El Tribunal Supremo admite recursos de Cepsa y Galp contra las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de 2017

Europa Press.– El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos presentados por las petroleras Cepsa y Galp en contra de la orden ministerial que desglosa por empresas energéticas la cuantía de la contribución obligatoria al Fondo Nacional de Eficiencia Energética para 2017. En concreto, los recursos fueron admitidos el pasado 27 de abril por la Sala Tercera, Sección Tercera del Alto Tribunal, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las empresas energéticas aportarán este año más de 205 millones de euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de los cuales la mayor parte corresponderá a Repsol, Endesa y Gas Natural Fenosa, las tres compañías que mayor volumen de energía venden en España. Concretamente, Repsol aportará más de 42 millones al fondo, mientras que Endesa contribuirá con más de 29 millones y Gas Natural Fenosa con casi 27 millones. Además destaca la aportación al fondo por parte de Cepsa, con más de 23,6 millones, e Iberdrola, con casi 15 millones.

La aportación obligatoria al fondo, creado en 2014, se establece, conforme a la metodología diseñada por Industria, en proporción al volumen de ventas de energía. En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida a nivel nacional para su posterior distribución al por menor y a consumidores finales durante 2015.

Andalucía abre el 15 de mayo el plazo para solicitar ayudas para mejorar la eficiencia energética de los edificios

EFE.- La Junta de Andalucía abrirá el próximo 15 de mayo el plazo para que los ciudadanos, las pymes y las entidades locales soliciten las nuevas ayudas a la mejora energética de edificios e infraestructuras. Esta convocatoria, dotada con 163,7 millones de euros para los próximos cuatro años, financiará entre el 20% y el 85% del coste de proyectos de construcción sostenible y renovación de instalaciones de aislamiento térmico, iluminación y climatización.

El consejo de Gobierno autorizó una transferencia de 75,92 millones a la Agencia Andaluza de la Energía (AAE) para poner en marcha el Programa de Incentivos al Desarrollo Energético Sostenible 2017-2020, del que forman parte las ayudas. La línea de apoyo abierta ahora, denominada Construcción Sostenible, es la primera de las tres que componen el Programa de Incentivos, según explicó el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado.

Las otras dos líneas de ayudas, que también se convocarán antes del verano, son las de Pyme Sostenible, que saldrá este mes y va dirigida a impulsar un cambio de modelo energético en las pequeñas y medianas empresas, y Redes Inteligentes, en junio, para iniciativas de eficiencia y ahorro en las ciudades. Los tres bloques de ayudas suponen una aportación pública inicial de 227 millones, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que se sumará a los 400 ya invertidos desde 2009, y su despliegue conllevará la creación de unos 23.500 empleos hasta 2020.

Las ayudas a la construcción sostenible respaldan inversiones de ahorro, eficiencia, aprovechamiento de fuentes renovables, reforma y adaptación de infraestructuras urbanas de uso público y privado, incluido el residencial, con un total de 38 categorías de proyectos. Entre ellos destacan los relativos a aislamiento de cerramientos, suelos y ventanas; protección solar; soluciones bioclimáticas; autoconsumo mediante energías renovables, y climatización e iluminación. Con una dotación de 163,7 millones de euros, se prevé incentivar más de 50.800 obras de este tipo en los próximos cuatro años, que supondrán un ahorro en la factura energética de 1.400 millones.

La línea respalda inversiones a partir de los 500 euros, con un mayor porcentaje de cobertura para las que conllevan soluciones más complejas e integrales, de modo que una renovación de ventanas en un edificio antiguo se apoya con un 30%, pero si se acompaña de un aislamiento el incentivo sube al 45%. En los proyectos relacionados con la energía solar, la geotérmica, la bioenergía o el autoconsumo renovable, la financiación puede llegar al 85%. Por su parte, para iniciativas que se realicen en municipios de menos de 20.000 habitantes, los porcentajes oscilan entre el 60% y el 85%, llegando al 90% si la inversión se realiza a través de un contrato de servicios energéticos.

Igualmente se da prioridad a la incorporación de elementos que permiten un uso eficiente de los recursos naturales, como los de bajo coste de funcionamiento, los que mejoran las condiciones térmicas de las edificaciones y los materiales constructivos que proceden del aprovechamiento de la biomasa o el reciclaje. Desde el punto de vista social, se presta especial atención a los más afectados por la pobreza energética. También se recogen los incentivos para proyectos de ahorro, eficiencia y fomento del uso de renovables promovidos por las administraciones, incluidas en sus edificios.

Las ayudas a la construcción sostenible, al igual que las otras líneas del Programa de Incentivos, se canalizan a través de una red de empresas colaboradoras de la AAE que facilitan su acceso a los beneficiarios con garantías de control. Hasta el momento, se adhirieron más de 1.650 firmas, principalmente pymes, y se prevé llegar hasta las 8.000 cuando todas las líneas se encuentren operativas. En el anterior programa de Construcción Sostenible se incentivaron 36.000 proyectos, que generaron 17.000 empleos.

En cuanto a las otras convocatorias, la correspondiente a la línea Pyme Sostenible destinará 36 millones de euros a impulsar un cambio del modelo de gestión energético en estas empresas por otro más eficiente y competitivo. Así, se incentivarán, entre otros, proyectos relacionados con el aprovechamiento de renovables, biomasa y biocombustibles; sustitución de combustibles tradicionales por otros menos contaminantes. Finalmente, Redes Inteligentes cuenta con un presupuesto de 27 millones de euros para impulsar la transformación de las ciudades andaluzas con el apoyo a la recarga energética de vehículos alternativos basados en la electricidad o el gas; los estudios sobre demanda y gestión mediante nuevas tecnologías, o el control del consumo en equipamientos e instalaciones urbanas.

La petrolera británica BP sale de pérdidas y gana 1.325 millones de euros por el alza del precio del petróleo

EFE.- La petrolera británica BP anunció que su beneficio atribuido en el primer trimestre de 2017 fue de 1.449 millones de dólares (1.325 millones de euros), gracias al aumento este año del precio del crudo, con lo que deja las pérdidas del año anterior. BP indicó que estos resultados contrastan con las pérdidas atribuidas de 583 millones de dólares (533 millones de euros) obtenidas en el mismo periodo del año anterior.

Las ganancias se han producido una vez que el petróleo se situó este año un 35% por encima de su cotización de 2016. Según la petrolera, su beneficio antes de impuestos fue entre enero y marzo de 2.115 millones de dólares (1.935 millones de euros) frente a las pérdidas de 865 millones de dólares (795 millones de euros) en los tres primeros meses del año pasado. Los ingresos totales alcanzaron en el periodo los 56.386 millones de dólares (51.593 millones de euros), un alza del 43,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según BP.

La deuda neta de la empresa es de 38.600 millones de dólares (35.319 millones de euros), un 28,6% más frente a la cifra de 2016, por lo que la ratio de deuda, según BP, se situó en el 28%. Además, la empresa indicó que continúa con su plan de desinversiones y espera que este año se sitúen entre 4.500 a 5.500 millones de dólares (4.117-5.036 millones de euros). Entre otras cosas, BP informó de que los pagos relacionados con el vertido del Golfo de México fueron en el primer trimestre de 2.104 millones de euros.

La empresa señaló que su negocio continúa en ascenso y los volúmenes de ventas se han visto incrementados en el último año. BP resalta que ha abierto sus primeras gasolineras en México y espera ampliarlas en los próximos cinco años. Según la empresa británica, en el primer trimestre se halló gas en el este del Delta del Nilo, en Egipto, mientras que el proyecto Trinidad empezó sus operaciones en abril.

Total aboga por prolongar todo 2017 el acuerdo petrolero mientras la OPEP cree que alargarlo dependerá de las reservas

EFE.– El presidente de la petrolera francesa Total, Patrick Pouyanné, consideró que sería positivo prolongar al menos hasta finales de año el acuerdo para limitar la oferta de petróleo por parte de la OPEP y algunos otros países productores, en particular Rusia, que tiene vigencia hasta junio. En este sentido, la eventual extensión del acuerdo dependerá, sobre todo, de la evolución en las reservas industriales hasta que se celebre en Viena la reunión de la OPEP, programada el 25 de mayo.

Éste es el principal mensaje del secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohamed Sanusi Barkindo, que insistió en que «se está construyendo progresivamente el consenso», pero que «eso cuesta tiempo» teniendo en cuenta la implicación de 24 países. En París, en la 18ª edición de la Cumbre Internacional del Petróleo, Barkindo señaló que la proyección de la marcha de las reservas «será uno de los principales elementos de base sobre los que tomaremos las decisiones».

«Depende de los números», insistió, tras recordar que en el primer trimestre de 2017 las reservas industriales de crudo de los países de la OCDE se habían reducido en 275 millones de barriles, y de indicar que la referencia que tienen en cuenta es la media de esas existencias en los cinco últimos años. El comité ministerial que hace el seguimiento de ese pacto, suscrito en diciembre pasado presentará un informe en Viena sobre la situación del mercado y las proyecciones. El acuerdo, que tiene vigencia hasta junio, permitió generar un aumento de precios del barril de crudo, después del bajón que había sufrido en los dos años anteriores (hasta un 88% entre junio de 2014 y enero de 2016).

Aumenta el nivel de cumplimiento

El secretario general explicó que gracias al compromiso, sólo entre enero y febrero se retiraron 66 millones de barriles de crudo del mercado, e hizo hincapié en que el nivel de cumplimiento de sus objetivos ha subido conforme avanzaba el año. Así, de un nivel de conformidad del 87% en enero se pasó al 94% en febrero y al 98% en marzo, aseguró. Sobre las dudas de prolongar el pacto si se considera que ha sido beneficioso, Barkindo señaló que desde el principio se había puesto en marcha un comité ministerial para examinar el cumplimiento y la transparencia de todo el proceso, y esperar a la presentación de su informe en Viena el mes próximo.

El secretario general de la OPEP consideró que para estabilizar el mercado petrolero nadie puede actuar de forma aislada porque «es vital que esta cooperación continúe en próximos años» y «no apartar la vista» de los objetivos que se fijaron desde el principio. Esos objetivos son llevar las reservas industriales de crudo en torno a la media de los cinco últimos años, restablecer un ciclo de inversiones más largo y garantizar estabilidad en el mercado.

Total apoya prolongar el acuerdo

«Espero que esos países continuarán manteniendo la misma política», señaló Pouyanné, que admitió que Total está sacando provecho de esta situación, sobre todo por el ascenso del precio del barril. «Es importante reconocerlo. Nos estamos beneficiando de estas políticas», indicó. Según su análisis, la prolongación durante la segunda mitad del año de las restricciones a la oferta de crudo tendría un impacto sobre la reducción de las reservas industriales, que constituyen un freno a la subida del precio del barril. De extenderse el pacto, se mostró convencido de que los niveles de reservas disminuirán y se alcanzaría un precio de 60 dólares por barril, lo que «sería bueno para todos».

Pouyanné admitió entender que la OPEP pueda estar «decepcionada» por el hecho de que en paralelo a sus ajustes de producción, Estados Unidos, que no forma parte del pacto, haya aumentado fuertemente la suya, gracias al fracking. Pero hizo notar que si bien esos pozos se han podido poner en marcha rápidamente al calor del incremento del precio del petróleo, está convencido de que los costes de explotación van a aumentar, con los retos que plantea la logística, y además ese recurso no es suficiente para sustituir el petróleo convencional.

Saudi Aramco: se necesitará producción

El mundo necesitará dentro de cinco años la entrada en producción de pozos que aporten 30 millones de barriles de petróleo diarios para hacer frente al aumento de la demanda y al declive de los yacimientos actuales, según el presidente de la compañía estatal Saudi Aramco, Amin Nasser. Esa producción suplementaria tendrá que compensar también los recortes de inversión que se ha constatado últimamente, debido en particular a los bajos precios del petróleo, destacó Nasser.

De igual forma que hace años criticó el concepto del «pico» de los recursos petrolíferos, el momento a partir del cual las extracciones disminuirían por la falta de pozos suficientemente aprovisionados, ahora considera «errónea» la idea de que la demanda de crudo está a punto de llegar a su máximo. A ese respecto, el máximo responsable ejecutivo de la principal petrolera del mundo señaló que en 2050 habrá 2.000 millones más de habitantes y que las necesidades energéticas no van a disminuir, aun reconociendo el aumento del peso del gas y de las renovables. A su juicio, «todas las fuentes de energía serán necesarias» y el consumo de petróleo va a seguir aumentando en términos absolutos en un futuro previsible.

La Comisión Europea, España y Portugal sellan un acuerdo para la construcción del ATI de Almaraz al considerarse “seguro”

EFE.- El grupo de trabajo creado por el Gobierno portugués para valorar la futura construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos nucleares en la central española de Almaraz consideró que esta instalación es «segura» y «adecuada» y emitió un parecer positivo sobre el proyecto. Consecuentemente, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el primer ministro luso, António Costa, sellaron un acuerdo sobre la futura construcción del ATI en la central cacereña.

«Tras nuestra reunión en Malta el 3 de febrero y el amistoso acuerdo alcanzado a iniciativa del presidente Juncker, hemos llegado a un acuerdo sobre el caso de Almaraz», indicaron en un comunicado conjunto. Según dijeron, el acuerdo se basa «con solidez» en un conjunto de conclusiones operacionales que «sientan el camino para la implementación del acuerdo y ofrecen fuertes garantías para todas las partes».

«Gracias a la asistencia continuada y a la mediación de la Comisión Europea en este proceso, hemos llegado a un acuerdo en beneficio de todos», subrayaron, a la vez que recalcaron su «compromiso para implementarlo fielmente». Asimismo, trabajaron «en espíritu de buenas relaciones de vecindad» y de manera «constructiva, con la voluntad de encontrar soluciones pragmáticas». Igualmente, señalaron que acelerarán el trabajo del grupo de alto nivel sobre Interconexiones para el Suroeste de Europa y reiteraron su «firme voluntad de desarrollar proyectos europeos de interconexión que unan nuestros mercados energéticos«.

La construcción del ATI de Almaraz, situado a 100 kilómetros de la frontera lusa, provocó un incidente entre el Gobierno español y el portugués, que incluso llegó a interponer una queja ante la Comisión Europea al entender que España no había valorado el impacto transfronterizo del proyecto. Ambos países alcanzaron un acuerdo «amistoso» que preveía que Portugal retirase la queja y por el que España se comprometía a no hacer nada «irreversible» y a no autorizar el funcionamiento del almacén hasta que Lisboa estudiara la información pertinente sobre la infraestructura.

La Comisión Europea recordó que, tras una visita de las autoridades portuguesas y altos funcionarios comunitarios a Almaraz, las autoridades españolas «compartieron una cantidad sustancial de información detallada sobre aspectos medioambientales y de seguridad» del proyecto. El análisis del Gobierno portugués resultó en diferentes conclusiones y recomendaciones para responder a sus preocupaciones sobre los potenciales efectos transfronterizos del almacén. Esas recomendaciones fueron presentadas a las autoridades españolas y a los servicios de la Comisión Europea, que se mostraron de acuerdo con los asuntos abordados, apuntó el Ejecutivo comunitario. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aseguró entonces que las medidas que exigirá al operador abordarían la totalidad de las recomendaciones hechas.

La Comisión Europea indicó también que las partes han acordado asimismo continuar el intercambio de información sobre el almacén, y para ello España ya invitó a Portugal a nombrar a representantes que asistan a la reunión anual de información organizada en el municipio de Almaraz para informar al público sobre cuestiones relacionadas con la operación de la planta nuclear. Igualmente, las autoridades españolas acordaron compartir con las portuguesas cualquier otra información relevante sobre el almacén.

Portugal considera “segura” la construcción

«La construcción del ATI es una solución adecuada en términos de seguridad y almacenamiento, tomando como referencia patrones y prácticas internacionales», señaló el presidente de la Agencia Portuguesa del Medioambiente, Nuno Lacasta, que explicó que no se detectaron impactos transfronterizos para Portugal en situación normal de funcionamiento o en caso de accidentes «severos«.En cuanto al peligro sísmico, el grupo de trabajo considera que la construcción se llevará a cabo en una zona de «baja peligrosidad sísmica».Aun así, el grupo deja varias recomendaciones e insta a las autoridades portuguesas a que acompañen la evaluación que realicen el CSN y otras autoridades españolas en las fases futuras del proceso de construcción y operación del ATI.

La Junta de Castilla y León apoya la continuidad de Garoña porque es energía barata; Greenpeace pide el cierre definitivo

EFE / Europa Press.- Greenpeace considera que Endesa, accionista al 50% de Nuclenor, la empresa titular de la central nuclear de Garoña (Burgos) «falta al respeto a los ciudadanos, al Gobierno y al clima» al no desistir de su solicitud de operar hasta 2031. Por su parte, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha apostado por la continuidad de la central ya que es una fuente de producción de energía eléctrica barata y genera mil empleos en la zona.

Sin embargo, Del Olmo ha reconocido que las «perspectivas no son buenas» para la central ya que las empresas «no son ONGs» y si no les cuadran los números será «difícil que continúen». La consejera ha explicado que ha mantenido reuniones con las dos empresas y les ha animado a que «estudien muy bien los números y a que inviertan en Garoña«. «Si no quieren invertir habrá que solicitar a esas empresas que contribuyan al desarrollo de esas zonas, porque una de sus principales actividades es la central. Dejarían un amplio territorio sin una empresa de referencia y con un problema de empleo», ha agregado.

Del Olmo ha insistido en que el planteamiento de la Junta de Castilla y León es que «la central nuclear continúe», ya que «es una fuente de producción de energía eléctrica barata» y que «genera 1.000 empleos en la zona», aunque ha reconocido que «no hay instrumentos para forzar a las empresas a que continúen». Preguntada por posibles ayudas públicas para mantener la central, la consejera de Hacienda negó que «sea la forma de ayudar a las eléctricas», pues «tienen una capacidad económica suficiente para realizar esa actividad sin ayudas».

Los ecologistas arremeten contra Endesa

La portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha pedido al presidente de la eléctrica, Borja Prado, «respeto a los ciudadanos, al Congreso y al clima». «Parece que no piensan desistir del proceso de licencia de Garoña, tal y como le pidió Iberdrola, pero aún pueden cambiar de opinión, porque ha manifestado en varias ocasiones que mantendrá sus inversiones nucleares siempre que las centrales sean viables. Por eso, es mucho más coherente el desistimiento«, ha lamentado. La portavoz de Greenpeace ha subrayado que la decisión de Endesa no solo es de tipo empresarial sino que «va más allá» y tiene que ver con el modelo energético, con la vida del parque nuclear español y con el cambio climático».

A juicio de Montón, Endesa debe decir «adiós a Garoña«, una central que es “el vivo ejemplo de la especulación energética y del envejecimiento de la tecnología atómica”. Si Endesa retirara la solicitud, continuó Montón, sería una respuesta «muy buena», pero si continuarán adelante con la posible reapertura de la nuclear, estaríamos ante una posición de absoluta «debilidad» a las órdenes del Gobierno y jugando con una política energética cuyas decisiones nos competen a todos. Asimismo la portavoz ha pedido a Endesa que «concrete sus planes de transición hacia las energías renovables y el abandono de energías sucias», y para ello le reclamará que anuncie las fechas estimadas de cierre de sus plantas de carbón.

Según datos de esta organización, Endesa produce el 10% de todas las emisiones del país, más de 33 millones de toneladas de CO2, pero según se deduce de su plan estratégico solo dos de sus térmicas cerrarán antes de 2020, ya que no realizarán inversiones en ellas: Andorra (Teruel) y Compostilla (León). Endesa no ha planificado el cierre ordenado de sus térmicas de carbón, pero sí una reducción de emisiones que exige, tarde o temprano, el cierre de todos los grupos de Litoral (Almería), As Pontes (A Coruña) y Alcudia (Mallorca), en las que se quema carbón de importación, pero no detalla cuándo, según Greenpeace.

Ecologistas confía que prevalezca Iberdrola

Por su parte, Ecologistas en Acción confía y desea que, en «el pulso» entre Endesa e Iberdrola, se imponga finalmente la posición de la segunda porque considera que «es más racional». Así se pronunció el portavoz antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, respecto a la falta de acuerdo entre ambas compañías en el seno de Nuclenor, tras no alcanzar una postura común sobre el proceder en el proceso de solicitud de renovación de la central nuclear hasta 2031. «Asistimos a un pulso entre Iberdrola, que quiere desistir, y Endesa, que yo creo que no tiene claro que hacer, si seguir o no, y se lo está pensando», ha valorado.

En este contexto, no ve muchas opciones puesto que «si Iberdrola dice no, se trata de un bloqueo» porque Castejón no cree que Endesa vaya a comprarle a Iberdrola su mitad, que según calcula conllevaría pagar 250 millones de euros, sin garantías de que tras las inversiones, en un «corto periodo de tiempo» se produzca otra avería o, en el peor de los casos un accidente severo. «No creo que Endesa tenga muy claro seguir y mi deseo es que finalmente Iberdrola impondrá sus motivos porque hay una racionalidad detrás de lo que dice», aseguró.

Galán pide reducir de 3 a 1 año el plazo de antelación requerido para solicitar la prórroga de las nucleares

Servimedia / EFE.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pidió al Gobierno que reduzca de 3 a 1 año el plazo de antelación con que se debe pedir la ampliación de explotación de las centrales nucleares, ante la situación de incertidumbre que vive este energía en España. Sánchez Galán considera que antes de tomar este tipo de decisiones se necesita que el Ejecutivo defina claramente cuál será el papel que deben jugar las nucleares en el mix energético de los próximos años.

Esta demanda de Iberdrola no se relaciona con Garoña, ya que aboga por desistir de su solicitud de reapertura, y sí por las de Almaraz y Vandellós II, de las que debe solicitar su renovación este verano, tres años antes de 2020, cuando vencen los 40 años de concesión. En cuanto a las nucleares en su conjunto, Galán dijo que su filial en España sufre pérdidas desde hace varios años como consecuencia de los impuestos que gravan la energía nuclear y las obligaciones aplicadas a estas instalaciones. Ha indicado que «esto ha modificado el plan de negocio original», y considera que, al no saber cuándo desaparecerán las pérdidas, es complicado pedir permisos que se dan para plazos largos de tiempo.

Disposición a ampliar sus renovables

Por ello, en referencia a Almaraz y Vandellós II, Galán sostiene que es necesario que se defina la política energética para poder tomar una decisión que puede tener un impacto importante en la cuenta de resultados. «Hay que saber cómo se va a pagar para ver si se pueden cubrir costes y obtener algunos beneficios», apuntó. Por otro lado, mostró la disposición de la compañía a participar en la próxima subasta de renovables en España si las condiciones «son interesantes», ya que tiene «más que suficientes» proyectos en el país.

Posible fusión de participadas brasileñas

Por otro lado, Sánchez Galán ha indicado que la fusión de las empresas brasileñas Elektro y Neoenergía, en las que participa, es solo una de las alternativas que está analizando Iberdrola dentro de su estrategia en Brasil, pero «solo es una posibilidad«. Sánchez Galán ha confirmado que hay conversaciones, como ha habido en el pasado, pero «no se ha llegado a ningún acuerdo ni se ha firmado ningún documento vinculante».

«Es una de las posibilidades que venimos debatiendo desde hace tiempo con nuestros compañeros en Brasil», ha añadido Sánchez Galán, quien ha afirmado que el interés de Iberdrola por ese país «sigue estando vivo» y ha recordado que la compañía ha resultado adjudicataria, a través de su filial Elektro, de proyectos por valor de alrededor de 250 millones de euros.

El sistema eléctrico registra un déficit de 99 millones de euros en 2016 a falta de la liquidación definitiva

Redacción / Agencias.- El sistema eléctrico registró un déficit de tarifa provisional de 99,42 millones de euros en la decimocuarta liquidación de 2016 elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), frente al desajuste positivo previsto de 25 millones de euros y 111 millones de euros recogidos en las órdenes de peajes de 2015 y 2016. El organismo presidido por José María Marín Quemada destaca que este desajuste provisional es debido a que los ingresos son inferiores a los previstos.

Dado que las liquidaciones se realizan en función de los consumos y que el consumo total de un año no se conoce hasta dos meses después de haber finalizado el ejercicio, se producen 14 liquidaciones provisionales acumulativas a cuenta. Además, antes del 1 de diciembre del año siguiente al que corresponda la liquidación hay que efectuar la liquidación definitiva con los datos que se tengan en ese momento. Concretamente, los ingresos por la Ley 15/2012 de medidas fiscales y de subastas de CO2 asciende a 2.089,2 millones de euros en la liquidación, frente a las previsiones de 3.155 y 2.740 millones de euros, respectivamente, recogidas en las distintas órdenes de peajes de 2015 y 2016.

La demanda en consumo registrada en la liquidación fue de 238.493 gigavatios hora (GWh), un 0,2% superior al valor promedio observado en años anteriores, mientras que los ingresos por peajes de acceso de consumidores resultaron 46,6 millones de euros inferiores a los previstos. El coeficiente de cobertura de la liquidación se situó en un 99,29%, debido a que los ingresos son inferiores a los costes. Por su parte, la liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada por las renovables y cogeneración en 2016 ascendió a 6.397 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en esta liquidación ascendió a 151,4 millones de euros, antes de IVA o impuestos.

En lo que se refiere al sector gasista, registró un déficit de 108 millones de euros, frente al desajuste de 23 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.853 millones de euros, que es un 0,9% superior al mismo periodo del 2016. La demanda nacional de gas en 2016, facturada hasta febrero de 2017, asciende a 320,2 teravatios hora (TWh), lo que supone un aumento del 2,4%.

207 millones mejor hasta febrero

En lo que respecto a la liquidación provisional del sector eléctrico de 2017 hasta febrero, el déficit del sistema eléctrico ascendió a 1.019 millones de euros, lo que supone una evolución 207 millones de euros mejor a la prevista. Los costes regulados en esta liquidación fueron 91,6 millones de euros inferiores a los previstos debido, principalmente, a unos menores costes de retribución específica peninsular de la producción renovable y cogeneración en 42,5 millones de euros y de la retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 51 millones de euros. El coeficiente de cobertura se situó en el 55,93%, situación que se corregirá en las siguientes liquidaciones, indicó el regulador, que advirtió la escasa relevancia de esta liquidación.

La CNMC ha gestionado la liquidación de 63.692 instalaciones con derecho a retribución específica. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación con cargo al sector eléctrico es de 477,414 millones de euros, antes de IVA o impuestos. Dado que no se ha recibido ningún ingreso del Tesoro Público no ha sido posible el abono de la partida con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de la retribución a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares, indicó el organismo.

En lo que respecta al sistema gasista, registró un déficit de 127 millones de euros a febrero, un 30,2% inferior a los 182 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 74,8% de la retribución acreditada. La demanda nacional de gas en esta liquidación asciende a 50 TWh y es un 15,3% superior a la del periodo mismo periodo de 2016, debido principalmente al descenso de la temperatura media en enero respecto al año anterior y a la menor participación de la eólica y la hidráulica en el mix de generación de este mes.

Red Eléctrica nombra a Arsenio Fernández de Mesa miembro de la Comisión de Auditoría

EFE.– El consejo de administración de Red Eléctrica ha designado al exdirector de la Guardia Civil y exdelegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, como miembro de la Comisión de Auditoría, después de aprobarse su nombramiento como consejero independiente. Red Eléctrica ha notificado, en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que Fernández de Mesa ha sido elegido por un plazo de tres años y cubre la vacante que dejó el consejero dominical Santiago Lanzuela.

Fernández de Mesa fue propuesto para ser consejero independiente para cubrir la vacante dejada por Agustín Conde, que había sido alcalde de Toledo, presidente del PP de Castilla-La Mancha y senador, y que en noviembre del año pasado fue nombrado secretario de Estado de Defensa. En la última junta de accionistas de Red Eléctrica, el nombramiento de Fernández de Mesa fue aprobado con un 96% de votos a favor. Además, el consejo de administración ha acordado designar a Santiago Lanzuela y a Alberto Carbajo como miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, también por un plazo de tres años, para cubrir dos vacantes existentes.

Navia advierte de que «sería kamikaze» intentar forzar la transición energética con mayores recursos desde los Presupuestos Generales del Estado

Europa Press.- Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 destinarán 3.746 millones de euros, 149 millones menos que en 2016, a la financiación de los costes del sistema eléctrico, según el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que advirtió de que «sería kamikaze» intentar forzar la transición energética más allá de los ritmos lógicos que se derivan de la tecnología, por lo que rechazó las críticas a los Presupuestos por ser poco ambiciosos en esta materia.

Así se expresó Navia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados, durante su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento para 2017. En cuanto a la transición energética, defendió que se debe hacer «de forma gradual» y añadió que «el papel fundamental no corresponde a los Presupuestos». En esta línea, afirmó que «incluso con presupuestos ilimitados sería imposible porque no sabemos cómo van a estar las distintas tecnologías en los próximos 3, 4, 10 o 20 años».

Por ello, apuntó que dicho proceso se debe gestionar desde la evolución de la tecnología, del interés del mercado y de la contribución pública. A este respecto, criticó el apoyo a las renovables de años anteriores, que calificó de «una apuesta tecnológica y financieramente muy ambiciosa por una tecnología no madura de la que estamos pagando las consecuencias con 9.000 millones de euros al año».

El área de Energía cuenta para 2017 con un presupuesto de 4.246,7 millones de euros, de los que 3.746 corresponden a la financiación de costes del sistema eléctrico, que incluyen las ayudas a las renovables, transporte, distribución, ayudas a las extrapeninsulares y el pago de la deuda. De estos 3.746 millones, 360 millones provendrán de las subastas de gases de efecto invernadero, 2.650 millones a diferentes tributos que gravan actividades de generación eléctrica y residuos, y 736 millones serán aportados para compensar los extracostes de generación en los sistemas extrapeninsulares.

Navia señaló que el presupuesto de la Secretaría es suficiente para llevar adelante las prioridades de política energética del Gobierno, pese a haber sido hechos en «un marco de rigor presupuestario». Entre las acciones previstas en materia de eficiencia energética, Navia citó diferentes partidas, como los 59 millones de ayudas para la rehabilitación de edificios o los 50 millones para financiar actuaciones de apoyo a la movilidad eficiente y sostenible.

A la minería del carbón se destinan 273,4 millones de euros. Este presupuesto corresponde a una transferencia desde Energía al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. La principal partida está asociada a medidas sociales (prejubilaciones y bajas indemnizadas). Las ayudas a la producción serán de 38,5 millones y para la restauración medioambiental de las zonas en que se cierren minas serán de 25 millones. Para sufragar el marco de protección social a los trabajadores, el presupuesto será de 247 millones de euros, 245 millones para prejubilaciones y 2 millones para bajas incentivadas.