Fitch eleva el rating de la deuda eléctrica porque la tarifa puede «absorber la tensión» financiera

Fitch consideró que se ha producido una mejora en el perfil financiero del sistema eléctrico tras un «periodo prolongado de contracción en los ingresos» y destacó las medidas adoptadas por el Gobierno para corregir los desequilibrios entre costes e ingresos.

Además, valoró positivamente la circunstancia de que la deuda acumulada, de 28.800 millones de euros, pueda descender por primera vez a partir de ahora tras más de una década de aumentos.

La agencia pronosticó que la deuda eléctrica se reducirá progresivamente hasta equivaler al 100% de los ingresos regulados en 2018, frente a las tasas del 150% alcanzadas en 2014.

La ONU certificará «en breve» que España ha cumplido con Kioto

Ramos señaló que su departamento recibió el informe de evaluación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero de España entre 2008 y 2012.

Explicó que el compromiso adquirido por España pasaba por no aumentar más de un 15% las emisiones de CO2 y el resto de gases que provocan el cambio climático en 2012 respecto a los niveles de 1990, año tomado como base del Protocolo de Kioto.

Aunque al final del periodo el aumento era del 22%, el 7% de diferencia se compensó con los «mecanismos de flexibilidad» que se fueron incorporando al protocolo, como adquirir derechos a otros países o desarrollar proyectos de lucha contra el cambio climático en otras naciones.

Ramos indicó que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se encuentra ahora estudiando el informe de la ONU, que tiene un marcado carácter técnico y analiza «el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de cada fuente de emisión en España y cómo hemos contabilizado esas fuentes en nuestro inventario».

«Hemos llegado al principio a un acuerdo sobre los criterios de contabilización y ahora estamos revisando ese desglose de emisiones y sectores que hace el informe técnico de Naciones Unidas, más las aportaciones de derechos comprados a otros países que tenemos que hacer. Todo indica que España podrá anunciar en breve que cumplimos el primer periodo del Protocolo de Kioto«, aseveró.

Ramos indicó que España se encuentra ya «en la recta final» en la evaluación de sus compromisos del Protocolo de Kioto y que la ONU no pondrá «ningún obstáculo» a que se han cumplido y entregará el certificado que así lo acredita. «Simplemente, queda la justificación final de los derechos adquiridos y con eso seremos capaces de anunciar que hemos cumplido», añadió.

«Estamos en disposición de decir que lo que era tan difícil al comienzo de la legislatura, que era que España cumplía el Protocolo de Kioto, vamos a poder anunciar en breve que está cumplido», aseguró.

La DGT identificará a los vehículos eléctricos con un distintivo que los catalogará de «no contaminantes»

Este distintivo surge con la finalidad de identificar en todo el territorio nacional a los vehículos con «cero emisiones locales», más de 10.000 en España, y facilitar así a los Ayuntamientos la implantación de medidas de discriminación positiva en sus municipios.

La DGT informó de que el distintivo ambiental está inspirado en el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016, también conocido como Plan Aire, en el que se afirma que tanto las partículas como el dióxido de nitrógeno tienen en el tráfico rodado la «principal fuente de emisión en las grandes ciudades y propone la clasificación de los vehículos en función de su potencial contaminador».

Los propietarios podrán decidir si colocar el distintivo en sus vehículos, si bien la DGT reseñó que su instalación es recomendable, y aconsejó colocarlo bien en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero o, en su defecto, en cualquier lugar visible del automóvil.

La DGT lideró esta iniciativa en la que participaron responsables de la Dirección General de Calidad Ambiental, así como responsables de las ciudades de Madrid y Barcelona.

Además, fue consensuada con las principales marcas de automóvil con plantas de producción en España, como Renault y Nissan, y por fabricantes y empresas comprometidas con los vehículos propulsados por energías alternativas, como Ecooltra, Urbaser y BMW.

Por otro lado, a partir de este momento, cuando se matricule un vehículo «cero emisiones», se le entregará al propietario el correspondiente distintivo ambiental.

Industria prevé un superávit en el sistema eléctrico hasta el año 2020 sin necesidad de subir los peajes

El 2014 no sólo será el primer ejercicio con superávit desde hace más de una década, sino también el primero en que comenzará a reducirse la deuda eléctrica acumulada, que ronda los 28.000 millones de euros, según indicaron fuentes de Industria en un encuentro con medios de comunicación.

Estas estimaciones, que todavía están pendientes de la última liquidación del sistema que previsiblemente presentará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el mes de noviembre, se basan en que en este ejercicio hay que incorporar fondos por parte del Ministerio de Hacienda procedentes del canon hidráulico, devoluciones de las renovables en 2013 y otros ingresos extraordinarios. Para 2015, se espera un superávit de tarifa aún mayor.

Industria remitió además a la CNMC una planificación financiera del sistema eléctrico hasta 2020 en la que se recoge esta previsión de sucesivos superávit sin subidas de peajes durante los próximos seis años. y Junto a esto dijo que los peajes irán perdiendo peso progresivamente a medida que aumente la demanda como consecuencia del cambio de la proporción efectuado en el recibo entre energía y potencia.

La «novedad» de 2014 será que registrará un superávit de entre 100 y 200 millones de euros, tras más de una década de déficit tarifario, cuando los ingresos no eran suficientes para cubrir los costes, con lo que se acumuló una deuda que llegó a superar los 28.000 millones de euros.

Los superávits previstos se dedicarán a partir de ahora a reducir la deuda acumulada, en línea con la actual Ley del Sector Eléctrico, una minoración que se añadirá a la incipiente contracción de la deuda en el ejercicio 2014, cuyo coste anual ronda los 3.000 millones de euros y que se carga sobre el recibo de la luz.

De esta forma, 2015 se convertirá en el primer año en el que se verá rebajada una deuda cuyo coste anual sobre el recibo de la luz lo encarece entre un 10% y un 15%.

Este cambio de tendencia se produce en un momento en que se han reducido los ingresos por peajes, en línea con la caída de la demanda ya que los comportamientos de los consumidores han cambiado con la crisis.

El recibo en 2015, similar al de 2014

El panorama actual de precios, una vez acometidas las principales medidas de la reforma energética, es de «estabilidad con tendencia a la baja y sin déficit», señalaron las fuentes. Para 2015, el recibo de la luz evolucionará «en líneas generales como en 2014», ya que confluyen factores positivos, como la caída del precio del crudo, y negativos, como la caída de la demanda y una meteorología menos favorable que el pasado año.

En todo caso, Industria no ofreció un pronóstico cerrado porque la evolución del recibo depende en parte de las fluctuaciones del mercado eléctrico y porque está apreciando cambios en los comportamientos de los consumidores, entre ellos un descenso en la potencia contratada, que le impiden afinar sus previsiones de demanda.

Hasta 2020, espera un incremento medio de la demanda del 0,7% anual y dio por hecho la ruptura en la inelasticidad de esta variable, que antes evolucionaba de una forma parecida al PIB y que ahora lo hace en menor medida.

Aún así, los aumentos de la demanda permitirán reducir progresivamente el peso de los peajes sobre los costes totales del recibo y, con ello, facilitar posibles bajadas en años futuros.

Las fuentes de Industria se mostraron además muy críticas con la posición del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acerca del nivel de penetración de renovables y el autoconsumo, cuya implementación implicaría, desde su punto de vista, una subida del recibo de la luz del 50%.

Fuentes del PSOE rechazaron este extremo y explicaron que el partido no ha presentado aún ninguna propuesta energética concreta con cifras cerradas. En la actualidad, está trabajando en un plan de transición energética hasta 2050 en el que combina su apoyo a las renovables y el autoconsumo con la necesidad de un precio competitivo, indican.

Las emisiones de CO2 de los coches vendidos en España se sitúan por debajo del tope de la UE para 2015

Las emisiones de los coches nuevos vendidos en España son además inferiores a la media de la Unión Europea, que el año pasado se situó en 123,4 gr/km, un 2,6% menos que en 2013 y también por debajo del objetivo para 2015 por segundo año consecutivo.

Desde que empezó el control por la legislación europea en 2010, las emisiones bajaron un 12% en el conjunto de la Unión Europea. No obstante, la Agencia Europea de Medio Ambiente recordó que los fabricantes deberán seguir recortando el CO2 para cumplir el objetivo de 95 gr/km en 2021.

En 2014, los coches más eficientes se vendieron en Holanda (107 gramos de CO2 por kilómetro), Grecia (108 gr/km) y Portugal (109 gr/km), mientras que los menos eficientes corresponden a Estonia (141 gr/km), Letonia (140 gr/km) y Bulgaria (136 gr/km). En total, 17 de los 28 Estados miembros cumplen ya el objetivo de 2015.

Los vehículos diésel, que emiten menos CO2, siguen siendo los más vendidos en Europa, ya que representan el 53% del total. Los Estados miembros con mayores proporciones de venta de diesel son Irlanda (74%), Luxemburgo (72%), Portugal (71%) y España (66%). La brecha media de emisiones entre los coches con gasolina y los de gasóleo se ha reducido no obstante a 3 gr/km.

El año pasado se matricularon en la Unión Europea un total de 12,5 millones de coches nuevos, el primer incremento desde 2007. En España los registros ascendieron a alrededor de 895.000 unidades.

Sólo un 0,3% de las nuevas matriculaciones en toda la Unión Europea son coches eléctricos (38.000), aunque esta cifra supone un aumento del 57% respecto al año anterior. El mayor número de registros de coches eléctricos corresponde a Francia (10.700), Alemania (8.500) y Reino Unido (6.700).

Industria cifra en 21.145 millones la deuda eléctrica titulizada en los mercados a través del FADE

Esta cifra aparece recogida en una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) acerca de los importes pendientes de cobro de las cesiones realizadas al FADE para su posterior titulización.

Esta deuda de los consumidores de electricidad se devuelve en el recibo de la luz a lo largo de quince años a un tipo de interés del 4,76%, calculado a partir de la tasa interna de rendimiento ponderado de las emisiones vivas del fondo más un diferencial de 30 puntos básicos.

La resolución del BOE establece el importe pendiente de cobro de las emisiones del FADE hasta el 31 de diciembre de 2014. Este fondo, que sirvió para colocar en los mercados una deuda que hasta ese momento financiaban las eléctricas, se utilizó entre 2011 y 2014.

El último déficit de tarifa del sistema eléctrico que fue transferido al FADE para su titulización fue el de 2013. Para 2014, y a la espera de una liquidación de la CNMC, está previsto que el sistema no genere desajustes, y en caso de hacerlo deberá cubrirse mediante subidas de peajes y la financiación de todos los agentes del sector.

CCOO urge a Industria a corregir los problemas del actual sistema de subastas para la interrumpibilidad

Por ello, exigió al Ministerio de Industria a que «asuma su compromiso, modifique el sistema que demostró su ineficiencia y cambie los tiempos de contratación y los paquetes para ajustarse a las necesidades de la industria».

En este sentido, apuntó que confiaba en que Industria modificara el sistema en abril, tal y como se había comprometido a hacerlo a finales del año pasado, cuando empresas como Alcoa vieron «peligrar su actividad» al quedar fuera de la subasta y con el fin de permitir a las empresas afectadas programar con tiempo su actividad.

A su juicio, sería una «temeridad» que el Ministerio no hiciera nada para generar el marco estable que necesita el sector. «En momentos como este, el departamento que dirige José Manuel Soria debe demostrar que su compromiso con la industria española es real», añadió.

«Mientras que en la Mesa de la Energía, uno de los espacios de negociación que Gobierno y sindicatos han creado para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, el ministerio defiende que hay que mejorar la competitividad de la industria reduciendo el precio de la energía, luego no toma las medidas necesarias para que así sea«, reprobó.

De esta forma, abogó por que se ponga en marcha «cuanto antes» una nueva subasta, que «corrija los problemas que se detectaron en la anterior y que permita que las empresas programen su actividad».

En todo caso, CCOO explicó que ante sus requerimientos, Industria «siempre había asegurado que estaba trabajando en ello y que su voluntad era realizar las modificaciones oportunas para que funcionara con normalidad». Por este motivo, dijo sorprenderle que REE «asegure que está preparando las subastas de 2016 y que no contempla las modificaciones que darían mayor estabilidad a la industria, al establecer contratos a varios años».

El presidente de Red Eléctrica, José Folgado, señaló que la compañía ya trabaja en las subastas para el próximo año porque así lo establece la legislación, al tiempo que subrayó que la regulación de la puja corresponde al Gobierno y que incorporará cualquier modificación que se apruebe.

El mecanismo de interrumpibilidad (los pagos a la gran industria por estar dispuesta a desconectarse cuando el sistema eléctrico lo necesita) es una de las herramientas para la operación al sistema, que además proporciona ingresos a las industrias que prestan el servicio, y que desde el pasado año se asigna de forma competitiva en una subasta que gestiona REE.

El precio de la factura eléctrica acumula un descenso del 2,2% en el primer trimestre, según el INE

El descenso acumulado en los tres primeros meses del año es cuatro décimas superior al del 1,8% registrado hasta febrero. La electricidad subió un 3,6% en enero frente a diciembre y bajó un 5,2% en febrero frente a enero.

El INE también indicó que, en términos interanuales, la electricidad se abarató un 3,3% en marzo, si bien la comparación se realizó en este caso con respecto al precio provisional que fijó el Gobierno para el primer semestre de 2014 y que luego se revisó a la baja en junio.

En todo caso, si se toma un consumidor medio, el simulador de precios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) muestra que en marzo se produjo una subida del 0,5% con respecto a febrero y que el trimestre se cerró con una bajada del 0,9% con respecto al trimestre anterior.

Esta evolución de precios corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

Según el Ministerio de Industria, el precio de la electricidad bajó un 4,5% en 2014, lo que se suma al descenso del 3,9% en 2013 y contrasta con los incrementos anuales medios del 5,4% desde 2004. El Instituto Nacional de Estadística (INE) calculó, con otra metodología, que el año pasado hubo una subida del 4,4%.

Iberdrola ve necesarios cambios en inversión para reducir las emisiones

San Pedro, en una conferencia del Foro del Mediterráneo Siglo XXI en Málaga, declaró que él no se opone a la mejora pero precisó que «la debe de pagar quien emita» y que sólo se consigue definiendo una política fiscal común para todos los estados europeos y que el dinero se invierta en pagar los costes destinados a medio ambiente.

Durante este encuentro en Málaga, el consejero director general de Iberdrola informó que para 2020 se va a tener una «estabilidad regulatoria», sin cambios importantes en los próximos 5 años, aunque en su opinión «debería haberlos», y prevé que se incentiven los pagos de capacidad, es decir, pagar a las centrales que no funcionan pero disponibles para momentos necesarios.

Además indicó que se están cumpliendo de forma razonable los objetivos medioambientales en la mayoría de los países, por lo que consideró que para 2020 todos los estados europeos cumplirán con el compromiso impuesto, aunque matizó que se ha fracasado «de forma total» en que el mercado incentive el desarrollo de inversiones eficientes en energía y que no emita CO2.

San Pedro, también explicó los objetivos en los que el órgano regulador europeo está trabajando para el futuro y que se deben cumplir para 2030, que siguen siendo puramente medioambientales como los definidos para 2020 y que se conocían como 20,20,20.

Para 2030, se sigue proponiendo la reducción de emisiones, en este caso del 40%, es decir, doblar la emisiones que se han hecho en esta década, un objetivo, según el presidente de Iberdrola «razonable», sobre todo si se tiene en cuenta que en 2050 el reto es que el sector eléctrico este «absolutamente libre CO2».

Además se propuso que la penetración de renovables, que hasta ahora es del 20%, pase al 27%, lo que quiere decir que el 55% de la producción eléctrica para 2030 deberá ser de origen renovable.

San Pedro indicó que hay que reducir el consumo de energía un 15% derivado de políticas de eficiencia energética, sobre el 20% que se supone que ya estará reducido en el 2020.

El Gobierno asigna dos millones en derechos de emisión de gases a doce empresas desde el año 2013 al 2020

De las doce instalaciones, cinco corresponden a ampliaciones de instalaciones ya existentes y otras siete son nuevas. La aprobación se hace a propuesta de los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de Industria, Energía y Turismo, y de Economía y Competitividad.

El régimen europeo de comercio de derechos de emisión constituye una herramienta central de la política comunitaria de cambio climático y abarca a más de 12.000 instalaciones de diversos sectores industriales y de generación de energía.

La reserva de nuevos entrantes tenía una cuantía inicial de 480 millones, si bien la disponibilidad actual de derechos en la misma es de 410 millones. El cálculo de las asignaciones se realizó aplicando la metodología de asignación establecida en la Decisión 2011/278/UE, así como las guías interpretativas elaboradas por la Comisión Europea.

Asimismo, se siguió el procedimiento establecido en el artículo 19 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Este procedimiento incluye la consulta a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, el trámite de información pública, la aprobación de las asignaciones preliminares por parte de la Comisión Europea y la elevación al Consejo de Ministros.