Estos consumidores, que son penalizados en su recibo con un recargo del 20% sobre la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) vigente, habían pagado 88 millones de euros «de más» por la electricidad consumida hasta agosto, según la última liquidación realizada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
Los clientes de alta tensión deben estar obligatoriamente en el mercado libre desde el 1 de julio de 2008, en tanto que los usuarios de media y baja tensión con potencias contratadas superiores a los 10 kilovatios tienen que hacerlo desde julio del año pasado, cuando comenzó a aplicarse la TUR, la única tarifa que desde entonces fija el Gobierno.
Fuentes del Ministerio de Industria apuntaron que aunque, en principio, el Ejecutivo no tiene previsto conceder a estos usuarios una nueva prórroga para hacer el cambio, aún es pronto para descartar esta posibilidad.
En caso de que no se apruebe dicha prórroga, las comercializadoras podrán dar por rescindido el contrato con el consumidor indebidamente acogido a tarifa y, por tanto, cortarle el suministro.
No obstante, no podrán dejar sin luz a servicios esenciales, como hospitales, alumbrado público, suministro de agua para consumo humano, instalaciones militares o policiales, centros penitenciarios, transportes públicos o servicios funerarios.
Fuentes del sector explicaron que muchos de los puntos de suministro de alta tensión pendientes de pasar a mercado corresponden a organismos y administraciones públicas que tienen una menor movilidad a la hora de hacer cambios y que deben convocar concursos para adjudicar contratos.
En otros casos, el problema radica en que, dado su historial como clientes acogidos a tarifa, las compañías que operan en el mercado libre los consideran «malos pagadores» y no les ofrecen contratos por morosos.
El año pasado, el Consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) analizó las dificultades para contratar el suministro de energía eléctrica en el mercado liberalizado que estaban afrontando muchas entidades locales y otras administraciones públicas.
La CNE abrió varios expedientes informativos y, en su resolución en julio, propuso que las comercializadoras que operan en el mercado libre puedan exigir avales a clientes de «alto riesgo comercial por morosidad».
El regulador planteó esta medida como solución al problema de los hogares y pequeños negocios con deudas que no pueden acceder al mercado libre de electricidad porque las empresas comercializadoras se niegan a firmar con ellos contratos de suministro.
La exigencia de avales no afectaría a la administración pública porque, según la CNE, ya cuenta con las suficientes garantías de pago mediante los intereses de demora, la suspensión de cumplimiento de contrato y el derecho a resarcimiento de perjuicios.
Ante el elevado número de puntos de suministro indebidamente acogidos a tarifa, la CNE también estimó necesario reestructurar y actualizar toda la normativa vigente, así como simplificar los pliegos de los concursos de las Administraciones Públicas.
La CNE también abogó por una mayor información a los clientes e instó a los comercializadores a remitirles escritos con información «clara y sencilla» sobre la situación en que se encuentran.
El 1 de julio de 2008 desaparecieron todas las tarifas reguladas de alta tensión y en julio de 2009 ocurrió lo mismo con las de media y baja tensión, salvo para los usuarios con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios (unos 25 millones hogares y pequeños negocios), que pueden escoger entre acudir al mercado o acogerse a la TUR.
