 27 millones de euros hasta final de 2012. Básicamente, se subvencionaron con un 70% las iniciativas públicas y con un 40% las iniciativas privadas, según datos del Ejecutivo.