Durante su intervención ante la Comisión Mixta, Antoni Peris remarcó que el gas natural es el combustible fósil de menor impacto ambiental tanto en su extracción, acondicionamiento, transporte y utilización.

Peris hizó estas afirmaciones basándose en las conclusiones del estudio «Contribución del sector gasista a los objetivos del Paquete Verde de la Unión Europea«, elaborado por la firma Garrigues Medio Ambiente y la Universidad Pontificia Comillas.

El presidente de Sedigas recordó que las centrales de ciclo combinado de gas tienen unas emisiones entre un 40% y un 50% menores que las de carbón y cerca de un 30% menores que las del fuelóleo.

Además, insistió en que sólo una tecnología de respaldo flexible como la de los ciclos combinados de gas hace posible el incremento de energía renovable en nuestro país.

En este sentido, recordó que los ciclos combinados y la generación con origen renovable tienen un estrecho vínculo. «La alta variabilidad y baja predictibilidad de estas energías obliga a disponer de otras instalaciones como potencia de respaldo», señaló.

Presentó como ejemplo lo ocurrido el 8 de febrero de este año, cuando la generación a gas asumió el 30% de la electricidad generada. En ese mismo momento la energía eólica estaba generando sólo el 6% de la energía eléctrica del sistema.

Sin embargo, algunos días después, el 21 de febrero, se produjo la situación a la inversa. La energía eólica alcanzó una aportación máxima con un 34%, coincidiendo con el 12% asumido por los ciclos combinados.

«Cuando la energía eólica no puede asumir la demanda energética, el ciclo combinado actúa como potencia de respaldo, garantizando el suministro eléctrico», dijo.

Esta asociación, que agrupa a las empresas distribuidoras de Cepsa, explicó que las empresas del sector se encuentran «en jaque» debido a las condiciones de un mercado «intervenido» y recordó que las empresas deben servir el producto en un plazo de 48 horas sin capacidad para establecer su remuneración.

Trujillo dijo que las «pérdidas son insostenibles» y que hay «miles de puestos de trabajo en juego», y lamentó que las autoridades hayan «desoído» las quejas del sector, a pesar de que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) publicó un informe en 2008 en el que corroboraba que esta actividad se encuentra «en la más absoluta de las ruinas».

«Las empresas distribuidoras soportamos unos costes en vertiginoso incremento, mientras que en las revisiones de nuestra remuneración que hace el Ministerio apenas se tiene en cuenta el IPC», explicó Trujillo, antes de recordar que las revisiones de precios sí afectan al gasóleo con el que funcionan los camiones de reparto.

Si bien Industria argumentó que esta política mejora «la defensa del consumidor», Andigás consideró que la mejor manera de proteger al usuario es «garantizar la supervivencia de la red de reparto de butano y evitar con ello problemas de abastecimiento».

Por este motivo, la asociación exigió «una revisión urgente del sector y una regulización de la remuneración de las empresas de reparto acorde con los costes reales» para evitar «un colapso de la distribución».

Pedro Zubillaga, recién elegido presidente de la Asociacón de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (AOGLP), denunció la problemática del sector del butano envasado que se deriva de un «sistema de precios injusto que nos obliga a vender a pérdidas» y que está poniendo en riesgo el futuro de este negocio, «que forma parte de la cultura española».

De este modo, Zubillaga consideró que el precio de la bombona debería subir «al menos dos euros, hasta el nivel de cobertura de los costes», para que las empresas dejen de perder dinero.

Según adelantó el presidente de la AOGLP, Industria ya ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) una propuesta de revisión del precio de la bombona para el mes de abril en la que contempla un incremento del 6%, pasando de los 13,19 euros actuales a los 14 euros, IVA incluido.

Por tanto, para Zubillaga, el precio del gas licuado debería alcanzar los 16 euros, lo que supone un incremento en torno al 21% con respecto a los niveles actuales y recordó que en Portugal o Francia el precio de la bombona es un 80% superior al de España.

Por su parte, José Luis Blanco, secretario y director general de la AOGLP, aseguró que «el GLP está en una encrucijada que podría llevarle a su desaparición».

«Nunca antes en la historia de la comercialización del GLP, los operadores habíamos pasado un periodo tan prolongado y pronunciado de ventas a pérdidas como el actual. Cada bombona de butano y propano que se vende en España está ocasionando al operador una pérdida media de dos euros y se da la paradoja de que cuanto más se vende, más se pierde«, dijo.

Según Blanco, «la venta a pérdidas es una figura prohibida en la legislación española y produce un quebranto tanto al que vende como al que compra, puesto que está poniendo en riesgo el abastecimiento a domicilio, uno de los sistemas con más arraigo y fundamentación social en España».

Para la AOGLP, lo «más duro» para el sector fue la fórmula que se puso en marcha mediante la Orden ITC 2608/2009 que modificó dos elementos esenciales del esquema de determinación del precio máximo del GLP envasado. Por una parte, el coste de aprovisionamiento de la materia prima, al que hay que sumar el flete y, por otra parte, los costes de comerciaalización, conocido como el término C, «que incluye desde la llegada del buque del gas hasta la llegada al cliente final, con todos los costes asociados que ello conlleva».

Esta orden introdujo el término Landa, con el que se pretendía retrasar la incorporación al precio de venta del incremento de coste de la materia prima. Ese término quedó «encapsulado» en un 25% calculado con el esquema regido por la regulación anterior a octubre de 2009, y el 75% dependiente del trimestre anterior, que genera «un efecto retardo».

Según argumentó Blanco, «esto provoca que en cinco años todavía sigamos referenciándonos a cuando más bajo estaba el gas, que era abril de 2009» y que los operadores ingresen 536 euros por tonelada, frente a los 700 euros de precio de compra que correspondería con la fórmula anterior. «Esto es lo que llamamos vender a pérdidas», sentenció.

«Sin duda, es una fórmula totalmente injusta porque no reconoce el coste real de la materia prima, lo que produce márgenes negativos a los operadores«, afirmó. De hecho, el efecto de los costes bajos se prolongará en el tiempo durante cinco años, hasta 2014.

Según la ley vigente, sólo se procederá a la actualización del precio si la media de las cotizaciones del butano y el propano que se emplea para definir los precios sufre variaciones trimestrales superiores al 2%.

Todo ello ha supuesto «unas pérdidas importantísimas» a los operadores que alcanzaron los 152 millones de euros durante el año 2010 y cerca de 35 millones de euros en los dos primeros meses de este año, con lo que arrastran un déficil cercano a los 200 millones de euros en los últimos 14 meses y cercano a los 500 millones de euros en los últimos diez años. De este monto, el 31 % corresponderían a la actividad en Andalucía; el 14 % a la zona de Levante; el 10 % a Galicia; el 9 % a Cataluña; el 4 % a Baleares y el 3 %, a Madrid.

De hecho, Blanco puntualizó que los operadores pierden 500.000 euros de media al día, «una cifra absolutamente brutal», debido a que «los precios están muy por debajo a los que los operadores están obligados a pagar cuando compran el producto».

Como consecuencia de esta problemática, Blanco anunció que, el pasado lunes, la AOGLP interpuso una denuncia ante la Unión Europea contra el reino de España por incumplir el Tratado de Funcionamiento europeo en materia de libertad de establecimiento de empresas. Una denuncia que se une al recurso presentado ante el Tribunal Surpemo contra la citada Orden ITC 2608/2009, es decir, la reglamentación gubernamental que actualmente determina el precio del gas licuado envasado entre los 8 y los 20 kilogramos, donde está la bombona de butano.

Asimismo, la AOGLP dijo que remite cada mes una carta para denunciar la situación del sector al ministro de Industria, Miguel Sebastián, a la presidenta de la CNE, María Teresa Costa, a parlamentarios y eurodiputados y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Por todo ello, «el sector necesita clara y urgentemente un marco legal que refleje los costes reales de materias primas y de comercialización, lo que viene siendo la liberalización del sector», exigió Blanco. Algo que la CNE estimó que se fijara como fecha máxima en el año 2010. Sin embargo, «somos el único país europeo, junto a Bégica, con precios regulados», concluyó.

La AOGLP reúne a Cepsa, Disa, Galp Enegía, Primagas, Repsol y Vitogas España, los operadores activos en el mercado español, que dan empleo a más de 9.000 personas y que dan suministro a más de ocho millones de hogares españoles. Su misión es, según palabras de Zubillaga «promover y defender el GLP en el mix eléctrico español».