Competencia acordó imponer una multa de 61,2 millones de euros a las cinco principales eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON) y a la patronal por dos infracciones «muy graves»: haber obstaculizado el cambio de suministrador en el mercado eléctrico entre mayo de 2007 y junio de 2009, justo antes de la liberalización, y haber pactado precios para los grandes consumidores en el marco de la desaparición de las tarifas eléctricas.

En la primera de ellas, según fuentes de Unesa, Competencia se basó en una serie de indicios extraídos de la conducta de Unesa y de las empresas, que, o bien «han sido avalados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o la Comisión Nacional de Energía (CNE)», o que la propia CNC consideró que no constituyen infracción administrativa, o bien los tribunales de justicia apreciaron inicialmente la razonabilidad jurídica de las mismas o ya fue sancionado.

Estos indicios, explicaron desde Unesa, fueron, por un lado, que las distribuidoras suspendieran durante cinco días el acceso de las comercializadoras a sus bases de datos de puntos de suministro en junio de 2009, justo antes de la entrada en vigor de la tarifa de último recurso (TUR), la única regulada y a la que están acogidos unos 23 millones de clientes.

Unesa señaló que Industria, en un informe requerido por Competencia, afirmó que se trató de algo «puntual» motivado por la situación critica en los programas y procesos de las empresas, en mitad de un traspaso «masivo» de clientes, que no frenó el proceso de liberalización «ni dañó a las comercializadoras independientes». La patronal señaló además que hasta el 23 de junio no conocieron cómo iba a ser el paso de los clientes a esta nueva tarifa regulada.

Por todo ello, subrayaron, carece de toda «lógica jurídica» pensar que estos comportamientos fueron un indicio para la construcción de una infracción «muy grave», como señala la CNC, cuando la actuación de las eléctricas y Unesa fue «la más adecuada posible según el Ministerio».

Otro indicio de Competencia para señalar esta infracción es que las eléctricas denegaran datos para dificultar a las comercializadoras independientes el acceso a los datos sobre clientes que la Ley prevé y las exigieran algunos datos de los clientes antes de cederles las bases de datos, una práctica que, según Unesa, no quedó prohibida de forma expresa hasta mayo de 2008. A partir de ahí, añaden, se cedieron todos los datos de carácter personal.

En este sentido, recordó que su actuación estuvo justificada, puesto que el consentimiento del interesado respecto de la cesión de datos de carácter personal (como los solicitados por las comercializadoras acerca de los clientes: cuenta bancaria, DNI, perfil de consumo, etcétera) es una exigencia impuesta por la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Con respecto a la otra conducta que sanciona Competencia, la que se refiere a la contratación con los grandes clientes entre 2006 y 2008, Unesa sostuvo que mantuvo reuniones de carácter general con Industria en las que en ningún momento se fijaron condiciones concretas de los contratos entre las empresas y los grandes consumidores.

El objetivo de estos encuentros separados con las principales empresas suministradoras de electricidad y los principales consumidores (englobados en AEGE) era detectar, evaluar e implementar las acciones oportunas que permitiesen eliminar las tarifas de alta tensión «sin dejar a ningún consumidor sin suministro o con uno más caro».

Asimismo, la patronal apuntó de nuevo que las reuniones se llevaron a cabo por iniciativa de Industria para intentar buscar líneas de entendimiento con AEGEy que finalizaron sin consenso alguno y sin llegar a fijar ningún contrato tipo.

De hecho, las eléctricas se defendieron asegurando que fue el ministerio de Industria el que dio las pautas «que debían regir en los contratos y el que convocó las renuniones».

Por su parte, Industria señaló que cumplió con su deber al animar a que se mantuvieran contactos regulares entre las principales empresas suministradoras de electricidad y los principales consumidores así como al elaborar la normativa del sector.

Unesa, que al igual que el resto de compañías implicadas anunció su intención de llevar a los tribunales el expediente de la CNC, tiene hasta el 13 de julio para recurrir la multa de 900.000 euros impuesta ante la Audiencia Nacional.

La asociación, que se mostró plenamente convencida de la admisión del recurso, no descartó pedir medidas cautelares y confió en que la justicia les de la razón y anule finalmente la multa de Competencia, puesto que entiende que su actitud estuvo justificada, no supuso una barrera de entrada para las compañías independientes y no produjo ningún efecto anticompetitivo.

De hecho, Iberdrola y Endesa, advirtieron que si, pese a su defensa en la Audiencia Nacional (y, en su caso, al Tribunal Supremo) «se las considera culpables, se reservan el correspondiente ejercicio de responsabilidad patrimonial ante el Estado».

Las fuentes explicaron que el borrador de anteproyecto de ley que adapta la legislación eléctrica a la normativa comunitaria, ya aprobado por el Consejo de Ministros, establece además la figura del «consumidor vulnerable», en línea con las directrices europeas.

No obstante, el Gobierno no ha establecido aún qué criterios se utilizarán para determinar la renta ni los umbrales de ingresos por debajo de los cuales se considerará vulnerable al consumidor.

El bono social, puesto en marcha a mediados de 2009, consiste en la congelación hasta 2012 de la tarifa de la luz para familias numerosas, familias con todos los miembros en paro, pensiones mínimas y usuarios de menos de 3 kilovatios (kW) de potencia contratada beneficiarios de la tarifa social.

El diario «Cinco Días«, que adelantaba la nueva medida, indicó que la norma también crea el concepto de «pobreza energética» y señaló que en la actualidad 2,96 millones de usuarios con derecho a Tarifa de Último Recurso (TUR) disfrutan del bono social.

La nueva medida también se ampliará al consumo de gas natural y, tanto para este caso como para el de la electricidad, debe aún superar los trámites parlamentarios.