Así lo señaló durante su intervención en el pleno del Senado, el primero que se celebra este año en la Cámara Alta, en la que defendió las actuaciones del Gobierno «desde principios de legislatura» para «atacar» los dos principales «problemas» del sector: la evolución alcista de los precios y el déficit de tarifa.

Soria argumentó que lo primero que hizo el Gobierno en el sector eléctrico al inicio de la legislatura fue analizar y comparar los distintos costes del sistema, el conjunto de las actividades reguladas y los ingresos.

En este sentido, el ministro explicó que «fruto» de esas medidas, los precios en el sistema eléctrico disminuyeron en 2013 y 2014, tras un crecimiento acumulativo del 60% entre 2004 y 2012, y el déficit del sector eléctrico correspondiente al ejercicio 2014 estará «muy próximo al equilibrio» frente al desajuste estructural previsto de 10.5000 millones de euros para el año anterior. No obstante, matizó que podrá registrarse un «pequeño» déficit o un «pequeño» superávit.

En cualquier caso, Soria recordó que en la partida de costes del sistema se encuentran distintos conceptos, como el coste por el transporte, distribución, incentivos a renovables, costes de producción en sistemas eléctricos extrapeninsulares o el carbón.

«La reconducción del déficit de tarifa ha sido fruto de las reducciones en los costes de transporte y distribución, en los incentivos en las tecnologías renovables o en los costes de producir y generar electricidad en la península y las islas», aseguró el ministro, pese a la «gran queja» recibida por parte de algunas empresas del sector.

El ministro destacó esta circunstancia en respuesta a una pregunta del senador del Grupo Mixto, José Manuel Mariscal Cifuentes, sobre una posible «silla» para Soria en el consejo de alguna compañía eléctrica.

Mariscal, que preguntó al ministro sobre la ola de «desahucios energéticos» que se están llevando a cabo en las familias que menos recursos tienen, se refirió a las «puertas giratorias» para argumentar, a su juicio, el «inusitado interés» del ministro en garantizar los intereses del «oligopolio energético y las eléctricas» en España, y reprobó el incremento de la factura de la luz del 60% desde 2007.

Al respecto, lamentó que en la actualidad el 17% de los hogares españoles se encuentren en situación de pobreza energética, y pidió la realización de una auditoría ciudadana del déficit eléctrico, la prohibición de desconexión a los clientes en situación de pobreza energética, en la línea de la medida aprobada por el gobierno griego de Tsipras.»La única solución para acabar con la pobreza energética se llama nacionalización del sector eléctrico», apostilló.

Según una resolución publicada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Tesoro ingresó a comienzos de enero en la cuenta del regulador 362 millones de euros correspondientes a este concepto, que se suman a 502 millones de euros ya transferidos a finales de noviembre.

De esta forma, el Ejecutivo cumple por primera vez en lo que va de legislatura con el objetivo de repartir este coste entre la tarifa de la luz y los Presupuestos Generales del Estado. En el ejercicio 2012 suspendió esta transferencia, mientras que en 2013 se comprometió inicialmente a realizarla, si bien la retiró posteriormente.

Las actividades eléctricas en los territorios extrapeninsulares, esto es, en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, tienen un coste superior a la media de la Península, lo que genera un sobrecoste que asume el conjunto de consumidores de electricidad. De esta forma, la parte regulada de la tarifa eléctrica es similar en todos los territorios.

Según los cálculos de la CNMC a 9 de enero, el sobrecoste extrapeninsular del ejercicio 2014 alcanza un total de 1.728 millones de euros. Conforme a la nueva Ley del Sector Eléctrico 24/2012, el 50% de este importe, 864 millones de euros en este caso, lo asumen los consumidores de luz, mientras que el 50% restante se carga sobre los Presupuestos Generales del Estado.

Este reparto del coste difiere del contemplado en el real decreto ley 6/2010, en el que se contemplaba un progresivo traslado de las extrapeninsulares desde la tarifa de luz a los Presupuestos Generales del Estado, a razón de un 17% en 2009, un 34% en 2010, un 51% en 2011, un 75% en 2012 y un 100% en 2013.

Durante su intervención en el foro «Reindustrializar para ganar» organizado por la consultora Deloitte y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Montes defendió que el sector es «totalmente transparente» y que, por ello, «lo único que puede distorsionar» el mercado son las regulaciones que permiten que existan tarifas que no sean fijadas por el «libre mercado».

Montes manifestó que el precio de la energía que se genera en España «no es caro» y está por debajo de la media europea, con «un pool que es de los más baratos de Europa», y que la red de distribución en todos los parámetros está «entre las más baratas de Europa». «El mix español, teniendo los problemas que tiene, la realidad es que está a la altura de la media europea o por debajo», dijo.

Sin embargo, el presidente de Unesa reiteró que el recibo eléctrico doméstico en España «es de los más caros de Europa», por lo que solicitó al Gobierno la liberalización total del mercado y la eliminación del recibo de los costes ajenos al sector.

Así, aseguró que los costes ajenos al suministro se incrementaron en los últimos años, pasando de representar el 27% en 2005 al 46% en 2014, del que un 21% son impuestos y un 25% son costes de política energética y social.

El presidente de la patronal de las grandes eléctricas recordó así que del recibo de la luz que se paga, «y que hace que sea verdad que la energía eléctrica está entre las más caras de Europa, solamente el 54% está en manos del sistema eléctrico», según afirmó.

En este sentido, el presidente de la patronal eléctrica dijo estar «convencido» de que «en un momento u otro» el Gobierno será «sensible» a la petición «tradicional» de Unesa de sacar del recibo de la luz la parte ajena a la energía (generación, transporte, distribución, comercialización e impuestos asociados), como son algunas ayudas e impuestos que representan la mitad del total de la factura.

«Si queremos ser competitivos», apuntó, es necesario abaratar el recibo para el consumidor final, para lo que sería necesario «que nos permitan liberalizar de manera total el sector, tanto para los grandes consumidores como para el consumidor doméstico».

Es «muy probable» que el recibo de la luz tienda a bajar

Por otro lado, el presidente de la patronal de las grandes eléctricas aseguró que es «muy probable» que el recibo de la luz «tienda a bajar» su precio si las condiciones climatológicas son «normales», por lo que dijo ver «perfectamente posible» la previsión del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, sobre que pueda abaratarse la factura de la luz en los próximos meses.

Montes explicó que el suministro eléctrico en España es «muy dependiente» de las condiciones climatológicas, que en enero fueron «muy desfavorables», con escasez de lluvia y viento, que hace que se utilicen «recursos más caros».

Sin embargo, Montes afirmó que con condiciones meteorológicas «normales» es «muy probable» que el precio «tienda a bajar», de forma que este año el precio medio del ‘pool’ no estará «muy lejos» de la media de 41,7 euros por MWh del año pasado.

Respecto al plazo para que las comercializadoras empiecen a facturar a los consumidores con el nuevo sistema de facturación por horas de los contadores inteligentes, a partir del próximo 1 de abril, Montes sostuvo que es «complicado», ya que el plazo «ha sido muy corto».

«Creo que el primero de abril estarán mucha cosas hechas, probablemente todo, pero hace falta un periodo de prueba posterior», apuntó Montes, quien indicó que «tenemos que estar seguros de que el sistema va a ser seguro, sin fallos, sin errores y de que cuando recibamos nuestra primera factura sea impecable».

De esta forma, consideró que «hace falta un período de rodaje del sistema, sin duda», por lo que dijo esperar que «ojalá» se amplíe el plazo para implantar el nuevo modelo de tarificación, ya que sería «positivo».

Un coste energético «predecible y competitivo»

Por su parte, Eduardo Gil, expresidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), destacó que la gran industria es un «cliente atractivo» para el sector eléctrico, con un consumo de 30.000 gigavatios hora (Gwh) por parte de los 34 grupos integrados en la patronal. «Tenemos un consumo muy predecible y este patrón de consumo nuestro, más valle que punta, es muy favorable al sistema», añadió al respecto.

Por este motivo, pidió un coste energético «predecible y competitivo» porque la gran industria ya ha realizado «esfuerzos enormes en tecnología e inversión» y «no se pueden buscar más esfuerzos».

Gil reclamó al Gobierno una reducción de los precios de la electricidad que le permitan competir en mercados globales, ya que para las industrias asociadas, la energía supone un impacto de entre el 10% y el 40% en su costes.

El presidente de AEGE criticó que las industrias españolas soportan más costes en el recibo que las europeas, como algunos impuestos o el coste que supone el reciente fondo nacional de eficiencia energética.

Gil añadió que el único factor que permite rebajar este coste, la interrumpibilidad, tampoco es estable y además es parcialmente sufragado por los prestadores del servicio. Respecto a este servicio, alabó que «gracias a el, los apagones son ya algo imposible de ocurrir en España».

Además, destacó que las subastas realizadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a finales del año pasado «técnicamente se han hecho muy bien», aunque «en general pocas industrias van a conseguir en 2015 la retribución que tenían en 2014 y que ya estaba recortada».

Junto a todo esto, aseguró que la seguridad de suministro, el desarrollo sostenible y la competitividad en el precio son «tres pilares que tienen que ir juntos y un reto que tiene la Unión Europea».