La OCDE insta a mover las economías hacia una senda baja en carbono para cumplir con el Acuerdo de París

Europa Press.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha advertido a los países de que es necesario que respeten sus compromisos climáticos al tiempo que los riesgos crecen y afea que, 3 años después de sus promesas en la Cumbre del Clima de París, una «aplastante mayoría» de Gobiernos no han tomado las acciones necesarias para contener el aumento de los riesgos climáticos.

Por ello, en un contexto de nuevo crecimiento de emisiones, la OCDE urge a sus 42 miembros que necesitan más seriedad para abordar la cuestión y dirigir a sus países a un modelo bajo en carbono y dejar de invertir en infraestructuras intensivas en carbón. Así lo recomienda la OCDE en el documento de la OCDE Financing Climate Futures: Rethinking Infraestructure. El estudio denuncia que solamente 9 de los 180 países firmantes del Acuerdo del Clima de París se han comprometido con la estrategia baja en carbono de largo plazo para 2050 de la ONU.

Sin embargo, se siguen gastando más de 424 billones de euros anuales en subsidios al petróleo, al carbón o al gas y la mayoría no han roto su dependencia presupuestaria de los ingresos procedentes de los combustibles fósiles. Además, el documento también denuncia que los Gobiernos están fallando a la hora de hacer un suficiente uso del gasto público como palanca para descarbonizar sus economías mediante la inversión en infraestructuras bajas en emisiones e innovación.

«Después de todos los compromisos de París y a pesar de tener en la mano todas las herramientas que se necesitan para avanzar, esta inercia nos pone en el riesgo de perder la guerra contra el cambio climático», alerta el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. Por ello, insiste en que los Gobiernos necesitan implantar sus compromisos por completo y entonces aumentar la acción.

Para alcanzar el objetivo de temperatura de París, las emisiones globales de CO2 necesitan dejar de crecer tan pronto como sea posible y desde ahí iniciar un rápido declive hasta llegar prácticamente a cero durante la segunda mitad de este siglo. La OCDE valora que se han producido algunos progresos en materia de financiación verde, por ejemplo el mercado de bonos verdes, que se ha inflado en un 1.000% en los cinco años antes de 2017 y la transparencia sobre los riesgos climáticos está mejorando.

El informe sugiere también vías para atraer mayores flujos financieros, públicos y privados, a alinearse con los objetivos de París y en particular con la financiación de infraestructuras. El estudio cree que debería hacerse a través de una mejor planificación y previsión, mediante la integración de la preocupación climática en las decisiones presupuestarias y dar ventaja a la compra pública de infraestructuras bajas en emisiones.

El análisis de la OCDE muestra asimismo como el cambio hacia inversiones en infraestructuras hacia opciones bajas en carbono combinadas con reformas estructurales para apoyar esta transición podría en la actualidad aumentar el Producto Interior Bruto como mucho un 5% en 2050, más que situarse como una amenaza para el crecimiento económico. Esta conclusión incluye también los efectos de tener menor riesgo de daños a consecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, ya que el coste de impulsar las infraestrucutras verdes frente a otras podría ser mayor que el balance por los ahorros de combustibles fósiles.

Todavía se ha hecho poco por los gobiernos para nivelar el campo de juego entre las alternativas altas o bajas en carbono, según la OCDE, que pone de ejemplo que las centrales eléctricas que están en la actualidad bajo construcción o en la planificación conducirán casi a duplicar las emisiones procedentes de la generación eléctrica actual. Por ello, la organización admite que todavía son débiles los incentivos para hacer el cambio hacia la energía e infraestructuras verdes y desincentivar las emisiones en todos los sectores.

El análisis de precios de carbono de la OCDE se basa en los impuestos y las emisiones transferibles, que permiten a 42 países que el 46% de las emisiones globales de CO2 no están sujetas a precio y solo el 12% de las emisiones globales de CO2 tienen un precio por encima del coste real estimado para el medio ambiente, que se sitúa en 30 euros por tonelada de CO2. Entiende la organización que con el ritmo de crecimiento anual del precio de las emisiones, los precios del carbón solo llegarán a sus costes reales para el clima en 2095.

Facua denuncia que el bono social no supone un descuento del 25% o 40% en la factura de la luz

Europa Press.- Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que el descuento en la factura de la luz de un usuario medio acogido al bono social eléctrico sólo puede representar un 11%, frente al descuento del 25% o el 40% que asegura el Gobierno. La asociación reclama así al Ejecutivo que «rectifique tanto el contenido de la campaña publicitaria que ha puesto en marcha como el de la página web sobre el bono social».

Facua subraya que el Ministerio para la Transición Ecológica afirma que los descuentos afectan a la totalidad de la factura, cuando en realidad sólo se bonifican los primeros kilovatios hora (kWh) consumidos cada mes. Estos límites van desde los 100 kilovatios hora (kWh) al mes (1.200 kWh/año) para una familia sin menores, pasando por los 140 kWh (1.680 kWh/año) para pensionistas o familias con un menor y 170 kWh (2.040 kWh/año) si tienen dos menores, hasta los 300 kWh (3.600 kWh/año) si son familias numerosas.

Así, la asociación considera «lamentable que el Gobierno haya recurrido a una engañifa para falsear las características de un bono social absolutamente impresentable que fue diseñado por el Ejecutivo anterior» y pide que se ponga en marcha un nuevo modelo de tarifa «totalmente regulada a la que puedan acogerse las familias en lugar de volver a introducir retoques en un modelo de bono social que ha sido un rotundo fracaso».

Según sus cálculos, para un usuario de 366 kWh de consumo y 4,4 kW de potencia, la factura mensual del usuario medio en septiembre asciende a 83,56 euros (sin contar el alquiler del contador), mientras que, según la información que difunde el Ministerio para la Transición Ecológica, un beneficiario del bono social pagaría un 25% menos, es decir, 62,67 euros, si es considerado consumidor vulnerable, y un 40% menos, 50,14 euros, si es vulnerable severo.

Sin embargo, Facua subraya que la factura de un usuario con bono social que se beneficie del descuento del 25% en los primeros 100 kWh mensuales ascenderá a 74,37 euros, importe que sólo es un 11% inferior a los 83,56 euros que pagaría sin el bono social.En el caso de un consumidor vulnerable severo, el descuento del 40% en los primeros 100 kWh mensuales se traduciría en una factura de 68,85 euros, un 17,6% inferior a lo que pagaría si no tuviera bono social.

El Gobierno amplía los límites

Como parche, el Gobierno ha ampliado un 15% los límites de consumo básico aplicables a cada uno de los perfiles de los consumidores beneficiarios del bono social eléctrico, límites que fueron establecidos en el decreto aprobado por el anterior Ejecutivo del PP para aplicar descuentos entre el 25% y 40% del recibo de la luz para los hogares vulnerables en función de su nivel de renta y de su situación.

El real decreto-ley también amplía en un 15% los límites de consumo de energía con derecho a descuento para compensar los incrementos de precios y acercarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. Además, el cómputo de consumo anual con derecho a descuento, que se liquidaba cada mes, se flexibiliza, de forma que la energía con derecho a descuento no consumida un mes, puede utilizarse en otro momento. Con ello, se facilita la protección de los hogares durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con los de temperaturas más bajas.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica indicaron que la campaña publicitaria sobre el nuevo bono social eléctrico «fue concebida y contratada por el anterior Gobierno» y que su puesta en marcha se retrasó «debido a diferentes cuestiones técnicas», por lo que replantear la campaña hubiera supuesto retrasar aún más su lanzamiento. Por tanto, «la prioridad» ha sido lanzar la campaña para movilizar al mayor número de beneficiarios e invitarles a soliciar el bono social.

ERC pide a Hacienda que las comercializadoras eléctricas tributen a los ayuntamientos el IAE según su facturación en el municipio

Europa Press.- Esquerra Republicana (ERC) quiere que las empresas comercializadoras de electricidad tributen a los ayuntamientos el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en función de su facturación en el municipio, y no en un pago fijo, como vienen haciendo hasta ahora. Por ello, ha planteado al Ministerio de Hacienda que acabe con una «anomalía legislativa» que, lamentan, perjudica «a pequeñas comercializadoras eléctricas que intentan abrirse al mercado».

Así lo expone el portavoz de Energía de Esquerra, Joan Capdevila, quien ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en las que pide al Gobierno «corregir esta situación» y que aclare si contempla este cambio. En caso afirmativo, quiere saber qué fecha maneja para ponerlo en marcha. Capdevila explica que, tras separarse las actividades de distribución y comercialización de la energía eléctrica en 1997, no se llevó a cabo una modificación en el IAE, quedando únicamente un epígrafe para las empresas de distribución.

Sin embargo, muchos municipios no renuncian a cobrar el IAE a las comercializadoras, a las que reclaman el abono de esta tasa que establece un importe fijo, independientemente del volumen de facturación que exista en un determinado municipio. «Esto supone un coste inasumible para las pequeñas comercializadoras y pone en serio riesgo la tímida evolución de la competencia en el sector eléctrico que se ha producido últimamente», recalca Capdevila, que calcula en un 10% el peso de los pequeños operadores.

CaixaBank acuerda desprenderse de su 9,36% en la petrolera Repsol

Europa Press.- El consejo de administración de CaixaBank ha acordado desprenderse de toda la participación que la entidad ostenta en Repsol, representativa del 9,84% del capital social de la energética, mediante un programa de ventas antes de que concluya el primer trimestre de 2019. El proceso de venta se articulará, por un lado, mediante la liquidación anticipada de los dos contratos de permuta de renta variable existentes (equity swap) representativos del 4,61% de la participación de CaixaBank en Repsol Y por otro, comenzará inmediatamente un programa de ventas para el restante 4,75%.

La Comisión de Transición Ecológica del Senado aprueba la interconexión eléctrica urgente entre las islas de La Gomera y Tenerife

EFE.- La Comisión de Transición Ecológica del Senado ha aprobado por unaminidad una moción del Grupo Mixto en la que se insta al Gobierno a dar un «impulso decidido» al proyecto de interconexión eléctrica entre La Gomera y Tenerife para que se concluya su terminación de manera urgente.

En la moción, defendida por la senadora de la Agrupación Socialista de La Gomera, Yaiza Castilla, se pide que se resuelvan todos aquellos expedientes administrativos que hayan quedado pendientes «para evitar que una obra de tanta importancia quede paralizada».

La senadora Olivia Delgado ha comprometido la actuación del Gobierno central para que el proyecto se realice de manera urgente, si bien ha recordado que la autorización del enlace corresponde al Ejecutivo autonómico.

Por parte del PP, la senadora Isabel García ha considerado «fundamental» este proyecto dado que el actual sistema eléctrico de Canarias tiene una dependencia «casi total» del exterior, basada en productos petrolíferos y elevados costes de generación eléctrica.

García ha subrayado el valor ambiental de las islas y ha considerado que el enlace de Gomera y Tenerife permitirá abastecer con un sistema mix de generación, «menos contaminante y más eficiente».

Podemos propone abaratar la factura de la luz reduciendo el coste fijo y el IVA de los consumidores vulnerables

Europa Press.- El grupo parlamentario de Unidos Podemos registró una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con un paquete de 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz, entre las que incluye una reducción del coste de la parte fija del recibo, una bajada del IVA para los consumidores vulnerables y una reforma del bono social eléctrico, junto con la creación de un bono social gasista cuyo único criterio de adjudicación sea la renta del hogar.

La citada PNL será debatida en la comisión de Transición Ecológica y expone que el coste energético para la industria española ha tenido el mayor crecimiento acumulado en la última década respecto de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Recuerdan que también la evolución de las tarifas eléctricas para una persona consumidora de electricidad con un perfil medio de 366 kilowatios hora mensuales de consumo han pasado de los 48,95 euros al mes del año 2007 a los 75,52 euros al mes del año 2017. Lo que supone, según recuerda el partido morado, una subida de un 50% con respecto a la tarifa de hace 10 años.

En este sentido, exponen que los incrementos de precio tienen «como principal motor» además de la subida de los peajes y la presión impositiva, «el componente de energía cuyo precio se fija en el mercado mayorista«. Así, exponen que el sistema por el que se fijan los precios determina que el precio del megavatio hora pueda ser igual para la hidroeléctrica que para una central térmica «a costa de las personas consumidoras y del tejido productivo español».

Por ello, plantean como «ineludible» la necesidad de «intervenir y modificar la formación de los precios de la energía en España» ya que consideran que con el actual sistema se ha producido una reducción del margen de actividad para las pymes, una desprotección de los consumidores y un aumento de las reclamaciones convirtiendo así a los ciudadanos y al tejido empresarial en «rehenes del mercado eléctrico».

Para hacer frente a esta situación, el Grupo de Unidos Podemos propone 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz. Así, plantea una reforma de la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, reduciendo los pagos por capacidad que reciben determinadas centrales solo por el hecho de estar disponibles.

Recuerdan que la reforma del bono social de octubre de 2017 puede dejar en riesgo de pobreza energética a 1,7 millones de personas por el complicado proceso de solicitarlo. Por ello, plantean una reforma del bono social eléctrico y crear un bono social gasista para que, en ambos casos, su solicitud sea automática, que el único criterio de adjudicación sea la renta del hogar y que sea suficientemente progresivo como para garantizar que cualquier hogar tiene acceso a un suministro esencial.

A estas medidas se suma la propuesta de reducir el IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables. «Una reforma así, garantizaría un abaratamiento de la factura para gran parte de la ciudadanía en su residencia habitual», apostillan en el texto.

Junto con estas propuestas, proponen recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas permitiendo que los usos del agua operen en favor del interés general, facilitando una transición hacia un modelo 100% renovable.

Además, plantean reformar el mercado eléctrico, del tal forma que se apruebe un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya amortizadas, con el fin de «acabar con los beneficios caídos del cielo«.

También piden ajustar la retribución del transporte y la distribución eléctrica, de acuerdo con los recientes informes del organismo regulador y modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

El partido morado quiere que se impongan nuevas obligaciones a las empresas para facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de los consumidores; que se apoyen reformas normativas para eliminar las trabas al autoconsumo, derogando el «nefasto» Real Decreto 900/2015, que recoge el llamado impuesto al sol e implantar un plan público para fomentar la eficiencia energética y promover techos solares.

A todo ello, añaden una propuesta para desarrollar los certificados de ahorro energético para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que actualmente están repercutiendo en factura a los consumidores.

Para Podemos es importante también introducir modificaciones normativas encaminadas al aumento de control y lucha contra la corrupción, que impidan las puertas giratorias desde la gestión pública hacia las empresas energéticas y también realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional. De esta forma se podrían determinar los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución, así como una auditoría específica del déficit de tarifa.

Finalmente, proponen realizar una «reforma de calado» que permita alcanzar un sistema fiscal que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética. «Dicha reforma debería buscar incrementar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con la media europea, al mismos tiempo que incremente la progresividad fiscal».

Aelec cree que la ausencia de infraestructuras de recarga es el principal freno a la compra de más coches eléctricos

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha considerado que la ausencia de una infraestructura suficiente de recarga para vehículos eléctricos supone «el principal freno» a la compra de este tipo de vehículos, ya que sin ella su uso se ve restringido a las ciudades y a trayectos cortos.

La patronal que agrupa a las principales compañías eléctricas señala que el desarrollo y despliegue de estas infraestructuras «es esencial» para impulsar este tipo de movilidad y para contribuir a la reducción de las emisiones, avanzando y facilitando así la transición energética. La asociación pide que se pongan en marcha políticas y colaboraciones público-privadas que garanticen el despliegue «necesario» de la infraestructura para la carga no sólo en edificios, sino también en la vía pública, «dado que la mayor parte del parque automovilístico carece de plaza de garaje». Para ello, Aelec se ofrece a colaborar con la Administración en la definición de una red suficiente de recarga en vía pública para hacer viable su desarrollo.

Aelec, que recuerda que los objetivos de la Comisión Europea incluyen una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 40% en 2030, respecto a los niveles de 1990, subraya que el vehículo eléctrico también tendría el efecto positivo de una mejora de la calidad del aire en las ciudades. De esta manera, teniendo en cuenta que el sector del transporte es responsable de una cuarta parte del total de emisiones de la Unión Europea, Aelec destaca que actualmente la electricidad supone tan solo un 1% del uso total de energía en el transporte, por lo que existe «un amplio margen de mejora» en la reducción de emisiones en el transporte por carretera.

Facua exige al Gobierno que modifique los instrumentos de cálculo de las tarifas del butano tras subir otro 5%

Europa Press / EFE.- Facua reclama al Gobierno que modifique los instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas para que garanticen la protección de los intereses económicos de los consumidores, después de que el butano volviera a subir un 5%, hasta los 14,61 euros. Según denuncia la asociación, el nivel en el que se encuentra actualmente el precio de una bombona de butano estándar de 12,5 kg es 2,88 euros más que hace justo 2 años, cuando el precio llegó a los 11,73 euros.

Facua recuerda que el máximo histórico de la bombona fueron los 17,50 euros que tuvieron que abonar los usuarios durante casi la mitad de la décima legislatura, entre el 14 de mayo de 2013 y el 16 de marzo de 2015 (un total de 672 días), siendo el tope legal fijado. El precio más alto durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero fueron los 15,19 euros vigentes desde el 1 de octubre de 2011, a 81 días del fin de su segunda legislatura, y que Rajoy mantuvo hasta el 31 de marzo de 2012.

Una nueva subida del 5%

El precio medio de la bombona de butano subió un 4,96%, hasta los 14,61 euros, frente a los 13,92 euros anteriores. De esta manera, la bombona registra su segunda subida consecutiva, tras el repunte del 4,9% que sufrió también en julio. En las anteriores revisiones de marzo y mayo el precio cayó un 4,9%, respectivamente. Este aumento en el precio se debe, principalmente, al incremento de la cotización de las materias primas internacionales y los fletes durante el periodo de cálculo. De este modo, el nuevo precio del butano pasará a ser de 95,1261 céntimos de euro por kilogramo, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona de 12,5 kilogramos, una vez incluidos los impuestos, registrará un incremento de 69 céntimos. Las caídas del 4,9% en marzo y mayo habían interrumpido la tendencia alcista que mantenía el precio de la bombona de butano, después de que en enero repuntara un 1,6% y en noviembre de 2017 un 2,1%.

Igualmente, en septiembre el precio había descendido casi un 5%, después de que en las revisiones de julio, mayo, marzo y enero de 2017 se hubiera incrementado un 5%, en la de noviembre de 2016 un 4,7% y en la de septiembre un 4%, acumulando una subida desde julio de ese año de un 32%, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros. No obstante, este incremento en el precio de la bombona de butano se debió a un déficit pendiente de bimestres anteriores, en los que no se habían repercutido las subidas de la materia prima con la intensidad necesaria. Así, se llegaron a acumular 6 revisiones bimestrales al alza.

El nuevo precio de la bombona de butano estará vigente durante dos meses, hasta el tercer martes de noviembre, cuando se revisará nuevamente. El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilos, cuya tara sea superior a 9 kilos. Esta bombona la consumen unos 8 millones de hogares en España.

La danesa Vestas anuncia la salida de trabajadores de su planta de León entre octubre y diciembre de este año

EFE.- La dirección de Vestas ha anunciado a los representantes de los trabajadores que la salida de los operarios de la planta de Villadangos del Páramo (León) se producirá entre el 8 de octubre y el 31 de diciembre de este año.

Según han indicado fuentes sindicales, se ha vuelto a abordar el informe técnico con el que la empresa quiere justificar el cierre.

«De nuevo queda demostrado que los motivos del cierre son insuficientes y puramente económicos y dejan claro que influye el coste de la energía, lo que claramente afectará a más plantas de España», han señalado fuentes del comité de empresa.

Los sindicatos han vuelto a pedir a la dirección que concrete las condiciones de las recolocaciones de parte de la plantilla que ofrece, sin que la empresa haya hecho mayores concreciones, según ha denunciado el comité.

Los sindicatos temen que la intención de la firma de componentes eólicos sea la de ir cerrando este y otros aspectos según vayan avanzando las negociaciones del ERE de extinción presentado.

Señalan que, como principal oferta, la empresa asume el compromiso de reabsorber a parte de la plantilla, pero sin concretar en qué número y las condiciones laborales.

Además, la dirección de la multinacional ha entregado a los sindicatos un informe técnico en el que argumenta la decisión del cierre de la planta leonesa, que achaca exclusivamente a factores objetivos de mercado.

El comité recuerda que lleva meses presentado propuestas para la mejora de la planta de León que han sido rechazados o directamente desoídos en una estrategia preconcebida para el cierre de la factoría de Villadangos.

La empresa notificó a los representantes de los trabajadores el ERE de extinción para los 362 empleados.

Los gobiernos central y autonómico han exigido a la dirección de la empresa dar «viabilidad» a la planta leonesa con un nuevo plan industrial que «reoriente la producción de la planta hacia la demanda del mercado», a la que habría que añadir los paquetes de ayudas autonómicas, nacionales y europeas que Vestas ha venido recibiendo en los últimos años y que ascienden hasta los 13,5 millones.

De esta forma, el objetivo prioritario para el Gobierno central y el autonómico es que se mantengan los 362 puestos fijos de la planta leonesa, que sumados con los puestos indirectos llega a dar trabajo a más de 2.000 personas.

Los cerca de 600 trabajadores, entre fijos y de empresas auxiliares dedicadas en exclusiva a proveer a Vestas, que se verían afectados mantienen levantado un campamento instalado ante la factoría hasta que consigan una solución a su problema.

El precio de la bombona de butano sube de nuevo un 4,96% y cuesta 14,61 euros

EFE.- El precio de la bombona de butano de 12,5 kilogramos, que consumen unos 8 millones de hogares en España, ha vuelto a subir, con lo que encadena un nuevo ascenso después del de julio y costará 14,61 euros, un 4,96% más, es decir 69 céntimos más.

El incremento se debe al ascenso en las cotizaciones internacionales de la materia prima (8,5%) y de los fletes (17%), así como a la depreciación del euro respecto a los valores de referencia del anterior bimestre, según apuntó el Ministerio para la Transición Ecológica.

El precio de la bombona de butano se revisa bimestralmente y en esta nueva revisión en septiembre vuelve a incrementarse, como ya ocurrió en julio, en que aumentó un 4,9% y pasó a costar 13,92 euros.

La bombona de butano había bajado de precio en las revisiones de marzo y mayo, disminuciones que se produjeron tras las subidas consecutivas que hubo en noviembre de 2017 y en enero de 2018, año que comenzó con una subida del 1,6% (23 céntimos más).

En la revisión de marzo bajó un 4,9%, hasta los 13,96 euros, y pasó a costar 72 céntimos menos, y en la de mayo un 4,94%, hasta los 13,27 euros, con lo que recortó su precio en 69 céntimos.

De cualquier forma, la bombona de butano está 2,89 euros más barata que cuando alcanzó su precio máximo de 17,5 euros en 2013 y 2014.

Respecto a septiembre de 2017, la bombona es 46 céntimos más cara, un 3,25% más.

El nuevo precio estará vigente durante dos meses, hasta el tercer martes de noviembre, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica lo revise de nuevo en función de las cotizaciones internacionales de la materia prima, el tipo de cambio o los costes de comercialización.