El 100% de la materia prima empleada será biomasa, en concreto astillas de madera o «chips» y residuos agrícolas, y el importe del proyecto superará los 315 millones de euros, según informó la compañía.

Abengoa será la responsable de acometer la ingeniería, el diseño y la construcción de la planta, y se prevé que el proyecto generará hasta 1.100 puestos de trabajo durante la fase de ejecución.

Mediante la tecnología de «Circulated Fluidized Bed« que utilizará la planta, la biomasa es transformada en vapor de alta presión, que posteriormente se hace pasar por una turbina de vapor para producir energía eléctrica.

Al no requerir combustibles fósiles de apoyo, la planta generará 215 MW de energía limpia, libre de emisiones de dióxido de carbono, que será empleada para el suministro eléctrico de la industria.

Además, gracias a un sistema denominado «district heating», se distribuirán alrededor de 100 MW de energía térmica para abastecer de calefacción a la industria y los hogares de la ciudad de Gante.

Son datos facilitados por el presidente de la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM), Javier Díaz, quien confirmó la participación en la nueva edición del certamen de la bioenergía de más de 417 expositores procedentes de 25 países.

Éstos se distribuirán en 26.000 metros cuadrados de superficie, dentro del recinto de la Institución Ferial de Castilla y León de Valladolid, lo que convertirá a la ciudad en «el centro neurálgico de la biomasa en Europa y en el mundo, ya que esta feria se ubica en la quinta posición del ránking internacional», añadió.

En este sentido, se podrán ver expositores de África, Uruguay, Chile, Argentina, Estados Unidos o Canadá, además de diversos países europeos, que mostrarán los avances en esta energía especializada, que cobra especial relevancia en Valladolid «ya que cuenta con 75 megavatios de biomasa técnica instalados, en más de 600 centros».

«Es una de las provincias que, en este momento, más está apostando por la biomasa, y un ejemplo de ello es que, de las ocho visitas programadas durante la feria a instalaciones especializadas en esta energía, seis son en Valladolid», detalló Díaz durante la presentación del certamen «Expobiomasa».

Una presentación a la que también asistió el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, quien destacó esta feria por su gran impacto económico para la ciudad, que presume de «contar con una gran riqueza forestal», al estar «previstas más de 5.000 pernoctaciones».

La investigación, encargada a la Universidad de Viena, cifró en 45 millones las hectáreas de huella de suelo que exigió el uso de bioenergía en la Unión Europea durante 2010, una superficie equivalente al área de Suecia.

De mantenerse la tendencia actual, la organización espera que el consumo aumente un 58% hacia 2013, lo que implicaría el uso de una superficie de 70 millones de hectáreas, lo mismo que Suecia y Polonia juntas.

Según la ONG, la mayor demanda de suelo para la producción de bioenergía que generó la actual política de subsidios de las autoridades comunitarias está causando deforestación, pérdida de biodiversidad, acaparamiento de tierras, así como un aumento del precio de la comida que podría poner en riesgo la seguridad alimentaria global.

Por ello, juzgó como «crucial» el marco europeo para clima y energía para 2030 y reclamó, en ese sentido, que sean añadidos mecanismos «sólidos» que devuelvan el uso de biomasa como fuente de energía a niveles «más sostenibles».

Además, la normativa europea debería poner en marcha un sistema «exhaustivo y obligatorio» de recuento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que incluya una referencia a la contaminación generada por el cambio de uso del suelo o la sustitución de productos para así asegurar un «ahorro real».

De este modo, Amigos de la Tierra propone una bioenergía que abandone los materiales cultivados expresamente para uso energético, también conocidos como materiales primarios, y que esté producida exclusivamente a partir de residuos forestales y agrarios gestionados de forma sostenible, sin superar en ningún caso su capacidad de regeneración ni generar impactos nuevos.

«Si queremos usar la biomasa como fuente de energía renovable, tenemos que entender que tiene un alcance limitado y sólo puede considerarse sostenible dentro de unos límites razonables y sin ejercer presión sobre los usos del suelo o los bosques«, recalcó el responsable de Clima y Energía de Amigos de la Tierra, Alejandro González.

En su opinión, debe ponerse el énfasis sobre políticas de eficiencia que minimicen las necesidades energéticas como, entre otros, una rehabilitación de viviendas con la que podrían conseguirse ahorros «muy significativos» en este sentido.

En concreto, las alegaciones consideraron necesario el reconocimiento de unos costes de combustibles «reales o al menos los oficiales reconocidos por el IDAE y el Ministerio de Industria», así como la modificación de las limitaciones máximas y mínimas de horas de producción, indicó la directora de APPA Biomasa, Margarita de Gregorio.

La asociación consideró que los límites de horas incluidos en el borrador de decreto suponen un «sinsentido» y resultan «prácticamente imposibles de alcanzar en una instalación eficiente y bien gestionada».

Además, señaló que las alegaciones también tienen como objeto «corregir el desamparo que se produce en el mercado horario al eliminar su límite inferior», pues se inhabilita la venta de energía a partir de un combustible consumible como es el caso de la biomasa.

APPA Biomasa destacó que las normas aprobadas por el Gobierno 2012 han «castigado» a la biomasa. Entre otras, citó la moratoria a las renovables, la tasa del 7% a la producción de energía eléctrica y la «expulsión» del mercado al eliminar el valor de la prima de referencia y actualización de las retribuciones al IPC subyacente, «a pesar de que todo el modelo de negocio de la biomasa está vinculado al IPC común».

De Gregorio realizó estas consideraciones en una jornada organizada en Genera por la «Unión por la Biomasa«, en la que se ofreció una visión sobre la situación actual y las perspectivas de futuro a corto y medio plazo del sector.

Durante la jornada, el presidente de la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), Josep Capdevilla, informó de la «inviabilidad» a la que se enfrentan las 30 instalaciones de valorización de purines existentes en España.