La investigación de Competencia se refiere a prácticas relacionadas con la obstaculización del acceso de datos de clientes por parte de las comercializadoras, el diseño de modelos de contratos y pactos de precios entre las grandes eléctricas, que utilizaron a Unesa como foro de coordinación.
La labor de los investigadores de la CNC forma parte del expediente abierto por el organismo en junio del año pasado contra Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.On, que a finales del año pasado se amplió a la propia Unesa e incluyó registros domiciliarios.
En el momento de incluir a la patronal en el objeto de sus pesquisas, el organismo presidido por Luis Berenguer aludió a «una estrategia de coordinación en el sector eléctrico tendente, entre otros objetivos, a la obstaculización del cambio de suministrador de electricidad».
Además, advirtió de prácticas de «suspensión temporal a terceros, por parte de las distribuidoras de estos grupos empresariales, del acceso a los datos telemáticos necesarios para gestionar el cambio de compañía suministradora de los consumidores finales».
Estas prácticas se realizaron en un momento crítico para la competencia, ya que coincidieron con la puesta en funcionamiento de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz y con el inicio de actividades de las comercializadoras de electricidad en el mercado libre.
El diario Cinco Días, que adelanta el contenido del pliego de concreción de hechos de la CNC, indica que los investigadores entienden que las eléctricas, «valiéndose de Unesa», consensuaron «posiciones comunes sobre muy diversas cuestiones de trascendencia en el proceso de introducción de la competencia en los mercados eléctricos, algunas de ellas objeto de una incesante actividad legislativa».
Junto a esto, recuerda que la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) establece sanciones mínimas de 10 millones de euros para quienes infrinjan su artículo 1, cuya vulneración se considera «muy grave».
El detonante de la investigación ahora ampliada fue la presentación en febrero de 2008 de un recurso por parte de Unesa ante la Audiencia Nacional en la que se pedía la suspensión y anulación de la disposición de la orden ministerial de las tarifas eléctricas de enero de 2008 en la que se aludía al Sistema de Información de Puntos de Suministro (SIPS).
Competencia apreció en aquel momento indicios de infracción de la LDC, ya que podría haber existido «un acuerdo para presentar un recurso ante la Audiencia Nacional» solicitando una medida conjunta contra el SIPS.
Estas empresas habían solicitado el acceso al SIPS, pero sus peticiones fueron denegadas por las cinco grandes distribuidoras eléctricas, que adujeron su deber legal de proteger datos personales y la existencia del recurso pendiente ante la Audiencia Nacional.
La OCU ve inaceptable actuación de las eléctricas
Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha calificado de «inaceptables y de una gravedad total y absoluta» las supuestas prácticas restrictivas de la competencia que han llevado a cabo las eléctricas, por entender que perjudican los intereses de todos los consumidores.
Por este motivo, OCU denuncia que una liberalización sin competencia es «peor que un monopolio» y esto es lo que, según asegura, ha venido sucediendo en el sector eléctrico español desde que se inició la «apertura» de estos mercados.
«Estas informaciones corroboran lo que los estudios de la OCU vienen poniendo de manifiesto desde hace años: la liberalización no se ha traducido en mejoras, ni de precio ni de calidad para los consumidores, porque no existe competencia real en los mercados energéticos«, agrega Ileana Izverniceanu, portavoz de la organización.
A la plataforma le parece «intolerable» que se haya puesto trabas a la libre competencia, utilizando «artimañas» tales como, según afirma la CNC, el cierre del acceso a los datos para que el consumidor no pueda cambiarse de suministrador, modelo único de contrato y la eliminación de la información esencial en la factura que recibe el consumidor.
Resulta especialmente «grave» este hecho en un sector en el que, en el último año, se han incrementado las reclamaciones de los consumidores en más de un 180%, alega Izverniceanu.
La organización ha expresado su apoyo al trabajo de la CNC, a quien anima a que siga «en la senda de la defensa de la competencia, ya que ésta es una de las herramientas más preciadas que tienen los consumidores para hacer valer sus derechos».
