Europa Press.- El Tribunal Supremo declaró nulo y «absolutamente ilegal» el ERE de extinción de 150 contratos de trabajo en la empresa Gamesa de Alsasua, que conllevó el cierre de la planta navarra. El Tribunal Supremo ratifica así la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2013 y concluye que «la negociación del ERE de Gamesa fue ilusoria e inefectiva», ya que «la negociación se tenía que haber producido con el comité de empresa de Alsasua, no en Madrid».

La responsable de los servicios jurídicos de ELA y abogada de este caso, Maika Méndez, recordó que en 2010 el Ministerio de Trabajo autorizó la extinción de 150 puestos de trabajo en la planta de Alsasua y otras medidas de regulación en otras plantas de Gamesa en varias comunidades autónomas. Para la negociación de las suspensiones y extinciones de estos contratos de trabajo afectados, según recordaron desde ELA, se compuso una comisión de negociación unitaria en Madrid, pese a que se trataban de «expedientes diferenciados» y el comité de empresa de la planta de Alsasua era el «único legitimado» para negociar el ERE que afectaba a los 150 trabajadores navarros.

Una circunstancia que ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo que señalan que «un grupo de empresas a efectos mercantiles puede no serlo a efectos laborales». «El Supremo declara que Gamesa no podía haber actuado como grupo, sino que lo tenía que haber hecho como persona jurídica individualizada; y que no podía haber ninguneado al comité de empresa como lo hizo», expone.

Según indicaron, la consecuencia jurídica inmediata de esta nulidad del ERE es que «se tienen que recomponer la situación y reconstruir las vidas laborales de los 150 trabajadores que fueron despedidos y ese es el punto en el que nos encontramos». «En el momento en el que esta resolución judicial sea firme, ese será el momento de partida para que en 20 días la empresa deba de readmitir a los trabajadores«, ha precisado la abogada. Como la planta está cerrada, ha agregado, la jurisprudencia marca que «no cabe readmitir a un trabajador en unas condiciones distintas a las que tenía con anterioridad, por lo tanto, no cabría, salvo aceptación de los propios trabajadores, movilidad geográfica».

Buscan extinción de los contratos

De este modo, ha remarcado, «lo que procedería sería la extinción de los contratos con los 45 días que prevé el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores». Según indicó la abogada, «tienen que readmitirles en el mismo lugar y en las mismas condiciones, por lo que está en la mano de Gamesa reabrir la planta de Alsasua o dar las indemnizaciones legales máximas que prevé el Estatuto según los contratos que tengan«. La abogada comentó, además, que Gamesa podría recurrir ahora ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo, pero ha considerado que «en este caso concreto no va a ir» porque «esta vía no tiene sentido jurídico».

Por su parte, Ubaldo Sola, trabajador de la planta, destacó que los trabajadores de Gamesa en Alsasua defendieron que «el único que estaba legitimado para negociar el ERE era el comité de empresa de Alsasua» y que el ERE «se tenía que tramitar en Navarra«. «Llamamos a todas las puertas y el gran problema que nos encontramos es que todo el mundo nos dio la espalda, por ejemplo, el Gobierno de Navarra se lavó las manos y pasó la patata caliente al Ministerio de Trabajo, que tampoco aceptó que éramos los únicos para negociar», relató. Además, criticó que UGT y CCOO «dieron legitimidad a esa mesa de negociación que se estableció en Madrid, sin representación de la planta de Alsasua».

En este mismo sentido, Imanol Pascual, responsable de negociación colectiva de ELA, ha considerado que en la sentencia del Tribunal Supremo «cuatro agentes, Gamesa, UGT y CCOO, el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Interior, quedan retratados; mientras que una parte, los trabajadores de Gamesa de Alsasua, sale muy respaldada y victoriosa». Pascual criticó que pese a que UGT y CCOO no tenían representación en la planta de Alsasua «decidieron sobre 150 personas que no les habían dado legitimidad»; y también reprochó al Gobierno de Navarra que «se pusiera de perfil y trasladara la pelota a Madrid». Además, censuró que el Ministerio de Trabajo «aprobara un ERE contrario a derecho» y que Gamesa «cerrara la planta teniendo cuantiosos beneficios».