La demanda eléctrica sube un 0,6% con un fuerte peso de la eólica

No obstante, una vez descontados los efectos del calendario (diferencia de días hábiles) y de la climatología, el consumo de electricidad ha registrado un descenso del 0,9%.

En cuanto a las fuentes que cubrieron esta demanda, Red Eléctrica destaca que en abril la energía eólica ha marcado máximos tanto en producción mensual -con 5.362 GWh, un 8,8% más que el anterior récord- como en potencia instantánea, energía horaria y energía diaria.

Este mes también se ha alcanzado un nuevo récord de cobertura de la demanda con energía eólica, cuando en la madrugada del 19 de abril, a la 1.37 horas, el 61,06% de la demanda peninsular (24.384 MW) se cubrió con esta fuente de generación (14.889 MW).

Con estas cifras, la eólica ha cubierto el 25,7% de la demanda de abril y, en total, la generación procedente de fuentes de energía renovable ha supuesto el 39,4%.

En total, la eólica evitó la emisión de 1,98 millones de toneladas de CO2 en abril, así como que se quemase el equivalente a 4,5 millones de barriles de petróleo, lo que equivaldría a plantar 39,6 millones de árboles, señaló la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

En el acumulado de los cuatros primeros meses del ejercicio, la demanda bruta de energía ha caído un 0,6%, un descenso que llega al 1,8% una vez corregidos los efectos del calendario y de las temperaturas.

Competencia impone a Endesa una sanción de un millón de euros por mantener su dominio en Baleares

Endesa habría aprovechado su posición de monopolista de las redes de distribución de la isla para distorsionar la competencia en el mercado conexo de las instalaciones no reservadas, en el que también opera en competencia con el resto de instalaciones autorizadas, explicó la CNC.

El TDC impuso a Endesa una multa de 900.000 euros en diciembre de 2006 por utilizar la información sobre las solicitudes de suministro a las que tenía acceso privilegiado por su condición de distribuidor para ofertar selectivamente, a la vez que remitía estas condiciones al solicitante, la ejecución de los trabajos de instalaciones eléctricas a los clientes de mayor tamaño del mercado. Esa información incluía la identidad de cada cliente que necesitaba una instalación y todos los detalles técnicos del punto de suministro para ofertar de forma selectiva.

Según el organismo, dicha conducta «dificulta que el resto de operadores presentes en el mercado de instalaciones pueda competir con Endesa en situación de mínima igualdad de condiciones en sus zonas de distribución por la parte más atractiva del mercado».

En el marco del expediente de vigilancia tramitado por la Dirección de Investigación, constataron que Endesa habría desobedecido la orden de cesación en la conducta por lo que habría continuado enviando junto con las condiciones técnico económicas del punto de suministro, un presupuesto por las instalaciones reservadas y no reservadas.

Se recuerda que la Resolución del CDC de diciembre de 2006 fue confirmada en primera instancia mediante sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de abril de 2008 y en casación por Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2011.

De esta forma, el Consejo de la CNC resolvió imponer a Endesa una sanción de 1.037.900 euros tras la instrucción de un expediente sancionador por incumplimiento de la resolución de 2006 del TDC.

El año pasado las distribuidoras de los grupos empresariales E.ON, Gas Natural Fenosa e Hidrocantábrico fueron multadas por un comportamiento parecido y a principios de este año también lo fue Endesa, aunque esta vez en territorio peninsular.

El ámbito sancionador se extendió al abuso de posición de dominio que implica cobrar a los clientes por la ejecución de los trabajos de entronque y conexión de la instalación que la normativa vigente prevé deben ser por cuenta del distribuidor.

El TSJA confirma la multa de 660.000 euros a Endesa por dos apagones en Ceuta

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) confirmó la multa de 661.113 euros impuesta por el servicio de Industria de la Ciudad Autónoma de Ceuta a la eléctrica Endesa como consecuencia de los ceros de tensión registrados el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2006.

A raíz de estos apagones, que afectaron a toda la ciudad, Industria abrió un expediente sancionador a Endesa en un procedimiento que culminó en octubre de 2007 con la imposición de dos multas por importe de 330.556,66 euros en cada caso tras desestimar las alegaciones presentadas por la compañía.

Los hechos fueron tipificados como infracciones graves, en aplicación de la Ley del Sector Eléctrico, según informó el portavoz del Gobierno autonómico, Guillermo Martínez (PP).

La empresa productora de electricidad recurrió judicialmente ambas sanciones y los juzgados ceutíes dieron la razón a la Ciudad y la empresa de nuevo recurrió la sentencia, en esta ocasión ante el TSJA.

El Tribunal Superior acaba de ratificar el fallo en una sentencia que tiene carácter de firme, al no caber en este caso recurso de casación ante el Supremo, según confirmaron los servicios jurídicos de la Ciudad y manifestó el portavoz del Gobierno autonómico.

Unesa dice que la tarifa eléctrica tiene que seguir subiendo aunque sea una medida «no simpática»

En unas jornadas organizadas por Unidad Editorial, el presidente de Unesa reconoció que «puede ser normal que la gente se sienta atacada o dolida» cuando sube el recibo de la luz, pero agregó que es fundamental para atajar el déficit de tarifa.

El incremento de la tarifa eléctrica es «absolutamente necesario», apuntó Montes, quien quiso dejar claro que «las subidas que se han ido aplicando, y que son necesarias, no significan ninguna mejora en la cuenta de resultado de las eléctricas».

Respecto a las medidas del Gobierno en relación con el sector, desde Unesa indicaron que sólo se conoce el real decreto aprobado con los recortes introducidos, y que «nos queda por saber cómo va a continuar esto».

Las medidas que tomó el Gobierno deberían llevar a cumplir con la limitación de que déficit que se genere este año sea de 1.500 millones de euros, subrayó, para agregar que es algo que «no es fácil», aunque «aún no tenemos datos de 2012 pero sí idea de lo que puede pasar».

«Supongo que en los próximos días nos sentaremos a ver las ideas y planes» de cara a la reforma del sector energético, apuntó el presidente de la patronal, quien agregó que no debe haber «la menor duda» de que es un tema que no sólo afecta a las cinco compañías que representa Unesa.

Para la patronal, hay que trabajar más por la reducción de los gastos y comentaron que hay algunos costes regulados en los que se podría también intervenir.

Montes indicó que no es fácil dar solución a este problema, y bromeó que «si yo fuera capaz de dar una solución al déficit de tarifa estoy seguro de que podría convencer a Kirchner de lo que fuera».

Preguntado sobre cómo afectará la expropiación de YPF por el Gobierno argentino sobre las eléctricas españolas que operan en el país, el responsable de la patronal recordó que no hacen declaraciones en nombre de ninguna compañía.

En todo caso, destacó que en Argentina hay «fantásticas compañías españolas» en distintos sectores, y que «nadie sabe cómo va a evolucionar aquello».

El Gobierno descarta que los distribuidores eléctricos restrinjan la competencia al valorar ofertas

El requerimiento de la CNC se sustentaba en que, en opinión de este organismo regulador, la obligación de la distribuidora de presentar un presupuesto al usuario otorga una «indebida e injustificada» ventaja competitiva a las empresas distribuidoras, reduce el incentivo de los instaladores a competir contra el distribuidor y produce una segmentación del mercado nacional según las áreas de influencia de los distintos distribuidores.

En el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros, el Gobierno desestima la solicitud de la CNC al considerar que la disposición cuestionada no introduce restricciones a la competencia y que un Real Decreto de 14 de noviembre de 2011 –en concreto, su disposición final cuarta, cuyo texto es el motivo del requerimiento–, no incurre en vicio jurídico o de tramitación del que pudiera derivarse su nulidad.

Entre otras razones, según el acuerdo, la obligación de la distribuidora de entregar un presupuesto a los clientes de su zona que deseen realizar estas instalaciones «introduce un elemento de publicidad y conocimiento del mercado, que se traducirá en la más fácil penetración de las otras distribuidoras asentadas en otras zonas geográficas».

Las empresas catalanas sujetas al mercado del carbono reducen un 21,9% sus emisiones desde 2005

La Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat señaló que durante 2011 se emitieron 4,8 millones de toneladas menos de las 20,49 millones asignadas en el mercado lo que, a precio de mercado, supondría una aportación de 31,8 millones de euros.

Las 172 instalaciones catalanas sujetas a la normativa europea pueden reservar para un futuro los derechos de emisión no consumidos, ya que durante el periodo 2013-2020 se endurecerán las condiciones respecto a las asignaciones gratuitas actuales, que se otorgan en el marco del Plan Nacional de Asignaciones de España.

A pesar de los datos de reducción, el Govern señaló que el «reto» futuro pasará por mantener el bajo nivel de emisiones cuando se produzca la recuperación económica y aumente la actividad de las instalaciones.

Por sectores, el análisis de las emisiones muestra que existe un déficit en el sector de la energía –emite 400.000 toneladas más de las autorizadas–, mientras que en los sectores restantes las emisiones son inferiores a los derechos asignados.

De hecho, la generación eléctrica representa solo el 6% de las instalaciones pero es responsable del 22% de las emisiones, mientras que más del 80% de las emisiones de origen industrial proviene de dos refinerías y seis fábricas de cemento.

Las instalaciones sujetas a la normativa europea representan el 35% de las emisiones catalanas de gases de efecto invernadero, mientras que el 65% corresponde a emisiones difusas propias del transporte, residencias, comercio y gestión de residuos, entre otras.

El Ministerio de Industria espera un pacto entre empresas eléctricas y compañías de gran consumo

Industria respondió así a la inquietud trasladada por la Cámara Oficial de Comercio de Avilés al titular de este departamento, José Manuel Soria, sobre la necesidad de adoptar medidas de urgencia para la resolución de una tarifa eléctrica especial para la industria.

En su misiva, la Cámara avilesina mostró su preocupación permanente por los costes de energía eléctrica que tienen las empresas de esta demarcación donde se ubican tres de las industrias con mayor consumo eléctrico de España: Alcoa Inespal, ArcelorMittal y Asturiana de Zinc.

Industria recordó en su respuesta que la tarifa eléctrica G4, que estaba concebida para grandes consumidores de energía como las industrias, desapareció en enero de 2009, ya que resultaba incompatible con la normativa europea, que establecía el fin de las tarifas reguladas en alta tensión a partir del 1 de junio de 2007.

«El Gobierno es consciente del problema, pero como muchos otros, deberá resolverse dentro de la política general encaminada a la reducción del déficit público y el déficit de tarifa del sistema eléctrico«, aseguró el Ministerio en su escrito.

La Cámara entiende que el coste de la energía eléctrica es un aspecto «fundamental y crítico» para mantener la competitividad en un mercado global.

Desde la desaparición de la tarifa G4, el suministro de energía se hace a través de contratos con generadores, que finalizan en diciembre de 2012; en este sentido, la Cámara de Avilés consideró que se deberían tomar medidas de urgencia antes de la finalización de este tipo de contratos.

Las ofertas de luz en el mercado libre solo ahorran 15 euros al año respecto a la TUR, según la CNE

Un usuario medio de 4,4 kilovatios (kW) de potencia y un consumo mensual de 366 kilovatios hora (kWh) paga en la actualidad 887,89 euros de luz al año en caso de disponer de la tarifa regulada, lo que equivale a casi 74 euros al mes.

En caso de que desee cambiarse al mercado libre, solo cuatro comercializadoras tienen ofertas con precios inferiores en una zona como el centro de Madrid, donde existe un elevado número de operadores. De estas ofertas, solo una cuenta con servicios adicionales.

En concreto, EDP, a través de su filial HC, tiene en la actualidad la oferta más competitiva, de 870,14 euros en el primer año, y de 872,39 en el segundo, por delante de Nexus Energía, E.ON España y la comercializadora Eléctrica de Cádiz, según el comparador de la CNE.

De las cinco grandes comercializadoras, ninguna tiene precios inferiores a la TUR en la zona elegida, y solo Gas Natural Fenosa la iguala, pero a través de una fórmula sin servicios adicionales ni suministro ‘verde’.

En caso de que el consumidor tenga derecho al bono social, el ahorro sí es considerable. En concreto, pagará 699,39 euros, 188 euros menos, o un 27% menos, que con la TUR, gracias a esta ayuda, que consiste en una congelación de la tarifa aplicable a mediados de 2009 al menos hasta 2013.

A la espera de que el Gobierno revise el perfil de los consumidores con derecho a bono social, de esta ayuda pueden disfrutar en la actualidad las familias numerosas, los hogares con todos los miembros en el paro, ciertas pensiones mínimas y las viviendas habituales con menos de 3 kW de potencia.

Sánchez Galán advierte a Soria del «efecto negativo» de un recorte a la distribución para las eléctricas

La distribución es una actividad «intensiva» en capital humano y un recorte tendrá «un impacto muy nocivo» no solo en este ámbito, sino también en el objetivo de «homologar» la distribución en España con el resto de países europeos.

Sánchez Galán aseguró que la retribución que reciben las eléctricas españolas por esta actividad es un 10% inferior a la de sus homólogos europeos, a pesar del «enorme esfuerzo» realizado por ofrecer un buen servicio.

Junto a esto, aseguró que el «mayor problema del sector eléctrico», que es el déficit de tarifa, es «consecuencia de decisiones políticas pasadas» en las que se incrementaron los costes del sistema «ajenos al servicio eléctrico».

La deuda del sistema eléctrico «tiene solución y debe atajarse lo antes posible para garantizar la sostenibilidad económica y no hipotecar a generaciones futuras», afirmó el presidente de Iberdrola, quien reclamó una «retribución estable y razonable de la actividad eléctrica regulada» que «reconozca todos los costes asociados de la actividad eléctrica y excluya los conceptos completamente ajenos que hoy están soportados por el consumidor». Asimismo, señaló que las tarifas eléctricas deben ir acercándose a los costes.

Como parte del debate para atajar el problema del déficit de tarifa, se aludió en distintos medios de comunicación a la posibilidad de que el Ejecutivo reduzca la retribución a la actividad de distribución de las eléctricas para reducir en cerca de 500 millones de euros al año los costes del sistema.

La propia CNE, en su reciente informe con soluciones para acabar con el déficit de tarifa, incluyó un recorte de este tipo entre las posibles medidas para reducir los desajustes en el sistema eléctrico, que en términos acumulados ascienden a cerca de 24.000 millones de euros.

Sánchez Galán expresó su confianza en que el departamento que dirige Soria, que «ha dado muestras más que evidentes» de conocer bien los problemas del modelo energético y de la necesidad de que sea reformado, sea capaz de «dotar de racionalidad» a un sector necesitado de «seguridad jurídica» y recordó que la actual incertidumbre está «dañando» las cotizaciones y los ‘rating’ de las eléctricas.

En este mismo sentido, también se refirió Eduardo Montes, presidente de Unesa, que consideró que sería un «crimen» que el Gobierno recortara la retribución de las eléctricas como parte de las soluciones al déficit de tarifa, ya que estas empresas deben dedicar grandes inversiones a esta área para, entre otras cosas, desarrollar las redes inteligentes, en las que el usuario podrá interactuar con el suministrador y, con ello, mejorar la eficiencia de su consumo.

«Cuando se habla de tocar la retribución a la distribución se trata de un auténtico crimen, ya que no se puede tocar lo que da seguridad de suministro y supone integrar clientes y generación«, aseguró el presidente de la patronal eléctrica.

De hecho, para las implantación de estas redes, Montes reclamó incentivos regulatorios y un esfuerzo especial en la puesta en marcha de proyectos de demostración.

En todo caso, consideró que, al margen de las redes inteligentes, «la mejor medida de eficiencia es pagar por el servicio lo que realmente cuesta», sin que se genere un déficit en la tarifa eléctrica como el de los últimos años.

El recibo de la luz de las familias españolas, el más caro de Europa

El también presidente del Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables (CTAER), dijo no entender que el Gobierno «quiera seguir aumentando el precio de la electricidad para los consumidores domésticos con el pretexto del déficit de tarifa, causado por decisiones de otros gobiernos del PP y consentido por los gobiernos del PSOE».

«El fondo del asunto son los beneficios excesivos de las compañías eléctricas», añadió Ruiz.

Los datos comparativos de Eurostat, el sistema estadístico de la Unión Europea, demuestran que las familias españolas pagan más por el recibo de la luz que los consumidores industriales, y que la factura eléctrica de los hogares españoles no dejó de subir desde 2005, al contrario que ocurre en el caso de las industrias, cuyos costes energéticos disminuyeron en el último trienio.

El estudio del Presidente de Protermosolar también constató que las familias españolas son las que desde 2009 pagan el mayor precio por la luz en toda Europa, mientras que los hogares europeos sufrieron un incremento muy moderado.

La Fundación Ortega-Marañón dice que la luz debe subir en abril a pesar de la bajada en la subasta

Según una valoración del Grupo de Estudios sobre Energía de la Fundación Ortega-Marañón, que dirige la profesora María Josefa García Grande, la caída del precio de la energía en el mercado mayorista «apenas alivia la presión al alza sobre el recibo de la luz».

Este precio de la energía, que tiene un peso cercano al 50% en la Tarifa de Último Recurso (TUR), cayó un 7,1% en la última subasta eléctrica, si bien no impedirá la revisión al alza del recibo de la luz que «tiene que realizar el Gobierno».

Para la fundación, las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a refacturar parte de los consumos realizados desde octubre, la necesidad de evitar nuevas reclamaciones ante los tribunales por parte de las eléctricas y la «obligación de atajar el problema, casi endémico, del déficit de tarifa» dejan «escaso margen al Gobierno sobre qué hacer con el recibo de la luz».

En todo caso, las bajadas de precios en las subastas permiten a juicio del grupo de estudios «contar con un tiempo añadido» para lanzar una planificación «consensuada» sobre un ‘mix’ energético que se pueda pagar y que esté acompañada de «un nuevo marco tarifario que lo sufrague».

«La gradualidad del cambio y la implicación en el mismo de todos los agentes afectados se revelan como necesarios para el éxito de una reforma ya inaplazable», consideró la Fundación Ortega-Marañón.