Castilla y León pide al ministro de Energía «que diga la verdad» pues considera “suicida” no producir carbón autóctono

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Europa Press / EFE.- El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha replicado al Gobierno que sería «suicida» dejar de producir carbón en España y ha afeado las declaraciones «erróneas y apresuradas» del ministro de Energía, Álvaro Nadal, al achacar, entre otros, al carbón el alza histórica de la luz. Por ello, Herrera ha pedido al Gobierno y al ministro de Energía «que digan la verdad» sobre la producción del carbón nacional.

Entre las causas que el ministro aludió en el Congreso de los Diputados se encuentra el incremento del precio del gas, del petróleo y del carbón en los mercados internacionales, la situación de Francia, con nucleares paradas y fuerte consumo, y las dificultades de acceso al gas licuado en Argelia en mitad de una ola de frío, con poca producción eólica e hidroeléctrica en España. Por ello, Herrera tachó la comparecencia de Nadal como «errónea y apresurada» y considera que asegurar la producción del carbón autóctono es «clave» para evitar picos de subida del precio de la electricidad en momentos de «tormenta perfecta», como el que se ocasionó en España.

En su opinión, la situación que se ha vivido, con poca producción hidroeléctrica y eólica, el parón de nucleares en Francia y la subida del carbón internacional, no se hubiera evitado totalmente, pero se habría paliado con la quema de carbón propio en las centrales térmicas. Herrera ha insistido en que una situación similar se puede reproducir en el futuro.

Ante esta coyuntura, ha emplazado a Nadal a que se pronuncie sobre el futuro del carbón y, en caso de que considere que hay que acabar con la producción nacional, a que impulse un plan de reactivación para las zonas de influencia. En este sentido, ha apuntado que si esa es la decisión del Gobierno habrá que afrontar acciones de reindustrialización y de alternativa económica, porque «no se puede dejar a los trabajadores, empresas y cuencas mineras al albur de las circunstancias, sin prever nada».

«El carbón no puede ser la gran alternativa pero es necesario definir y dar seguridad a las empresas y las cuencas mineras para que no se cierre la minería del carbón en España», aseveró Herrera. En este sentido, ha señalado que las centrales térmicas que estos días están quemando el carbón nacional que tienen almacenado podrían dejar de producir en una o dos semanas por falta de carbón porque las empresas no lo están produciendo.

Por eso, ha recordado al ministro de Energía que el Gobierno firmó en 2013 un acuerdo marco para el sector del carbón, en el que se aludía a la seguridad en el suministro, evitar la excesiva dependencia energética exterior y garantizar el abastecimiento para reservar el 7,5% del mix energético para el carbón nacional. Por este motivo, Herrera plantea un mayor aprovechamiento de los recursos energéticos autóctonos con el objetivo de crear valor añadido y empleo. Asimismo, recordó que otro de los objetivos de la Junta, dentro de su política industrial, es la promoción de la sostenibilidad, el ahorro y la eficiencia energética, así como reforzar el binomio empresa-medio ambiente.

La Junta, a través de Somacyl, ha participado en el polígono de Villalonquéjar (Burgos) en el proyecto de la central de trigeneración con biomasa, que aporta el 100% de las necesidades de energía térmica de la empresa L’ Oreal. Se trata de una iniciativa pionera en la Comunidad y en España y un ejemplo, según resaltó Juan Vicente Herrera, de cómo las consideraciones ambientales se convierten en factores de competitividad.

Una veintena de empresas genera casi el 80% de las emisiones de CO2 de los sectores fijos

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Europa Press / Servimedia.- Las 20 empresas con mayores emisiones suman un total del 79,53% de las emisiones procedentes de fuentes fijas, incluidas en el Registro Nacional de Emisiones (RENADE), que son la producción de energía, industria del petróleo y otras instalaciones industriales, según el informe Responsabilidad de las grandes empresas energéticas e industriales de España en el cambio climático, publicado por el Observatorio de la Sostenibilidad con datos de 2015, el último año con información consolidada.

El estudio señala que España emitió en 2015 un total de 339 millones de toneladas totales de gases efecto invernadero, de las que la industria y la energía emitieron 137,1 millones de toneladas de CO2 verificadas por el RENADE, un 40,4%. Mientras, el 59,6% de las emisiones correspondieron a fuentes de emisión difusas, tales como el transporte, los hogares, los servicios, agricultura. En general, las emisiones crecieron un 3,3% en total en España respecto a 2014, mientras que «en prácticamente todos los países de la Unión Europea descendían». Esto supone un incremento de 13,77 millones respecto al 2014 y un 18% más respecto a 1990.

Además, el informe destaca que las emisiones de los sectores fijos se concentran en un núcleo de 10 empresas, que emiten el 69,4% o lo que es lo mismo, 95,2 millones de toneladas, de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores fijos. Se trata de Endesa, 33,3 millones de toneladas de CO2; Repsol (incluye Petronor), 13 millones de toneladas; Gas Natural Fenosa, 12,9 millones de toneladas de CO2; Hidrocantábrico, 10,6 millones de toneladas de CO2; ArcelorMittal, 6,4 millones de toneladas de CO2; E.On, 5,3 millones de toneladas de CO2; Cepsa, 4,8 toneladas de CO2; Cemex, 3,4 millones de toneladas de CO2; Iberdrola, 2,6 millones de toneladas de CO2 y Cementos Portland, 2,4 millones de toneladas de CO2.

Solamente Endesa emite el 9,8% de todas las emisiones de España, tanto las fijas como las difusas, y concentra la cuarta parte de todas las que emiten los sectores fijos. A esta le siguen Gas Natural Fenosa y Repsol, que suponen un 4% aproximado cada una del total emitido en España. En total, los sectores fijos con mayores emisiones se deben a la producción energética, las industrias con grandes procesos de combustión, el tratamiento y transformación de hidrocarburos, la industria cementera y la transformación química.

La generación de carbón supone 50 millones de toneladas equivalentes de CO2 y supone el 72,3% de lo correspondiente a la generación total de energía, que produce en su conjunto la mitad de las emisiones fijas totales nacionales, casi 70 millones de toneladas de CO2. En cuanto a la producción de cemento y cal, generan 17 millones de toneladas, el 12,5% del total, algo más que las de las refinerías de petróleo y coque (14 millones de toneladas de CO2, el 10,5%). Las industrias que dependen de grandes procesos de combustión emiten el 8,5% del total, casi 12 millones de toneladas de CO2; el resto de la industria contribuye con el 18% restante (casi 25 millones de toneladas de CO2).

Con estos datos, el estudio del Observatorio de la Sostenibilidad refleja que la tendencia de 2015 respecto a 2014 señala que las emisiones del sector eléctrico aumentaron un 17,6% y las que más aumentaron fueron las centrales de carbón (22,1% más) y los ciclos combinados de gas natural (16,3% más que el año anterior). El resultado final, que arroja un crecimiento del 3,3% de las emisiones españolas en 2015 respecto a 2014 va en contra de los compromisos de reducción contraídos por los firmantes del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, que España firmó en Nueva York el 22 de abril de 2016 y que ratificó el pasado enero.

Por comunidades autónomas, la más emisora es Andalucía, con el 19% de las emisiones de las fuentes fijas de España. A esta le siguen Asturias (16%), Galicia (11%), Cataluña (10%) y Castilla y León (9%), precisamente las zonas donde están instaladas las grandes centrales de carbón excepto en Cataluña, donde la incidencia de las emisiones se debe al importante sector industrial y refinero. Por el contrario, las autonomías que menos CO2 emiten son Navarra, Madrid, Extremadura, Cantabria y La Rioja, justo aquellas cuya economía está menos basada en el carbón.

De acuerdo con el estudio del Observatorio de la Sostenibilidad, si se tiene en cuenta que la fuente de datos utilizados son las verificadas por el RENADE y que las asignación de derechos a instalaciones se ha realizado mediante el Registro Mercantil, esto supone que las asignaciones pueden ser “muy conservadoras” y, que sus emisiones, por tanto sean «mucho mayores de las consignadas», ya que existen o pueden existir otras emisiones de estas empresas (minería, transporte, puertos, consumos) que no estén incluidos en esta contabilidad.

El informe subraya también ciertos riesgos empresariales del cambio climático a la hora de ser evaluado por las agencias de calificación o rating o por la apreciación del atractivo de estas empresas para acceder a recursos financieros. Por ello, muchas empresas disponen o estimulan planes estratégicos concretos para reducir emisiones de CO2. Ante este hecho, el Observatorio considera que a partir de estos datos se pueden identificar tensiones que deberán derivar en proyectos inaplazables para la adaptación inmediata al cambio climático, cuyos costes y financiaciones representarán una «distorsión muy importante para su propia valoración empresarial».

El Observatorio apela a la conveniencia de establecer “responsabilidades diferenciadas” de cada agente social según su responsabilidad con el problema y aconseja a las empresas que eviten las «políticas contradictorias» como las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Entre sus consejos, recomienda reducir las emisiones mediante el aumento de la eficiencia y la sustitución de los combustibles o las tecnologías más contaminantes como el carbón o el gas por energías renovables. También insiste en la importancia de poner un precio «realista» al carbono para que funcionen correctamente los mercados de emisiones y que las administraciones sean «limpias» y den ejemplo.

La OCU ve posible ahorrar entre 60 y 300 euros al año en el recibo de la luz

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Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que es posible ahorrar entre 60 y 300 euros anuales en el recibo eléctrico y aconseja la discriminación horaria como una de las fórmulas más eficaces para rebajar la factura. Cambiar a la modalidad de discriminación horaria tiene un coste de 11 euros y el usuario ahorraría como mínimo 70 euros al año sin modificar sus hábitos de consumo.

La organización considera que, de cara a elegir la mejor tarifa, es necesario que el consumidor identifique además si dispone del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Para descubrirlo, puede identificar el nombre de las comercializadoras que prestan este servicio, entre las que figuran Endesa Energía XXI, Iberdrola Comercialización de Último Recurso, Gas Natural SUR, EDP Comercialización de Último Recurso o Viesgo Comercializadora de Referencia.

OCU comparó el ahorro que ha supuesto tener contratada la tarifa PVPC frente a las mejores ofertas del mercado y concluyó que, durante 2014 y 2015, fue posible encontrar en el mercado libre ofertas que mejoraron la tarifa PVPC, si bien desde 2015 hasta ahora el PVPC permitió ahorros adicionales sobre las mejores ofertas en el mercado libre. Sin embargo, la volatilidad del PVPC, con subidas de precios como las actuales, hace que sea un buen momento para mirar otras alternativas que ofrezcan una factura más estable, señala la OCU.

Por este motivo, la organización aconseja optar por tarifas cuyas condiciones no sean revisables al menos durante un año y descartar las que incluyan servicios adicionales no deseados, como las revisiones de la instalación eléctrica o seguros de pago. También insiste en la importancia de optar siempre por discriminación horaria y recomienda al usuario revisar si cumple los requisitos del bono social y solicitarlo si puede. La OCU también dice que, por normal general, las ofertas ligadas a facturación online suelen ser las más económicas.

La OCU afirma que la forma más inmediata y sencilla de ahorrar, se tenga una tarifa regulada o se esté en el mercado libre, es optar por la discriminación horaria. Conforme a la OCU, en media los hogares concentran un 50% de su consumo en el horario valle (aquellas horas del día donde el consumo es más económico) y bastaría con tener un consumo de un 30% en ese horario valle para empezar a ahorrar.

Los precios del gas crecerán hasta 2021 por la recuperación de la demanda mundial, según Crédito y Caución

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Europa Press / EFE.- Los precios del gas, tras haber caído significativamente en 2014 y 2015, han alcanzado su punto de inflexión y crecerán hasta 2021 impulsados por la recuperación de la demanda mundial, según un informe de Crédito y Caución. Según Crédito y Caución, la combinación de una oferta abundante de gas natural licuado, la ralentización de la demanda, los bajos precios del petróleo y la amplia disponibilidad de gas de esquisto han mantenido los precios del gas muy por debajo del nivel de 2011-2014.

Sin embargo, los precios del gas parecen haber «tocado fondo» en América, Asia y Europa, sus tres mercados principales, y se prevé que, después de recuperarse en 2016, aumenten en los próximos años. El estudio prevé que el gas «gane mayor cuota en el mix energético» al tratarse de un combustible «relativamente limpio y flexible». El informe destaca que se está registrando una expansión de la capacidad de exportación de GNL, en particular en Estados Unidos y Australia. Así, se espera que Estados Unidos, el mayor productor de gas natural del mundo, incremente fuertemente su producción entre 2016 y 2021.

Mientras, en Europa, el mayor productor, Rusia, está decidido a responder a la demanda china mediante la construcción de gasoductos y a explorar las posibilidades del gas natural licuado para vender a nivel mundial. Del lado de la demanda, se espera que China vuelva a convertirse en un «motor clave» de crecimiento en los próximos años. El mayor consumidor de gas en Asia creció sólo un 4% en 2015, su menor tasa en décadas, pero se prevé que el crecimiento entre 2015 y 2021 alcance un 9,1%, mientras que en Europa, el crecimiento del consumo de gas será más moderado.

Trump relanza la construcción de dos polémicos oleoductos en Estados Unidos

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EFE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una buena noticia a la industria petrolera y una mala a los ecologistas al posibilitar la construcción de dos grandes proyectos de oleoducto que su predecesor, Barack Obama, había paralizado debido a su posible impacto en el medio ambiente. Con la firma de dos acciones ejecutivas, Trump dio luz verde a la continuación de los oleoductos Keystone XL y Dakota Access, siempre que las empresas encargadas de construirlos estén dispuestas a «negociar» una serie de «términos y condiciones» con su Gobierno.

«Veremos si podemos construir el oleoducto Keystone. Creará muchos trabajos, 28.000 trabajos. Muy buenos trabajos en el sector de la construcción», declaró Trump en el Despacho Oval. Trump acompañó esas medidas con otro memorando que requiere que el acero necesario para construir esos oleoductos se fabrique en Estados Unidos. Trump prometió revitalizar la industria del acero y de los combustibles fósiles durante su campaña electoral, y con sus medidas pretende «hacer que el país avance hacia la independencia energética y crear empleos para los estadounidenses», según su portavoz, Sean Spicer.

El oleoducto Keystone XL, prohibido por Obama en 2015 tras una larga revisión sobre su impacto medioambiental, seguida finalmente de un veto presidencial tras aprobarlo el Congreso, pretende transportar unos 830.000 barriles diarios de petróleo procedente de las arenas bituminosas de la provincia canadiense de Alberta a diferentes lugares de Estados Unidos, incluidas refinerías de Texas. El Gobierno de Obama también suspendió en diciembre la construcción de Dakota Access, un proyecto de 3.800 millones de dólares que llevaría medio millón de barriles de petróleo diarios desde los yacimientos bituminosos de Dakota del Norte a una infraestructura ya existente en Illinois.

La medida firmada por Trump «invita» a la empresa encargada de Keystone XL, la canadiense Transcanada, a solicitar un permiso para completar la construcción del oleoducto y promete tomar una decisión sobre ello en un plazo de 60 días tras recibir la petición. En el caso de Dakota Access, pide a las autoridades que se «revise y apruebe» las peticiones de la empresa Energy Transfer Partners, que ya ha construido el 90% del recorrido de 1.770 kilómetros del oleoducto y quiere completar el tramo final, que pasa bajo el Lago Oahe, en Dakota del Norte.

Protestas de indígenas y ecologistas

La tribu indígena Standing Rock Sioux lleva meses protestando contra el proyecto en Dakota del Norte con el apoyo de activistas medioambientales y políticos progresistas, al denunciar que el oleoducto echará a perder tierras que consideran sagradas y contaminará el río Misuri, del que depende su modo de vida. A la tribu indígena le queda la opción de volver a los tribunales para tratar de bloquear el proyecto y la esperanza en que alguna acción legislativa pueda entorpecer su construcción.

«Voy a hacer todo lo posible para detener la construcción de estos oleoductos», prometió el senador y ex aspirante presidencial demócrata Bernie Sanders, quien acusó al presidente Trump de «ignorar las voces de millones de personas y poner los intereses de la industria fósil por delante del futuro del planeta«. Grupos ecologistas como Greenpeace y Sierra Club condenaron también la decisión de Trump y prometieron seguir luchando para evitar que se construyan esos dos oleoductos.

Mientras, la industria del petróleo y muchos líderes republicanos aplaudieron las medidas al considerar que «potenciarán la economía y crearán miles de empleos bien pagados», en palabras del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. «Estos oleoductos fortalecerán el suministro energético de nuestro país y ayudarán a mantener bajos los costes energéticos para las familias estadounidenses», afirmó Ryan. El presidente del Instituto Estadounidense del Petróleo, Jack Gerard, se mostró «complacido» de que Trump haya decidido «reconocer la importancia de la infraestructura energética del país».

Trump mencionó, sin embargo, la necesidad de «negociar» varios términos con las empresas encargadas de los proyectos, algo que, según Spicer, significa «conseguir el mejor acuerdo posible para los contribuyentes estadounidenses», dado que esas compañías «van a recaudar mucho dinero» con los oleoductos. El presidente también firmó una orden que busca «simplificar» la burocracia para aprobar proyectos de manufacturas y otra que acelera el proceso de revisión sobre el impacto ambiental de las nuevas infraestructuras. «No podemos estar en un proceso de evaluación medioambiental durante quince años si un puente se está cayendo», subrayó Trump.

Canadá aplaude decisiones de Trump

Por su parte, el Gobierno de Canadá aplaudió la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de aprobar la construcción del polémico oleoducto Keystone XL que transportará petróleo canadiense hasta refinerías en Estados Unidos. El ministro de Recursos Naturales de Canadá, Jim Carr, afirmó que la construcción del oleoducto «es un buen proyecto tanto para Canadá como para Estados Unidos». Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, declaró que es «esencial» que las políticas sobre cambio climático del Gobierno de Canadá se complementen con su obligación de «llevar los recursos naturales al mercado».

Organizaciones ecologistas de los dos países se han opuesto al proyecto de construcción del oleoducto, que conectará los yacimientos de las arenas bituminosas de la provincia de Alberta, que contienen una de las mayores reservas de petróleo del mundo, con refinerías en la costa del Golfo de México, en Estados Unidos. El proyecto fue rechazado por Obama porque supondría el aumento de las emisiones de gases invernadero de Estados Unidos.

La organización Environmental Defence de Canadá solicitó al Gobierno canadiense que reconsidere «la aprobación de 2010 del oleoducto» porque fue hecha «sin ninguna consideración con los compromisos climáticos de Canadá». Según el grupo, la exportación a Estados Unidos de hasta 830.000 barriles de petróleo al día, la capacidad que tendrá Keystone XL, supondrá añadir «22 megatoneladas de emisiones», el equivalente a «6,3 plantas de carbón o más de 4,6 millones de automóviles». Las organizaciones medioambientales también han denunciado que Keystone XL permitirá alcanzar el objetivo de triplicar la producción de los yacimientos de las arenas bituminosas de 1,8 a 5,2 millones de barriles al día.

El consumo eléctrico de las grandes empresas bajó un 0,9% en 2016

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Redacción / Agencias.- El consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas en España, corregidos los efectos de la laboralidad y las temperaturas, descendió un 0,9% durante 2016, según el Índice Red Eléctrica (IRE). Por sectores, los consumos de la industria y de los servicios descendieron un 1,1% cada uno. De las cinco actividades con mayor consumo eléctrico, la demanda de la metalurgia aumentó un 3,1%, la industria química un 0,4%, la fabricación de otros productos minerales no metálicos un 4,9%, la industria alimentaria un 1,1% y la papelera un 0,8%.

En términos brutos, el consumo eléctrico de las grandes empresas españolas cayó un 0,8% en 2016, rompiendo así una tendencia de dos años consecutivos de crecimiento. Asimismo, se refleja una caída de la demanda en el sector servicios, del 0,9%, mientras que en el industrial descendió un 1%. Mirando sólo al consumo de diciembre, bajó un 0,8% en datos brutos, con un descenso del 0,6% en servicios y estable en la industria, mientras que se mantuvo plano en términos corregidos

Desglosado por sectores, el consumo industrial aumentó un 1,3% y el de los servicios bajó un 1,2%. En el cálculo de estos datos se han tenido en cuenta los efectos de la composición del calendario y la evolución de las temperaturas. Las actividades que más aportaron al consumo de las grandes empresas en diciembre fueron la metalurgia con un aumento del 3,1%, la fabricación de otros productos minerales no metálicos (4,9%), la fabricación de productos de caucho y plásticos (6,6%), la fabricación de material y equipo eléctrico (20,4%) y la fabricación de productos metálicos (9,6%).

Este índice facilita información sobre la evolución del consumo eléctrico del conjunto de las grandes empresas y otras instituciones que tienen una potencia contratada superior a 450 kilovatios (kW), lo que supone alrededor del 47% de la demanda total. Las medidas se recogen en 23.400 puntos de alrededor de 13.900 empresas. La categoría de grandes consumidores de energía abarca desde industrias hasta hoteles y transporte ferroviario y supone un indicador de la actividad económica nacional.

Herrera pide al Gobierno «la verdad» sobre el futuro de la minería en Castilla y León

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EFE.- El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha reclamado hoy al Gobierno central «la verdad» sobre las perspectivas de futuro que puede tener la minería del carbón en esta comunidad, con porcentajes ciertos de su participación en el mix energético nacional.

En su comparecencia ante los medios de comunicación tras participar en la VI Conferencia de Presidentes en el Senado, Herrera ha reconocido que este asunto no ha sido objeto de un acuerdo, como sí lo ha habido en otros temas como la despoblación y la financiación autonómica, pero ha subrayado que él lo ha reivindicado ante Rajoy porque pese a los avances y a que se está «quemando carbón» en las térmicas, el sector necesita clarificar su futuro.

«Si hay futuro, en qué porcentaje, y si no lo hay, que hablemos de alternativas», ha planteado Herrera después de reivindicar que el Gobierno diga «a todos la verdad» sobre este problema que viven las comarcas mineras.

La bombona de butano sube hoy un 5% y acumula un alza del 14,5% desde julio

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Europa Press.- El precio máximo de la bombona de butano una vez incluidos los impuestos subirá un 5% hoy martes, hasta 12,89 euros, debido al encarecimiento de las materias primas.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó ayer en el BOE la resolución en la que se establece la revisión bimestral de la bombona y en la que se fija un precio de venta antes de impuestos de 83,72 céntimos por kilogramo.

El precio del butano depende de la cotización de la materia prima en los mercados internacionales, los fletes y la variación del tipo de cambio.

Así, la materia prima se ha incrementado un 9,2% en los últimos dos meses, en línea con la tendencia al alza al del Brent, que ha subido más de un 18% en diciembre respecto a noviembre debido al anuncio del recorte de la producción de la OPEP de finales de noviembre. A esta circunstancia hay que añadir además que el euro se ha depreciado respecto al dólar un 4% en los dos últimos meses.

A pesar de este incremento, el precio medio de la bombona de butano en 2016 se ha reducido más de 2 euros respecto a 2015, lo que supone una caída del 15,8%, y se ha reducido más de 5 euros respecto al precio máximo alcanzado en 2013 y 2014, que fue de 17,5 euros, indicó el Ministerio de Energía y Agenda Digital.

Con el nuevo incremento, el butano acumula tres revisiones bimestrales al alza y cuesta un 14,5% más que el nivel fijado por el Gobierno en julio de 2016, de 11,25 euros. Ese mes, la bombona tocó suelo tras unas secuencia de caídas que la habían abaratado un 35% desde los niveles de 2015.

Pese a las nuevas subidas, el butano se encuentra aún muy por debajo de los 17,5 euros registrados hasta marzo de 2015. No obstante, el incremento de hoy martes no será suficiente para cubrir los costes reconocidos del sector, de modo que se generará un déficit de tarifa adicional al que ya se había producido en noviembre.

Fuentes del sector indicaron que, si se trasladase toda la subida de las materias primas al consumidor final, el incremento debería ser mayor al 5% y habría de situarse en el 10,5%, hasta 13,57 euros.

Sin embargo, esta traslación no se realizará, en cumplimiento de lo establecido por la regulación, que fija una horquilla máxima de subidas o bajadas del 5% para el butano. La normativa también reconoce que los importes o las bajadas no repercutidos generarán un déficit o un superávit del sistema que ha de recuperarse en revisiones posteriores.

Las bajadas desde 2015 habían ocasionado un superávit adicional que ha ido absorbiéndose poco a poco y que ya ha desaparecido, de modo que el sistema ha entrado en situación de déficit. Las previsiones de evolución de precios de las materias primas hacen prever que esta tendencia se exacerbará durante el año.

Entre el precio de este martes, de 12,89 euros, y la subida que habría de haberse aplicado para evitar déficit, hasta los 13,57 euros, hay una diferencia de 68 céntimos. Si este desajuste se mantuviese durante el año, y la previsión es que irá en aumento, el déficit del sector sería de 50 millones de euros en 2017, ya que las ventas anuales rondan los 70 millones de bombonas.

Subidas y bajadas anteriores

La subida de este martes se produce tras la del 4,7% en la revisión de octubre y la del 4% en la de septiembre. Los incrementos contrastan con las bajadas del 5% tanto en julio como en mayo y en marzo. En enero, el precio máximo aumentó un 3%.

El incremento de precios, realizado conforme a un mecanismo de revisión automática, es el segundo que afronta el nuevo Gobierno. La revisión la fija el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, pero depende de la cotización de la materia prima en los mercados internacionales, de los fletes y de la variación del tipo de cambio.

El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilos, cuya tara sea superior a 9 kilos.

China anuncia un plan multimillonario para promover las energías renovables

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EFE.- El Consejo de Estado, el órgano Ejecutivo chino, aprobó invertir 365.000 millones de dólares (345.000 millones de euros) en proyectos de energías renovables dentro de un nuevo plan para luchar contra la contaminación. Esta iniciativa creará más de 13 millones de empleos, según el Gobierno, que aprobó este plan hasta 2020 para renovar el modelo de producción energética china mediante el ahorro de energía y la reducción de las emisiones.

Dependencia energética china del carbón

El documento establece para 2020 un tope de consumo de energía equivalente a 5.000 millones de toneladas de carbón, una cifra que se traduce en una reducción del 15% del consumo energético chino por unidad de PIB hasta ese año. Actualmente, el carbón es la principal fuente de energía utilizada en el gigante asiático y representa hasta un 64% del consumo energético del país, según datos de 2015. Para conseguir estos objetivos, aparte de la reducción del uso de carbón, el Consejo de Estado propuso medidas como el aumento de los controles de emisiones nocivas, el desarrollo de la economía circular, la mejora de la gestión y un mayor apoyo a las políticas de financiación.

La Junta de Andalucía y Equo «no entienden» la retribución al almacén gasista de Doñana mientras el Gobierno la justifica

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Europa Press / EFE.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, asegura que la retribución a Gas Natural Fenosa de 6,34 millones de euros por costes de operación y mantenimiento por el almacén subterráneo de Doñana «no la entiende nadie», toda vez que exige al Gobierno central que «escuche el clamor social que existe en Andalucía y haga una evaluación conjunta de las consecuencias que puede tener este proyecto para Doñana y para su entorno».

Fiscal asegura que la retribución que el Gobierno concede a Gas Natural por el proyecto de Doñana «más allá de que esté recogido en la norma; no lo entiende nadie», y en cualquier caso, añade, «el impacto hubiese sido mucho menor si, tal y como le pide la sociedad andaluza en su conjunto, partidos políticos, ONG y ayuntamientos, hubiese evaluado este proyecto conjuntamente y no parcelado en cuatro subproyectos». Por tanto, Fiscal señala que la Junta, por su parte, «ha emitido autorizaciones ambientales negativas, blindando el Espacio Natural de Doñana».

Precisamente, Fiscal señala que de esta tema tratará el 19 de enero con el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea, Karmenu Vella, al que trasladará la realidad de Doñana, «haciendo hincapié en este proyecto para que, dado que la Unión Europea es una administración con los ojos puestos en el Espacio Natural, exija al Gobierno central que haga una evaluación conjunta de forma que conozcamos las sinergias así como los efectos que el proyecto puede tener para una joya natural como ésta», toda vez que asegura que la Junta «va a impedir por todos los medios este o cualquier otro proyecto que pueda poner en riesgo el espacio».

Por tanto, Fiscal reitera su petición al Gobierno central para que haga una evaluación conjunta de un proyecto sobre el que considera que el Gobierno del PP “ha dado un acelerón que solamente la Junta ha conseguido frenar». Por último, y cuestionado sobre si las autoridades europeas tendrían capacidad de frenar este proyecto, Fiscal cree que por «lo menos tendrían capacidad de influir en el Gobierno, que es de quien depende sustantivamente el proyecto del gas, para que se analizaran las consecuencias del conjunto del proyecto y Doñana no se viera en ningún caso perjudicada».

«Retribución del Gobierno de Zapatero”

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, negó que los 6,34 millones de euros reconocidos a Gas Natural «sean una subvención» y ha explicado que se trata «del cumplimiento de una retribución ordinaria del Estado por almacenamiento de gas en las marismas que fue establecida por el Gobierno anterior«. Sanz ha recordado que el almacén «fue planificado por el Gobierno en 2008, cuando gobernaban los que exigen responsabilidades por esta materia», con lo que considera «muy extraño que no lo sepan los que están pidiendo explicaciones».

Además, Sanz apunta que «cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Estado, pero también de la Junta», por lo que «sorprende que la actuación de la Junta sea criticar esta actuación». Por tanto, el delegado del Gobierno pide «un poco de coherencia y responsabilidad, y menos confrontación y demagogia» porque, añade, «sería deseable que en esta materia se sea responsable con lo que se hace, y cuando se deja el Gobierno, al menos se reconozca que la responsabilidad no la tiene el actual».

Equo pide explicaciones al Gobierno

Por su parte, Equo exige explicaciones al Gobierno tras conocer la retribución a Gas Natural Fenosa y ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas en la que cuestiona al Ejecutivo sobre esta partida y sobre su justificación para reconocerla. En el documento, firmado por el diputado Juan López de Uralde, Equo insiste en la posibilidad de que este proyecto acabe paralizado este año. El partido destaca la «enorme oposición» que existe en torno al depósito por parte de colectivos sociales, ecologistas y vecinales, que alertan del riesgo del proyecto de Gas Natural. «Ha sido denunciado en instancias europeas y nacionales por el peligro del mismo para el medio ambiente», sentencia.