La secuencia de vencimientos del FADE incluía un primer escollo en 2014 de más de 2.500 millones que quedó resuelto sin problemas en febrero, gracias a las ventanas de oportunidad en el mercado que rebajaron a menos del 3% la refinanciación de una deuda que, en el momento de su emisión, en plena crisis del bono soberano, alcanzó un coste cercano al 8% anual. Tras el escollo de 2014, entre 2015 y 2018 se producirán los vencimientos de mayor envergadura, si bien por primera vez comenzará a amortizarse una parte de la deuda eléctrica. Si a 2015 le corresponden 4.500 millones, para 2016 el FADE afrontará vencimientos por 3.750 millones, frente a 3.400 en 2017 y casi 4.000 en 2018.

Estas cifras aparecen recogidas en el folleto anual del FADE remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que se describe la actividad de un fondo que empezó a colocar deuda eléctrica en 2011 y que, al margen de los vencimientos, titulizó los déficit tarifario hasta 2012. El de 2013 será titulizado directamente por las eléctricas, mientras que los de 2014 en adelante deberán ser financiados por los agentes del sector.

En el folleto, el FADE cita la refinanciación del déficit de tarifa entre los riesgos para su actividad. «A partir de ahora, las nuevas emisiones del fondo solo se destinarán a refinanciaciones de la series de bonos emitidas con anterioridad» y los riesgos se materializarían sólo en caso de que «no pueda producirse la refinanciación por las circunstancias concretas del mercado«, afirma. Fuentes del sector reconocen la existencia de estos riesgos, pero auguran no sólo que no haya problemas en la refinanciación, sino que se obtengan tipos aún más bajos.

3.000 millones por los consumidores

El principal y el interés de los bonos del FADE lo sufragan los consumidores a través del recibo de la luz, si bien estos títulos cuentan con el aval del Estado. Según el borrador de orden de peajes eléctricos de enero, la amortización del déficit de tarifa implicará un coste de 2.969 millones en 2015 para el conjunto de los consumidores. A cierre del año pasado, la deuda eléctrica era de 25.456 millones, después de que desde 2003 se dedicará un total de 13.169 millones de euros a restituirla. A estas cifras se suma el déficit tarifario de 2013, que se sitúa en 3.540 millones.

De los 25.456 millones de la deuda identificados por el regulador, el 88,51% ha sido titulizada por el FADE y debe devolverse a los mercados. Las emisiones del FADE de 2011 y 2012, años de mayor actividad, tuvieron un tipo de interés medio del 5,56%. Mientras, el 11,49% de la deuda restante está cedida a terceros a un tipo de interés menor, de Euribor a tres meses más un diferencial del 65 puntos básicos. El déficit de tarifa que se colocó por esta vía fue el de 2005 y el de la segunda subasta del déficit ex ante, un mecanismo que se ensayó y luego se descartó en la etapa del ministro Joan Clos. De toda la deuda, las compañías eléctricas financiarán el desajuste de 2013, para lo que el Gobierno establece mediante real decreto las condiciones para esta operación.

El sindicato consideró que el sistema de subastas «que ha ideado Red Eléctrica de España (REE) y que simula una lonja de frutas o de pescado ha demostrado su ineficiencia».

Pese a que el Gobierno la consideró «un gran éxito», su desarrollo «pone en riesgo a los grandes consumidores de energía, al recortar los ingresos de algunas plantas a la mitad y dejar fuera a más de una veintena de instalaciones», afirmó.

Ante esta situación, consideró que, si no se «pone remedio» al problema actual, «los cierres y la deslocalización están servidos». CCOO recordó que la subasta permitió contratar los 2.000 megavatios (MW) necesarios para este servicio por 352 millones de euros, es decir, casi 200 millones de euros menos de lo planificado.

El sistema de subastas ideado por REE fijó el precio de salida para el producto de 5 MW en 260.000 euros y el de 90 MW en 350.000 euros, lo que supuso recortes en la prestación de entre un 30% y un 50% para algunas plantas.

«Dejó fuera a 26 instalaciones, entre ellas las plantas de la gran industria del aluminio de Alcoa en Coruña y Avilés», señaló CCOO, antes de considerar que el sobrecoste asociado a la puja puede oscilar entre 15,5 y 17,8 euros por megavatio hora (MWh) de incremento en el coste, según un estudio de la consultora KPMG.

A su juicio, todo esto supone «la pérdida de competitividad de importantísimas empresas, el riesgo de cierre y la deslocalización, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, la desindustrialización del Estado español y el incumplimiento del compromiso europeo de alcanzar el 20% del PIB con la aportación de la industria».

Por este motivo, el sindicato reclamó la modificación del sistema para garantizar la competitividad de las instalaciones y empresas afectadas y que la «subasta de repesca» que se celebre debería dar entrada a las 26 plantas que se quedaron fuera y distribuir los 200 millones pendientes de asignación, «lo que evitaría situaciones traumáticas en el funcionamiento de las plantas».

Este reparto debería producirse «máxime cuando 19 bloques fueron adquiridos por entidades no industriales, lo que abre la puerta a la especulación, como ha sucedido con los derechos de emisión de CO2″.

«CCOO movilizará todos los recursos necesarios para defender la industria y el empleo frente a un Gobierno al que solo le importan los ajustes, los recortes y la reducción del déficit», concluyó.

Alcoa paralizará el despido si logra una tarifa eléctrica competitiva

Por su parte, la dirección de Alcoa se comprometió ante los comités de empresa de sus fábricas de Avilés y La Coruña a parar el proceso de despido colectivo si logra una tarifa eléctrica en una próxima subasta del mercado, según informaron fuentes sindicales.

Los sindicatos sostienen que el compromiso de Alcoa es que, si se materializa una solución para producir aluminio «de forma viable» en la segunda subasta eléctrica que se llevará a cabo este mes, se paralizará el despido colectivo «y se seguirá trabajando en España».

Tras varias horas de reunión en Madrid, el comité de empresa de Avilés transmitió la idea de que Alcoa tiene el objetivo de que sigan operando sus tres plantas españolas.

Alcoa anunció el pasado lunes su intención de iniciar un periodo formal de consultas con los comités de empresa de sus fábricas de Avilés y de La Coruña para un procedimiento de despido colectivo, tras el resultado de la subasta de servicios de interrumpibilidad para grandes consumidores industriales organizada por el operador del sistema eléctrico español.

La empresa no pudo conseguir en esta subasta suficientes servicios de interrumpibilidad para sus fábricas, y ahora lo va a intentar de nuevo, de modo que los sindicatos creen que «ahora la pelota está en el tejado del Ministerio de Industria».

La falta de servicios de interrumpibilidad, junto a una tecnología menos eficiente y una menor capacidad productiva, hacen que las fábricas de Avilés y La Coruña no puedan producir a un precio competitivo, según la multinacional del aluminio.

El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores para el proceso de despido continúa mientras tanto, tiene una duración máxima de 30 días y empezará el próximo martes día nueve.

Ambas partes quedaron emplazadas para una nueva reunión en Madrid el próximo martes y en el caso de Avilés los trabajadores celebrarán este viernes una asamblea para decidir una respuesta, más allá de la manifestación de convocada para el próximo jueves.

El PSOE pide explicaciones a Soria por el cierre de Alcoa

Finalmente, el Grupo Socialista del Senado solicitó la comparecencia de Soria, para que informe sobre el cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña.

El portavoz socialista en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, Jesús Alique, pidió al Gobierno un esfuerzo para que «tercie» y «trate de frenar» los planes de la multinacional del aluminio y le reclamó voluntad política para corregir «el error» en la próxima subasta que tendrá lugar en los próximos días.

En esta misma línea se pronunció el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, que reclamó también la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La finalidad de esta comparecencia, señaló el PSOE, es conocer la valoración que hace el Ejecutivo sobre la decisión de Alcoa, tal como ya notificó a los representantes de los trabajadores en el inicio de un procedimiento de despido colectivo en el que están en juego 800 puestos de trabajo.

El servicio de interrumpibilidad consiste en el abono de ciertos pagos a grandes empresas por permitir que se les corte el suministro eléctrico en caso de que lo requiera el sistema y, en el marco de la reforma eléctrica y con el objetivo de que los pagos se asignaran de forma competitiva, el Gobierno introdujo el sistema de subastas.