El precio de la gasolina desciende un 1,7% y registra uno de los mayores descensos semanales de todo el año

Esta caída no impidió a este combustible situarse aún cerca de un 12% por encima de los niveles marcados en la misma semana de 2010 y un 5,8% por encima de la cota marcada a comienzos de año.

Además, la gasolina cerró el mes con una subida del 0,7%, hasta 1,329 euros, pese a haber sumado dos semanas consecutivas a la baja que le permitieron situarse un 2% por debajo del máximo del verano.

Por su parte, el precio del gasóleo registró un encarecimiento del 2,5% durante el mes de septiembre y apenas se sitúa a 0,7 céntimos del máximo de este verano.

Esta subida de septiembre se debe al repunte experimentado en las dos primeras semanas. Desde mediados de mes, el gasóleo tendió a bajar, y en la última semana su precio se mantuvo, hasta situarse en la actualidad en 1,275 euros por litro.

El gasóleo, consumido por cerca del 80% del parque automovilístico español, cuesta en la actualidad un 16% más que en la misma semana de 2010 y acumula un encarecimiento del 7,4% desde que comenzó el año.

El llenado de un depósito medio de gasolina asciende en la actualidad a 73 euros, mientras que en el caso del gasóleo el consumidor medio debe dedicar 70,1 euros.

El descenso en los precios de los principales combustibles de automoción se produce en un contexto de ligero abaratamiento del petróleo en los mercados internacionales.

En concreto, el precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba a 105 dólares, seis dólares menos que hace una semana, mientras que el barril Texas se cambiaba en Nueva York por 82 dólares, cinco dólares menos.

Los precios de venta al público de los carburantes en España se encuentran por debajo de la media europea. De hecho, la gasolina alcanzó los 1,504 euros por litro en la Unión Europea de los 27 y los 1,528 euros en la zona euro. En el caso del gasóleo, el precio se situó en 1,374 euros en la Unión Europea de los 27 y en 1,361 euros en la eurozona.

La congelación de la luz tendrá un impacto negativo de hasta 3.600 millones en el déficit hasta 2013

Las compañías cifraron en unos 500 millones de euros el efecto durante el cuarto trimestre de una bajada de los peajes del 12%, que es el porcentaje que Industria debería aplicar para neutralizar el encarecimiento en entre un 9% y un 13% de la energía en las subastas eléctricas y, con ello, congelar el recibo.

Durante el periodo marcado para la eliminación del déficit de tarifa, que concluye en 2013, esta rebaja del 12% tendrá además un impacto negativo total de 1.800 millones de euros si afecta a los peajes, y de 3.600 millones de euros si afecta al conjunto de las tarifas de acceso.

De estos importes, 500 millones de euros podrían engrosar el déficit de tarifa de este año, cuyo tope legal está en 3.000 millones de euros, mientras que el resto, esto es, hasta 3.100 millones de euros, se repercutirían sobre el de 2012, cuando por ley el agujero solo puede alcanzar 1.500 millones de euros.

Las fuentes de las empresas aseguraron que la medida del Gobierno obligará por lo pronto a eléctricas como Endesa o Iberdrola, que financian en mayor medida el desajuste, a incrementar en unos 200 millones de euros su disponible de tesorería para hacer frente al previsible sobrecoste del déficit. Para ello, deberán buscar financiación en los mercados para este importe, lo que resulta complicado en el escenario actual.

Las eléctricas también lamentaron la escasa credibilidad que genera la medida adoptada por Industria para los mercados de deuda en los que se está titulizando el déficit de tarifa. Las emisiones de la deuda eléctrica habían sufrido un parón de varios meses debido precisamente a las malas condiciones de mercado, y la rebaja de los peajes no servirá para mejorar la imagen de las titulizaciones, añaden.

Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) critica la política intervencionista que aplica España sobre la energía

Sánchez Galán, quien asistió a una conferencia internacional sobre el mercado interior de la energía en la Unión Europea, intervino en un debate junto con otros representantes del sector, incluido el presidente de GDF Suez, Jean François Cirelli y el de E.ON, Johannes Teyssen.

El presidente de Iberdrola se refirió al déficit de tarifa español, que acumula 5.000 millones de euros cada año, y a los impuestos autonómicos que gravan la actividad del sector.

«En España se están subvencionando objetivos no competitivos y eso lo tendría que decir la Comisión Europea», dijo el presidente de Iberdrola en su intervención.

Sánchez Galán criticó además que en España se vaya a congelar la tarifa eléctrica, cuando el coste de la energía aumentó un 30%.

En lugar de las actuaciones intervencionistas, apostó por la liberalización como clave para impulsar un sector que sirve de motor económico a la Unión Europea, con 750.000 empleados directos y 50.000 millones de euros de inversión, recordó.

Para el presidente de la eléctrica, las políticas de liberalización de las últimas décadas han sido «positivas» y constituyen «la mejor manera de seguir adelante».

Según Sánchez Galán, la culminación del mercado interior de electricidad «es fundamental para la integración europea, tanto en beneficio de la industria como de los consumidores, y puede jugar un papel importante en la recuperación económica».

Sin embargo, consideró que hace falta un marco regulador seguro, que los estados miembros incorporen a sus legislaciones la normativa europea y que se conceda una mayor independencia a los reguladores.

«Es necesaria una política energética clara y objetiva y una regulación estable y predecible», señaló el presidente de Iberdrola, quien alertó sobre las consecuencias que pueden tener el apagón nuclear de Alemania o la incertidumbre sobre el desarrollo de las energías renovables.

También incidió en que «el incremento de las interconexiones y su uso apropiado deben ser una prioridad para los estados miembros, ya que permitirán mejorar la seguridad de suministro e integrar a los países periféricos».

El presidente de la compañía subrayó su apuesta por las energías limpias y consideró que habría que establecer «prioridades» en ese ámbito, empezando por la energía eólica en alta mar y la fotovoltaica.

El precio de la energía eléctrica en los mercados acumula en septiembre una subida interanual de un 25%

Este encarecimiento sitúa el precio de la electricidad en el nivel más alto desde noviembre de 2008, apenas unos meses después de los máximos históricos del petróleo.

El precio medio de la electricidad vendida en el mercado libre en septiembre se sitúa en 58,11 euros por megavatio hora (MWh) y el consumo medio diario ronda los 702.027 megavatios hora (MWh).

La consultora indicó que uno de los motivos del aumento de precio es la subida del precio del barril de Brent en el último mes, hasta situarse por encima de los 115 dólares.

Otro de los factores que encarecen la electricidad es la subida estacional en el consumo de electricidad en septiembre, cuando se retoma actividad industrial a pleno rendimiento.

Otro factor, el más determinante a juicio de Ipsom, es el ‘mix’ energético. En septiembre, la energía generada mediante combustibles de origen fósil aumentó sustancialmente y alcanzó una media del 38%. Este valor es un 12% más elevado que el registrado en agosto y un 2,2% inferior al existente en el mismo mes de 2010.

Montes (Unesa) dice que congelar la tarifa de la luz es una «tergiversación de la realidad» y no descarta recurrir

Montes recordó que las tarifas deben recoger los costes del sistema eléctrico porque, de lo contrario, se acumula un déficit que los consumidores deben devolver en el futuro. «Eso es pan para hoy y hambre para mañana, y eso hay que decírselo a los consumidores», advirtió.

«No le veo utilidad a la medida» de congelar la luz en octubre «si dentro de tres meses llevará a subidas más importantes», señaló, después de recordar que «lo que no se pague hoy se pagará luego». Montes se preguntó además «cómo va a hacer» el Gobierno para bajar los peajes, «dejando de pagar algo acordado», sin que se genere más déficit de tarifa.

«El sistema eléctrico tiene unos costes y los ingresos tienen que cubrir los costes. Si los ingresos no los van a cubrir o si se deja de pagar algo acordado, va a aumentar el déficit», continuó el presidente de la patronal eléctrica.

Montes también advirtió de la posibilidad de que Unesa recurra la medida ante los tribunales. «Desde luego, si esto lleva a que aumente el déficit de tarifa, mi opinión es que habría que plantearlo, pero no he hablado con todas las compañías y esto es una opinión personal», afirmó en alusión a la posible presentación de recursos.

En todo caso, Montes aseguró que «por supuesto» se recurrirá la medida en caso de que provoque un aumento del déficit de tarifa por encima del tope legal de 3.000 millones de euros fijado para este año. «Para nosotros esta ley es fundamental, no podemos admitir que se sobrepase», apostilló.

«Aumentar el déficit es netamente ilegal. Hay un real decreto que así lo fija y a los consumidores se nos tienen que explicar las cosas como son», señaló. «Sería muy cuestionable que, bajando los peajes, no aumente el déficit de tarifa, y no se puede dejar de pagar al sector cosas que se han acordado de antemano», añadió.

Industria y los peajes

Por su parte, Industria consideró que la bajada de los peajes para congelar la luz no tiene por qué crear más déficit de tarifa, ya que existen recursos técnicos para evitar esta circunstancia.

Sin embargo, el presidente de la patronal eléctrica aseguró que esto «no encaja» y, cuando la parte destinada a cubrir este déficit no sólo no sube sino que baja, «no hay ninguna posibilidad de que no se incremente el déficit».

En este sentido, Montes, en tono irónico, afirmó que «lo único» que se le ocurre que haga el Gobierno para que no aumente el déficit es «no pagar».

La decisión de bajar los costes regulados de la tarifa para forzar una congelación no es nueva, ni tampoco la decisión de Unesa de recurrir la medida. En julio del año pasado, cuando circulaba una propuesta de subida del 10% de peajes y la subasta eléctrica marcaba un alza del 11%, Sebastián cerró un acuerdo con el PP para congelar el recibo.

Aquel acuerdo implicó un descenso en los peajes que Unesa recurrió ante el Tribunal Supremo al considerar que vulneraba los principios de suficiencia tarifaria, de buena fe y de confianza legítima. Además, la patronal destacó que la medida se había adoptado sin audiencia ante la CNE.

Industria decide congelar el recibo de la luz a partir del mes de octubre

La decisión del Gobierno parte de la voluntad política de Industria y supone aplicar una bajada de los peajes eléctricos en octubre que compense el incremento en el coste de la energía. Cada una de estas dos variables tiene un peso cercano al 50% en la fórmula de revisión trimestral.

Dichas fuentes indicaron que el Gobierno tiene margen de maniobra al modificar la cuantía que impone en los llamados peajes y que ello «no va a suponer un aumento del déficit (tarifario) previsto para este año», gracias a unos «mecanismos técnico-financieros» que permiten estos movimientos. El viernes se publicará la orden ministerial con la medida y las explicaciones técnicas que la justifican.

La decimosexta subasta de electricidad entre los comercializadores encargados de suministrar la TUR, que rige para 24 millones de hogares, se cerró con una subida del 9% para el producto base y del 11% para el de punta, lo que, trasladado a la fórmula de cálculo de la tarifa, supone una presión al alza del 5,9%.

Este es el incremento que habría de registrar la tarifa si Industria siguiese adelante en su propuesta de congelar los peajes eléctricos en octubre. El borrador de orden ministerial con esta medida había sido remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que emitió un dictamen sobre su contenido.

En su informe, el regulador consideró necesario introducir medidas regulatorias con impacto inmediato sobre los costes de las actividades reguladas eléctricas que garanticen su sostenibilidad económica a corto plazo y atajen el problema del déficit de tarifa, que en términos acumulados supera los 22.000 millones.

La decisión de bajar los costes regulados de la tarifa para forzar una congelación no es nueva. En julio del año pasado, cuando circulaba una propuesta de subida del 10% de peajes y la subasta eléctrica marcaba un alza del 11%, Sebastián cerró un acuerdo con el PP para congelar el recibo.

Aquel acuerdo implicó un descenso en los peajes que la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) recurrió ante el Tribunal Supremo al considerar que vulneraba los principios de suficiencia tarifaria, de buena fe y de confianza legítima. Además, la medida se adoptó sin audiencia ante la CNE.

En lo que va de año, la tarifa subió en dos ocasiones. La primera, en enero, consistió en un incremento del 9,8% provocado por el encarecimiento de la energía y acompañado de una congelación de peajes. La segunda, en julio, fue del 1,5%, después de que el Gobierno también congelase los peajes.

En lo que va de año, Industria elevó en una ocasión estos peajes con el objetivo de equilibrar las cuentas del sistema eléctrico. En marzo, aprovechando un descenso en el precio de la electricidad, el Gobierno elevó un 10% el término que recoge los costes regulados, con lo que la TUR quedó congelada.

En 2010, la luz subió un 2,6%, en 2009 un 3,5% y en 2008 un 9,08%. El precio de la luz viene subiendo cada año desde 2003, aunque sólo desde 2006 (5,28%) lo hace por encima del IPC.

Asgeco dice que la congelación de la de luz es solo un «parche»

Por su parte, la Asociación General de Consumidores, Asgeco Confederación, consideró que la decisión del Gobierno de congelar la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz es un «mero parche» y atribuye las últimas subidas al «comportamiento especulativo y opaco de los agentes financieros en las subastas» entre comercializadoras.

Junto a esto, la asociación advirtió de que la bajada en los peajes de acceso anunciada por el Gobierno para compensar la subida del precio de la electricidad en la subasta puede provocar «un mayor déficit tarifario que terminarán pagando todos los consumidores».

«Creemos que el problema de las continuas subidas en la TUR se debe fundamentalmente a la opacidad de la subasta, en la que participan como vendedores de energía un número elevado de intermediarios (agentes financieros) no productores, y no a un verdadero aumento en el mercado mayorista«.

La asociación también «entiende» que la posición del Gobierno es «complicada», ya que «de él depende la fijación del 50% de la tarifa de último recurso», pero lamenta que el Ejecutivo haya «obviado su papel» como «regulador en la subasta» y como «impulsor de la competencia en el mercado liberalizado».

Además, lamentó el «flagrante fracaso de la liberalización del sector» y advirtió de que «la participación de especuladores no productores en la subasta Cesur, unida a la extrema opacidad que caracteriza el funcionamiento de la misma, es sin duda la causa principal de las subidas trimestrales de la tarifa eléctrica».

Asimismo, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) reclamó al Ministerio de Industria que asegure una «subida cero» del recibo de la luz.
Ceaccu denunció la «escasa transparencia y fiabilidad» del cálculo del precio de la electricidad, donde, a su juicio, la competencia funciona con «irregularidades y las fluctuaciones» en los precios en los días previos a la subasta generaron «desconfianza» hasta en la Comisión Nacional de la Energía.

Además, desde este colectivo de usuarios recordaron la situación económica actual de las familias y «los incrementos desproporcionados» de la tarifa eléctrica registrados en los últimos cuatro años y que ronda el 40%.

Por último, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) mostró su satisfacción por la decisión del Gobierno de congelar el precio del recibo de la luz.

En rueda de prensa, Enrique García, portavoz de la OCU, señaló que valoran la decisión de «forma positiva», pero a la vez exigió al Ejecutivo que haga una «revisión íntegra» del proceso mediante el que se fija el precio de la electricidad.

García denunció la falta de «transparencia» en la que, a su juicio, se desarrolla la subasta del precio de la energía y que determina el coste de la misma.

La congelación, dijo, es una «medida buena para los consumidores» y responde al «compromiso» del ministro de Industria, Miguel Sebastián, de que «los esfuerzos de los consumidores habían cesado».

La subasta eléctrica cierra con una subida de entre un 9% y un 11% y presiona un alza del 5,9% en la luz

El resultado de esta puja determina el componente de la energía dentro de la fórmula de revisión del recibo de la luz en octubre. En concreto, el alza supone una presión del 5,9% sobre la tarifa de la que disfrutan cerca de 24 millones de consumidores, en la que se incluiría determinadas partidas por ajustes técnicos.

En la subasta se ofertaron simultáneamente, para el cuarto trimestre de 2011, un producto de carga base a tres meses, que consiste en la diferencia de precio entre el precio de adjudicación del producto en la subasta y el precio horario del mercado diario gestionado por OMEL(OMIE), para todas las horas comprendidas en el horizonte temporal subastado, por un total de 3.800 MW en cada hora, y un producto de carga punta a tres meses, que consiste en la diferencia de precio entre el precio de adjudicación del producto en la subasta y el precio horario del mercado diario gestionado por OMEL(OMIE) para todas las horas comprendidas entre las 8:00 y las 20:00 CET, de todos los días naturales, excepto sábados y domingos, durante el cuarto trimestre del año 2011, por un total de 458 MW en cada hora.

El producto de carga base fue adjudicado a un precio de cierre de 57,99 euros el megavatio/hora (0,5 euros por encima del mercado OTC de un día antes y 53,20 euros por megavatio/hora con respecto a la anterior subasta) y el producto punta fue adjudicado a un precio de cierre de 63,00 euros el megavatio/hora (56,63 euros por megavatio hora en junio).

Ahora si el precio base de la subasta es 57,99 euros y el término de energía es de 88,42, la TUR quedaría en 182,5 euros.

La cantidad total de energía subastada fue adjudicada en su totalidad a 25 vendedores, mientras que las cantidades de energía fueron adquiridas por las cinco empresas Comercializadoras de Ultimo Recurso.

Los precios que resultan de esta subasta, y que aún están pendientes de la validación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), suponen alrededor de la mitad de la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que están acogidos la inmensa mayoría de los consumidores domésticos y pymes. Mientras, la otra mitad corresponde a los peajes eléctricos, que recogen los costes regulados del sistema y que el Ministerio de Industria ha propuesto congelar.

La subasta se desarrolló, por Internet, mediante el sistema informático de subastas de OMEL(OMIE). Se utilizó un procedimiento de «subasta de reloj descendente» en el que, partiendo de unos precios iniciales (diferentes en cada producto), se procedió a una reducción progresiva de los mismos en sucesivas rondas hasta llegar al equilibrio entre oferta y demanda en cada producto.

Tras la subasta, Industria tiene la opción de reafirmarse en su propuesta de congelar de los peajes eléctricos, con lo que la luz subiría un 5,9%, o puede rebajar esta partida de costes regulados para mantener la TUR actual. Esta opción evitaría una subida de luz para los consumidores, pero agravaría el problema del déficit de tarifa.

La decisión final del Gobierno sobre el recibo de la luz se conocerá después de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos prevista para el jueves, según dijeron fuentes del Ejecutivo

En la anterior subasta, el término de energía se encareció un 2,7%, lo que, unido a la congelación de peajes aplicada por Industria, provocó una subida del 1,5% en la revisión de la TUR de julio. En marzo, aprovechando un descenso en el precio de la electricidad, el Gobierno elevó un 10% los peajes, con lo que la TUR quedó congelada.

La subida trimestral de julio se sumó a la ya aplicada en enero, del 9,8%, de modo que la TUR acumula un encarecimiento superior al 10% en 2011. En 2010 subió un 2,6%, en 2009 un 3,5% y en 2008 un 9,08%. El precio de la luz viene subiendo cada año desde 2003, aunque sólo desde 2006 (5,28%) lo hace por encima del IPC.

Facua exige al Gobierno que la tarifa de la luz se congele

Por otra parte, Facua exigió al Gobierno que adopte los procedimientos necesarios para garantizar que la tarifa eléctrica «quede congelada» en su revisión de octubre, a pesar del resultado de la subasta de electricidad.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, criticó el procedimiento de la subasta, al considerarlo «inválido» para fijar la tarifa, ya que supone «una trampa de las grandes eléctricas donde se acuerdan los precios».

Así, pidió a los candidatos a la Presidencia del Gobierno que incluyan este «problema» en sus programas y que se comprometan a cambiar el mecanismo garantizando una regulación tarifaria, pero «con una metodología que sea diferente». «Es urgente un cambio para dejar de perjudicar a los consumidores», añadió.

La OCU llama a los consumidores a una campaña contra las subidas

Asimismo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió al Gobierno una congelación de la tarifa de la luz e invitó a los consumidores a sumarse a una campaña contra las subidas.

Según señaló la organización, si se mantiene la propuesta que el Ejecutivo envió a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la luz subiría el próximo 1 de octubre alrededor de un 6%, lo que supondría un aumento de 41 euros al año para los hogares medios.

La OCU subrayó que la luz subió un 18,8% a lo largo de 2011, «el incremento más importante desde que comenzó el proceso de liberalización en 2003», y remarcó que, con esta subida, el precio de la luz aumentó un 61% desde 2008.

Para la asociación, este incremento es «inadmisible», ya que «está basado en un sistema opaco de fijación del precio de la electricidad». Además, para la OCU, se ciernen «muchas dudas» sobre la transparencia de la subasta, «tal y como confirmó la CNE, que puso una investigación en marcha sobre el comportamiento de los mercados en los días previos a su celebración ante las sospechas de manipulación artificial del precio que determina la Tarifa de Último Recurso (TUR)».

La entrada de las aerolíneas en el mercado de las emisiones de CO2 de la UE costará por pasajero entre dos y doce euros por cada trayecto

A partir de 2012, se asignarán derechos de emisión de gases contaminantes a las aerolíneas que operen en la Unión Europea, teniendo en cuenta sus registros históricos, hasta el año 2020. De este modo, la industria del transporte aéreo se sumará a otros sectores económicos en la lucha contra el cambio climático.

En concreto, Bruselas publicó los valores de referencia que servirán para asignar gratuitamente derechos de emisión de gases de efecto invernadero a más de 900 operadores aéreos.

En el período de comercio comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el 85% de los derechos de emisión del transporte aéreo se asignará gratuitamente a los operadores aéreos. En el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2020, la cifra será del 82%, con lo que deberán asumir el pago del 15%, esto es unos 380 millones de euros en 2012. Entre 2013-2020, el 3% se apartará en una reserva especial para nuevos participantes y compañías aéreas en rápido crecimiento.

La comisaria responsable de Cambio Climático, Connie Hedegaard, señaló que los derechos que las aerolíneas recibirán gratuitamente supondrán en torno a 20.000 millones de euros. Por eso confió en que con estos ingresos las compañías aéreas «inviertan en la modernización de sus flotas, en la mejora de la eficiencia de los carburantes y en el uso de combustibles de aviación no fósiles».

Fuentes comunitarias insistieron en que corresponde a las aerolíneas decidir cómo repercutirán estas medidas en el coste del billete que paga el pasajero. «Hay (cálculos) pesimistas y los hay optimistas, por eso la horquilla oscila entre los dos y los doce euros«, declararon las fuentes.

Para que las compañías puedan calcular con precisión de cuántos derechos de emisión dispondrán de aquí a 2020, el Ejecutivo comunitario publicó los valores de referencia que se utilizarán para el reparto. De 2013 a 2020, las aerolíneas recibirán 0.6422 derechos de emisión por 1.000 toneladas/kilómetro, mientras que recibirán 0.6797 derechos de emisión en 2012.

Por otra parte, la comisaria defendió la decisión de la Unión Europea de cobrar a las compañías del sector por sus emisiones de CO2, pese al rechazo que esta medida generó en países como Estados Unidos y China. «No podemos alegar que el sector aéreo no necesita contribuir porque no se pueden llegar a acuerdos internacionales», advirtió.

De hecho, el próximo mes de octubre el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) debe emitir un dictamen sobre una queja planteada por aerolíneas estadounidenses contra la decisión de la UE de cobrar a las compañías del sector por sus emisiones de CO2.

«Respetaremos y aplicaremos el fallo del tribunal», concedieron las fuentes, pero advirtieron de que la legislación comunitaria prevé sanciones para quienes no acaten las normas de este régimen de emisiones.

Las emisiones del transporte aéreo de la Unión Europea aumentaron rápidamente, habiéndose duplicado prácticamente desde 1990. Se calcula que una aeronave que vuele de Bruselas a Nueva York en trayecto de ida y vuelta genera unos 800 kilogramos de CO2 por pasajero. El transporte aéreo representa alrededor del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero cubiertas por el RCDE UE.

Competencia inicia la segunda fase en la operación de concentración entre Cepsa y Chevron España

Según informa la CNC, la operación de concentración notificada consiste en la adquisición por parte de Cepsa del control exclusivo de Chevron y que fue notificada a la CNC el 14 de julio de 2011.

Cepsa, según Competencia, es un grupo verticalmente integrado en el sector de la energía, concretamente, en las actividades de extracción y refino de petróleo, producción y comercialización de sus derivados, distribución de gas natural y producción y distribución de electricidad, recientemente adquirido por International Petroleum Investment Company (IPIC) a Total, mientras que Chesa es una sociedad española filial de Chevron Spain Holdings cuyas actividades comprenden la distribución minorista y mayorista de carburantes de automoción en las Islas Canarias (bajo el abanderamiento de Texaco), la fabricación y distribución de lubricantes a través de una planta ubicada en Paterna (Valencia), el suministro de combustible de aviación y el almacenamiento de productos refinados, a través de su planta en Las Palmas de Gran Canaria.

El informe de Competencia recogió que, si bien la operación notificada no da lugar en todos los casos a solapamientos relevantes entre las partes, «supone el refuerzo en múltiples mercados de un operador verticalmente integrado, que posee una posición irreplicable en el mercado canario a través de su refinería de Tenerife».

«La operación de concentración genera ciertos efectos horizontales y permite reforzar, aunque de forma residual, la posición de Cepsa en los mercados de almacenamiento y distribución mayorista de combustibles y supone la desaparición de un competidor en unos mercados fuertemente concentrados», añade Competencia.

El refuerzo de Cepsa resulta especialmente relevante en el mercado canario de distribución minorista a través de estaciones de servicio, por la adquisición de las 65 estaciones de Chesa que se suman a las 7 que ya poseía Cepsa. Adicionalmente, la operación permite la entrada de Cepsa en las islas de Fuerteventura y la Palma, en las que no estaba presente.

En el mercado de combustible de aviación, la operación genera un solapamiento entre las partes, reducido en el conjunto del mercado nacional, pero de gran importancia en diversos aeropuertos individualmente analizados.

Por otra parte, dada la presencia de las partes como oferentes o demandantes en los distintos mercados analizados, la operación puede dar lugar «a efectos verticales perjudiciales para la competencia en algunos de ellos».

El paso a la segunda fase del procedimiento de control de concentraciones no prejuzga las conclusiones definitivas que la CNC pueda alcanzar en relación con la operación notificada.

Así, durante esta segunda fase, la CNC requerirá información a distintos operadores en los mercados afectados, a fin de completar la información de la que dispone sobre los mismos.

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia dispone de un plazo de dos meses para adoptar, tras un análisis en profundidad de la información disponible y de las alegaciones presentadas, una resolución autorizando, acordando compromisos, subordinando a condiciones o prohibiendo la operación de concentración notificada.

La subasta eléctrica determinará hoy la tarifa de la luz de octubre

El precio de la energía que resulte de esta puja tiene un peso cercano al 50% sobre la fórmula de revisión de la TUR, mientras que la otra mitad corresponde a los peajes eléctricos, que recogen los costes regulados del sistema y que el Ministerio de Industria decidió congelar.

Esta es la tarifa de la luz que rige para la gran mayoría de consumidores domésticos y pymes -unos 24 millones de hogares- que entrará en vigor el próximo 1 de octubre. De hecho, antes de esa fecha, el Ejecutivo anunciará si sube, baja o mantiene la actual tarifa a la energía eléctrica.

La subasta coincide con un momento en el que los precios «spot» del megavatio marcan máximos desde 2008 en el mercado ibérico de la electricidad. Aparte de que en el último trimestre los precios son estacionalmente más altos, en los últimos días el megavatio hora rondó los 60 euros, mientras que la luz carga base y punta de la última subasta se compró por 52,95 y 56,3 euros el megavatio hora, respectivamente.

Ante las subidas antes de la celebración de las subastas, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) abrió un expediente informativo para analizar estos movimientos de mercado, dada su influencia en la formación de los precios de la electricidad y, con ello, en la tarifa final.

En la anterior subasta, el término de energía se encareció un 2,7%, lo que, unido a la congelación de peajes aplicada por Industria, provocó una subida del 1,5% en la revisión de la TUR de julio. En marzo, aprovechando un descenso en el precio de la electricidad, el Gobierno elevó un 10% los peajes, con lo que la TUR quedó congelada.

La subida trimestral de julio se sumó a la ya aplicada en enero, del 9,8%, de modo que la TUR acumula un encarecimiento superior al 10% en 2011. En 2010 subió un 2,6%, en 2009 un 3,5% y en 2008 un 9,08%. El precio de la luz viene subiendo cada año desde 2003, aunque sólo desde 2006 (5,28%) lo hace por encima del IPC.