Durante una intervención en una conferencia titulada «Incidencia del precio de la energía eléctrica en el consumidor» y organizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en la que se explicó cómo incide el precio de la electricidad en los consumidores, Pedro Rivero aseguró que el recibo eléctrico debe reflejar los menores costes posibles, los de competencia, y de no ser así, habrá que apostar por otro modelo y eliminar el mercado.
En su opinión, el resultado de la subasta Cesur que se celebró el pasado martes, y que arrojó una subida de entre un 1,86%, en el caso de la carga punta, y un 4,53%, en la carga base, su componente principal, hasta los 49,07 euros y 53,99 euros el Megavatio hora (MWh), anuncian un «mal futuro» porque indican que los precios de la electricidad para los próximos tres meses van a subir.
Asimismo, reconoció que la subasta, uno de los componentes económicos que establecen el cálculo de la tarifa de último recurso (TUR), la única que fija el Gobierno desde el 1 de julio de 2009 y a la que pueden acogerse los consumidores que tengan contratada una potencia inferior o igual a 10 kilovatios (kW), no ha encarecido el coste de la electricidad «por las nubes».
En este sentido, explicó que la subida parece mayor porque el coste de la electricidad en las anteriores subastas era «muy bajo» y agregó que ya ha concluido la época de los combustibles mundiales baratos y por tanto, este encarecimiento repercutirá directamente en el coste de la electricidad.
Además, se mostró contrario a que el Ejecutivo congele para enero los peajes de acceso que representan prácticamente la mitad del recibo, que pagan todos los consumidores de electricidad y que remuneran los costes regulados del sistema eléctrico, como las primas a las renovables, el transporte o la distribución.
Por ello, subraya que la «realidad es la realidad» y por tanto, la tarifa debe subir en consonancia con los costes porque si no, falseamos la verdad y tenemos «pan para hoy y hambre para mañana».
El ex presidente de Unesa, quien fue sustituido por Eduardo Montes, aseguró además que la rentabilidad de la actividad eléctrica en España fue de un 5,4% en 2009 y será similar al cierre del año, una cifra que, sin embargo, está muy por debajo de la media europea.
Además, insistió en que en el «mix» energético futuro, que en su opinión va a ser más «complejo, más caro y más limpio», todas las tecnologías son necesarias aunque «no conviene no exagerar en ninguna de ellas».
Por otro lado, insistió en la importancia que tienen las interconexiones eléctricas de España en un mercado europeo común, en el exceso de potencia actual como consecuencia de la caída de la demanda eléctrica y en las primas a las renovables, que representan el 47% del total de la factura frente al 24,8% que supone la propia generación eléctrica.
En este contexto, se preguntó quién debería pagar los incentivos que necesitan estas tecnologías, si los consumidores vía tarifa o si deberían ir recogidos en los Presupuestos Generales del Estado.
La OCU pide al Gobierno que congele la tarifa eléctrica
Por su parte, la OCU pidió al Gobierno la congelación de las tarifas de acceso y de la TUR (Tarifa de Último Recurso) durante los próximos meses, dada la precaria situación económica de muchos consumidores domésticos.
La organización de consumidores consideró que los incrementos anuales producidos desde 2008, año en el que los consumidores empezaron a sufrir las consecuencias económicas de la crisis, y que suman un 35,7%, son lo suficientemente importantes como para que durante 2011 no se acometan cambios en la tarifa.
Del mismo modo, exigió que el Gobierno mantenga la TUR en las condiciones actuales, es decir, que puedan optar a esta tarifa los usuarios que tengan contratados hasta 10 KW, hasta que no se garanticen las condiciones adecuadas de competencia y transparencia en el sector.
Por otro lado, la OCU destacó la necesidad de que se acometan las inversiones necesarias en infraestructuras para evitar futuros cortes de suministro tan importantes como el acontecido en Barcelona en 2007.
En este asunto, siendo ya firme la sentencia contra Red Eléctrica de España y Endesa, la OCU comenzará en breve a realizar el llamamiento a los más de 200.000 afectados que aun no han cobrado las compensaciones para que obtengan su indemnización, lo que supondría para Endesa el desembolso de más de 40 millones de euros.
