El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) examinó el Boletín semanal del mercado de electricidad correspondiente a la semana entre el 13 al 19 de noviembre.

En el Boletín se analiza la evolución diaria, semanal y anual de los precios horarios habidos en los mercados, diario e intradiarios, así como en los servicios de ajuste.

Durante la semana de estudio se ha alcanzado un nivel de acoplamiento de los precios en el Mibel (Mercado Ibérico de Energía) del 89% de las horas.

Durante un foro sectorial organizado por el Club Español de la Energía, Carmen Becerril ha afirmado que «el déficit de tarifa tiene muchas causas y orígenes, y necesita de un análisis muy global» que aborde «todos los costes del sistema eléctrico y cómo se producen», sin caer en la «simplificación» de culpar a las renovables.

De hecho, advirtió de que, «si se mira alrededor», se podrá apreciar que «las subvenciones cruzadas y los costes hundidos no están precisamente en las renovables». Además, recordó que en 2008, el año en que más déficit de tarifa hubo, de 5.200 millones, las prima a las renovables se situaron en 2.400 millones, lo que supone casi la mitad de los niveles actuales.

«En realidad, uno de los problemas de las renovables es que son el mecanismo de retribución más transparente que hay, en el que la cuenta sale nítida y meridiana y todo el mundo sabe cuánto cuesta la fotovoltaica«, afirmó Becerril, antes de precisar que su empresa no tiene intereses en esta última tecnología.

Por otro lado, lamentó la «incertidumbre» regulatoria en el sector de las renovables y el «triste espectáculo» con el que se revisan en cuestión de meses documentos oficiales sobre esta materia. Como ejemplo, recordó que los objetivos de renovables en 2020 del Pacto de Zurbano se modificaron primero en el Plan de Acción de Energías Renovables (Paner) y, hace apenas unos días, en la Subcomisión de Energía del Congreso.

«La incertidumbre de que la planificación pueda cambiar en tres meses es una señal de poca solidez«, señaló, antes de advertir de que «España está proyectando hacia fuera una sensación de debilidad del sistema jurídico y provocando falta de credibilidad».

Por último, pidió al Gobierno que «abra la puerta a la eólica marina» para que las empresas españolas no pierdan su liderazgo y para que sus «tecnólogos» puedan ser también «competitivos» y «llevar un nuevo modelo de desarrollo fuera de las fronteras».

Por su parte, González Vélez lamentó que la regulación califique a las renovables de «sobrecoste» del sistema, cuando son en realidad «un coste más», y pidió que el Gobierno deje de hacer «política económica con las tarifas» y que la tarifa regulada se limite exclusivamente a un pequeño grupo de consumidores con necesidades.

Sobre el déficit de tarifa, negó que las primas a las renovables puedan considerarse la causa de este problema y mostró un cuadro en el que se aprecia que no existe una relación entre el aumento del desajuste del sistema y los mayores incentivos ‘verdes’. «Es una evolución completamente errática y el importe del déficit no tiene ninguna relación con el importe de las primas», afirmó.

Otro de los ponentes del foro, el presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), José Donoso, lamentó la «imagen penosa» de España a nivel internacional por su incertidumbre regulatoria y defendió la aportación de la energía eólica a la economía. También afirmó que incentivar esta fuente de generación no «penaliza» la competitividad, sino que responde a una «política de estadista».

Donoso recordó además que las primas a las renovables no se crearon como una subvención, sino que fueron el incentivo con el que se evitó, como pretendía la Unión Europea, que las energías que emiten más CO2 pagaran una tasa por contaminar. «A nadie le pareció una amenaza en ese momento, pero en cuanto empezamos a crecer comenzaron a cuestionarnos», señaló.

El resultado de esta puja servirá para fijar uno de los dos principales componentes de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz, referido al coste de la electricidad, cuyo peso ronda el 50% en la fórmula final.

El otro componente, el de los costes regulados del sistema eléctrico, se integra en la fórmula a través de la tarifa de acceso y debe ser calculado por el Ministerio de Industria.

La subasta de diciembre se celebrará después de que la última puja, la de septiembre, arrojase una subida del 5,6% que, tras varios ajustes posteriores, se situó en el 11%. Este incremento, acompañado de una congelación de peajes, condujo al Gobierno a aplicar una subida final de 4,8%.

Esta subida fue la segunda del año, después de que en enero se aplicase un incremento del 2,6% y de que en julio Industria y el PP pactasen una congelación. La TUR afecta a cerca de 24,9 millones de consumidores con menos de 10 kilovatios (kW) de potencia contratada que no hayan querido contratar el suministro en el mercado libre.

En la decimotercera subasta Cesur se colocarán entre las comercializadoras de último recurso 8.132 megavatios (MW) de electricidad base para el próximo trimestre, así como otros 306 MW de electricidad punta, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del sábado.

La puja se realiza mediante un mecanismo de reloj descendente. En este caso, el precio máximo de apertura, que deberá ir abaratándose en cada ronda, será de 65 euros por megavatio hora (MWh) para el producto base y de 75 euros por MWh para el punta.

En la anterior subasta, el producto base se colocó a un precio de 46,94 euros por MWh, mientras que el punta marcó un precio de 53 euros por MWh. Esta electricidad fue adquirida por las cinco compañías capacitadas para ofrecer la TUR, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.On y HC.