Aelec, nueva denominación de Unesa, recuerda que gran parte de la factura de la luz son costes e impuestos

EFE / Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), nueva denominación de la patronal Unesa, analizará las medidas que adopte el Gobierno para moderar los precios de la electricidad, y ha recordado que buena parte de lo que pagan los consumidores en su factura son costes y fiscalidad. Su presidenta, Marina Serrano, ha señalado que aguardarán a conocer las propuestas que anuncie la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para pronunciarse sobre una posible reforma del mercado eléctrico y la factura.

Ha señalado que la ministra ha consultado y ha pedido opiniones para ver qué soluciones se pueden dar a la subida de los precios de la luz, originada por el incremento del precio de los derechos de dióxido de carbono (CO2), de las materias primas que utilizan para generar electricidad algunas centrales, a una mayor demanda por el calor y a una menor generación eólica. Serrano ha indicado que los clientes con tarifa regulada sufren la volatilidad del mercado mayorista, aunque una parte muy importante de lo que pagan los consumidores en su recibo son costes y fiscalidad, y algunos elementos que se incluyen en la factura deberían tener otro tratamiento a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Ha añadido que a veces se confunde lo que realmente es el precio de la electricidad y lo que supone el coste del suministro por una serie de elementos que se han incluido en la factura que pagan los ciudadanos. La presidenta de Aelec ha recordado que la eliminación de algunos de esos conceptos del recibo de la luz se ha planteado en numerosas ocasiones, incluso en el informe que encargó el Gobierno a una comisión de expertos para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Respecto a la alarma que causa la subida de los precios de la electricidad y no al de otros servicios, ha indicado que ello se debe a que la luz es un elemento cotidiano, básico. No obstante, ha dicho que en un modelo como el de España hay un supervisor de los mercados, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que supervisa los precios y un ordenamiento jurídico para reaccionar, si hay una actuación que no es correcta. «El sistema permite esos mecanismos que deberían tranquilizar a los ciudadanos», ha apuntado Serrano que, además, ha señalado que existen vías para modificar leyes y reglamentos para corregir elementos que no estén bien diseñados o adaptarse a circunstancias nuevas.

Preguntada si las subidas de la luz benefician a las eléctricas, Serrano ha recordado que hay que distinguir los ingresos de los beneficios, pues una parte de lo que se ingresa son impuestos y los costes de las compañías no son para todas iguales, pues dependiendo de cómo sea su mix de generación (diferentes fuentes de energía con las que producen electricidad), tienen una mayor o menor exposición a la subida de materias primas como el gas o el carbón.

Nueva etapa en la patronal                                                                                                                

Por otro lado, la patronal de las cinco mayores empresas eléctricas presentes en España inicia una nueva etapa con el fin de ser más austera, tras haber recortado el presupuesto en el marco de su apuesta por un nuevo contexto de electrificación en el que la transición ecológica y el autoconsumo jueguen un papel más relevante. Así, Serrano espera que el cambio no les haga «más débiles», sino «diferentes». De este modo, la patronal eléctrica busca defender con transparencia y rigor los intereses de las compañías eléctricas ante la Administración y los reguladores, facilitar la toma de decisiones internas de la asociación y abrirse al resto de agentes del sector.

«No pretendemos presionar, sino defender nuestros intereses en un Estado plural en el que la fuerza será la legitimidad de la manera de actuar, si se expone con claridad o no». Así ha resumido Serrano la nueva filosofía de la renovada patronal. «Nos desprendemos de 74 años de denominación para cumplir el papel que nos encomiendan nuestros asociados», añadió. Los cambios efectuados en los estatutos de la asociación han ido encaminados a concretar su actuación, que pasarán por centrarse en las actividades reguladas, en particular en la distribución eléctrica con el fin de garantizar un desarrollo «adecuado» que permita obtener una rentabilidad «razonable», y en los aspectos técnicos y regulados de las actividades eléctricas liberalizadas.

En este sentido, Serrano hizo alusión a la fase de alegación en la que se encuentra la propuesta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), organismo que, en el ámbito de sus funciones reguladoras, emitió el pasado mes de julio un borrador de informe en el que propone una tasa de retribución para aplicar al valor de los activos de distribución eléctrica y determinar el importe de la remuneración que deben percibir los operadores de esta actividad.

Utilizar el WACC en retribución

Pese a que ha valorado positivamente que el regulador, en línea «con lo que se hace en otros países», haya emitido una propuesta «determinada» respecto a la tasa de rentabilidad haciendo uso de un análisis basado en el WACC (coste medio ponderado de capital), avanzó que harán alegaciones ya que considera que algunos elementos «podrían considerarse de otra manera», teniendo en cuenta que la rentabilidad para las redes de distribución eléctricas es «inferior» a la vigente en el entorno europeo.

Respecto a las decisiones anunciadas por el nuevo Gobierno en materia energética, la presidenta se ha escudado en ese cambio de estatutos, que ahora se centran en actividades reguladas, para evitar opinar sobre el posible cierre de centrales térmicas, de carbón y nucleares, un tema sobre el que las distintas empresas que conforman la Aelec (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP) tienen opiniones diferentes. «Las decisiones empresariales y estratégicas son de cada compañía con la sujeción al marco normativo de cada momento; tenemos una perspectiva neutra tecnológicamente», ha apuntado Serrano.

En cuanto a la apertura de la asociación a nuevos socios, tanto por movimientos corporativos en el sector, como la compra por parte de Repsol de activos eléctricos a Viesgo, como de nuevos actores, ha indicado que la entrada de nuevos miembros «se analizará en cada caso», si bien ha reconocido que el sector está en un momento de apertura.

Por otra parte, en relación a la eliminación del llamado impuesto al sol, algo que, según anunció la ministra recientemente se realizará mediante un anteproyecto de ley antes de fin de año, Serrano ha apuntado al autoconsumo como una de las nuevas características del nuevo modelo al que se dirige el sector. «Estamos dispuestos a facilitar el servicio necesario para el autoconsumo y la implementación del mismo», ha asegurado, al mismo tiempo que ha afirmado que estarán atentos a los nuevos requerimientos en caso de que finalmente se modifique el decreto que regula esta normativa.

 

El Gobierno eliminará el impuesto al sol que impone cargos al autoconsumo de energía antes de que acabe el año

Europa Press.- La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que el Gobierno eliminará el llamado impuesto al sol, que grava el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y el autoconsumo en España, antes de que acabe el año mediante un anteproyecto de ley.

Según ha avanzado la ministra en el pleno del Senado, esta medida forma parte de una de las prioridades del Gobierno y, pese a que en un principio la decisión está respaldada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, que introdujo el impuesto, también ha tenido en cuenta un plan B.

Se trataría de sacar adelante un Real Decreto que permita el acceso al autoconsumo el próximo mes de diciembre ya que, para Ribera, este impuesto solo supone una «traba absurda» para no autoconsumir energía, además de que va unido a una recaudación «ridícula que no tiene ningún sentido».

Además, la ministra ha añadido que prevé facilitar que este consumo se comparta en el ámbito urbano y doméstico y se eliminen las «dificultades burocráticas» en las que incurre el actual sistema.

Así lo ha avanzado Ribera en respuesta a una pregunta formulada por la senadora de Podemos Vicenta Jiménez García, quien ha subrayado que, siendo España el país que más radiación solar tiene en los países del entorno, sea la única economía que cuenta con una ley para bloquear su consumo.

El Gobierno actuará a golpe de Decreto en favor del autoconsumo si no logra consenso parlamentario para aprobar una Ley

Europa Press / EFE.- El Gobierno aprobará un Real Decreto de Acceso y Conexión antes de final de año en el que se recoge el apoyo expreso al autoconsumo energético, en caso de que no salga adelante en el Congreso de los Diputados la proposición de ley presentada en mayo por varios grupos parlamentarios. En este sentido, la ministra Teresa Ribera subrayó que «el compromiso con el autoconsumo del Gobierno es muy claro» y que por eso se regulará antes de que acabe 2018.

PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias presentaron entonces en la Cámara Baja una proposición de ley para fomentar el autoconsumo energético, con la derogación del impuesto al sol como principal medida. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que el Ejecutivo tiene «a tiro» un Real Decreto que garantiza la conexión de toda la potencia renovable tras las subastas y que tendrá que ser aprobado en diciembre. «Es un buen espacio para incorporar el autoconsumo», avanzó. No obstante, para Ribera la opción «favorita» del Gobierno es que se apruebe en el Parlamento la proposición de ley presentada por esos grupos parlamentarios ya que significaría un «respaldo transversal» de la mayoría de fuerzas políticas.

Motivo de mofa en Europa

La ministra ha agregado que esto supondrá «llevar a la práctica un compromiso del Partido Socialista, eliminando trabas burocráticas y eliminando el peaje de respaldo, que se conoce como impuesto al sol«. Un impuesto al sol, que, ha recordado, «ha sido en gran medida un elemento de mofa en el conjunto de los países de nuestro entorno y una distorsión que no tenía ningún tipo de sentido». Además, Teresa Ribera ha señalado que la solución será compatible con las decisiones que se incorporan en el paquete de invierno de la Unión Europea «para que haya un reconocimiento de ese vertido eléctrico que los productores de autoconsumo vuelcan en la red«.

Por otro lado, Ribera afirmó sobre el diésel que tiene un recorrido «limitado» en el medio plazo y que hay que buscar una movilidad sin emisiones, aunque alabó la «extraordinaria» trayectoria de los motores de gasóleo. En este sentido, destacó que la industria de la automoción, que representa el 11% del PIB de España, se enfrenta a un proceso de modernización y transformación, en el que la gasolina y el diésel no tengan un trato fiscal diferente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció que los Presupuestos del Estado de 2019, que el Ejecutivo presentará entre noviembre y diciembre, recogerá una subida de impuestos al diésel, pero que no afectará a los conductores profesionales.

Greenpeace pide al Gobierno «hechos» como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tras cumplir sus primeros 100 días

Europa Press.- Greenpeace ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez, que cumple 100 días desde que asumió el Ejecutivo, que pase de las «buenas intenciones» a los «hechos» concretos para proteger el medio ambiente como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la introducción de impuestos verdes para que esta no sea otra «legislatura fallida». La ONG recuerda también al Ejecutivo que debe abolir el impuesto al sol, pese al «reiterado» anuncio de su derogación.

El balance de Greenpeace sobre estos primeros 100 días de Gobierno es que a pesar de los gestos positivos, las medidas tomadas en materia de protección del medio ambiente en este período han sido «pocas y no están a la altura de la amenaza del cambio climático«. Por ello, insiste en que es «necesario» acometer acciones concretas y contundentes antes de que finalice el año.

En el lado positivo, la ONG valora el cambio de posición española en las negociaciones europeas del Paquete de Invierno inmediatamente tras formar Gobierno, pero advierte de que tres meses después «aún no se ha abolido el impuesto al sol» ni hay una hoja de ruta para desbloquear el autoconsumo. También considera positiva la decisión del Gobierno de paralizar el permiso de construcción del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca). Por el contrario, insiste en la falta del borrador de la Ley de Cambio Climático ni del Plan de Energía y Clima con fecha de cierre para el carbón y la nuclear antes de 2025.

El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, denuncia que en estos 100 días se ha hablado mucho pero no se ha tomado ninguna decisión efectiva para la reducción de la demanda de petróleo para el transporte y la mejora de la calidad del aire en las ciudades, que debería empezar con el fin de los privilegios fiscales para el diesel, tal y como anunció Pedro Sánchez, y determinar un calendario para el fin del uso de combustibles fósiles en automoción.

Reyes Maroto, ministra de Industria, apuesta por las energías renovables y asegura que el Gobierno derogará los cargos al autoconsumo

Europa Press / EFE.- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha recalcado la apuesta del Gobierno de España por las energías renovables y la economía verde y ha asegurado que el Estado va a derogar los cargos al autoconsumo de energía, el denominado impuesto al sol. Maroto visitó las instalaciones del Centro Nacional de Energías Renovables (Cener), gestionado conjuntamente por los Gobiernos de España y de Navarra y ubicado en Sarriguren.

Reyes Maroto ha sido recibida en las instalaciones por el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra y presidente de CENER, Manu Ayerdi, y por su director general, Pablo Ayesa. También ha participado en la visita el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti. Tras escuchar una presentación sobre las principales actividades y proyectos que actualmente desarrolla Cener, la ministra visitó algunas de las infraestructuras de investigación del centro, como es el caso del Laboratorio de Electrónica de Potencia, el Laboratorio de Células Fotovoltaicas o el de Biomasa.

Maroto ha destacado que la “recuperación” del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo responde a que el nuevo Gobierno de España «tiene en su hoja de ruta impulsar la política industrial» del siglo XXI porque «se estaba perdiendo el posicionamiento» de este sector que «genera mucho valor, una economía más intensiva en conocimiento y un empleo de calidad». En este sentido, ha indicado, el objetivo del Ejecutivo, como establecen los objetivos europeos, es que la industria alcance el 20% del PIB en el año 2020.

La ministra ha explicado que acude a Navarra porque «es un referente en materia industrial» y el Gobierno quiere «reforzar nuestra apuesta por la industria». Asimismo, Maroto ha trasladado la apuesta del Gobierno central por el impulso de las energías renovables y la economía verde e indicó que su Ministerio va a promover la incorporación de este ámbito en la hoja de ruta de las agendas sectoriales, un punto que, a su juicio, lo diferencia claramente del anterior Gobierno central del PP. La ministra ha destacado que éste «es un sector estratégico» y asegura que «se ha perdido mucho tiempo».

«El anterior Gobierno no tenía una apuesta clara por las renovables, de hecho lo que hizo fue paralizar las energías renovables«, ha indicado Maroto, que ha señalado que en la comunidad foral «se han perdido empleos como consecuencia del cierre de empresas que estaban apostando por este sector». Asimismo, Maroto ha asegurado que el Gobierno va a derogar «el impuesto al sol«. «No podemos hacer una apuesta por las energías renovables sin permitir que se desarrolle el consumidor y el productor en esa materia», concluyó.

La ciudad de Valencia podría ahorrar 257.000 toneladas de CO2 con el uso de energía solar, según la UPV

EFE.- El Instituto de Ingeniería Energética de la Universidad Politécnica de Valencia (IIE-UPV) ha calculado, en un estudio enmarcado dentro del proyecto ProSumE, que la ciudad de Valencia podría dejar de emitir cerca de 257.000 toneladas de dióxido de carbono si se aprovechara la energía solar de la que goza la capital.

Según este estudio, el municipio de Valencia cuenta con una superficie de 9.218.943 metros cuadrados, el equivalente a 1.800 campos de fútbol, entre viviendas y edificios públicos. Si a esta superficie se le suman los datos de la radiación solar media que recibe la ciudad, es decir, 4,96 kilovatios hora por metro cuadrado, la capital podría generar cada año una media de 901,20 gigavatios por hora. En la práctica, esto quiere decir que la ciudad de Valencia, con la instalación de paneles fotovoltaicos, podría generar suficiente energía como para suplir el 91,5% del consumo doméstico.

A su vez, añadiendo el consumo energético de comercios, industrias y edificios públicos, la energía solar podría cubrir el 34,43% del consumo energético total. El trabajo concluye que, si se aprovechara toda la energía solar calculada, Valencia podría dejar de emitir 257.000 toneladas de dióxido de carbono, lo que supone la mitad de emisiones anuales de CO2 relativas al tráfico.

Sin embargo, existen varios obstáculos para conseguir el autoabastecimiento energético de las viviendas locales. A nivel técnico, habría que lograr acumular la energía sobrante de las horas más productivas de día, las centrales, para poderla utilizar durante las horas de mayor consumo de luz, es decir, a la noche. En cuanto al nivel administrativo, el marco legal no facilita la producción y consumo compartido de energía fotovoltaica entre personas que vivan en un mismo edificio.

Ecooo Revolución Solar presenta una “Guía práctica para el fomento del autoconsumo renovable desde el ámbito municipal”

Europa Press.- La empresa de no lucro Ecooo Revolución Solar presentó la Guía práctica para el fomento del autoconsumo renovable desde el ámbito municipal, que nace del trabajo que la entidad realiza en la instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo, a través del proyecto Oleada Solar, y del asesoramiento a Administraciones locales en el marco del proyecto Red ecooolocal.

La Guía pretende aportar recomendaciones para que los municipios puedan, acorde a la normativa vigente, fomentar el uso e implementación de energías renovables ciudadanas en sus territorios, así como toda una cultura energética basada en el ahorro y la eficiencia. La Guía cuenta además, con un listado detallado de aquellas bonificaciones fiscales en municipios de la Comunidad de Madrid y en capitales de provincia, así como de las subvenciones autonómicas al fomento de las renovables.

Iberdrola celebra el acuerdo europeo de renovables y la patronal APPA habla de una inversión de 100.000 millones en España

Europa Press / EFE.- El director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, augura que la cuota del 32% de renovables que fijó la Unión Europea para 2030 podría suponer unas inversiones en España de entre 80.000 y 100.000 millones de euros. Por su parte, Iberdrola ha aplaudido «la ambición» demostrada por los países europeos y considera que representa una «muy buena noticia para la industria y la economía española y europea».

La energética también valora el compromiso de los países para «desplegar mecanismos y decisiones concretas» para avanzar en el proceso de descarbonización y electrificación de la economía y aprovechar «todas sus oportunidades». Subraya que con este acuerdo, alcanzado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea sobre la directiva de renovables, «se abren nuevas oportunidades en términos de generación de empleo y riqueza en un sector en el que las empresas españolas y europeas están muy bien posicionadas«.

Además, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán considera que el objetivo mínimo del 32% de energía renovable para 2030 es «alcanzable y está sustentado en la evolución que han experimentado las tecnologías renovables, que ha hecho posible disponer de una energía competitiva, segura y asequible«. Para Iberdrola, decisiones como esta «permiten actuar contra los efectos del cambio climático, apoyar una transición justa y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que se reduce paulatinamente la dependencia energética exterior de nuestra economía».

APPA ve bien el objetivo

Al margen de la millonaria inversión prevista en España, González Moya ha indicado que para APPA el acuerdo es una «muy buena noticia», así como que se haya conseguido antes de que cambiara la presidencia de la Unión Europea, que actualmente ostenta Bulgaria. El responsable de APPA ha considerado un «éxito» la negociación, aunque cree que se podía haber sido «un poquito más ambicioso», ya que el 32% acordado se sitúa entre el 27% que pedían inicialmente los países y el 35% que reclamaba la Eurocámara, si bien en 2023 podrá ser revisado al alza.

Por eso, ha señalado que APPA está «razonablemente» satisfecha con el acuerdo y ha añadido que ahora habrá que ver cómo se asume por los países ese objetivo medio de un mínimo del 32% para la Unión Europea en 2030, para lo cual habrá que esperar a los planes nacionales de energía y clima que los países tendrán que presentar antes de que acabe el año. No obstante, ve esa cuota como un «buen empujón» para la industria nacional de renovables, pues a partir de ahora todo lo que se haga en energía será renovable.

«Insuficiente» para la Fundación Renovables

Por su parte, la Fundación Renovables ha valorado «el esfuerzo negociador» del Parlamento Europeo para aumentar el objetivo de renovables al 32% para 2030, desde la propuesta de partida «ridícula y exigua» del 27%, aunque ha considerado que el acuerdo finalmente adoptado por el trílogo se trata de «una meta poco ambiciosa e insuficiente para combatir el cambio climático y la dependencia energética en la Unión Europea». La Fundación señala también que, al no ser un objetivo vinculante, cada Estado puede aumentar el porcentaje indistintamente de esta meta, «ya que al final lo que contará es un cómputo de la cobertura con renovables en el conjunto de la Unión Europea».

En este sentido, considera positivo que el texto aprobado por el trílogo introduzca una cláusula de revisión exclusivamente al alza en 2023. Asimismo, insiste en que es «imprescindible» actuar sobre la demanda electrificándola de manera generalizada y en un objetivo de que el 80% de la electricidad en España se genere con renovables para el 2030, lo que permitirá cumplir el objetivo acordado en la Unión Europea de alcanzar el 32% de cobertura de demanda final de energía prácticamente sólo a través del consumidor eléctrico.

2021 sin cargos al autoconsumo

Por otra parte, la Fundación Renovables aplaude que el texto de la revisión de la directiva de renovables incluya la eliminación de los peajes de acceso (cargo fijo y cargo transitorio), el impuesto al sol que en España se aplica a las instalaciones de autoconsumo mayores de 10 kW, si bien abre la puerta a un posible establecimiento a futuro de un peaje para autoconsumos de más de 25 kW.

Además, la Fundación Renovables agradece la labor realizada por el eurodiputado José Blanco, ponente de la propuesta de revisión de directiva de renovables del Parlamento Europeo, así como el trabajo desempeñado por el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. Finalmente, valora «el último impulso» que ha supuesto el cambio de posicionamiento del Gobierno con la incorporación de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La Unión Europea se fija un objetivo de energías renovables del 32% para 2030 y contempla su revisión en 2023

Europa Press / EFE.- Los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo para fijar un objetivo vinculante de energías renovables del 32% para 2030 e incluir una cláusula de revisión al alza en 2023, según los avances tecnológicos que puedan acelerar la transición energética, aunque no se logró establecer una meta en el caso de la eficiencia energética. El objetivo del 32%, no obstante, es inferior al 34% que recetaba la Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA).

El objetivo pactado del 32% se sitúa así en un punto intermedio entre las pretensiones de la Eurocámara, que abogaba por situarlo en el 35%, y de los Estados miembros, cuya postura oficial era del 27% aunque había países más ambiciosos alineados con la postura de los eurodiputados, como España. «Este acuerdo es victoria duramente trabajada para desbloquear el verdadero potencial de la transición de Europea hacia una energía limpia. Esta nueva ambición nos ayudará a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y se traducirá en más empleos, facturas energéticas más baratas para los consumidores y menos importaciones de energía», celebró el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete.

Por su parte, el eurodiputado del PSOE José Blanco, responsable del informe de la Eurocámara sobre esta cuestión, ha remarcado que el acuerdo pone a la Unión Europea «en sintonía» con el Acuerdo de París para avanzar en el proceso de descarbonización de la economía e impulsar una transición energética. También ha subrayado que es un «gran acuerdo» para España porque garantiza un mínimo del 15% de interconexiones y crea un fondo para ayudar a las regiones carboníferas a sumarse al «impulso de las renovables«. «Gracias a todos los que nos ayudaron a hacerlo posible», declaró en las redes sociales.

El pacto eleva el nivel del 20% de renovables que la Unión Europea tiene marcado para 2020 y supone casi el doble de la cuota del 17% de energía solar, hidráulica, eólica y la biomasa alcanzada por la Unión Europea en 2017. La revisión de la directiva europea sobre renovables forma parte del paquete de invierno, una gigantesca revisión de la legislación comunitaria para cumplir con el Acuerdo de París. Ese pacto internacional busca limitar las emisiones contaminantes al menos en un 40% para 2030.

El acuerdo sobre energías renovables ha llegado en la quinta reunión que han mantenido los negociadores de la Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea (la institución que representa a los Estados miembros) desde que comenzaran las conversaciones a principios de año. También ha llegado después de que los nuevos Gobiernos de España e Italia elevasen la ambición de ambos Estados en este asunto en la última reunión frente a países con gran dependencia del carbón, como Polonia, más conservadores. En concreto, la delegación española, encabezada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, abogaba por cerrar un objetivo de renovables del 34%.

Los negociadores de las instituciones comunitarias, sin embargo, no fueron capaces de alcanzar un acuerdo sobre el objetivo de eficiencia energética para 2030. Sobre este asunto, el comisario español ha pedido al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que sean «flexibles» y que busquen un «compromiso». Además del objetivo y la cláusula de revisión al alza, la nueva directiva de renovables reconoce el derecho al autoconsumo y derechos como generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de almacenaje y recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red.

El texto pactado también recoge la enmienda reclamada por la Eurocámara por la que no se podrán aplicar cargos al autoconsumo, como el famoso impuesto al sol en España, aunque esta prohibición sólo se extenderá hasta diciembre de 2026. «La muy buena noticia es que hemos matado el nefasto impuesto al sol«, declaró el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, quien consideró «muy positivo» que «la ciudadanía europea» y demás agentes sociales puedan «producir, consumir y almacenar su propia energía renovable».

A partir de 2026, los Estados podrán recurrir a una de las tres alternativas que la directiva contempla para justificar la imposición de estas tasas. Concretamente, podrán gravar el autoconsumo de instalaciones con potencia instalada superior a los 25 kW, de autoconsumidores que reciben ayudas si el impuesto no sea superior al apoyo recibido o si un estudio concluye que la inexistencia de un impuesto amenaza la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema eléctrico (en caso de que las instalaciones de autoconsumo representen más del 8% de la potencia total instalada de un país).

Otro aspecto importante del acuerdo es una tasa de 14% de energía renovable en el sector del transporte para 2030, que se prevé que impulse el vehículo eléctrico. El pacto también prevé reducir progresivamente el empleo de aceite de palma para producir biocombustibles destinados al transporte hasta 2030 y limitar sus importaciones, que provienen de Indonesia y Malasia. También se congela la producción europea de biocombustibles de primera generación, como el etanol, en los niveles de producción que alcance cada Estado en 2020 y se fija un objetivo del 3,5% para los de segunda generación, generados a partir de cultivos no alimentarios como la madera.

Organizaciones ecologistas como Greenpeace, que no consideran el acuerdo general sobre renovables suficientemente ambicioso, han sido especialmente críticas con los biocombustibles al considerar que supone «una amenaza para los bosques europeos» pues permitirá que «más árboles y cultivos se quemen como energía» y es «un ejemplo terrible para el resto del mundo». Los negociadores, sin embargo, fracasaron a la hora de alcanzar un compromiso en el ámbito de eficiencia energética, pese a que acercaron posturas.

Ribera apostará por derogar los cargos al autoconsumo y cerrar las centrales nucleares y las térmicas porque «no tienen futuro»

Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, adelantó su intención de derogar el conocido como impuesto al sol y fomentar las energías renovables y, al mismo tiempo, empezar a dar pasos para dejar de prolongar energías como la nuclear y el carbón porque considera que «no tienen futuro» y que «ya no tienen sentido«.

La nueva ministra ha cuestionado si no es «más sensato» diversificar la economía de las zonas donde se ubican centrales nucleares en vez de «alargar el riesgo» y pensar en «lo que está por venir», para lo que considera que se deben ir preparando «salidas alternativas» para que la gente confíe en su capacidad de tener un «futuro viable». A ese respecto, Ribera asegura que el recibo de la luz sin energías convencionales «no tiene por qué» ser más caro, sino que debe reorganizarse, algo que está en discusión en prácticamente todos los países europeos.

En ese sentido, ha destacado que ahora la mayor parte de la soluciones renovables tienen ya costes operativos comparables con la mayoría de los sistemas convencionales de generación aunque plantean «otros desafíos» que son la forma de dar salida a otras energías fósiles que «ya no tienen sentido pero que han supuesto una inversión previa en décadas anteriores«. En definitiva, Ribera admite que este es un «periodo convulso en el que hay muchas cosas que abordar» y que «no es tan sencillo» pero, en su opinión, en vez de poner «puertas al campo» es preciso «abordar con franqueza y responsabilidad, y con una visión de conjunto» y ponerse de acuerdo en cómo hacer esta transición.

La ministra ha indicado que «no hay ninguna duda» de que el Gobierno apostará por una mayor capacidad renovable y adelantó que entre sus prioridades está quitar el conocido como impuesto al sol. Precisamente, destacó que ha sido una de las «cosas más llamativas» en los comentarios de analistas internacionales, así como las dificultades y barreras que no son técnicas sino regulatorias y fiscales para el despliegue de las soluciones «más viables» para una buena parte de los consumos y para pequeños consumidores, que podrían estar gestionando soluciones de proximidad.

«Son soluciones que se están generalizando y facilitando en la mayor parte de los países en los que la disponibilidad solar es infinitamente menor que la española», comentó. Además, ha manifestado que no tiene sentido decir que España carece de recursos energéticos y añadió que lo que hay que hacer es dar encaje a los que son fundamentalmente los que tiene España, “el sol, en menor medida el viento y algo de geotermia”, e ir facilitando el proceso de transición.

Ribera también le augura «poco futuro» al carbón y ha mostrado su «preocupación» por el futuro de la población que vive en comarcas cuyo «monocultivo económico» y prosperidad depende del carbón. A su juicio, España debía llevar 10 años invirtiendo en la diversificación industrial y económica, y en alternativas que sean atractivas para la población local en vez de «desperdiciar dinero en mantener situaciones que tienen poco futuro«. «Desde el punto de vista para el impacto del planeta, la salud y el cambio climático, es difícil pensar que el carbón pueda tener futuro«, ha sentenciado.