Luis Albentosa denunció la falta de transparencia del sector eléctrico en España, la falta de capacidad política y funcional del Ministerio de Industria, la regulación mediante la utilización abusiva del Real Decreto-Ley e incluso mediante fe de erratas. También incidió en varios momentos de su conferencia al mantenimiento de la tarifa eléctrica y al papel de Red Eléctrica como “suplantador” del regulador del mercado.
El discurso de Albentosa tuvo lugar 28 días antes del décimo aniversario de la ley 54/1997, del sector eléctrico. El consejero destacó la importancia de esta norma por cuanto introducía de ruptura en el modelo de entender el funcionamiento del sector eléctrico, cuya novedad principal era la introducción de competencia, su liberalización medidante la introducción del “unbundling” (separación de actividades), la actividad de comercialización y los Costes de Transición a la Competencia, entre otras.
En un análisis nada inocuo de la situación del mercado eléctrico en España, Albentosa denunció, con cierta ironía, la utilización abusiva que se ha hecho en España del Real Decreto Ley. Así, se refirió a normas concretas, como la 4/2006, que “hiere de gravedad a la CNE, y fue elaborada ad-hoc para evitar que E.On se quedase con Endesa”. O el RDL 7/2006, que supone la “desaparición vergonzante” de los CTC (costes de transición a la competencia), pues, aunque había llegado el momento de que desaparecieran, según el consejero, deberían hacerlo “de forma coherente”. En este sentido, destacó la modificación del contenido de la función decimocuarta de la Comisión Nacional de Energía que, según Albentosa que, a su juicio, sólo ha servido para dejar el prestigio del regulador “hecho jirones».
Albentosa explicó que existen tres fuentes de problemas importantes en España que impiden un normal y libre desarrollo del mercado eléctrico: un insuficiente y deficiente desarrollo de las redes eléctricas, el déficit tarifario y el papel de los reguladores y la calidad de la regulación.
“La red de transporte no es deficiente, pero sí insuficiente”, señaló Albentosa, añadiendo que el apagón de Barcelona “puso de manifiesto las carencias” de la misma. El consejero señaló que “es necesario invertir muchísimo en redes”, aunque reconoció la dificultad de estas inversiones en un marco de crecimiento de la demanda acompañado de desplazamientos de población, y además, en determinadas épocas del año, como consecuencia del turismo. Aun así, se mostró muy duro con las obligaciones del operador de transporte del sistema eléctrico, señalando que lo que debe hacer es “arreglar el problema, no justificarlo, y desde luego, no permitir que se perpetúe durante años”.
Además del déficit de inversión en redes, Albentosa señaló que la ley 17/2007 “se ha elaborado con nocturnidad” a la hora de consagrar una definición técnica de las redes, en lugar de una definición funcional. Según explicó, las redes de transporte son de 400 kV, y algunas de 220 kV. Sin embargo, algunas de las de 220 kV están en las ciudades y no les corresponde ser redes de transporte, ya que lo que debe definir a una línea como de transporte o distribución son las circunstancias y funciones de la propia línea.
De nuevo en referencia directa a Red Eléctrica, Albentosa denunció que no sólo sea monopolista, sino que además pretenda ser monopolista único, y transportista único, luego doblemente monopolista. En este sentido, el socialista explicó que un operador del sistema independiente (ISO) es una figura esencial en un sector eléctrico liberalizado, y se expresó esperanzado en que el ISO “sea realmente independiente y se desgaje de REE”. El Consejero de la CNE también arrojó luz sobre las injerencias de Red Eléctrica en temas regulatorios y acusó al operador del sistema de “suplantar” al regulador. “El transportista no puede marcar de forma camuflada las directrices del desarrollo eléctrico”, sentenció.
Tampoco ocultó que existan intereses en fortalecer la posición de Red Eléctrica (lo que está suscitando las antipatías del sector eléctrico, y favoreciendo una rarísima unión de todo el sector) vía Boletín Oficial del Estado. “Red Eléctrica debería estar al servicio de la competencia, y lo que está ocurriendo es que el operador del sistema está al servicio del transportista”.
A Alberto Carbajo, director general de operación de Red Eléctrica, presente en la sesión, se le empezaba a erosionar el buen humor. Los constantes ataques de Albentosa no parecían dejarle indiferente, y en la primera fila se cortaba el ambiente con un cuchillo. Pero no fue el único aludido, ya que a Albentosa no le faltaron palabras para ninguno de los anteriores ponentes, entre ellos María Luisa Huidobro, presidenta de OMEL.
Albentosa atajó el que en su opinión es el segundo gran problema, la tarifa eléctrica: la decisión “injustificada” de mantener una tarifa artificial, dando la apariencia de protección al consumidor. «Sin embargo, las eléctricas no dejan de cobrar, y la diferencia la pagarán las generaciones venideras», aseguró. El consejero de la CNE también estableció que la tarifa eléctrica ha sido la responsable de acabar con la actividad de comercialización en España, “la que iba a introducir la verdadera competencia del sector”, así como sus efectos benéficos.
La “debilidad política y funcional” de Industria
Y el tercer gran problema: el relativo a la regulación. En un sistema en el que lo principal es la libertad de empresa, unos reguladores competentes y una buena regulación son fundamentales. Aquí, Albentosa hizo una distinción entre el regulador principal (Ministerio de Industria) y el regulador independiente (CNE). Y, al igual que con Red Eléctrica de España, Albentosa señaló directamente con el dedo al Ministerio de Industria y a la Secretaría General de Energía. Les acusó, sin eufemismos, de “adolecer de debilidad política y funcional, de ser políticamente muy débiles. La energía es un tema suficientemente importante como para tener un rango superior al de una Secretaría General; debería ser, como mínimo, un asunto de Secretaría de Estado”.
La debilidad política y funcional que, según Albentosa, caracteriza al actual Ministerio de Industria, provoca que se producen constantes enfrentamientos entre los ministerios a la hora de abordar las cuestiones tan complejas que afectan al sector eléctrico, cuando son elementales para el interés nacional.
El consejero no dejó de lado asuntos como los nombramientos, tanto de los miembros del Consejo como de los propios directivos, o el hecho de que los mandatos al frente del regulador no deberían de repetirse. También se quejó de la falta de audiencias o “hearings”, en los que el candidato, lejos de ser elegido sin más, exponga públicamente sus aptitudes y su visión sobre la situación.
Por enésima vez, señaló que los gobiernos sitúan al frente de los reguladores a determinadas personas “como premio de algo”, más que para que cumplan su función al frente del regulador. Y en cuanto al nombramiento de directivos, denunció que desde hace un año, se modificó la norma que obligaba a que fueran nombrados por todo el Consejo, permitiendo que sólo tres de los nueve miembros del Consejo pudieran nombrar a los nuevos directivos, lo cual “pone en entredicho la independencia del regulador.”
A Albentosa no le faltaron, tampoco, palabras para el proceso de adquisición de Endesa. “La CNE adolece de un fuerte descrédito social después de la opa de Endesa; le va a costar mucho recuperarse de esa erosión”.
En el contexto de la valoración de las decisiones del Consejo de Administración de la CNE por parte del Gobierno, Albentosa señaló que el Ministerio de Industria «desautoriza y rechaza» de forma constante las decisiones del Consejo, mientras que sí valora al personal técnico. En este sentido, fue claro: “El gobierno tiene que ser coherente y disolver el Consejo de la Comisión; lo que no se puede hacer es seguir engañando a la gente” (en la apariencia de que se tiene en cuenta la opinión del Consejo, cuando posteriormente la vía de recurso ante el Ministerio desbarata las posiciones del mismo).
En lo que respecta a la forma de regular y de definir una estrategia política del sector energético, las palabras de Albentosa no fueron más dulces. Por un lado, apuntó a la ausencia de una visión de enfoque estratégico. Por otro, a la existencia de una regulación inconsistente, caracterizada por el cambio e interpretación de normas, que afectan de lleno a la seguridad jurídica, que proyecta una gran incertidumbre sobre los agentes económicos, como la liquidación 2006, pendiente de lograr un análisis del R.D. 436/2004. No dejó de lado las “fes de erratas” con que se han corregido algunas normas ya publicadas, lo que calificó de “lamentable”. En su opinión, el que regula debe “prever los comportamientos derivados de las leyes que se aprueban” y también “contar hasta tres antes de dar salida a una nueva ley, pensando dos veces en sus consecuencias”. En suma, la formulación y ejecución de la regulación resulta “desordenada” en su conjunto, aparte de altamente proteccionista.
Poco tardó Alberto Carbajo en espetar su postura sobre las acusaciones de Albentosa. Efectivamente, los ánimos estaban que ardían, como confirmaron sus palabras en una breve despedida en la que faltó tiempo para lanzar preguntas a los ponentes. Acusó al anterior ponente de «tener una fijación enfermiza con REE; y sus afirmaciones son gratuitas y sin consistencia”. No hubo tiempo de decir mucho más. Complicado es pensar que tan intenso discurso pueda estar basado en afirmaciones gratuitas e inconsistentes, por lo que fue una lástima no poder escuchar los contra-argumentos de Carbajo. Habrá que esperar a otra ocasión.
