El 55% del carbono almacenado en territorios indígenas amazónicos y tierras protegidas está en peligro

«Vemos, por ejemplo, que los territorios de los pueblos indígenas de la Amazonia almacenan casi un tercio de carbono sobre el suelo de la región en poco menos de un tercio de la superficie de la tierra», explica el científico de ‘Woods Hole Research Center’ (WHRC) Wayne Walker. «Eso es más carbono forestal del que figura en algunos de los países tropicales más ricos en carbono como Indonesia y la República Democrática del Congo», añade este experto.

Sin embargo, los autores del texto, titulado ‘Carbono Forestal en la Amazonía: los aportes no reconocidos de los territorios indígenas y áreas naturales protegidas’, aceptado para su publicación en ‘Carbon Management’, también encuentran que casi el 20 por ciento de los bosques tropicales a través de la Amazonía están en riesgo por la tala legal e ilegal, la construcción de nuevas carreteras y presas y la expansión de la agricultura comercial, la minería y las industrias del petróleo, presiones que se ven agravadas en muchos países porque los gobiernos han fallado a la hora de reconocer o hacer cumplir los derechos de las tierras indígenas.

«Nunca hemos estado bajo tanta presión, como lo demuestra este estudio», afirma Edwin Vásquez, coautor y presidente de la COICA, la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica, que representa a los grupos indígenas de la región. «Sin embargo, ahora tenemos evidencia de que donde hay derechos fuertes, hay bosques en pie. Y al saber que tenemos más de la mitad de carbono de la región en las tierras indígenas y protegidas, podemos decir a nuestros líderes que fortalezcan su papel y los derechos de los pueblos indígenas de los bosques», añade.

El documento es el resultado de una nueva colaboración norte-sur entre científicos, redes indígenas y ONG de la Amazonía, y expertos en política ambiental que combinaron las mediciones por satélite de la densidad de carbono, datos de campo y registros de la frontera de los territorios indígenas y áreas protegidas. «Hasta hace poco, no habría sido posible un análisis de este alcance, sin embargo, la disponibilidad de datos espaciales consistentes y precisos a través de grandes áreas como la Amazonía ha marcado una enorme diferencia», dice el científico Alessandro Baccini, también de WHRC.

El Amazonas está compuesta por 2.344 territorios indígenas y 610 áreas protegidas, distribuidas en nueve países y que son excepcionales en términos de diversidad biológica, cultural y lingüística. También se las considera la piedra angular de los esfuerzos de conservación del Amazonas, ya que sirven como barreras sociales y naturales al avance de la agricultura y los incendios forestales. En países como Brasil, con niveles históricamente altos de deforestación, los bosques indígenas y las áreas protegidas se consideran vitales para la lucha contra las emisiones de dióxido de carbono derivadas de la deforestación y la degradación forestal.

«Esto significa que el reconocimiento internacional y la inversión en las zonas indígenas y protegidas son esenciales para asegurar su continua contribución a la estabilidad del clima global», reclama Richard Chase Smith, del Instituto del Bien Común de Perú. Smith también advierte que los conflictos sociales en el Perú y otros países amazónicos continuarán en aumento si los gobiernos no aseguran la pertenencia segura de la tierra para los pueblos indígenas.

«Si se implementan realmente todos los planes actuales para el desarrollo económico de la Amazonía, la región se convertiría en una sabana gigante, con islas de bosque», señala Beto Ricardo, del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil. «Una gran proporción de los territorios indígenas y las áreas protegidas están cada vez más en riesgo, con consecuencias potencialmente desastrosas, incluyendo el 40% por ciento de los territorios indígenas, el 30 por ciento de las áreas protegidas, y el 24 por ciento de la superficie que pertenece a los dos», calcula.

Al resumir las implicaciones de su estudio, los autores concluyen que en el corto plazo, mantener la estabilidad de la atmósfera, así como la gama de servicios ambientales y sociales de importancia mundial que proporcionan los bosques amazónicos, dependerá de si los gobiernos optan por adoptar políticas que garanticen la integridad ecológica de los territorios indígenas y las áreas protegidas. A su juicio, la continua destrucción de estos ecosistemas ricos en carbono disminuirá gradualmente su capacidad de funcionar adecuadamente, lo que resulta en un impacto perjudicial y potencialmente irreversible en el ambiente y el planeta.

Las empresas tendrán una nueva subasta para la capacidad de interrumpibilidad «en las mismas condiciones», según asevera Soria

Preguntado por este despido colectivo anunciado por la multinacional Alcoa, Soria subrayó que como quiera que hay una «cuantía de megavatios elevada» que ha quedado por cubrir en la segunda subasta, el Gobierno va a realizar otra a la que podrán ir todas las empresas que estén interesadas.

«Pero tengo que insistir: todas en las mismas condiciones. No podemos establecer condiciones singulares para una empresa o un grupo de empresas», aseveró.

Soria dijo que la subasta de interrumpibilidad se ha hecho en las «mismas condiciones» para todas las empresas. «Es decir, no ha habido unas condiciones para unas empresas y otras condiciones para otras empresas», añadió el ministro tras la inauguración del Foro Internacional de Contenidos Digitales (FICOD).

De esta forma, para el ministro, todas las empresas «se han sentido absolutamente libres» para en los distintos lotes de la subasta ir a un precio en unos y a otro precio en otros.

«Entonces lo que habrá que preguntarle a cada empresa es por qué en unos lotes han bajado mucho y se lo han llevado y en otros lotes en cambio han mantenido un precio muy elevado y no se lo han llevado«, añadió.

En cualquier caso, el ministro destacó que se trata de «una cuestión de la empresa y no del Ministerio». «Supongo que nadie estará planteándole al Gobierno que establezca unas condiciones singulares y particulares en una subasta para un determinado número de empresas en relación a otras, eso supongo que no lo está planteando nadie», advirtió.

El servicio de interrumpibilidad, dotado con unos 500 millones de euros anuales, consiste en el abono de ciertos pagos a grandes empresas por permitir que se les corte el suministro eléctrico en caso de que lo requiera el sistema.

En el marco de la reforma eléctrica y con el objetivo de que los pagos se asignaran de forma competitiva, el Gobierno introdujo el sistema de subastas.

En la primera subasta, celebrada a medidos de noviembre, se asignaron todos los bloques de 90 megavatios (MW), dirigidos a grandes industrias, pero quedaron sin cubrir algunos de los bloques de 5 MW, destinados a empresas medianas y que suman unos 200 millones de euros.

Despidos ante la falta de energía competitiva

La multinacional Alcoa anunció este lunes que negociará un despido colectivo que afectaría a las plantas de Avilés y A Coruña, las dos que no consiguieron ningún paquete en la subasta de energía semanas atrás y ante la imposibilidad de acceder a energía a precios competitivos.

Por su parte, el secretario general de CCOO de Asturias, Antonio Pino, rechazó el anuncio de los despidos de Alcoa, expresó su apoyo a la plantilla, y emplazó a la empresa a que reconsidere su decisión, «de no ser así no descarto una respuesta contundente contra esta medida unilateral y antisocial».

«Lamentablemente se están cumpliendo los peores augurios. La amenaza de cierre de Alcoa cada vez es más real», destacó Pino. Para CCOO de Asturias esta noticia «es un jarro de agua fría y una traición para Avilés y para el resto de la región», recalcó el secretario general.

Pino criticó «la inacción del Ministro de Industria que con sus medidas se está cargando el sector industrial: en vez de dar soluciones, establece medidas contra la industria. Lo sufrieron el sector naval, el de defensa, el minero y ahora el del aluminio; es un soberano incompetente».

En palabras de Antonio Pino «hace falta más intensidad del Gobierno regional para reclamar al Ejecutivo central, que está autista, una tarifa eléctrica competitiva para las empresas y así evitar deslocalizaciones y cierres, porque nos estamos jugando nuestro futuro».

Industria prevé congelar los peajes de luz y gas en enero y sitúa en 3.540 millones el déficit de tarifa de 2013

En concreto, la disposición final primera del borrador de orden establece como novedad que el llamado servicio de interrumpibilidad, consistente en un incentivo a las industrias por consumir menos cuando lo requiera el sistema, «se integrará a efectos de su liquidación como coste de la energía», en vez de hacerlo como coste regulado.

De esta forma, los 550 millones de euros de la interrumpibilidad incluidos en costes regulados en 2014 desaparecerán del escenario de costes de 2015, si bien el consumidor seguirá pagándolos, pero a través de los costes de energía de su recibo.

Por el momento, esta partida de interrumpibilidad ascenderá a al menos 350 millones de euros, tras las subastas celebradas recientemente entre las industrias. No obstante, Industria expresó su deseo de celebrar una nueva subasta para colocar más bloques de interrumpibilidad por un importe cercano a otros 200 millones de euros.

Tras este cambio de contabilidad, el borrador y la memoria económica de la orden ministerial de peajes ofrecen unas estimaciones de costes e ingresos del sistema eléctrico con «el objetivo de lograr el equilibrio entre las diferentes partidas de costes e ingresos».

La orden ministerial cifró en 17.836 millones de euros los costes regulados del sistema en 2015, un 2,6% menos que en 2014, a pesar de que el transporte tendrá un coste de 1.689 millones de euros, un 1,8% más, y de que la partida de distribución será un 0,9% superior, hasta 4.938 millones de euros.

Las anteriormente conocidas como primas del régimen especial, que recogen los incentivos a renovables y cogeneración, tendrán un coste de 7.100 millones de euros en 2015, un 0,3% menos, al tiempo que la amortización del déficit de tarifa implicará un coste de 2.969 millones de euros, frente a 2.686 millones de euros un año antes.

En el lado de los ingresos, Industria calculó que la demanda será de 231.614 gigavatios hora (GWh), un 1,3% menos que la previsión incluida en la orden ministerial del año anterior. Este descenso se produce después de que se haya detectado «un importante ajuste en los ingresos» por la disminución de la potencia contratada por los consumidores.

El conjunto de los consumidores aportará 13.498 millones en peajes, un 1,6% menos que en 2014. Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) procurarán 4.207 millones de euros, frente a 4.087 millones de euros un año antes. Una de las partidas públicas, la de costes extrapeninsulares, se recortará de 903 millones de euros a 887 millones de euros.

De los ingresos del Estado que se destinarán a la tarifa eléctrica, 2.989 millones de euros procederán de los impuestos eléctricos en vigor desde 2013, frente a 2.833 millones un año antes, mientras que 330 millones de euros corresponden a las subastas de derechos de emisión de CO2, frente a 343 millones de euros en 2014.

3.540 millones de déficit tarifario en 2013

El borrador de orden ministerial elaborado por Industria indica que el déficit de tarifa final de 2013 será de 3.540 millones de euros, mientras que 2014 se cerrará con un leve superávit de 11 millones de euros y en 2015 con otro superávit de 33 millones de euros. El déficit de tarifa máximo permitido por ley para 2013 era de 3.600 millones de euros.

Para el desajuste de 2013, Industria tiene previsto aprobar un real decreto antes de la orden ministerial de peajes en el que se establezca su financiación. Habrá un periodo correspondiente a 2014 en el que se financie teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los «credit default swap» de las eléctricas, así como otro hasta 2028 en el que se financie al bono español a diez años más 85 puntos básicos.

El déficit de tarifa de 2013 obligará al sistema eléctrico a incluir entre sus costes una anualidad de 249 millones de euros en el ejercicio 2014 para financiarlo, así como de 283 millones de euros en 2015.

Nuevo peaje de alta tensión para la industria vasca

En cuanto a los peajes de alta tensión, una de las novedades de la norma es la fijación de dos nuevas categorías, la 6.1A y la 6.1B, esta última de tensiones de entre 30 y 36 kilovoltios (kV), que son especialmente habituales en la industria vasca, donde muchas instalaciones se conectan en estas tensiones.

La rebaja de peajes industriales beneficiará a 1.975 consumidores, frente a los 109.196 consumidores conectados en alta tensión. Las industrias del 6.1B disfrutarán de un término de potencia un 15% inferior al antiguo, así como de un término de energía un 12,3% inferior.

Subirá un 20% el uso como materia prima del gas

Asimismo, el Ministerio de Industria congelará en enero la parte del recibo de gas dedicada a sufragar los costes regulados, también conocida como peajes, para todos los consumidores salvo para los que lo utilicen como materia prima, según consta en el borrador de orden ministerial sobre revisión de peajes de gas.

Para 2015, Industria dibujó un escenario en el que ya se aplica la reforma del sector gasista y en el que los costes regulados ascienden a 3.062 millones de euros, de los que 1.375 millones de euros corresponden a la distribución.

En el lado de los ingresos, el sistema gasista ingresará 3.056 millones de euros a través de los consumidores, de los que 1.498 millones de euros son por el término de la energía y 407 millones de euros por el término fijo. También habrá otros 561 millones de euros procedentes de los peajes y cánones de actividades como la descarga de buques o la carga de cisternas.

El resultado de estas dos variables de costes e ingresos es un «saldo equilibrado que justifica el mantenimiento de los peajes y cánones invariables durante el año 2015 con la excepción del peaje para los usuarios del gas con destino a materia prima», dijo Industria.

Este peaje de gas usado como materia prima subirá un 20% con el objetivo de avanzar en la «convergencia» con el peaje convencional, según indicó Industria, antes de recordar que las diferencias entre uno y otro son en la actualidad de un 80%.

La orden ministerial de revisión de peajes no incluye aún el coste anual de 110 millones de euros durante 30 años para amortizar Castor, ya que esta partida empieza a repercutirse en 2016.

No obstante, el próximo año se empezará a pagar durante cinco años el coste del laudo arbitral por la revisión de precios de suministro de gas argelino. La primera anualidad obliga al sistema gasista a asumir un coste de 32,7 millones de euros en 2015.

El recibo de la luz subió 8,39 euros desde enero y la electricidad es un 12,4% más cara, según dice Facua

En términos interanuales, con el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) del pasado mes de noviembre, el usuario medio paga un 1,8% menos que en igual mes de 2013.

Según Facua, desde el pasado mes de agosto las tarifas son más caras que cuando para su fijación «mediaba la subasta eliminada por el Gobierno el pasado enero».

La organización de consumidores pidió al Gobierno que «ponga fin al oscuro sistema tarifario que ha puesto en marcha» y asuma la sentencia dictada el 23 de octubre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se indicaba que los usuarios de luz y gas deben ser informados de las subidas tarifarias antes de que entren en vigor, «algo que no ocurre en España». «Así, los consumidores españoles podrían impugnar las tarifas de los últimos años», subrayó.

La asociación de consumidores solicitó que la Comisión Europea tome medidas ante el sistema tarifario español, ya que Facua denunció el pasado abril al Gobierno de España ante Bruselas al considerar que la nueva fórmula para fijar las tarifas eléctricas «vulnera las directivas comunitarias sobre electricidad, derechos de los consumidores y cláusulas abusivas», según detallaron.

Asimismo, Facua reclamó al Ejecutivo una intervención «contundente» en el sector para que las tarifas se establezcan sobre la base de los costes reales de la generación energética y los usuarios dejen de ser víctimas de «prácticas oligopolísticas».

La asociación también reclamó una auditoría histórica del déficit de tarifa y un cambio legal para prohibir la puerta giratoria mediante la que las eléctricas fichan a expresidentes, exministros y otros altos cargos gubernamentales y los gobiernos incorporan como altos cargos a exconsejeros de estas compañías.

Desde agosto, las tarifas son más caras

Desde agosto, las tarifas son más caras que cuando para su fijación mediaba la subasta eliminada por el Gobierno el pasado enero, según señaló Facua.

Con las tarifas vigentes en enero de este año, el usuario medio pagaba 67,62 euros (un 16% menos que en enero de 2013), 66,33 en febrero y marzo (17,6% menos), 63,98 en abril (14,4% menos), 71,46 en mayo (4,4% menos), 75,31 en junio (0,7% más que en junio de 2013), 73,88 en julio (2,4% menos), 75,87 en agosto (un 1,4% más) y 80,63 en septiembre (un 7,8%más), 80 euros en octubre y 76,01 euros en noviembre (un 1,8% menos que los 77,37 euros de noviembre de 2013).

Los importes indicados para las facturas del usuario medio en los tres primeros meses del año incluyen el descuento aplicado con posterioridad a las tarifas que se habían aprobado de forma provisional.

En los once primeros meses del año, el precio medio mensual por cada kilovatio hora (kWh) consumido fue de 13,93 céntimos en enero, frente a 12,76 en febrero, 12,76 en marzo (tras la refacturación que produjo al descontar 3,03 céntimos a cada kWh consumido durante el primer trimestre), 12,12 en abril, 14,17 en mayo, 15,22 en junio, 14,83 en julio, 15,37 en agosto, 16,67 en septiembre, 16,50 en octubre y 15,41 en noviembre.

En cuanto a las tarifas fijas por cada kilovatio (kW) de potencia contratada, en enero se situaba en 3,78 euros, el precio vigente desde agosto de 2013, cuando el Ministerio de Industria aprobó una subida del 62,8% con respecto a los 2,32 euros establecidos desde abril de 2012. En febrero, el Gobierno volvió a subir esta tarifa otro 17,9%, situándola en 4,46 euros por kW.

Así, Facua denunció que «el incremento acumulado del precio del kW en poco más de un año fue del 92,2%».

Los precios del mercado mayorista eléctrico bajan un 15,37% durante el mes de noviembre, según el OMIE

Según los datos publicados por el operador del mercado eléctrico OMIE, el precio medio diario en el mes de noviembre osciló entre los 16,43 y los 65,73 euros el MWh.

Este precio sirve para formar, junto a otros factores, el coste de la energía, una de las tres patas del recibo de los consumidores acogidos a la tarifa eléctrica regulada, el denominado Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), y que supone alrededor de un tercio del mismo.

Desde el pasado mes de abril, este PVPC, al que están acogidos unos 16 millones de consumidores en España, funciona con un nuevo sistema en el que uno de sus tres componentes, ese coste de la energía, está vinculado a la evolución de este mercado mayorista eléctrico.

Aunque el objetivo es que el coste de la energía en la factura sea el que marque cada hora el mercado, por el momento se hace con esa media del mes aunque en función de unos perfiles de consumo y con unos ajustes técnicos.

Junto al coste de la energía, que supone alrededor de un tercio del recibo, en el PVPC están los peajes de acceso, que determina el Gobierno para retribuir las actividades reguladas, y los impuestos.

Según los datos facilitados por Industria en febrero, en una factura de 50 euros, se pagaban 20,6 euros de peajes, 18,7 euros de energía y 10,7 euros de impuestos.

España reclama una «respuesta de financiación conjunta» a nivel europeo para las interconexiones

Así lo señaló Nadal durante su intervención en la presentación del World Energy Outlook (WEO) de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en un acto organizado por Enerclub, aunque destacó la importancia de que el conocido como «paquete Juncker» de inversiones comunitarias reserve una partida para las interconexiones eléctricas entre países, lo que el caso de España permitirá reducir el coste por la alta volatilidad de precios, y permitiría «empezar un camino para mejorar el problema de la política energética».

El secretario de Estado de Energía señaló que «no podemos pedir a cada estado miembro que sea el que soporte un beneficio para el conjunto de la Unión», por eso abogó por dar una «respuesta de financiación conjunta» que permita «que cada Estado miembro asuma la parte que le corresponde del beneficio de realizar la interconexión».

Estas interconexiones, pese a ser con Francia, deben ser financiadas por todos los Estados, sostuvo Nadal.

En este sentido, criticó la falta de instrumentos de financiación «suficientes» a nivel europeo para garantizar que los países de tránsito y sus consumidores que no se benefician de las interconexiones «no tengan que soportar el coste de interconexión».

Como ejemplo, Nadal expuso que en la construcción del AVE entre Valencia y Madrid no se podría pedir a la población de Albacete que asumiese la parte proporcional a su territorio «cuando son las grandes ciudades las que se han beneficiado», sino que se realizan «planes nacionales y se financia entre todos, en vez de únicamente por las provincias por las que pasa la vía».

Objetivo único de CO2

Por otra parte, Nadal sostuvo que la respuesta en la lucha contra el cambio climático «no puede ser tan diferente en cada Estado», al abonarse por distintas vías como impuestos, incentivos a la inversión de renovables o a través del recibo, puesto que «fracciona el mercado».

Por ese motivo, defendió «un objetivo único» de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático consistente en la reducción de emisiones de CO2, que «es el único realmente relevante» y la opción «más inteligente», frente a los objetivos separados del desarrollo de renovables, recortes de estas emisiones y mayor eficiencia energética.

«Perseguir demasiados objetivos simultáneamente termina al final creando distorsiones internas en el mercado interior» que «no son necesarias», apostilló Nadal, quien consideró que «Europa está persiguiendo demasiadas liebres a la vez con una única escopeta».

En su opinión, es un «error» establecer objetivos comunes en todas las áreas simultáneamente ante los tamaños «poco relevantes» de los países europeos en el contexto mundial, puesto que «es como si Estados Unidos exigiera estado por estado estos objetivos en vez de para el conjunto de los Estados Unidos aprovechando las ventajas climáticas, geográficas y de recursos que tienen cada una de las áreas».

En cualquier caso, aunque el avance hacia un mercado interior de la energía en la última década «claramente no es suficiente», Nadal valoró los «focos de esperanza» y «las luces a las que nos vamos dirigiendo».

Entre los «avances importantes» del último Consejo Europeo del pasado mes de octubre destacó la fijación de objetivos «más flexibles», y el hecho de que «se tiende cada vez más a las necesidades de cada Estado miembro». Igualmente, subrayó que «por primera vez» se reconoce como «única posibilidad» para avanzar en la penetración de las renovables la necesidad de «distribuir el riesgo y permitir intercambios» hasta ahora no realizados.

No obstante, lamentó que la Unión Europea haya «exagerado» la lucha contra las emisiones del CO2 y descuidado a la vez la competitividad económica y la seguridad de suministro.

Además, abogó por explorar y obtener recursos de hidrocarburos en «nuestro propio territorio» ante la elevada dependencia de España, y se posicionó a favor de mantener la energía nuclear «como uno de los pilares de la energía base de los países europeos».

«No podemos renunciar a una tecnología que da tecnología base, no produce CO2 y da estabilidad al sistema cuando además introducimos energías renovables», agregó.

La demanda de energía eléctrica desciende un 0,9% en noviembre

En concreto, la demanda bruta fue de 19.799 gigavatios hora (GWh), un 3,2% inferior a la de noviembre de 2013, con lo que encadena tres meses consecutivos de descensos, según informó Red Eléctrica de España (REE).

En estos once meses del año, corregidos los efectos del calendario y las temperaturas, el consumo no varió con respecto al mismo periodo del año pasado. La demanda eléctrica en este periodo fue de 222.008 GWh, un 1,1% menos que en el mismo periodo del 2013.

La producción de origen eólico del mes alcanzó los 4.755 GWh, un 20,8% menos que en el mismo periodo del año pasado, y supuso el 25,6% de la producción total.

En el mes de noviembre, la generación procedente de fuentes de energía renovable representó el 41,9% de la producción, mientras que el 61,9% de la producción eléctrica de este mes procedió de tecnologías que no emiten CO2.

La tecnología nuclear generó el 21,9% del total; el carbón, el 16,1%; el ciclo combinado, el 9,7%; cogeneración y otros, el 10,4%; hidráulica, el 11,8%; solar fotovoltaica, el 2%; la térmica renovable, el 1,9%, y la solar térmica, el 0,6% durante el undécimo mes del año.

Entre enero y noviembre, la nuclear es la tecnología con más contribución a la generación eléctrica, con un 22%, frente al 20,1% de la eólica, el 16,3% del carbón, el 15,6% de la hidráulica, el 10,4% de la cogeneración y otros y el 8,4% de los ciclos combinados, la solar fotovoltaica, el 3,2%; la térmica renovable, el 1,9%, y la solar térmica, el 2,1%.

Soria reconoce que Anticorrupción llamó a funcionarios de Industria para investigar el caso de los CTC

Durante su intervención ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, Soria detalló la tramitación de esta liquidación, al tiempo que subrayó que la reclamación de los CTC pagados de más, que podrían superar los 3.400 millones de euros, está prescrita desde 2010.

Los CTC son una serie de pagos a las compañías eléctricas establecidos durante la liberalización del sector eléctrico en 1997 para protegerlas de posibles caídas del precio del mercado, garantizando así que recuperarían los costes de inversión reconocidos en la legislación previa. Sin embargo, una serie de subidas inesperadas de precios hizo que se abonaran cantidades de más en este concepto, que nunca fueron reclamadas.

Soria señaló que en junio de 2012 solicitó un informe a la Abogacía del Estado con el objeto de aclarar «la situación en que se encontraban los CTC» y, en su caso, la vía para una posible recuperación de las cantidades pagadas de más.

La Abogacía respondió que la recuperación de estas compensaciones estaba prescrita desde 2010 porque nunca se aprobó la orden ministerial que debía reclamarlas, una cuestión que «es lo que está investigando la Fiscalía» y cuyo motivo, dijo desconocer Soria.

Soria también quiso explicar «lo que conocemos» sobre el tema. Así, señaló que existe una nota de la Secretaría General de Energía fechada en abril de 2008 en la que, siguiendo el criterio de la Abogacía del Estado (que avala y cuantifica la liquidación de los CTC) insta a reclamar las cantidades abonadas de más, algo que tendría que realizarse a través de una orden ministerial.

Esta orden «ya estaba redactada e incluía la metodología para el cálculo de las plusvalías», diciendo cuánto eran esos costes a devolver, qué empresas tenían que hacerlo y cuánto les correspondía, de manera que se remitió en mayo de 2008 desde la dirección general de Política Energética y Minas a la Secretaría General de Energía, según el ministro.

Sin embargo, esta orden ministerial «nunca se llegó a firmar», de manera que «pasaron dos años y quedó prescrita» en 2010, detalló Soria.

Industria realizará una nueva subasta de interrumpibilidad con los 200 millones de euros que no se cubrieron

«Con esos aproximadamente 200 millones de euros que han quedado sin cubrir va a haber una nueva subasta, pero con un mecanismo competitivo», indicó en su comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados.

Así, Soria defendió el sistema aplicado en la subasta, ya que «es el más transparente». «En todo caso ha habido empresas que en la misma subasta han bajado mucho el precio en un bloque y no lo han hecho en otro», añadió.

A este respecto, recalcó que el Gobierno «no puede decir a una empresa lo que tiene que ofrecer». «Es ella la que ofrece un precio u ofrece otro, el Gobierno sólo fija el marco», aseguró.

El servicio de interrumpibilidad, dotado con unos 500 millones de euros anuales, consiste en el abono de ciertos pagos a grandes empresas por desconectarse del sistema cuando este lo necesita, lo que permite al sistema eléctrico disponer de energía en los momentos punta y facilitar su gestión.

Para que fuera viable, se optó por bonificar a las plantas de alto consumo energético que se acogieran a esta posibilidad con una ayuda importante que reducía significativamente el coste de la electricidad. El año pasado los costes por interrumpiblidad representaron una bonificación de 650 millones de euros.

Sin embargo, el Gobierno introdujo, en el marco de la reforma eléctrica, una modificación en este servicio para que los pagos por interrumpibilidad se asignaran de forma competitiva a través de un sistema de subasta, en el que las empresas debían cumplir unos requisitos de potencia y consumo, lo que generó las críticas de la gran industria.

Para ello, Industria llevó a cabo recientemente esta subasta, por la cual los grandes consumidores de electricidad presentaron sus ofertas por nueve bloques de 90 megavatios (MW) que sumaban 810 MW, dirigidos a grandes industrias, y por 238 bloques de 5 MW que ascendían 1.190 MW, destinados a empresas medianas.

Soria afirmó que en la subasta se cubrieron todos los bloques de 90 MW que se ofertaron, mientras que «sólo quedaron sin cubrir una parte de los de 5 MW».

CCOO reclama una nueva subasta «de repesca»

Por su parte, CCOO de Industria reclamó al Gobierno que realice una nueva subasta de interrumpibilidad «de repesca» puesto que será la única manera de evitar «situaciones traumáticas» en el funcionamiento de las plantas industriales, argumentando que fue el propio Ministerio el que «se comprometió» a observar cómo el resultado de la subasta se adecuaba a las necesidades y a «realizar los ajustes» que fueran necesarios antes de que arrancara el nuevo año eléctrico, que comienza en enero de 2015.

El sindicato expresó su «preocupación» por las consecuencias que podrían derivarse de la última subasta organizada por REE la semana pasada, sobre la que «todo indica que tuvo un impacto perjudicial en la industria del gran consumo«.

Tras dicha subasta, CCOO exigió al Gobierno que realice una nueva subasta de repesca «en la que se realicen los ajustes que se han detectado, tanto en las 26 plantas que no han entrado en el servicio de bonificación como en la predistribución de los 200 millones de euros pendientes de asignación». «Será la única manera de evitar situaciones traumáticas en el funcionamiento de las plantas industriales», apostilló.

CCOO explicó que los 2.000 megavatios (MW) ofertados se subastaron a 352 millones de euros, casi 200 millones de euros por debajo de lo presupuestado, y afectó al 80% de las plantas que se presentaron. Además, su precio es significativamente menor, lo que supone que en algunos centros se recorte la bonificación entre un 30% y un 50%, a lo que se suma el hecho de que 26 factorías se quedaron sin ayuda, como las de la gran industria del aluminio, por ejemplo Alcoa, con plantas en Galicia y Asturias, recordó.

El Gobierno estudia establecer un bono social para el gas natural

«El bono social para el gas está en estudio y más pronto que tarde tendremos una propuesta para que también las familias con menores ingresos puedan tener un bono social en materia de consumo de gas», afirmó Soria en su comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, aunque no ha dado más detalles al respecto.

El ministro de Industria señaló que este bono social del gas tendrá el objetivo de abaratar la factura a «las familias menos favorecidas»,

El bono social fue una medida lanzada en 2009, que consiste en la congelación del recibo de la luz y se aplica automáticamente a todos aquellos hogares habituales con una potencia contratada inferior a tres kilovatios (KW) y se puede solicitar en aquellos con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios siempre que cumplan determinados requisitos.

Estos son personas físicas con potencia contratada de más de tres kW en su vivienda habitual, pensionistas con 60 o más años que perciban pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente o viudedad, las familias numerosas y las familias con todos sus miembros en situación de desempleo.

El número total de beneficiarios del bono social el año pasado fue de 2.511.158, un 2,4% menos que en 2012.

Se cumplirá el plazo para la facturación por horas

Por otra parte, Soria garantizó que cumplirá el calendario propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la conexión de los contadores inteligentes, de manera que los consumidores con este tipo de equipos, unos 7 millones en la actualidad, paguen la electricidad al precio al que cotice en cada momento en el mercado mayorista, tal y como prevé el actual sistema de tarifas.

El ministro aseguró que el Gobierno tendrá «preparadas las disposiciones» de este procedimiento antes de fin de año, de manera que los contadores inteligentes puedan empezar a funcionar el 1 de abril, como propuso la CNMC.