De acuerdo con el resultado de la subasta Cesur, el coste de la energía se encareció un 10,3%, hasta los 56,25 euros/MWh, aunque con los ajustes correspondientes, entre ellos los de estacionalidad, este porcentaje se redujo un 9,3%, hasta los 61,50 euros/MWh.

En el caso de que el Ministerio de Industria decidiese congelar los peajes de acceso, que pagan todos los consumidores y que retribuyen costes regulados como el transporte, la distribución o las primas a las energías renovables, la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) debería incrementarse en el entorno del 3,9%.

Las cinco eléctricas que prestan el servicio de tarifa regulada, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON, adquirieron 5.036 megavatios (MW) de carga base y a 575 MW de carga punta correspondientes al tercer trimestre del año.

Durante la subasta se ofertaron simultáneamente, para el tercer trimestre de 2012, un producto de carga base a tres meses por un total de 3.000 MW en cada hora, y un producto de carga punta a tres meses para todas las horas comprendidas entre las 08.00 y las 20.00 horas, de todos los días naturales, excepto sábados y domingos, por 575 MW en cada hora

Asimismo, Omel explicó que la cantidad total de energía subastada para el tercer trimestre fue adjudicada en su totalidad a 25 vendedores.

La subasta se desarrolló por Internet mediante el sistema informático de subastas de OMIE y a través de un procedimiento de subasta de reloj descendente en el que, partiendo de unos precios iniciales, se procedió a una reducción progresiva de los mismos en sucesivas rondas hasta llegar al equilibrio entre oferta y demanda en cada producto.

Por regla general, en el tercer trimestre del año, el precio de la energía suele repuntar al alza debido al incremento de la demanda y a una menor hidraulicidad.

A pesar de los resultados de la subasta, que debe ser validada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), la decisión final del incremento de la tarifa eléctrica corresponde al Gobierno.

Al margen de las decisiones que adopte el Gobierno relacionadas con la reducción de costes del sistema eléctrico, los expertos advirtieron de que será necesario elevar los ingresos del sistema y de que, para ello, no solo deberán subir las tarifas, sino también previsiblemente la fiscalidad.

El resultado de esta subasta, en la que las comercializadoras encargadas de suministrar la tarifa regulada adquieren la energía correspondiente al tercer trimestre, tiene un peso cercano al 50% sobre la TUR.

El 50% restante corresponde a los peajes eléctricos, en los que se recogen los costes regulados del sistema eléctrico y cuya cuantía está revisando el Gobierno como parte de la reforma energética para acabar con el déficit de tarifa.

La anterior subasta, celebrada en marzo, se cerró con bajadas del 7%, si bien la TUR subió finalmente un 7% para recoger un incremento de peajes cercano al 23% con el que el Gobierno cumplía las sentencias del Tribunal Supremo y garantizaba el equilibrio entre costes e ingresos. La subida vino acompañada de un recorte de 1.700 millones de euros en los costes regulados del sistema.

El Supremo rechazó en varias sentencias que los peajes de acceso se fijen en función del coste de la energía y obligó a revisar las decisiones adoptadas en trimestres anteriores cuando se congeló el recibo a coste de bajarlos.

No elevar los peajes en las cuantías suficientes es una de las causas que engrosaron el déficit de tarifa, que supera los 24.000 millones de euros y que el Gobierno señala como el principal problema del sector.

El objetivo para este año es que el déficit de tarifa se sitúe en los 1.500 millones de euros y deje de generarse en 2013.

Para acabar con este desfase, el Gobierno ultima esta semana la segunda fase de la reforma del sector eléctrico, basada fundamentalmente en medidas fiscales, y que previsiblemente se aprobará en la primera semana de julio.

Asgeco denuncia «costes ocultos y opacidad» en las subastas

Por su parte, la Asociación General de Consumidores (Asgeco Confederación) consideró que el incremento del precio de la energía en un 9,3% en la subasta eléctrica celebrada se debe a que el sistema de fijación de la tarifa adolece de «costes ocultos y opacidad».

El portavoz de Asgeco Confederación, Jean-Bernard Audureau, aseguró que la subida de precios en la subasta responde a «un mal funcionamiento de los mercados, a multitud de costes ocultos y a un modelo energético deficitario, opaco e inequitativo».

Audureau aseguró además que «ningún Gobierno parece dispuesto a cambiar el actual funcionamiento del mercado eléctrico español».

«Los consumidores que pagan el recibo de la luz todos los meses no saben absolutamente nada de por qué se les sube la tarifa una y otra vez», señaló.

Para Asgeco, el «problema de las continuas subidas en la Tarifa eléctrica de Último Recurso (TUR) se debe a la falta de transparencia de la subasta Cesur, en la que participan como vendedores de energía un número elevado de intermediarios (agentes financieros) no productores, y no a un verdadero aumento en el mercado mayorista».

Además, la asociación advirtió de que muchas centrales hidroeléctricas y nucleares ya están amortizadas, pero sin embargo continúan cobrando el megavatio al precio que marcan otras tecnologías más caras.

Junto a esto, reclamó al sector que «ponga sobre la mesa» los costes reales de cada tecnología y regule mejor las subastas, y consideró que la liberalización del sector eléctrico ha sido un «fracaso», a la vista de que aún hay 20 millones de consumidores acogidos a la tarifa regulada.

El director general de la Fundación Ortega-Marañón, Jesús Sánchez Lambás, aludió a la necesidad de «adoptar medidas estructurales» en el sector eléctrico y consideró que el Gobierno se enfrenta a la «difícil decisión» de adoptar un paquete definitivo de disposiciones que eviten el «colapso del sistema».

«El sector eléctrico requiere de una profunda reforma estructural que ponga freno al crecimiento del déficit tarifario y plantee una solución definitiva a este grave problema que arrastra la economía española desde hace algo más de una década», afirmó Sánchez Lambás.

La fundación, que cuenta con un grupo de trabajo dedicado a analizar la situación del sector eléctrico, consideró «urgente y preceptivo» reformar el actual sistema de Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que está acogida la mayoría de los consumidores domésticos, cuando realmente estaba pensada para un grupo social restringido, con fines casi sociales.

«Lo lógico y deseable es que esta gran mayoría de usuarios entrase en el sistema de competencia de precios, lo que determinaría unas tarifas mucho más reales», señaló Sánchez Lambás, antes de recordar que Bruselas también aboga por avanzar en este aspecto.

El director general de la fundación calificó de «insuficientes» las medidas ya adoptadas a finales de marzo para acabar con el déficit de tarifa y aseguró que «no quedará más remedio» que establecer un calendario asumible para titulizar el actual déficit.

La aplicación de este calendario, señaló, implicará «inevitablemente, también, un incremento de tarifas, no solo para enjugar el déficit existente, sino para evitar su rebrote en el futuro».

Dentro del capítulo de ingresos de la tarifa, la fundación afirmó que «la herramienta más operativa» sería la puesta en práctica del «céntimo verde» sobre los carburantes.

La fundación reclamó además un sistema «diversificado» de ingresos que permita cubrir los costes regulados del sistema, y señaló que, aparte de las tarifas, estos ingresos deben proceder también de impuestos, tasas o sobrecargos en otros consumos.

Sobre este aspectos, advirtió de que los ingresos del actual impuesto sobre la electricidad terminan en las arcas de las comunidades autónomas y cualquier variación en su configuración obligaría a «un arduo cambio legislativo y a una no menos laboriosa renegociación con las autonomías».

Junto a esto, indicó que aplicar tasas a la generación o a cualquier otro elemento del sistema eléctrico sería complicado desde el punto de vista de la competencia, pues «se establecerían artificialmente desigualdades entre los operadores que dañarían el funcionamiento del mercado, lo que haría sonar las alarmas de las autoridades comunitarias».

Por este motivo, entendió que una posible solución sería establecer tasas para todos los operadores, incluidos los que actúan en el área de energías renovables. «Evidentemente, esto abriría un nuevo campo de disputa, e incluso una posible batalla legal, ya que a las empresas generadoras de energías renovables se les han garantizado unas primas que ahora verían reducidas por la vía de las tasas», advirtió Sánchez Lambás.

Sobre las renovables, la Fundación Ortega-Marañón aseguró que el crecimiento de la potencia instalada de energía renovable «se está convirtiendo, con el actual sistema de primas, en una pesada carga para el sistema eléctrico español».

Al ritmo actual de entrada en el sistema de instalaciones renovables, las primas a esta energía alcanzarían, al final de año, 9.000 millones de euros, lejos de los 7.221 millones previstos y de los 6.985 millones que se pagaron en 2011, advirtió.

«No hay sistema, y tampoco economía que se encuentre en la situación en la que se halla la española, que resista este ritmo de incorporación de instalaciones y a estos precios. O hay un nuevo calendario de incorporaciones, o se establecen horarios de funcionamiento más restrictivos o hay que abordar la compleja tarea de reformar el sistema de primas«, concluyó.