La gasolina y el gasóleo suben un 0,5% tras tres semanas a la baja

En el caso de la gasolina, su precio actual es de 1,315 euros el litro, un 1% menos que a comienzos de mes y un 3% menos que el máximo del verano, de 1,356 euros, alcanzado a finales de julio.

El gasóleo, consumido por cerca del 80% del parque automovilístico español, cuesta 1,268 euros el litro y se sitúa apenas un 1% por debajo del máximo del verano.

La gasolina acumula un encarecimiento del 4,7% desde comienzos de año y del 14% desde la misma semana de 2010, mientras que el precio del gasóleo aumentó un 6,8% desde enero y un 16,3% con respecto al nivel registrado en el mismo momento del año pasado.

La subida de precios de los principales combustibles de automoción se produce en un contexto de encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales.

En concreto, el precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba a 110 dólares, ocho más que hace una semana, mientras que el barril Texas se cambiaba en Nueva York por 84 dólares, seis dólares más.

Los precios de venta al público de los carburantes en España se encuentran por debajo de la media europea. De hecho, la gasolina alcanzó los 1,493 euros por litro en la Unión Europea de los 27 y los 1,514 euros en la zona euro. En el caso del gasóleo, el precio se situó en 1,373 euros en la Unión Europea de los 27 y en 1,360 euros en la eurozona.

España aprueba un programa y nueve proyectos que reducirán 609.927 toneladas anuales de CO2

Entre los proyectos presentados se encuentra el de Repsol YPF sobre recuperación y utilización de gases residuales de antorcha en el complejo industrial de Luján de Cuyo (Argentina); el de ‘Recuperación y combustión de metano para producción de electricidad a través de digestión anaerobia de purines de Land Bank de Filipinas’, presentado por el Banco Mundial para el Fondo Español de Carbono (FEC); o el Programa de Eficiencia Energética de las plantas de LLC «Astarta-Kyiv» (Ucrania), presentado por el Banco Europeo de Inversiones-Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo (BEI-BERD) para el Fondo multilateral de Créditos de Carbono (MCCF).

A estos se unen, los proyectos del Banco Asiático de Desarrollo para el Fondo de Carbono de Asia Pacífico, el parque eólico Urad Houqi Wuliji en Mongolia Interior (China); el Proyecto eólico de 75 MW en Maharashtra por Essel Mining Indsutries Ltd. (India); la Fase I del proyecto de generación fotovoltaica conectada a la red de CECIC Taiyangshan (China); y la Fase I del proyecto de generación fotovoltaica conectada a la red de CECIC Shizuishan (China).

Además, el Banco Mundial para el Fondo de BioCarbono presentó el Proyecto nº 5 de reforestación de la cuenca del río Nilo en Uganda; y el Proyecto de reforestación de la sabana degradada de Ibi Batéké para producción de madera para combustibles, en la República Democrática del Congo.

La AND española dio por primera vez su carta de aprobación a dos proyectos de energía solar fotovoltaica desarrollados en China, y aumentó la lista de proyectos forestales aprobados hasta la fecha, que asciende a 16 proyectos. En sus veintiocho reuniones, la AND concedió el informe de participación voluntaria a 185 proyectos, 82 de ellos presentados por empresas, dos por el Fondo de Carbono de la Empresa Española (FC2E) y el resto procedentes de los distintos fondos de carbono en los que España participa.

En cuanto a la distribución geográfica de los proyectos autorizados, el 35% de estos proyectos estaba localizado en el área de Latinoamérica y el Caribe, el 50% en Asia, el 8% en Europa del Este, el 6% en el continente Africano, y el 1% restante en Oceanía.

En relación con la distribución por sectores, la mayoría de los proyectos aprobados por la AND hasta este momento corresponden a proyectos de energías renovables. Con este tipo de proyectos se relacionan el 53% de los aprobados por la AND, es decir 99 proyectos. De estos, 41 están dedicados a la generación de energía eólica, 38 a la generación de energía hidráulica y 20 corresponden a distintas tecnologías agrupadas en la categoría de «otras renovables».

El Constitucional rechaza el recurso contra los costes de transición a la competencia (CTC) de las eléctricas

El PSOE había incluido estos CTC en un recurso más amplio contra las leyes de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en las que se aprovecha para aprobar aspectos que nada tienen que ver con las cuentas públicas. La denuncia iba destinada a poner «coto a la corruptela consistente en la utilización» de la ley de PGE como «vehículo de regulación de cualquier tema o cuestión de ordenamiento jurídico».

En el caso de las indemnizaciones a las eléctricas, el recurso lamentaba que el Gobierno del PP, en un ejercicio de «aribitrariedad», utilizase una enmienda para modificar la ley del sector eléctrico, lo que posteriormente permitió fijar una compensación máxima de 7.813 millones para las eléctricas por sus esfuerzos de adaptación a la competencia. Esta cifra quedó finalmente en 6.010 millones, un billón de pesetas.

Para los recurrentes, esta medida sería inconstitucional por tres motivos. En primer lugar, porque reconoce un «derecho» de compensación fija a las eléctricas «al margen de cualquier exigencia mínima de comprobación». En segundo lugar, porque esta «prestación pública» no responde a ninguna actividad concreta de las eléctricas y se carga de forma «coactiva» sobre el consumidor de luz. En tercer lugar, porque podría ser una ayuda pública prohibida por la Unión Europea.

El Constitucional consideró que la norma no establece «discriminación de ningún tipo» y encaja tanto en la libertad del legislador como en el contexto de transición a la competencia. Lo que se pone en cuestión, señaló, es la forma de abono de la indemnización, que al Constitucional le parece «una opción política y económica perfectamente legítima».

El Tribunal también consideró que el principio mayoritario con el que el Parlamento toma decisiones no puede considerarse una práctica «arbitraria» . En este caso, la norma persigue una finalidad «razonable» y «no se demuestra desprovista de todo fundamento».

En cuanto a una posible vulneración de la legislación europea, el Constitucional recordó a los recurrentes que no le corresponde entrar a esta cuestión, cuyo análisis debería realizarse, en todo caso, por los tribunales comunitarios.

La sentencia fue fallada con el voto particular discrepante del magistrado Manuel Aragón Reyes, para quien se ha perdido una ocasión para poner «coto» a las leyes de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), surgidas en 1993. Esta práctica, aseguró, es «técnicamente defectuosa» e «inconstitucional», si bien es una «moda» que ha ido abandonándose con el tiempo.

El recurso de inconstitucionalidad fue planteado contra varios preceptos de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Aparte de los CTC, el recurso arremetió contra las disposiciones legales que modifican tributos o regulan materias no directamente relacionadas con la ejecución de los presupuestos o la política económica del Gobierno.

El déficit de tarifa eléctrico supera ya los 2.779 millones de euros y se sitúa a 222 millones del tope legal

Esta cifra sitúa el desajuste del sistema eléctrico a apenas 222 millones del tope legal de 3.000 millones de euros fijado por ley para el conjunto del año. En agosto, la deuda eléctrica aumentó en 117 millones y alcanzó un volumen un 2% superior a la registrada en los ocho primeros meses de 2010.

La CNE mantuvo su previsión de que el déficit de tarifa de 2011 se sitúe en 4.105 millones, 1.105 millones más que el máximo legal, y advirtió de que los datos de la liquidación mensual están muy condicionados a aspectos como el adalantamiento de la facturación por parte de los distribuidores, por lo que deben interpretarse con prudencia.

De hecho, el déficit acumulado, una deuda reconocida a las eléctricas y que deben pagar los consumidores, supera ya los 22.000 millones de euros y el objetivo es que para el año 2013 las tarifas resulten suficientes para cubrir los costes y este desfase deje de generarse.

Por el momento, hasta agosto de este año los ingresos netos del sistema sumaron 7.237 millones de euros y siguieron siendo insuficientes para cubrir los costes.

Para empezar, 5.117 millones de euros se destinaron a las primas que reciben las instalaciones de régimen especial, donde se incluyen las renovables (un 27% más que lo previsto y un 7,7% más que en el mismo momento del año pasado), y 15 millones a regular pagos de ejercicios anteriores. Los 2.104 millones restantes resultaron insuficientes para los 1.016 millones que deben pagarse a la actividad de transporte, los 3.022 millones a la de distribución, los 240 millones del sistema de interrumpibilidad del mercado o los 281 millones del fondo creado para colocar esta deuda, entre otras partidas.

El sistema de pagos por capacidad, con el que se retribuye a determinadas centrales (fundamentalmente ciclos combinados) por su disponibilidad, supuso 549 millones de euros.

Además, se reconoció un coste de 103 millones para desajustes de ingresos de 2006, de 171 millones para desajustes de ingresos de 2008 y de 67 millones en concepto de la segunda subasta del déficit ‘ex ante’. El sistema de interrumpibilidad en el mercado generó costes por 338 millones de euros.

Una vez recogidos todos los costes, faltan esos 2.779 millones de euros que pasan a engrosar el déficit de tarifa.

España e Irlanda son los países de la UE donde más descendieron las emisiones de CO2 en el año 2010

Las emisiones cayeron también en Grecia y Chipre (-1,8%), Rumania (-0,9%), Bulgaria (-0,7%). «Las emisiones disminuyeron en España, Grecia e Irlanda, en parte debido a la recesión económica», resaltó el estudio.

En Portugal y Malta se mantuvieron prácticamente estables y en el resto de Estados miembros aumentaron. Entre los grandes países de la Unión Europea, los mayores incrementos corresponden a Alemania y Polonia (+3,8%), Reino Unido (+3%) y Francia (+1,4%).

El aumento global del 2,4% en las emisiones de la Unión Europea se explica, según la Agencia del Medio Ambiente, por «el retorno al crecimiento económico en muchos países y un invierno más frío que provocó un aumento de la demanda de calefacción». «No obstante, el incremento de las emisiones se vio contenido por el cambio del carbón al gas natural y el fuerte crecimiento sostenido en generación de renovables», apuntó.

Pese a este repunte, las emisiones de los 15 antiguos Estados miembros de la Unión Europea se situaron el año pasado un 10,7% por debajo del nivel de 1990, más allá del objetivo colectivo de un 8% de reducción. Sólo Austria, Italia y Luxemburgo incumplen claramente su objetivo.

En el caso de España, el nivel de emisiones de efecto invernadero es un 26% superior al de 1990, por encima del tope del 15% autorizado en el reparto interno de la Unión Europea. No obstante, las autoridades españolas ya se comprometieron a cubrir la diferencia con créditos logrados en inversiones en países en vías de desarrollo, por lo que la Agencia no lo considera un incumplimiento.

Según una encuesta del Eurobarómetro publicada, el 51% de los europeos considera que el cambio climático es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el mundo (porcentaje que aumenta al 56% en el caso de España).

Entre las recetas para combatirlo, los españoles se encuentran entre los ciudadanos de la Unión Europea más partidarios de aumentar los impuestos sobre la energía. Portugal encabeza la clasificación (con un 87% de sus ciudadanos partidarios de basar la fiscalidad en el uso de la energía), seguido de España (83%), Chipre (81%) y Austria, Eslovenia y Suecia (78%). La media de la Unión Europea se sitúa en el 68%).

Renault tendrá la red dispuesta en 2012 para atender la demanda y servicios de los coches eléctricos

El anuncio fue hecho por el director general de Renault España, Armando García Otero, en el acto de presentación de los dos primeros modelos eléctricos de la marca del rombo: el comercial Kangoo Z.E. (Zero Emissiones) y la berlina de tres cuerpos Fluence Z.E, que tuvo lugar en la localidad portuguesa de Cascais.

García Otero anticipó que en la actualidad un 60% de la red de concesionarios de la marca del rombo en España puede atender con total garantía todo el proceso específico de comercialización y posventa.

La estructura comercial puesta en marcha por Renault para su gama de vehículos eléctricos contó también con acuerdos de colaboración con empresas como Acciona e Indra para el desarrollo de los sistemas de recarga.

Un pilar importante en este campo es el sistema que comercializará la marca, el denominado Wall Box, un mural de recarga con toda la información precisa para el usuario sobre esta tarea y que está homologado para ser instalado en garajes de comunidades de vecinos y en aparcamientos de empresa.

El tiempo empleado en la recarga con el Wall Box para estos dos primeros vehículos lanzados es de entre seis y siete horas (periodo coincidente con el tramo horario de madrugada, que es el de comercialización más barata de la electricidad).

En caso de no poder recurrir a este poste específico, el usuario podrá utilizar la recarga de un enchufe convencional, aunque esa labor de recarga se podrá extender durante doce horas.

García Otero concretó que la inversión necesaria para dotarse del sistema Wall Box no será superior a los mil euros.

El directivo de la marca del rombo descartó que en España pueda llevarse a efecto el sistema de estaciones Wire Drop, que permite un cambio de baterías descargadas por otras cargadas en un plazo de no más de tres minutos. Este sistema, que operará en países como Israel, Dinamarca y Australia, supone una inversión cuantiosa, por encima del millón de euros, y no resulta rentable para las expectativas de vehículos eléctricos que ofrece España.

La estructura comercial de Renault para su gama de eléctricos pasa también por el asesoramiento a los posibles compradores sobre su perfil como usuario de este tipo de vehículos.

Adoptada la decisión de compra, técnicos de Acciona supervisarán en el domicilio la viabilidad de la instalación del Wall Box y para los servicios posventa cada concesionario dispondrá de personal especializado en vehículos eléctricos para las tareas de reparación y mantenimiento.

El primer Renault eléctrico en comercializarse en España será el Kangoo Z.E., en noviembre y, poco después, está previsto el Fluence. Para el año que viene se añadirán los otros dos modelos, el urbano Twizy y el compacto Zoe, que será el último de esta tanda, pues la marca francesa anuncia nuevos modelos a partir de 2013, aunque eludió entrar en más detalles.

Renault ya fijó los precios de venta de ambos modelos que será a partir de 14.000 euros el Kangoo, sin IVA y con las ayudas del Gobierno, y entre 19.800 y 20.900 euros, el Fluence, con IVA y con las ayudas administrativas.

La marca estableció un sistema de alquiler de baterías de 75 y 82 euros al mes para el Kangoo y el Fluence, respectivamente, con servicios de garantía y auxilio en caso de descarga en ruta. El Fluence Z.E., ofrece una autonomía de 185 kilómetros en el ciclo mixto, mientras que en el Kangoo llega a los 170.

El vehículo comercial dispone de un motor con una capacidad energética de 44 kW, equivalente a 60 CV, y unas baterías de ion-litio ubicadas debajo del piso, con un peso de 260 kilogramos.

En cuanto al Fluence, el motor es de 70 kW (95 CV) y la colocación de las baterías (280 kilos de peso) tras los asientos traseros ha obligado a ampliar la longitud del coche en 13 centímetros y reducir la carga del maletero a 310 litros.

La CNC investiga a Sedigas y Aoglp por un posible acuerdo de tarifas

Las inspecciones, según informó Competencia, suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de una supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas.

En caso de acreditarse algún indicio se procedería a la incoación formal de expediente, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.

Inspectores de la CNC investigaron el pasado 6 de octubre las sedes de Sedigas y de Aoglp, a las que pertenecen, respectivamente, los principales distribuidores de gas natural y gas licuado del petróleo (GLP), por la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas para alinear la actuación de sus asociadas respecto a la ejecución de diversas actividades en los mercados de distribución de gas canalizado cuyo precio está regulado.

Sedigás actuó «siempre» conforme a las normas de competencia

Por su parte, la Asociación Española del Gas (Sedigás) aseguró haber actuado «siempre de acuerdo a las normas de competencia», en respuesta a la inspección realizada por la CNC tanto a su sede como a la de la AOGLP.

La asociación presidida por Antonio Peris afirmó que el expediente que motiva la inspección se inició hace más de un año sin que, hasta la fecha, se haya concretado ningún elemento de valoración por parte de la CNC.

Además, afirmó que «esta inspección es muy bienvenida, en tanto que ayudará a despejar las dudas vertidas sobre la actuación de Sedigás y sus miembros». Sedigás, dijo, «está colaborando con los técnicos de la CNC en todo aquello que le sea solicitado».

Por último, la asociación «confía en una pronta aclaración del expediente y su archivo definitivo».

AOGLP ve desproporcionada la inspección de la CNC

Asimismo, la AOGLP consideró «innecesaria» y «desproporcionada» la inspección llevada a cabo por la CNC y aseguró que sus actuaciones cumplen estrictamente con las normas de la competencia.

La asociación sostuvieron que las prácticas investigadas responden a la colaboración prestada a las administraciones autonómicas y al Ministerio de Industria sobre la elaboración de propuestas de tarifas para las inspecciones de instalaciones de gas canalizado para su reglamentación por las propias Comunidades Autónomas.

AOGLP, que agrupa a los principales distribuidores de gas natural y licuado de petróleo (GLP), confió en una pronta resolución favorable de este procedimiento y manifestó su plena colaboración con la CNC.

A juicio del organismo, la patronal gasista habría elaborado supuestamente un informe con una propuesta de tarifas para las inspecciones periódicas de gas natural y su posterior remisión a las comunidades autónomas.

Esta inspección se produce en el marco del expediente sancionador que Competencia inició el 6 de octubre de 2010 contra Sedigas por un posible acuerdo o recomendación colectiva contraria a la Ley de Defensa de la Competencia (LDC).

AOGLP es una asociación empresarial, creada en 1998, agrupa a las principales Compañías que operan en los mercados de importación, envasado y comercialización de gases licuados (Autogás Propano y Butano) en España.

El precio de la gasolina cae un 1,3% y acumula tres semanas a la baja

En concreto, el litro de gasolina cuesta en la actualidad 1,311 euros, un 4,3% más que a comienzos de año y un 13,5% más que en la misma semana del año pasado.

Por su parte, el litro de gasóleo se situó en 1,261 euros, un 1% menos que hace una semana, y acumula un descenso del 1,6% con respecto al máximo del verano, marcado en julio con 1,282 euros el litro.

El gasóleo, que es el combustible utilizado por cerca del 80% del parque automovilístico español, acumuló un encarecimiento del 6,2% con respecto a enero, así como del 15,9% con respecto a la misma semana de 2010.

El descenso en los precios de los principales combustibles de automoción se produce en un contexto de ligero abaratamiento del petróleo en los mercados internacionales.

En concreto, el precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizó a 102 dólares, tres dólares menos que hace una semana, mientras que el barril Texas se cambiaba en Nueva York por 78 dólares, cuatro dólares menos.

Los precios de venta al público de los carburantes en España se encuentran por debajo de la media europea. De hecho, la gasolina alcanza los 1,499 euros por litro en la Unión Europea de los 27 y los 1,518 euros en la zona euro. En el caso del gasóleo, el precio se sitúa en 1,376 euros en la Unión Europea de los 27 y en 1,362 euros en la eurozona.

La Audiencia Nacional suspende la multa de Competencia a las grandes eléctricas y a la patronal del sector

La Audiencia Nacional concedió hasta el momento las cautelares solicitadas por Endesa, Iberdrola, Gas Natural y la asociación Unesa, mientras que siguen pendientes de resolución las planteadas por E.ON y HC Energía.

El grueso de la multa, impuesta el pasado mes de mayo, tiene como destinatarias a Endesa, 26 millones de euros, e Iberdrola, 21,6 millones de euros, mientras que a E.ON España le corresponden 1,4 millones de euros; a Gas Natural Fenosa, 8,8 millones de euros; y a Hidroeléctrica del Cantábrico, 1,8 millones de euros. Por su parte, para la patronal eléctrica Unesa fueron 900.000 euros.

Fue la segunda mayor multa impuesta por la CNC, sólo superada por la que acordó para el sector asegurador en 2009 de 120,7 millones.

La multa de Competencia respondía a dos infracciones «muy graves»: haber obstaculizado el cambio de suministrador en el mercado eléctrico entre mayo de 2007 y junio de 2009, justo antes de la liberalización, y haber pactado precios para los grandes consumidores.

Todas las empresas recurrieron la multa ante la Audiencia Nacional y solicitaron cautelares para evitar su pago inmediato.

En las piezas de admisión de estas medidas, la Audiencia Nacional señaló que se trata de sumas «lo suficientemente elevadas» como para apreciar perjuicios «de difícil o imposible reparación» que justifiquen la suspensión temporal de su pago.

Las eléctricas niegan distorsiones en los precios de la energía y aseguran sentirse como «un chivo expiatorio»

«El Gobierno cuestiona la limpieza de una subasta que él creó y que vigila la Comisión Nacional de Energía (CNE)», señaló Montes durante el X Encuentro del Sector Eléctricoen alusión al anuncio del Gobierno de encargar al organismo regulador una investigación de las subastas Cesur, en las que se fija la mitad del coste del recibo de la luz para cada trimestre.

«Estamos encantados de que se mejore la transparencia (…) pero no se nos puede tachar de que estamos desfigurando los precios reales de la energía», dijo.

Montes añadió que el precio del mercado español de energía estuvo todo el año pasado por debajo del de otros países europeos y que, por tanto, la subasta no debe «estar tan mal».

Para Unesa, la decisión de Industria de congelar los peajes, la parte regulada de la tarifa eléctrica y evitar así una subida de la luz, introduce inseguridad jurídica, al igual que las dudas sobre la subasta.

«El sector pide más cuidado con esas cosas para que se pueda seguir invirtiendo y crear empleo. Hay que tener muchísimo cuidado con los pasos que se den», advirtió.

En el mismo acto, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, señaló que la situación que se generó con el déficit tarifario, deuda acumulada al ser los ingresos del sistema insuficientes para cubrir los costes, es insostenible.

«Los consumidores tienen encima una terrible tarifa pendiente, lo que antes no se pagó se va a pagar ahora con intereses», apuntó Villaseca, quien repasó los costes que soporta el sistema y subrayó el creciente peso que suponen las primas a las renovables.

«No sé si se ha calculado bien el coste que está suponiendo para el sistema, para los consumidores esta apuesta por las renovables», concluyó.