El Constitucional admite a trámite el recurso de Cataluña contra el decreto de autoconsumo

EFE.- El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso planteado por la Generalitat de Cataluña por invasión de competencias contra varios artículos del Decreto del Gobierno sobre autoconsumo de energía eléctrica.

Según ha informado el TC, la admisión a trámite de este recurso no supone ningún pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que se resolverá próximamente.

El ejecutivo catalán anunció el pasado mes de febrero la interposición de un recurso en contra de este decreto, de 9 de octubre de 2015, a petición del departamento de Empresa y Conocimiento, al estimar que invadía competencias de desarrollo normativo del sector reservadas a la Generalitat.

La Generalitat se basó en un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que concluyó que el Gobierno había invadido competencias autonómicas con la aprobación de este decreto, que regula la producción y suministro de energía eléctrica de autoconsumo.

Una vez admitido a trámite el recurso, el Constitucional trasladará la demanda al Gobierno, que dispondrá de veinte días para aportar las alegaciones que estime oportunas.

Paralelamente, el pleno del Constitucional ha acordado comunicar la incoación de este conflicto a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, por si ante la misma estuviesen recurridos o se recurriesen en el futuro los artículos impugnados por el gobierno catalán.

En este caso, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto.

Nadal denuncia que todas las medidas energéticas acordadas por PSOE y Ciudadanos «incrementan la factura»

Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, criticó el acuerdo de Gobierno alcanzado por el PSOE y Ciudadanos por su contenido energético ya que «todas las medidas propuestas incrementan la factura» al subir los costes del sistema, lo que tendría impacto tanto en la competitividad de las empresas como en la creación de empleo. En la presentación del balance Energético de 2015, elaborado por el Club de la Energía, Nadal mostró su preocupación por el futuro de la política energética en España.

Entre otras cosas, según advirtió, el cierre de las centrales nucleares a los 40 años provocará un encarecimiento del 25% del coste de generación eléctrica. Según Nadal, el cierre progresivo de las centrales nucleares a partir de los 40 años tiene «un coste brutal» para el país porque supone renunciar a activos energéticos que podrían funcionar correctamente sin que causas de seguridad justifiquen el cierre. Además, denunció que supone suprimir el 20% de la producción eléctrica que además es libre de generación de emisiones de CO2, algo que solo se puede paliar comprando derechos para gas y carbón o incrementando la capacidad renovable, algo que considera imposible porque «no se puede soportar a largo plazo».

Por otro lado, admitió que dicha medida es «un canto al sol» ya que ninguna central cumplirá los 40 años durante la legislatura. «Es una declaración de cara a la galería, ya que en la próxima legislatura no se va a cerrar ninguna nuclear, pero sienta un peligroso precedente», dijo. También calificó de «canto al sol» otra de las medidas acordadas por PSOE y Ciudadanos, la de que toda la generación eléctrica sea 100% renovable en 2050 ya que, a su juicio, es inviable tecnológicamente y tendría un coste elevado para el sistema. «Por la noche no hay energía solar y durante buena parte del año tampoco hay eólica», sentenció.

Pide un «pacto nacional» energético

Por ello, Nadal ha pedido un «pacto nacional» en materia energética basado en «consensos básicos», que trascienda a las legislaturas, y que tenga como objetivos principales la competitividad y la creación de empleo, todo ello teniendo en cuenta «los objetivos medioambientales y la seguridad de suministro«. En este sentido, el secretario de Estado de Energía manifestó que la política energética se debe basar en la «sensatez en la introducción de renovables», en las interconexiones, en el mantenimiento de las nucleares y en la eficiencia energética.

Así, en materia renovable, consideró que lo que hay que hacer es «pactar una senda razonable de objetivos», que mida bien el coste y la curva de aprendizaje. Junto a esto, un refuerzo de las interconexiones internacionales, hasta alcanzar entre un 8% y un 9% de capacidad en el horizonte de 2030. Para Nadal, las interconexiones deben ser «una materia de Estado» a defender por todos y criticó el objetivo que el pacto PSOE-Ciudadanos plantea para las interconexiones, acerca de exportar los excedentes de energía,

También llamó a agotar la vida útil de las nucleares «mientras sean rentables» y, por último, apostó por la «eficiencia, eficiencia, eficiencia», una política que «no tiene una sola contraindicación». Con estos ejes, aseveró, solo se necesita gente sensata en una mesa para que España pueda afrontar de forma adecuada sus retos energéticos. Eso sí, también criticó del pacto PSOE-Ciudadanos planteamientos «más a la izquierda» sobre el tamaño de las empresas energéticas españolas. «El problemas de las empresas españolas no es que sean muy grandes son más bien medianas-pequeña, lo que hace falta es hacer el mercado más grande», esgrimió.

Asimismo, el secretario de Estado de Energía defendió también el decreto para el autoconsumo aprobado por el Gobierno y que pone «límites» para que unos «consumidores no vivan a costa de otros». Finalmente, aseguró que España tampoco puede renunciar a las prospecciones, ya que «no sé cómo se puede avanzar en la independencia energética sin saber lo qué tienes de hidrocarburos». «Renunciar a la nuclear y a la búsqueda de hidrocarburos solamente se propone aquí. Todo el mundo en Europa está buscando, salvo Francia, que tiene nucleares, y España», afirmó.

Tras la intervención de Nadal, la subdirectora de Planificación Energética y Seguimiento de Industria, María Teresa Velasco, desgranó los datos de 2015 y avanzó las previsiones de 2016. Para este año ve «crecimientos moderados» en los consumos energéticos por las menores previsiones del PIB, la consolidación de la eficiencia energética o el clima suave en lo que va de año.

La Fundación Renovables pide incluir el autoconsumo entre los derechos del consumidor

Europa Press.- La Fundación Renovables reclama que se garantice a los consumidores el derecho a autoconsumir electricidad, y presenta esta reivindicación con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor. En concreto, pide que se reconozca este derecho sin ningún tipo de cargo y con posibilidad de recibir una remuneración por los excedentes de energía producida, así como sin trámites administrativos «complicados e innecesarios ni un régimen sancionador absurdo».

Anuncian la llegada del “prosumidor”

«El autoconsumo eléctrico, regulado de forma correcta para que se pueda ejercer sin trabas, es una herramienta clave para el empoderamiento de los consumidores, para conseguir que éstos sean por fin parte activa del sistema energético, y un vector de cambio para la sostenibilidad del sistema eléctrico y energético», indica el presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez Beltrán. Para la Fundación Renovables, el autoconsumo eléctrico allana el camino hacia un modelo energético «eficiente, seguro, distribuido y respetuoso con el medio ambiente», y al mismo tiempo permite al consumidor «dejar de ser un mero sumidero de energía y pasar a corresponsabilizarse y ser más sostenible con el entorno, al transformarse en un productor-consumidor (un prosumidor)».

La organización considera además que facilitar la «correcta» implantación y desarrollo del autoconsumo permitiría además contar con una herramienta de lucha contra la pobreza energética, un problema que afecta a más de 7 millones de personas en España y cuya solución debería ser «prioritaria para el Gobierno». «Por culpa de la nefasta regulación del autoconsumo eléctrico aprobada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuyo titular es José Manuel Soria, España está muy atrasada en su desarrollo, en comparación con la mayoría de países de nuestro entorno, incluidos algunos con peores condiciones naturales para el autoconsumo, como Alemania», indica.

PSOE y Ciudadanos se comprometen con UNEF a acabar con los cargos al autoconsumo si llegan al Gobierno

EFE / Europa Press.- Los equipos económicos de PSOE y de Ciudadanos se reunieron con la dirección de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) para analizar las medidas energéticas del pacto de investidura de ambos partidos y expresar el compromiso común de poner fin al llamado impuesto al sol, reformando el real decreto sobre autoconsumo energético y aprobando en su lugar un «marco regulatorio estable» que regule el balance neto. Así lo manifestaron representantes de las tres partes tras reunirse en la sede de UNEF en Madrid.

Un encuentro que se enmarca en la iniciativa de PSOE y de Ciudadanos de trasladar a los diferentes sectores económicos y sociales los puntos del acuerdo que hace unas semanas firmaron los líderes de ambos partidos, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Uno de los epígrafes que estructura el acuerdo de socialistas y Ciudadanos hace alusión a la «transición energética y lucha contra el cambio climático».

En el pacto figuran propuestas como la promoción de un Pacto de Estado de la Energía, la aprobación de una Ley de Cambio Climático, el cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir 40 años de vida útil o la supresión del llamado impuesto al sol, en referencia a los cargos establecidos por el Gobierno para los autoconsumidores conectados a la red, con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico.

Un impuesto que el presidente de UNEF, Jorge Barredo, calificó de «lesivo» para el sector de la energía fotovoltaica, pues, entre otras razones, hace inviable la instalación de plantas de estas características en España porque “hace imposible que sea rentable”. En representación de los negociadores del PSOE, el exministro Jordi Sevilla recalcó el compromiso por acabar con carácter inmediato con dicha tasa, en el caso de que haya un Gobierno socialista tras recabar los apoyos parlamentarios suficientes. El portavoz del equipo de Ciudadanos, Francisco de la Torre, se manifestó en los mismos términos y señaló que el fotovoltaico es precisamente «uno de los sectores más perjudicados» por la política energética del actual Gobierno en funciones.

Ambos representantes se comprometieron a potenciar el desarrollo de la industria fotovoltaica en España con ayudas a la financiación de empresas. En definitiva, Sevilla y De la Torre han destacado su «compromiso» para permitir el autoconsumo en España y la importancia de cambiar el modelo energético actual «hacia un modelo más sostenible y más barato», según comunicó la propia UNEF. Los cargos impositivos «dificultan algo que nosotros creemos que hay que estimular y favorecer como es precisamente el autoconsumo, no solo de las viviendas unifamiliares, centros comerciales u otras entidades de consumo colectivo», añadió Sevilla.

Además, tanto Sevilla como De la Torre han subrayado la voluntad de sus partidos por intentar unir al pacto a otras fuerzas políticas, ya que, según ha afirmado el exministro de Administraciones Públicas, las propuestas del acuerdo conjunto suscitan el visto bueno de una mayoría parlamentaria y reflejan el deseo de la sociedad por instaurar «un Gobierno de cambio». El equipo negociador socialista lo han integrado, además de Sevilla, Pilar Lucio y Manuel de la Rocha, en tanto que en representación de Ciudadanos han asistido los diputados Sergio del Campo, José Luis Martínez y el propio Francisco de la Torre.

Canarias y UNEF piden al Estado una retribución estable y seguridad jurídica para la fotovoltaica en territorio insular y nacional

EFE.- Mientras la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) subraya la necesidad de crear seguridad política y económica para el desarrollo de la energía fotovoltaica a nivel regional y nacional, desde la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias aseguraron que pedirán al Ejecutivo central que modifique el actual sistema de retribución de la instalación de energía fotovoltaica en las islas para ajustarlo a las especificidades del mercado regional.

Según destaca la Consejería, la modificación incrementaría el grado de penetración de las renovables en el archipiélago y consolidaría un sistema de retribución estable y diferenciado para la energía fotovoltaica de las islas. Así lo aseguró el viceconsejero de Energía, Adrián Mendoza, que señaló que el Gobierno autonómico quiere cambiar la legislación que regula la producción de energía renovable para modificar el sistema de subasta que rige la retribución de energía eólica y fotovoltaica en las islas por un sistema retributivo estable y diferenciado al del resto del país. En su opinión, así se garantizaría la estabilidad para los inversores.

Según Mendoza, la definición del nuevo sistema, por el que se podría garantizar una retribución específica para un cupo determinado de energía fotovoltaica, contribuiría a que Canarias pudiera alcanzar los 368 megavatios de producción de energía fotovoltaica que se marca para 2020. Esa cantidad supondría algo más del doble con respecto a los 177 megavatios que alcanza la producción fotovoltaica actual. Con esta modificación también se primaría la eficiencia energética por encima de otros criterios, de manera que las nuevas instalaciones contribuirían de manera más efectiva a la dependencia del exterior y a la reducción de las emisiones de CO2.

Asimismo, Mendoza insistió en la necesidad de impulsar el autoconsumo de energía fotovoltaica como una medida para mejorar la eficiencia energética y descentralizar la producción de energía en las islas. Con ese propósito, y una vez que se configure el próximo Gobierno central, la Consejería pedirá una reunión con el Ministerio de Industria para que se exima a Canarias de forma permanente de pagar peaje por el autoconsumo energético de renovables ya que las islas sólo están exentas de manera transitoria de esa obligación. Canarias abrió este año una línea de préstamos a pymes y autónomos para el desarrollo de proyectos en autoconsumo y eficiencia energética, a las que se pueden acoger las instalaciones fotovoltaicas.

Reclamaciones hechas por la UNEF

Por su parte, el director general de UNEF, José Donoso, afirmó que entre las prioridades de esta asociación se encuentra la defensa del autoconsumo energético como derecho cívico y el restablecimiento de la seguridad jurídica del sector fotovoltaico porque «independientemente del factor económico, se solidariza con el medio ambiente» aclaró el director. Al respecto, los cambios normativos y la inseguridad jurídica impedían a los inversores tomar decisiones en materia energética, según Alejandro González Calvo, director gerente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Tenerife, por lo que solicitó a las autoridades del país un «borrón y cuenta nueva» en cuanto a los «parches» que tiene el sector energético en España.

Además, según resaltó Donoso, la iniciativa de generar un marco estable en cuanto a energía fotovoltaica en España se ha convertido en un proyecto de ley ya consensuado por todos los partidos salvo el PP, lo que supondría contar con la aprobación de 227 diputados y derogar el impuesto al sol, así como favorecer una simplificación administrativa en materia energética y el autoconsumo colectivo, entre otras medidas. Así llegara la «nueva revolución en los tejados» que augura la UNEF, que se sustenta en el desarrollo de procesos tecnológicos que contribuirían en la lucha contra la contaminación medioambiental, la generación de empleo y la independencia energética.

Asimismo José Donoso destacó la rentabilidad de las energías renovables en Canarias debido a la cantidad de recursos naturales que tienen las islas gracias a su situación geográfica y además sugirió «que España utilice su petróleo, que es el sol», ya que de los 51.000 megavatios de energía fotovoltaica que se instalaron en el mundo el pasado año, solo 49 se instalaron en España, es decir el 0’09% del total, según el director de UNEF.

Todos los grupos del Congreso salvo el PP se comprometen a modificar el decreto de autoconsumo en cuanto haya Gobierno

Europa Press / EFE.- Todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados salvo el PP se han comprometido por escrito a aprobar un decreto ley en los primeros 100 días de Gobierno con el que modificar parte del real decreto de autoconsumo aprobado en octubre de 2015, incluida la derogación del impuesto al sol, así como a iniciar una negociación para aprobar un nuevo reglamento.

En concreto, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, Democracia y Libertad, el PNV, EH Bildu, Compromís, IU, Coalición Canaria y Nueva Canarias, que suman 227 diputados, firmaron un acuerdo en el que plasman este compromiso con 26 organizaciones de consumidores, ecologistas, sindicales, sociales y de empresas de renovables. El documento constituirá el texto del decreto ley que el próximo gobierno, siempre y cuando lo constituyan algunas de estas formaciones políticas, aprobará en sus primeros 100 días y cuya convalidación en la Cámara Baja será apoyada por todos los firmantes. Fuera han quedado, junto a los populares, los diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias, socios electorales del PP.

El vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, ha explicado junto a representantes de los partidos políticos que el principal cambio que conllevará la aprobación de este decreto ley será «reconocer el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo». Esto supondrá en la práctica eliminar de forma inmediata los peajes de respaldo, el llamado impuesto al sol, por consumir energía autoproducida instantáneamente o almacenada en baterías y consumida con posterioridad, si bien se seguirán cargando peajes sobre la energía vertida u obtenida de la red al mismo nivel que se pagan por la generación convencional.

En un futuro reglamento se podrán desarrollar mecanismos de compensación simplificada, es decir, procedimientos de balance neto con los que los generadores puedan compensar sus excesos de producción puntuales con energía en momentos de déficit. «Hay que negociar cómo hacerlo», indicó Morales, reconociendo que de momento cualquier vertido o compra se pagará a precio de mercado. Preguntado sobre si merecerá la pena entrar en este tipo de comercio, señaló que la intención es fomentar el autoconsumo y no el «negocio» de los excedentes. En cualquier caso, Morales considera que a largo plazo tampoco debería incentivarse una producción excedentaria porque el objetivo debe ser la eficiencia y el ahorro, no el rédito económico del pequeño productor.

Por otra parte, el decreto ley habilitará de forma inmediata la posibilidad de que varios consumidores compartan instalaciones de autoconsumo y se simplificará la tramitación administrativa de este tipo de pequeñas instalaciones (hasta 100 kW de potencia), para las que «bastará una notificación», quedando suprimido el Registro Administrativo de Autoconsumo. Con el mismo objetivo se adaptará el régimen sancionador de modo que los pequeños autoconsumidores no se tengan que enfrentar en ningún caso a multas multimillonarias por incumplimientos administrativos. Así, se fija un límite máximo del 10% de la facturación anual por consumo de energía eléctrica como sanción máxima por infracciones relacionadas con el autoconsumo.

Estos cambios de aplicación inmediata no supondrán una derogación de todo el real decreto de autoconsumo del PP, sino únicamente un «primer paso» antes de empezar a negociar un nuevo reglamento «consensuado» entre partidos políticos y sociedad civil, que permita conseguir un sistema que incentive el autoconsumo como instrumento de eficiencia energética.  «La normativa en vigor frena la lucha contra el cambio climático, va en contra de la democratización energética, contradice la normativa europea y lastra de manera innecesaria al autoconsumidor», consideran los firmantes del acuerdo, que abogan por un cambio de modelo en el que se generalicen las energías limpias y la generación descentralizada.

Sin embargo, alcanzar un consenso en torno a esos objetivos será un proceso «largo» que llevará «al menos un año» y, desde luego, «no menos de seis meses», en opinión de Morales de Labra, tanto por la dificultad de la reglamentación como por la oposición que prevé planteen las compañías eléctricas. Por eso, hasta que se consiga ese acuerdo político y social, es necesario mantener gran parte del reglamento actual, ya que derogar todo el real decreto «generaría más incertidumbre».

«Pero la redacción que proponemos permitirá muchas más instalaciones de las que son posibles ahora», insistió Morales, que recomienda a quienes ya están embarcados en este tipo de proyecto que cumplan la norma y se adapten al actual reglamento en el plazo señalado, pero invirtiendo lo mínimo posible porque «previsiblemente se cambiará» la normativa. El texto del decreto ley precisa asimismo que el cambio no supondrá un aumento de gasto ni una disminución de ingresos para el sistema porque el pequeño tamaño de las instalaciones de autoconsumo hacen que el impacto sobre los ingresos sea «despreciable» durante los primeros años.

El Defensor del Pueblo lamenta que el Gobierno siga sin ligar el bono social de la luz a la renta

Europa Press / EFE.- El Defensor del Pueblo lamenta que el Gobierno no haya adoptado aún las «necesarias modificaciones normativas» que permitan ligar el bono social de la luz a la renta, lo que hace que esta ayuda se conceda «en ocasiones al margen de la insuficiencia de recursos«. La institución realiza esta consideración en su informe anual de 2015, en el capítulo relacionado con el suministro de electricidad.

En el caso del bono social, la normativa actual no vincula la ayuda a la renta, sino que la reserva a determinados colectivos como pensionistas, familias numerosas o familias con todos los miembros en paro. En 2014, el Defensor del Pueblo ya recomendó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que modificase los requisitos de concesión del bono social para tener en cuenta la renta del peticionario y no otros criterios. A lo largo de 2015, se han seguido recibiendo quejas de personas en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder al bono social, señala.

Por otro lado, la institución dirigida por Soledad Becerril recomienda que la persecución del fraude eléctrico cometido por los particulares no recaiga sobre las empresas del sector, sino que se considere público y que sea responsabilidad de funcionarios de carrera. Con esta medida de «preservar el carácter público» de estos expedientes, formulada en octubre ante la Secretaría de Estado de Energía, se podrá garantizar a juicio del Defensor del Pueblo “la independencia” ante penalizaciones por fraude eléctrico, máxime cuando las empresas reciben conforme a la norma actual una retribución por la persecución de estas prácticas ya que así se pretende evitar que el resto de los consumidores sufraguen este fraude.

«Diversas quejas denunciaban la vulneración de los derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia debido a la exigencia de cantidades en torno a los 2.000 euros por supuestos fraudes de energía eléctrica, sin pruebas de cargo suficientes ni haberse acreditado de manera fehaciente», refleja el informe, que recuerda que el impago de la penalización conlleva el corte del suministro. Las quejas alegaban falta de imparcialidad de las empresas distribuidoras, que realizaban las correspondientes inspecciones, en ocasiones a través de empresas subcontratadas, señala, antes de recordar que la normativa recoge un incentivo a la reducción del fraude.

El Defensor del Pueblo también indica que se encuentra a la espera de una respuesta a su recomendación a Industria acerca de la conveniencia de revisar el elevado peso de la parte fija en la tarifa de la luz, que impide el ahorro en la factura de electricidad. También considera necesario flexibilizar los actuales tramos para cambiar de potencia de energía eléctrica contratada, ya que con los actuales contadores digitales «dejaría de ser necesario el establecimiento de unos rangos de potencia de energía eléctrica». Al desaparecer estos tramos, «los consumidores dispondrían de más flexibilidad para definir sus necesidades de consumo».

El Defensor del Pueblo también llama la atención acerca de la necesidad de facilitar el fraccionamiento en el pago de las deudas con las empresas comercializadoras, sobre todo en los casos en los que el consumidor sufre dificultades económicas. Concretamente, cita el caso de una ciudadana que percibe un sueldo de 650 euros mensuales a la que le exigieron más de 2.000 euros por un supuesto fraude. La interesada solicitó un fraccionamiento de la deuda en 12 meses, pero la empresa solo aceptó 6 meses.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha recomendado que la producción de energía eléctrica en régimen de autoconsumo en los casos en que no hay vertido de excedentes a la red no estuviese sujeta a cargo alguno ni a obligación de registro administrativo, por tratarse de una medida de ahorro energético que no debe desincentivarse. Durante 2015, la institución siguió recibiendo quejas denunciando este problema, que se sumarían a las recibidas desde 2013, señala.

Ciudadanos abraza las tesis socialistas y acuerda cerrar las nucleares a los 40 años y fijar una moratoria al fracking

Servimedia / Europa Press.- PSOE y Ciudadanos han llegado un acuerdo en materia de energía mantiene buena parte del programa electoral con el que Pedro Sánchez aspira a La Moncloa y que supondrá el cierre de las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento, restringir nuevas autorizaciones de fractura hidráulica (fracking), así como reformar el autoconsumo energético. Así consta en el Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso firmado por los responsables de PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, respectivamente.

En concreto, proponen establecer una moratoria durante la próxima legislatura para las prospecciones de fracking y restringir las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos. En relación con las nucleares, la propuesta establece el cierre «progresivo» de las centrales al cumplir los 40 años “de vida útil”. Se trata de una propuesta defendida por el PSOE en la que Ciudadanos no había adoptado una postura concreta pero Albert Rivera había apuntado que no se oponía a prolongar la vida de las plantas atómicassi los informes técnicos lo avalaban.

Por otra parte, el acuerdo de investidura establece reformar el decreto 900/2015, que regula las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. En este punto, el PSOE y Ciudadanos destacan que pretenden eliminar el denominado impuesto al sol. Así, pretenden aprobar en su lugar un marco regulatorio «estable» para el autoconsumo eléctrico y la generación a pequeña escala, en la modalidad de balance neto.

El acuerdo también establece acometer una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica, así como del mercado gasístico, «facilitando su progresiva adecuación al nuevo modelo energético disminuyendo los costes de la transición«. El objetivo de ambos partidos es alcanzar un sistema energético «eficiente y sostenible» que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y una reducción de emisiones compatible con los compromisos de París.

Para ello, PSOE y Ciudadanos consideran necesario promover un gran Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética. De este modo, proponen aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización, así como incluir en la Ley de Contratación Pública nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas. Así, PSOE y Ciudadanos abogan por la creación de una Comisión para la Transición Energética, que desarrolle escenarios progresivos de reducción de emisiones que permitan identificar los retos y oportunidades del cambio de modelo, y elabore una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO2.

Junto a ello, el pacto recoge la creación de un fondo verde para la transición energética, alimentado con parte de la nueva fiscalidad medioambiental, dedicado a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa. Por otro lado, el PSOE y Ciudadanos plantean desarrollar un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios con el fin de pasar de las actuales 23.000 viviendas rehabilitadas al año a las 200.000 en 2025, lo que serviría para generar con estas actividades de rehabilitación hasta 200.000 empleos nuevos.

El Supremo admite a trámite dos recursos de Cide y Px1NME contra el decreto de autoconsumo

EFE / Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite dos nuevos recursos, de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Cide) y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), en contra del real decreto 900/2015, contra la normativa que regula el autoconsumo. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), los dos recursos se han interpuesto ante la sala tercera del Tribunal Supremo y se admitieron a trámite los pasados 20 y 21 de enero.

En ambos casos van contra el decreto con el que el Gobierno reguló las condiciones y las modalidades de la producción eléctrica para autoconsumo. La normativa, fuertemente criticada por renovables, ecologistas y oposición, prevé el pago de una serie de cargos a los usuarios conectados a la red con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema.

La Px1NME había anunciado junto a la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y diversas organizaciones como Greenpeace y CC.OO. la interposición de diversos recursos ante el Supremo contra el decreto de autoconsumo al considerar que «vulnera la Constitución Española». A juicio de las asociaciones, el decreto discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las tecnologías fósiles, al tiempo que vulnera el principio constitucional de la libertad de empresa e incurre en el incumplimiento de la Directiva 2009/28/CE de fomento del uso de energía procedentede fuentes renovables.

Además, entienden que existe una «clara vulneración» de la Directiva 2009/72/CE del mercado interior de la electricidad, puesto que la norma impone «unos peajes discriminatorios, así como medidas antieconómicas y desproporcionadas para los consumidores». La denuncia de estas organizaciones se suman a otras contra la misma norma presentadas por empresas como Villar Mir Energía o Valoriza Servicios Medioambientales, filial de Sacyr, además de otras de Lasal del Varador, Solares-Solartys, Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya, Josep Puig Boix, Lluís Maria Coll i Ripoll, Andrés Montesinos Campos, Alternativa Verda, Dia de la Terra, Grup de Cientifics i Tecnics per un Futur no Nuclear, Eurosolar y Solar Tradex.

La OCU estima en 10 años el tiempo mínimo para que algunas formas de autoconsumo sean rentables

Europa Press / Servimedia.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que el autoconsumo empieza a ser rentable, «incluso a pesar de los costes de legalización y las diversas trabas administrativas que hoy existen», con la posibilidad de amortizar un kit fotovoltaico en unos 10 años. Según un estudio realizado por la asociación sobre kits fotovoltaicos, la tecnología está ya «madura, tratándose de sistemas muy fiables y que se adaptan muy bien a las condiciones climatológicas».

La OCU señala que esta alternativa es viable sobre todo en viviendas independientes, adosadas o cualquier otro tipo de vivienda que dispongan del espacio necesario para instalar estos kits. Así, la organización estima que para cubrir el consumo anual de una familia media (3.500 kWh) harían falta 8 paneles fotovoltaicos, con un coste total de unos 7.000 euros, incluyendo la instalación y los 800 euros de legalización. En concreto, el tiempo de amortización de este kit sería de poco más de 10 años Si los costes de legalización fueran inferiores «resultaría aún más interesante», señala.

Para OCU, el impacto en la amortización de los costes de legalización tiene especial repercusión en kits de menor tamaño que cubren sólo parte de la energía diaria necesaria, y donde el plazo para conseguir la amortización puede elevarse desde los 13 a incluso los 30 años, ya que el coste de instalación suele ser mayor que el propio coste del equipo, «algo que no parece que tenga mucho sentido«.

Compra colectiva de kits fotovoltaicos

Por otro lado, la OCU lanzó en www.renovamos.org una compra colectiva de kits fotovoltaicos para producir electricidad con el objetivo de facilitar e incentivar el acceso a tecnologías más eficientes. Estos kits permiten ahorrar generando su propia energía o incluso, con el equipamiento necesario (baterías de acumulación), pueden desconectarse de la red eléctrica. Para contar con garantía de suministro, la OCU recomienda que si se quiere optar por «desenchufarse» de la red es conveniente disponer de un sistema de apoyo como un grupo electrógeno de gasóleo o un pequeño aerogenerador.